¿Por qué se culpa al migrante antes que al jefe y al poder político?

Hay una explicación incómoda para una escena cada vez más reconocible en España: cuando el alquiler se dispara, el sueldo apenas alcanza, la cita médica tarda o el empleo es precario, resulta mucho más sencillo poner rostro al malestar que desenredar sus causas. El migrante está ahí, es visible, quizá acaba de llegar al barrio; la política de vivienda, el poder empresarial, la planificación sanitaria o una década de decisiones administrativas son, en cambio, una maraña sin cara. La rabia entiende mejor los rostros que los organigramas.

Eso no significa que la inmigración carezca de efectos económicos ni que toda preocupación sea xenofobia disfrazada. Una población que crece con rapidez aumenta la demanda de pisos, transporte, colegios y consultas médicas. El problema aparece cuando esa demanda avanza y la oferta permanece congelada. Pero convertir al inmigrante en responsable general de salarios bajos, vivienda inaccesible o deterioro de los servicios públicos simplifica hasta deformarla una realidad donde intervienen empresas, propietarios, administraciones, regulación e inversión pública. Y ahí empieza la parte menos cómoda del asunto.

El contraste aparece incluso en las encuestas. En el Barómetro de julio de 2026 del CIS, la vivienda fue señalada como principal problema de España por el 43%, mientras la inmigración apareció en segundo lugar, con un 23,4%. Cuando se pregunta por los problemas que afectan personalmente, el peso atribuido a la inmigración desciende de manera notable. Hay, por tanto, una distancia entre la preocupación nacional que imaginamos y el problema que sentimos al cerrar la puerta de casa.

El inmigrante tiene rostro; las causas estructurales, no

Un trabajador puede saber perfectamente quién es el compañero extranjero que compite por una habitación de alquiler o acepta un empleo por 1.200 euros. Mucho más difícil resulta identificar qué parte de su problema procede de la falta de vivienda asequible, de un convenio colectivo débil, del tamaño de su empresa, de veinte años de urbanismo municipal, de las decisiones del propietario del piso, de la productividad de su sector o de una Administración que no amplió un ambulatorio cuando el barrio ganó miles de habitantes.

La mente humana no funciona como una oficina estadística. Busca relaciones inmediatas. Dos personas desean el mismo piso: parecen competir entre ellas. Cincuenta candidatos aspiran a un puesto: parecen quitarse el trabajo unos a otros. El propietario que fija el alquiler, la empresa que determina cuánto puede pagar, el ayuntamiento que dispone de poco suelo desarrollado o el Gobierno autonómico que planifica servicios quedan varios metros más atrás en la fotografía. La competencia visible tapa con facilidad las decisiones menos visibles.

Ahí prospera el chivo expiatorio, una idea tan vieja como la política. Cuando un problema tiene muchas causas, señalar a un colectivo reconocible ofrece una explicación compacta y emocionalmente satisfactoria. Cabe en una frase, en un vídeo de 20 segundos y, detalle nada menor, permite evitar un debate bastante más ingrato sobre distribución de la riqueza, fiscalidad, regulación, productividad, inversión o capacidad de las administraciones.

No hace falta imaginar una conspiración. Basta con entender cómo circula el enfado social cuando una explicación sencilla compite con otra que exige mirar presupuestos, leyes, mercados y decisiones acumuladas durante años.

La vivienda explica buena parte de la sensación de competencia

Aquí conviene evitar el argumento cómodo en ambas direcciones. Sería falso afirmar que la inmigración no influye en absoluto sobre el mercado residencial. El aumento de población, impulsado en buena medida por los flujos migratorios, eleva la demanda y los nuevos residentes se concentran especialmente en el mercado del alquiler. Pero existe la otra mitad de la ecuación: la oferta de vivienda no ha crecido al ritmo requerido por falta de suelo disponible, problemas de gestión urbanística, costes de construcción, falta de mano de obra y baja productividad del sector.

Eso cambia bastante el diagnóstico. Si llegan 100.000 personas a una zona donde se construyen viviendas suficientes, existen buenas conexiones de transporte y el parque público funciona, la presión será una. Si llegan esas mismas personas a un territorio donde apenas aumenta la oferta, la tensión será otra muy distinta. El flujo migratorio aumenta la demanda; la escasez convierte esa demanda en crisis.

Y España tiene una crisis de oferta bastante seria. El precio de la vivienda aumentó un 12,9% interanual en el primer trimestre de 2026, mientras la segunda mano subió un 13,5%. Son cifras demasiado gruesas para explicarlas mediante la caricatura de una familia extranjera buscando un piso de dos habitaciones.

