¿Por qué crece la intolerancia en España y hasta dónde puede llegar?

España no vive una explosión generalizada de violencia étnica ni una ruptura de la convivencia, pero sí hay señales objetivas de un aumento de la intolerancia que sería imprudente despachar como cuatro exaltados haciendo ruido en internet. Los delitos e incidentes de odio conocidos por las fuerzas de seguridad alcanzaron los 2.417 en 2025, un 23,6% más que el año anterior y la cifra más elevada desde que comenzó la serie estadística en 2014. El racismo y la xenofobia, con 934 hechos, fueron el principal ámbito registrado.

La fotografía exige, sin embargo, evitar el otro extremo: convertir España en una especie de campo de batalla cultural permanente porque tres vídeos hayan ocupado durante dos días todas las pantallas. La criminalidad convencional aumentó un 1% durante el primer trimestre de 2026, pero la tasa quedó en 40,5 delitos por cada mil habitantes, dentro de la banda más baja de la serie histórica. Es decir: puede aumentar el odio contra determinados colectivos sin que España se haya convertido, al mismo tiempo, en un país excepcionalmente inseguro. Las dos cosas caben en la misma realidad.

De un insulto en el metro a una mezquita atacada

Hay escenas que sirven para entender el cambio de temperatura. En abril de 2026 se hizo viral un vídeo grabado en el Metro de Madrid en el que una mujer increpaba a una joven que llevaba velo con consignas contra los musulmanes. No era una discusión sobre política migratoria, integración o seguridad. Era una persona señalando a otra, en un vagón, por la religión que suponía que profesaba y por una prenda que la hacía identificable a simple vista.

A finales de julio, dos individuos atacaron la mezquita La Paz de Vilanova del Camí, en Barcelona. Apareció pintada la palabra «reemigración», se dibujó una cruz en la puerta y se dejó carne de cerdo en la entrada. Los Mossos abrieron una investigación. El término no es casual: ha pasado de círculos extremistas europeos a circular con creciente naturalidad en el debate político y digital como eufemismo para defender expulsiones masivas de población extranjera o de origen extranjero.

Junto a estos casos comprobables circulan vídeos, testimonios y relatos sobre mujeres a las que intentan quitarles el velo, discusiones provocadas al escuchar música árabe, insultos en comercios o altercados cotidianos convertidos de inmediato en conflictos identitarios. No todo lo viral está verificado, y ese matiz importa muchísimo. Una anécdota sin fecha ni contexto puede recorrer medio país antes de que alguien compruebe dónde ocurrió. Pero el hecho de que haya material dudoso no permite negar los episodios documentados ni la tendencia estadística.

El dato específico de islamofobia merece una lectura especialmente cuidadosa. Interior registró 35 delitos de odio vinculados a esta categoría en 2025, frente a 15 en 2024: un incremento del 133%. La cifra absoluta continúa siendo pequeña y la categoría solo empezó a contabilizarse separadamente en 2024, de modo que no tiene sentido convertir ese porcentaje en prueba de una epidemia nacional. Sí resulta llamativo el salto registrado en el entorno digital, donde los hechos islamófobos crecieron un 450%.

Ahí está probablemente una parte importante del problema: no tanto una España que se levanta por la mañana dispuesta a odiar al vecino como una España que recibe, desde el móvil, una dieta continua de enfado.

Cuando un delito deja de tener autor y empieza a tener etnia

Torre Pacheco dejó en 2025 una advertencia bastante nítida. La agresión a un hombre mayor desencadenó llamamientos en redes contra la población magrebí y varias noches de disturbios. Hubo detenidos por la agresión inicial, pero también por delitos relacionados con los posteriores enfrentamientos, daños y alteraciones del orden público. Grupos de ultraderecha habían difundido convocatorias para acudir al municipio y tomar represalias contra inmigrantes.

Ese salto mental —del delincuente al colectivo— es donde empieza la pendiente peligrosa. Un hombre roba y deja de ser un ladrón para convertirse en «los marroquíes». Otro agrede y de pronto representa a «los musulmanes». El mecanismo es antiquísimo porque ahorra un trabajo incómodo: pensar individualmente.

España ya lo conoció en El Ejido en 2000, cuando varios crímenes cometidos por inmigrantes marroquíes desembocaron en violencia colectiva contra población inmigrante. Torre Pacheco recuperó, un cuarto de siglo después y con teléfonos inteligentes en cada bolsillo, un patrón inquietantemente reconocible: un delito concreto, indignación legítima, generalización étnica y finalmente personas ajenas al delito convertidas en destinatarias de la represalia.

La diferencia tecnológica es enorme. En 2000 el rumor necesitaba una plaza, un bar, una llamada. Ahora tarda segundos. Vídeos recortados, fotografías antiguas reutilizadas, estadísticas sin denominador y cuentas que descubren que la ira también da audiencia. El rumor ha adquirido banda ancha.

