Historia
¿Podrán volver a Diego García tras medio siglo de exilio?

Diego García condensa un desalojo colonial, una base militar clave y una promesa rota: el retorno de los chagosianos sigue bloqueado todavía.
Diego García lleva décadas apareciendo en los mapas estratégicos de Estados Unidos y Reino Unido como una pieza limpia, útil, perfectamente situada en el Índico para mover bombarderos, abastecer operaciones y vigilar una parte muy sensible del planeta. Lo que casi nunca entra en esa imagen de satélite es el detalle decisivo: para levantar esa base hubo que vaciar una sociedad entera. Los chagosianos, también llamados Ilois, fueron expulsados entre finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, y más de medio siglo después siguen peleando por regresar a la tierra de la que salieron a la fuerza. El debate no es arqueología colonial ni un pleito de archivo. Sigue vivo, con nombres y apellidos, con recursos judiciales recientes, con un tratado firmado entre Londres y Mauricio y con una evidencia incómoda que no se deja esconder: la soberanía puede cambiar sobre el papel mientras la isla central del conflicto continúa cerrada para quienes nacieron allí.
La situación actual, en marzo de 2026, es esta: el Reino Unido firmó en mayo de 2025 un acuerdo para reconocer la soberanía de Mauricio sobre el archipiélago de Chagos, incluida Diego García, pero conservó el control operativo de la base militar mediante un arrendamiento de 99 años. Ese pacto se ha presentado como la solución jurídica a una disputa colonial que se había vuelto insostenible para Londres. El problema es que no resuelve el núcleo humano del caso. La posibilidad de reasentamiento se abre para otras islas del archipiélago, pero Diego García, precisamente el lugar del que fueron arrancadas muchas familias, queda blindada por su valor militar. Ahí está la herida. Y ahí está también la razón por la que varios chagosianos han vuelto a los tribunales y otros han intentado regresar por la vía de los hechos.
Una base militar levantada sobre un destierro
La historia moderna de Chagos empieza a torcerse de forma deliberada en 1965, cuando el Reino Unido separó el archipiélago de Mauricio antes de concederle la independencia. Aquel recorte territorial dio lugar al llamado British Indian Ocean Territory, una construcción colonial pensada para facilitar la cesión de uso militar a Estados Unidos. Tres años después, en 1968, Mauricio se independizó sin Chagos. La operación fue presentada con la frialdad administrativa habitual en estos casos: papeles, decretos, notas diplomáticas, frases asépticas. Detrás de ese idioma estaba lo de siempre. Para que la gran base aérea y naval funcionara sin interferencias, Washington quería una isla sin población civil estable. Y Londres aceptó fabricar ese vacío.
Entre 1967 y 1973 fueron desalojadas hasta 2.000 personas de las islas habitadas del archipiélago, no solo de Diego García, también de Peros Banhos y Salomon. Eran familias que vivían del trabajo vinculado a las plantaciones de coco, de la pesca, de una economía pequeña y cerrada, con una identidad propia mezclada de herencias africanas, malgaches, indias y europeas. No se trató de una simple reubicación burocrática. Fue una expulsión forzosa, ejecutada de forma escalonada pero implacable, con traslados a Mauricio y Seychelles y con un aterrizaje brutal en la pobreza. Muchos llegaron sin vivienda digna, sin empleo estable y sin el tejido comunitario que había sostenido su vida insular. El resultado fue una limpieza humana muy útil para la defensa occidental y devastadora para quienes la sufrieron.
Desde entonces, ningún habitante indígena reside de forma permanente en el archipiélago. En cambio, en torno a 4.000 personas están hoy destacadas allí por razones militares o logísticas. La comparación dice bastante sin necesidad de subrayados excesivos. Allí donde antes hubo hogares, cementerios, capillas, cocinas, trabajo cotidiano y memoria familiar, hoy hay una infraestructura estratégica de primer orden. Diego García ha servido durante décadas como plataforma de proyección para operaciones en Afganistán, Irak, el mar Rojo y otras zonas calientes. La isla dejó de ser un lugar vivido para convertirse en una máquina geopolítica. Y esa transformación, que en los despachos se presenta como necesidad estratégica, sigue teniendo un coste humano pendiente de pago.
La soberanía que Londres ya no pudo sostener
Durante años, el Reino Unido defendió su control sobre Chagos con la mezcla habitual de argumentos jurídicos, inercia imperial y razones de seguridad. Pero esa posición empezó a agrietarse de verdad cuando el caso salió del perímetro cómodo de la política británica y entró de lleno en el derecho internacional. El golpe más serio llegó en 2019, cuando la Corte Internacional de Justicia consideró que la descolonización de Mauricio no se había completado legalmente porque la separación del archipiélago en 1965 fue ilícita. No fue una frase decorativa ni una reprimenda simbólica sin más. Fue un cuestionamiento frontal de la base legal sobre la que Londres había sostenido durante décadas su administración del territorio.
A partir de ahí, la presión sobre Londres dejó de ser únicamente moral o diplomática. La Asamblea General de la ONU respaldó ese criterio y reclamó al Reino Unido que pusiera fin a su administración del archipiélago. Esa cadena de pronunciamientos no devolvió automáticamente las islas a los chagosianos, pero sí cambió la partida. Ya no se discutía solo el derecho de retorno o la justicia de la expulsión: se discutía también la legitimidad misma de la soberanía británica. Ahí aparece una de las paradojas más duras del caso. El derecho internacional avanzó con claridad sobre la cuestión colonial, pero el regreso físico de la población expulsada siguió atrapado entre litigios, cautelas militares y cálculos de Estado.