El esfuerzo necesario para adquirir vivienda también ha crecido mucho más deprisa que la renta disponible durante las últimas décadas. Entre los jóvenes la pérdida es especialmente visible: su peso entre quienes compran vivienda ha caído con fuerza desde 2007. Y en determinadas zonas de elevada demanda el alquiler absorbe alrededor del 30% de la renta neta, incluso más en algunos territorios.

Cuando dos pobres compiten por el mismo piso

Aquí nace una paradoja política bastante eficaz. Los colectivos con menor renta suelen encontrarse entre sí en los mercados más tensos: pisos baratos, trabajos de baja remuneración, transporte público saturado, determinados colegios o servicios sociales. La competencia visible sucede horizontalmente, entre personas que tienen relativamente poco.

La capacidad para modificar las reglas, en cambio, está situada verticalmente: empresas, propietarios, gobiernos, comunidades autónomas y ayuntamientos. Esa distancia importa. Mucho.

El recién llegado puede contribuir a elevar la demanda de alquiler, sí, pero también padece sus consecuencias con especial dureza. Los inmigrantes soportan algunos de los mayores esfuerzos económicos para acceder a una vivienda debido a sus menores niveles medios de renta y ahorro. No están observando tranquilamente la crisis residencial desde el palco; están dentro de ella.

En el empleo, la explicación sencilla vuelve a fallar

El mercado laboral ofrece otro contraste curioso. España cerró el segundo trimestre de 2026 con 22,779 millones de ocupados y una tasa de paro del 9,87%. En solo un trimestre se añadieron 486.000 empleos; 246.000 correspondieron a españoles —incluidas las personas con doble nacionalidad— y 240.000 a extranjeros.

La inmigración se ha convertido, de hecho, en una parte central de la expansión del empleo. En junio había 3,446 millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, más del 15% del total, después de aumentar en unas 350.000 personas en doce meses. Están especialmente presentes en hostelería, construcción, comercio, cuidados, agricultura, transporte y otras actividades donde las empresas llevan años demandando trabajadores.

Más relevante todavía: para el conjunto de los trabajadores nativos no se observan efectos negativos significativos y generalizados de la inmigración sobre salarios y oportunidades de empleo. Eso no significa que nunca exista competencia concreta entre trabajadores ni que determinados sectores y perfiles no puedan experimentar presiones. Significa algo más sencillo: el argumento de que los inmigrantes están empobreciendo de manera general a los trabajadores españoles no encaja bien con la evidencia disponible.

En los últimos años, la población extranjera también ha contribuido al crecimiento del empleo y de la economía, principalmente mediante su incorporación al mercado laboral. Buena parte de la expansión reciente del número de ocupados españoles se ha producido gracias a trabajadores inmigrantes.

El salario lo paga una empresa, no el compañero de turno

Hay una cuestión elemental que a veces desaparece del debate. El inmigrante que acepta 1.100 euros puede influir en un mercado laboral determinado, pero no es quien redacta la nómina. Los salarios dependen de productividad, convenios, legislación laboral, salario mínimo, capacidad de negociación, desempleo, competencia empresarial y decisiones del empleador.

También existe una asimetría de poder muy terrenal. Enfadarse públicamente con el propietario de una gran empresa puede no servir para gran cosa; enfrentarse al jefe puede costar una promoción o, en determinados contextos, el puesto. Culpar al trabajador extranjero situado unos peldaños más abajo apenas entraña riesgo. El poder no siempre está donde termina descargándose la rabia.

Y hay empleadores que se benefician precisamente de una inmigración vulnerable. Un trabajador sin una situación administrativa estable, con poco dominio del idioma o necesitado de ingresos inmediatos tiene menor capacidad para rechazar condiciones abusivas. Cuando eso ocurre, el problema no consiste únicamente en que alguien acepte menos dinero, sino en que alguien puede ofrecer esas condiciones y encontrar trabajadores demasiado débiles para discutirlas.

Convertir esa desigualdad de poder en una pelea entre españoles y extranjeros es una magnífica manera de dejar intacta la desigualdad laboral. El trabajador español mira al recién llegado; el empleador, entretanto, sigue teniendo la sartén por el mango.