OBERAXE señaló que durante 2025 detectó más de 740.000 contenidos racistas y xenófobos en su trabajo de monitorización y que el 45% contenía mensajes orientados a deshumanizar a personas de origen extranjero. Eso no equivale a 740.000 delitos ni a 740.000 españoles racistas: son contenidos detectados bajo una metodología concreta. Pero sí describe el océano informativo en el que se forman muchas percepciones.

La inmigración preocupa más, aunque el miedo no siempre siga al delito

El Barómetro del CIS de julio de 2026 situó la inmigración como segundo problema de España, mencionada por el 23,4% de los entrevistados, solo por detrás de la vivienda, con un 43%. Había subido 4,5 puntos respecto al mes anterior. Curiosamente, cuando se pregunta por los problemas que afectan personalmente al entrevistado, dominan la vivienda, la economía y la sanidad.

La distancia entre ambas respuestas resulta sociológicamente interesante. Sugiere —no demuestra por sí sola— que parte de la inquietud migratoria se construye como problema colectivo percibido más que como experiencia personal directa. Uno puede vivir en una calle tranquila y, después de dos horas mirando el teléfono, acostarse convencido de que el país está ardiendo.

Eso no significa que todos los problemas relacionados con inmigración sean imaginarios. Sería otra forma de negar la realidad. Hay barrios sometidos a presión demográfica, servicios públicos tensionados, problemas de integración, conflictos culturales, delincuencia real y ciudadanos que consideran insuficiente la respuesta institucional. Una democracia adulta debe poder hablar de todo ello sin convertir cada crítica a la política migratoria en xenofobia.

Del mismo modo, denunciar la islamofobia no obliga a aceptar prácticas religiosas contrarias a los derechos individuales. Una mujer debe poder llevar voluntariamente un hiyab sin que un desconocido se crea autorizado para arrancárselo, del mismo modo que debe poder quitárselo sin que su familia, su comunidad o un fanático religioso se crean autorizados para impedírselo. La libertad no cambia de definición dependiendo de quién ejerza la coacción.

Ahí suele fracasar el debate español: un bando niega cualquier conflicto cultural porque teme alimentar a la extrema derecha; el otro convierte cualquier conflicto cultural en la demostración de que millones de personas son incompatibles con España. Entre ambos extremos queda un espacio menos espectacular, pero bastante más sensato: ley común, derechos individuales y responsabilidades individuales.

¿Son blandas las leyes o falla su aplicación?

La sensación de impunidad tiene combustible político porque muchas personas creen que insultar, amenazar o acosar por motivos raciales o religiosos sale prácticamente gratis. Jurídicamente, la idea de que España carece de herramientas contra los delitos de odio no se sostiene.

El artículo 510 del Código Penal castiga determinadas conductas públicas de fomento o incitación al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia con penas de uno a cuatro años de prisión, además de multa. La motivación racista, antisemita, antigitana o discriminatoria por religión, etnia, raza, nación y otras circunstancias puede actuar también como agravante mediante el artículo 22.4.

Otra cosa es llegar desde una frase pronunciada en una calle hasta una condena penal. No todo insulto repugnante constituye automáticamente delito de odio. Hay que identificar al responsable, acreditar los hechos, probar la motivación discriminatoria y distinguir entre conducta penalmente relevante y libertad de expresión, incluso cuando esa expresión resulte ofensiva. El Estado de derecho tiene esas incómodas manías: pruebas, garantías, procedimientos.

La propia Fiscalía ha reconocido problemas de detección, coordinación e infradenuncia, y ha defendido reforzar los equipos especializados con un incremento sustancial de medios personales y formación. También existe un III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio para 2025-2028. De modo que la política institucional no está exactamente ausente; el problema es que una estrategia escrita en un despacho sirve de poco cuando la víctima no denuncia, el agente carece de especialización o la investigación llega tarde.

La justicia por cuenta propia es otro fracaso, no una solución

La consecuencia verdaderamente peligrosa aparecería si arraigara la idea de que, puesto que «nadie hace nada», cada ciudadano puede convertirse en policía, juez y ejecutor de su pequeña sentencia callejera.

Arrancar un velo a una mujer, perseguir a alguien por su aspecto, atacar una mezquita, romper un escaparate o organizar una patrulla para buscar magrebíes no fortalece la seguridad. La destruye. Sustituye el principio de responsabilidad individual por el castigo colectivo y concede al agresor el derecho de decidir quién merece protección.

