¿Por qué dimite Yermak, mano derecha de Zelenski?

Dimisión de Andrii Yermak sacude Kiev: registros anticorrupción, caso Energoatom y 100 millones en sobornos en plena guerra y negociaciones.

El 28 de noviembre de 2025, Andrii Yermak, jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania y mano derecha de Volodímir Zelenski, presentó su dimisión tras un registro de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) en su domicilio de Kiev. El hasta hoy principal operador político del presidente comunicó que colaborará con las autoridades y que no está formalmente señalado como sospechoso. La Presidencia enmarcó el paso en un “reinicio” del equipo para evitar distracciones en plena guerra y en medio de la mayor investigación de corrupción abierta desde 2022, el caso sobre presuntos sobornos y comisiones vinculados a contratos públicos del sector energético.

La dimisión tiene efectos inmediatos. Zelenski ordenó reorganizar su oficina y abrió de forma urgente el proceso para nombrar un sustituto que asuma la coordinación política diaria, la interlocución con los ministerios y los canales con Estados Unidos y la Unión Europea. En paralelo, las agencias anticorrupción mantienen una causa que —según han difundido— cuantifica al menos 100 millones de dólares en “kickbacks” exigidos a proveedores de la estatal nuclear Energoatom y de otras áreas estratégicas. El mensaje del presidente fue claro: la defensa del país y la negociación internacional no deben verse contaminadas por un sumario que seguirá su curso; la cooperación con los investigadores, también.

Lo esencial y lo inmediato

La fotografía del día en Kiev es de alto voltaje político y, al mismo tiempo, de continuidad institucional. NABU y SAPO acudieron por la mañana a la vivienda de Yermak con una orden judicial dentro de la llamada Operación “Midas”, una macrocausa que rastrea prácticas corruptas en la contratación pública energética durante la guerra. Horas después, el hasta ahora jefe de la Oficina del Presidente presentó su renuncia. El Banco de la Presidencia en Bankova evitó triunfalismos y habló de “disciplina” y “unidad” en un momento en el que Rusia intensifica los ataques de invierno contra infraestructuras críticas y en el que el calendario diplomático se acelera. La prioridad: blindar el proceso negociador y sostener la cadena de mando político-administrativa.

A efectos prácticos, la salida de Yermak obliga a redistribuir tareas que, en un sistema presidencial en guerra, son decisivas. La Oficina del Presidente coordina agendas, dirime disputas entre ministerios, filtra prioridades, sincroniza a Defensa, Interior, Energía, Exteriores y Seguridad y, muy a menudo, actúa como puerta de entrada y salida con capitales aliadas. El despacho que queda vacante no es un mero cargo administrativo: es el engranaje que convierte decisiones políticas en órdenes ejecutivas y gestiona conversaciones sensibles con socios que condicionan sanciones, armamento, ayuda financiera y el marco de una paz posible. La Presidencia ha dejado entrever que el reemplazo llegará en cuestión de días.

Quién es Andrii Yermak y por qué su salida pesa

Abogado de formación y con pasado en la producción audiovisual, Yermak entró en el círculo de Zelenski antes de 2019 y, tras la victoria electoral, se consolidó como asesor de política exterior. En febrero de 2020 tomó el control de la Oficina del Presidente. Su peso político se multiplicó tras la invasión a gran escala de Rusia en 2022: se convirtió en bisagra entre la escena internacional y la puesta a punto doméstica, tejió alianzas, ordenó prioridades a diario y, con la guerra de fondo, asumió la arquitectura negociadora con Washington. Desde entonces, su nombre ha aparecido en casi todas las carpetas estratégicas del Estado: defensa aérea, sanciones, garantías de seguridad, energía y, claro, reconstrucción.

Por eso su renuncia no es un cambio menor. En la práctica, Yermak decidía qué expedientes llegaban a la mesa del presidente, cuándo y con qué urgencia. Mantenía interlocución regular con asesores del Congreso y la Casa Blanca, con responsables europeos y con líderes de países clave para sostener el apoyo militar y financiero. Dentro de Kiev, funcionaba como árbitro entre ministerios y como acelerador —o freno— de reformas. Sus apoyos subrayan que logró mantener cohesionado el núcleo civil y militar en los peores meses; sus críticos, que concentró demasiado poder en un entorno opaco. Todos coinciden en lo mismo: su salida reordena el tablero.

La personalidad política de Yermak ha generado adhesiones y sospechas a partes iguales. Fue el rostro visible de la diplomacia de guerra —viajes, cumbres, contactos discretos— y también el guardián más celoso del perímetro presidencial. Con la guerra cronificada y el país sometido a una cuarta campaña invernal de ataques contra su red eléctrica, el coste de un escándalo de integridad orbitando al lado del presidente se volvió inmanejable. De ahí la decisión: despejar el foco para que la justicia trabaje sin ruido y el gobierno continúe sin sombras sobre su sala de máquinas.