Sanidad y servicios públicos: más población exige más Estado

La sensación de saturación de un centro sanitario, un colegio o una oficina administrativa puede ser completamente real. Negarla desde una mesa de despacho sería una torpeza. España roza los 49,7 millones de habitantes y su crecimiento demográfico reciente depende principalmente de la llegada de población procedente del extranjero. Más vecinos significan inevitablemente más médicos, profesores, autobuses, viviendas y funcionarios necesarios.

Pero aquí vuelve la misma confusión entre demanda y responsabilidad. Una persona que se empadrona genera demanda sanitaria; no decide cuántos médicos contratará la comunidad autónoma. Un niño recién llegado ocupa una plaza escolar; no construye ni deja de construir colegios. Un nuevo vecino utiliza el metro; no diseña la frecuencia de los trenes.

La inmigración puede intensificar tensiones preexistentes cuando la planificación pública va por detrás de la población. Precisamente por eso la responsabilidad política consiste en anticipar el crecimiento, distribuir recursos y adaptar los servicios. Gobernar una ciudad de un millón de habitantes como cuando tenía 800.000 produce saturación independientemente del pasaporte de quienes llegaron después.

Hay también otra cara que suele desaparecer del encuadre. Los inmigrantes no solo utilizan servicios: trabajan, consumen, pagan impuestos y cotizaciones, y una parte importante ocupa puestos imprescindibles para esos mismos servicios y para sectores envejecidos. En junio de 2026 suponían más del 15% de los afiliados a la Seguridad Social.

La política convierte un problema complejo en una historia sencilla

La inmigración ofrece una materia prima casi perfecta para la competición política: fronteras, identidad, seguridad, dinero público, diferencias culturales y escenas visualmente poderosas. Una cola frente a una oficina o unas imágenes de llegadas a la costa pueden resumirse en segundos. Explicar por qué España lleva décadas construyendo menos vivienda de la necesaria en determinadas zonas requiere algo más de paciencia. Mala mercancía para una pantalla de seis pulgadas.

El fenómeno tampoco pertenece exclusivamente a un partido o a una ideología. Los gobiernos pueden minimizar problemas reales por temor a alimentar discursos xenófobos; la oposición puede exagerarlos porque electoralmente funcionan. Unos presentan cada tensión como una anécdota. Otros, cada anécdota como una invasión. Entre ambos extremos se evapora el diagnóstico útil.

La inmigración alcanza además mucha más relevancia cuando se pregunta por España en abstracto que cuando cada persona habla de aquello que le perjudica directamente. Eso no demuestra por sí solo manipulación política ni mediática, pero sí señala que la percepción colectiva se construye con ingredientes que van bastante más allá de la experiencia individual.

Una sociedad puede tener problemas reales de integración, convivencia o capacidad de acogida y discutirlos sin convertir a millones de personas en culpables universales. También puede controlar sus fronteras y, al mismo tiempo, mirar quién fija el alquiler, quién decide el salario, quién planifica la sanidad y quién lleva décadas prometiendo vivienda asequible que nunca aparece.

Son conversaciones compatibles. Aunque políticamente resulte más rentable fingir que no.

El malestar busca un rostro; las causas tienen despacho

Decir que todos los problemas de un trabajador español proceden de su jefe o del político de turno sería tan simplista como responsabilizar al inmigrante. No existe un único culpable. La economía es una red de decisiones privadas, políticas públicas, cambios demográficos, mercados internacionales y elecciones individuales. Precisamente por eso merece desconfianza cualquier explicación que encuentre al responsable de vivienda, salarios, sanidad y empleo en el mismo grupo de personas.

La inmigración puede aumentar la presión sobre una vivienda escasa o sobre servicios que no se amplían con suficiente rapidez. Ese efecto existe y ocultarlo no ayuda. Pero los datos disponibles tampoco respaldan la idea de que esté destruyendo de forma general el empleo o los salarios de los españoles; al contrario, los trabajadores extranjeros participan de manera decisiva en la creación reciente de empleo y en sectores que necesitan mano de obra.

Queda entonces el fondo político del asunto: quién tiene capacidad para cambiar las condiciones materiales de una sociedad. El camarero colombiano que vive con otras tres personas en un piso caro tiene poca. El enfermero español encadenando turnos tampoco demasiada. Empresas, propietarios y administraciones poseen bastante más margen, cada uno dentro de sus competencias.

Mientras el enfado viaje hacia abajo en vez de hacia donde se toman las decisiones, la escena será conocida: dos personas peleando por el último asiento del autobús mientras nadie mira el horario pegado en la marquesina para comprobar por qué solo pasa uno cada media hora.