Y tiene un efecto secundario bastante previsible: la represalia. Cuando una comunidad siente que la Policía no la protege, aparecen grupos de autodefensa; cuando el otro grupo interpreta esa organización como una amenaza, se arma también. Una pelea por una moto, una discusión en una tienda o una bronca por ruido dejan de ser eso y adquieren bandera, religión y apellido. Es el momento en que los conflictos cotidianos se etnifican.

Las instituciones europeas llevan tiempo advirtiendo de la normalización del discurso de odio, de su expansión digital y de la capacidad de las campañas de desinformación y de determinadas narrativas políticas para reforzar estereotipos y transformar prejuicios en hostilidad. También existe otro agujero incómodo: muchos episodios nunca llegan a denunciarse.

La política, los medios y la rentable industria del miedo

La política tiene aquí una responsabilidad difícil de disimular. Gobernar no consiste en repetir que España es segura cuando una parte de la población siente que su barrio se deteriora; pero tampoco consiste en presentar al inmigrante como explicación portátil para la delincuencia, la vivienda, los salarios, la sanidad, la identidad nacional y probablemente la lluvia del martes.

La simplificación funciona electoralmente porque ofrece una causa visible a problemas muy distintos. El joven que no encuentra piso, el trabajador que siente que pierde poder adquisitivo, el vecino que ha sufrido un robo y el hombre que no reconoce demográficamente su antiguo barrio pueden terminar compartiendo una misma explicación aunque sus problemas tengan causas diferentes. El extranjero se convierte entonces en una pantalla sobre la que proyectarlo todo.

Los medios tampoco son simples espectadores. Cuando una agresión cometida por un inmigrante abre durante horas informativos, tertulias y redes, mientras miles de delitos cometidos por españoles carecen de interés identitario, el espectador puede terminar construyendo una estadística mental que no coincide con la estadística real. El periodismo debe informar del origen de un detenido cuando sea relevante. Convertirlo sistemáticamente en el titular es otra cosa.

El error contrario —ocultar datos, suavizar problemas o tratar cualquier preocupación vecinal como sospechosa de racismo— tampoco sale gratis. Produce desconfianza. Y la desconfianza es el fertilizante perfecto para el bulo: cuando alguien cree que las instituciones y los medios le esconden la realidad, terminará creyendo al primer canal de Telegram que le prometa contársela «sin censura».

Por eso resulta importante mantener simultáneamente dos ideas que en el debate público parecen incompatibles. España puede exigir fronteras controladas, integración y cumplimiento de las leyes, con respuestas firmes frente a delincuentes sean españoles o extranjeros. Y puede, exactamente al mismo tiempo, garantizar que ningún musulmán tenga que mirar detrás de sí antes de entrar en una mezquita y que ninguna mujer sea insultada por llevar un pañuelo.

No hay contradicción. Se llama Estado liberal.

España aún está lejos del choque, pero el aviso está ahí

España conserva una convivencia cotidiana bastante más sólida de lo que permiten imaginar las redes. Millones de personas de distintos orígenes trabajan juntas, llevan a sus hijos al mismo colegio, comparten autobús, supermercado, bar, hospital y bloque de pisos sin protagonizar una sola noticia. Precisamente porque la normalidad no se hace viral.

Los datos tampoco permiten anunciar una ruptura social. Pero sí muestran algo que merece atención: los delitos e incidentes de odio aumentaron con fuerza en 2025, el racismo y la xenofobia encabezan las categorías registradas, la islamofobia creció desde una base pequeña y la circulación digital de contenidos hostiles alcanza dimensiones enormes. Al mismo tiempo, la inmigración ha ascendido con rapidez entre las preocupaciones declaradas por los ciudadanos.

La mezcla puede volverse desagradable cuando coinciden miedo, frustración, bulos y ausencia de respuestas rápidas, junto a políticos dispuestos a echar gasolina. La historia española ofrece suficientes ejemplos para saber que una sociedad no necesita estar mayoritariamente llena de odio para sufrir episodios graves de violencia colectiva. Basta una minoría activa, una excusa y una multitud que decida mirar hacia otro lado.

El mayor riesgo no es que España despierte súbitamente convertida en un país intolerante. Es algo más prosaico: acostumbrarse poco a poco. Que el insulto deje de sorprender, que quitarle el velo a una desconocida parezca una gamberrada, que atacar el comercio de alguien por su origen se convierta en «respuesta», que una paliza individual justifique perseguir a personas que no tienen nada que ver con ella.

Cuando una democracia permite ese desplazamiento, la frontera decisiva ya no pasa entre españoles e inmigrantes, cristianos y musulmanes, izquierda y derecha. Pasa entre quienes aceptan que la ley protege a cada individuo y quienes empiezan a considerar legítimo decidir en la calle quién merece esa protección.

Y esa segunda idea, una vez sale de la pantalla y pisa la acera, deja de ser ruido. Es cuando empieza el problema de verdad.