La investigación que sacude a Energoatom

La Operación “Midas” estalla públicamente en noviembre con un puñado de datos que helan la sangre en un país que pelea por su supervivencia. Los investigadores describen una trama de alto nivel que habría operado alrededor de Energoatom, la empresa que gestiona la generación nuclear y que mantiene encendidas más de la mitad de las luces del país. El mecanismo, según los sumarios difundidos, recuerda a otros casos de gran corrupción: inflar contratos, manipular licitaciones, crear intermediarios, exigir retornos ilícitos del 10–15 % y lavar fondos a través de proyectos inmobiliarios o compañías pantalla. El cálculo inicial habla de 100 millones de dólares como mínimo en comisiones y desvíos.

Entre los nombres que aparecen una y otra vez figura el empresario Tymur Mindich, vinculado durante años al entorno de Zelenski, señalado en las notas de los investigadores como presunto cerebro operativo del esquema. También desfilan ex altos cargos y ejecutivos del sector con apodos y jerarquías que los sumarios han popularizado. Ocho personas están imputadas formalmente en piezas del caso, mientras otras han sido puestas bajo medidas cautelares o figuran como testigos clave. La clave de bóveda de la pesquisa, sostienen las agencias, son grabaciones acumuladas durante meses, rastreos financieros y registros simultáneos en varias provincias.

La rapidez de la respuesta institucional ha sido parte del relato. En apenas una semana, el Parlamento aceptó las renuncias de los titulares de Justicia y Energía —Herman Halushchenko y Svitlana Hrynchuk—, que niegan haber cometido delito alguno. El Gobierno de Yulia Svyrydenko, en coordinación con la Presidencia, anunció auditorías nuevas en el conglomerado energético y una revisión de la supervisión en empresas estatales sensibles. La UE y organismos internacionales valoraron el movimiento como un test sobre la resiliencia institucional de Ucrania durante la guerra. En paralelo, NABU y SAPO han pedido tiempo y silencio para completar peritajes, cotejar contratos y cerrar la trazabilidad del dinero.

No todo está despejado. El sumario sigue bajo secreto en apartados cruciales; existen filtraciones y versiones interesadas. Hay políticos que intentan capitalizar el terremoto en su beneficio y oligarcas que observan la tormenta con prudente distancia. De momento, lo sólido es lo que ya consta en resoluciones judiciales, detenciones, medidas cautelares, destituciones y renuncias. Lo demás —incluidas algunas cifras que circulan en redes— habrá que confirmarlo en sede judicial.

Nombres, cargos y el hilo de las responsabilidades

En el anillo más cercano al caso aparecen empresarios con acceso a contratación pública, ex responsables de ministerios económicos y cuadros medios de compañías estatales. El hilo conductor: Energoatom como caja de resonancia de un sistema de intermediación ilícita. La metodología que describen los investigadores es clásica: se introduce una capa de consultoras o sociedades opacas entre el proveedor y la empresa estatal, se fijan márgenes artificiales, se facilitan pliegos a medida y, a cambio, se cobra un porcentaje por “agilizar” procesos y garantizar adjudicaciones. Ese porcentaje es el retorno ilegal. El dinero, después, se blanquea en ladrillo, vehículos de alta gama, cuentas en el extranjero y testaferros.

Tymur Mindich —apodado “Karlsson” en algunas transcripciones— es el nombre que más ruido ha generado por su trayectoria empresarial y su antigua proximidad al entorno presidencial. Según las diligencias, habría influido en nombramientos, comités y políticas internas de compañías clave. En el mismo ecosistema, los sumarios mencionan a ex asesores de Energía, a directivos de Energoatom y a operadores con contactos en contratistas y en despachos públicos. Algunos de ellos ya han sido puestos a disposición judicial; otros habrían abandonado el país antes de los registros.

Más allá de identidades, lo que importará al final es probar o descartar responsabilidades. Por eso el caso toca fibras políticas: no es lo mismo un fallo de control que una participación activa; no es lo mismo mirar a otro lado que ordenar un esquema delictivo. El país se juega credibilidad ante la Unión Europea y ante los contribuyentes que financian ayuda militar y civil. El mensaje que sale de Kiev intenta ser inequívoco: nadie está por encima de la ley y las agencias especializadas actuarán con independencia, aunque duela.

Consecuencias políticas en Kiev y fuera

La renuncia de Yermak reordena el mando político en la sede presidencial. Internamente, había voces —incluso dentro del partido de Zelenski— que pedían gestos contundentes para contener el desgaste y cortar de raíz cualquier sospecha sobre el entorno. Externamente, socios europeos y norteamericanos reclamaban señales de que la arquitectura anticorrupción no se subordina a la coyuntura bélica. La dimisión se interpreta como un cortafuegos: la justicia por su carril; la guerra y la diplomacia, por el suyo.

En lo inmediato, Kiev debe garantizar continuidad en tres frentes. Primero, el militar: la coordinación política con Estado Mayor, Defensa y Seguridad no puede resentirse. Segundo, el energético: Rusia vuelve a atacar centrales térmicas y subestaciones; cualquier vacilación administrativa se paga con apagones. Tercero, el diplomático: se negocian garantías de seguridad, paquetes de sanciones y ayuda financiera. Yermak llevaba esas carpetas de la mano; quien entre deberá conectar sin curva de aprendizaje.

La UE sigue el caso por otra razón: la adhesión. La Comisión ha repetido que el combate a la corrupción es condición estructural para avanzar en el proceso. La secuencia —investigación, registros, cooperación, dimisiones, auditorías— alimenta la narrativa de que los contrapesos funcionan incluso en guerra. Lo contrario —una causa mal instruida, filtraciones que contaminen pruebas, interferencias políticas— tendría un coste inmediato en confianza y en apoyo. Por eso la comunicación pública del caso ha sido medida: datos, fechas, resoluciones y pocas palabras mayores.

En Washington el movimiento se lee en clave de estabilidad negociadora. Yermak era un interlocutor conocido por congresistas, asesores de seguridad y diplomáticos. Su salida obliga a recalibrar teléfonos y agendas, pero no cambia la hoja de ruta que ha repetido Zelenski: defensa del territorio, rechazo a imposiciones y búsqueda de un marco de garantías que disuada futuros ataques. La guerra no espera, y la diplomacia tampoco.

Después de la dimisión, las pruebas decisivas

Con el gesto político consumado, el foco se traslada a dos planos que se retroalimentan. El primero es judicial. NABU y SAPO deben cerrar sumarios, afinar imputaciones, llevar a juicio casos sólidos y demostrar que el método empleado —escuchas, análisis financiero, peritajes, registros— resiste el escrutinio de la Alta Corte Anticorrupción. No bastan titulares: harán falta autos y sentencias. Si llegan, el país podrá afirmar que el Estado defendió su integridad incluso cuando la prioridad vital era otra. Si no, la confianza pública sufrirá otro golpe.

El segundo plano es político-administrativo. La Oficina del Presidente no puede quedarse coja. En plena ofensiva de misiles contra la red eléctrica, con la reconstrucción en marcha y la financiación internacional sometida a controles, se requiere un jefe de gabinete con solvencia técnica, probada integridad y capacidad de negociación. No es un puesto para aprender: debe dominar expedientes, tiempos y códigos. La Presidencia baraja perfiles con experiencia en reformas, energía y seguridad, y con credenciales aceptables para Bruselas y Washington. Quien llegue tendrá que recomponer equipos, cerrar grietas y sostener el ritmo de decisiones.

Una derivada menos visible: el control de daños en la opinión pública. Ucrania atraviesa su cuarto invierno de guerra con apagones intermitentes, inflación contenida a duras penas y fatiga acumulada. En ese contexto, la promesa de tolerancia cero con la corrupción no puede quedarse en discurso. Requiere contratos transparentes, órdenes de compra publicadas, auditorías periódicas y puertas giratorias cerradas. Ucrania ya cuenta con herramientas —plataformas de contratación, registro de beneficiarios reales, protección de denunciantes—; la diferencia la marca la voluntad política para aplicarlas con rigor incluso cuando duelen en casa.

La renuncia de Andrii Yermak no detiene la guerra ni cambia el frente. Sí altera el centro de mando político de un país que pelea su supervivencia militar y su credibilidad institucional al mismo tiempo. El caso Energoatom ha descorrido cortinas incómodas, ha precipitado salidas en el Consejo de Ministros y ha probado que las agencias especializadas mantienen iniciativa propia. Ahora llega el tramo más complejo: que la justicia demuestre, con hechos y no con adjetivos, que los 100 millones de dólares no son una cifra en titulares sino un delito que se persigue hasta el final; y que el Gobierno sea capaz de sustituir a su principal operador sin perder compás en la defensa ni oxígeno en la diplomacia. Si esas dos piezas encajan, Kiev habrá convertido una crisis en un argumento de fuerza: se puede combatir a la vez a un invasor y a la corrupción. Si fallan, el coste político —y quizá estratégico— será difícil de calcular.