La vía judicial abierta por los propios chagosianos había recorrido antes otro camino, más irregular y más ingrato. En 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró inadmisible la demanda presentada por miles de chagosianos y sus descendientes. El tribunal reconoció la gravedad del trato recibido —llegó a hablar de una actuación “despiadada y vergonzosa”—, pero sostuvo que los demandantes no podían seguir presentándose como víctimas a efectos de ese procedimiento porque sus reclamaciones habían sido objeto de acuerdos y compensaciones anteriores en la jurisdicción británica. Fue una decisión jurídicamente importante y políticamente amarga. Venía a decir, de forma muy fría, que el daño existió, que era grave, que era indecente, pero que esa puerta procesal concreta ya estaba cerrada.
En el propio Reino Unido, la batalla tampoco ha dado una reparación clara. Ha habido victorias parciales, retrocesos, órdenes ejecutivas, impugnaciones y nuevas derrotas. Figuras como Olivier Bancoult, durante años uno de los rostros más visibles de la causa chagosiana, simbolizan esa persistencia de un litigio que nunca ha desaparecido del todo. El Estado británico fue afinando una posición constante: reconocer el dolor histórico, ofrecer compensaciones o paquetes de apoyo, pero evitar un derecho de retorno pleno, sobre todo allí donde colisiona con el interés militar en Diego García. La fórmula ha cambiado con el tiempo; el fondo, bastante menos.
Lo que cambia sobre el papel
El gran giro político llegó en octubre de 2024, cuando el Gobierno británico anunció un acuerdo con Mauricio para transferir la soberanía del archipiélago. La firma formal se produjo el 22 de mayo de 2025, después de una mañana de vértigo judicial en Londres. El primer ministro Keir Starmer defendió el pacto como una manera de proteger la base a largo plazo y, al mismo tiempo, resolver una disputa colonial que ya era demasiado costosa en términos legales y diplomáticos. Navin Ramgoolam, primer ministro de Mauricio, lo presentó como la culminación de la descolonización. Marco Rubio, desde la diplomacia estadounidense, celebró que el acuerdo asegurara el funcionamiento estable y duradero de la instalación militar conjunta. Es decir, cada actor vendió una parte del mismo artefacto.
Ese artefacto, traducido del lenguaje jurídico al lenguaje llano, funciona así: Mauricio pasa a ser soberano sobre todo el archipiélago, incluida Diego García, pero autoriza al Reino Unido a ejercer los derechos y competencias necesarios para mantener la base militar en esa isla bajo un arrendamiento de 99 años. Londres pagará una media anual de 101 millones de libras, con un coste estimado de unos 3.400 millones a lo largo de la vida del acuerdo. El pacto también prevé que Mauricio pueda organizar el reasentamiento de chagosianos en el resto del archipiélago, excepto en Diego García. Ahí está el detalle que lo cambia todo. Sobre el papel, el colonialismo británico retrocede; sobre el terreno, el espacio más codiciado queda preservado para la lógica militar.
No es raro que ese diseño haya generado malestar entre parte de la diáspora chagosiana. Para muchos, el acuerdo supone una descolonización incompleta o, peor aún, una descolonización sin restitución real. Porque la isla simbólica, la que concentra la tragedia y el poder, sigue fuera de su alcance. No basta con decir que el archipiélago deja de ser británico si las familias expulsadas de Diego García continúan sin poder volver al lugar exacto de su expulsión. Esa es la grieta política y moral del pacto. Y esa es también la razón por la que el asunto no se ha calmado con la firma, sino que ha vuelto a calentarse.
Los nombres que han devuelto el caso a los tribunales
La firma de mayo de 2025 estuvo a punto de saltar por los aires a última hora. Bertrice Pompe, nacida en Diego García y nacional británica, consiguió esa misma mañana una medida cautelar que bloqueó temporalmente la conclusión del acuerdo. Junto a Bernadette Dugasse, también nacida allí, denunció que el pacto se había negociado sin contar de verdad con los chagosianos y que volvía a decidir el destino de su tierra sin ellos. La escena resumía medio siglo de historia: gobiernos hablando de soberanía, seguridad y tratados; expulsados recordando que ellos siguen siendo el asunto principal. Horas después, un juez levantó la cautelar al considerar que mantenerla perjudicaría de forma sustancial los intereses británicos. El acuerdo se firmó. Pero la impugnación no desapareció.
La secuencia continuó este mismo año. El 10 de marzo de 2026, el High Court de Londres rechazó dar permiso para una nueva impugnación judicial contra el acuerdo entre Reino Unido y Mauricio. La decisión no equivale a una absolución moral del pacto ni a una victoria política incontestable de Londres; significa, más bien, que ese cauce judicial concreto no prospera. Para las demandantes y para buena parte del activismo chagosiano, la cuestión sigue intacta: el tratado cambia la bandera, garantiza la base y deja sin resolver el punto decisivo del retorno. No es un matiz menor. Es el centro mismo de la protesta.
Unos días antes, el 25 de febrero de 2026, el propio Gobierno británico dejó ver hasta qué punto el acuerdo sigue siendo políticamente delicado. Un ministro dio a entender en el Parlamento que la ratificación estaba en pausa a la espera de conversaciones con Estados Unidos. Horas después, el Ejecutivo rectificó y aseguró que no había ninguna pausa y que el calendario se anunciaría “por los cauces habituales”. La marcha atrás tuvo una lectura bastante clara: Diego García sigue siendo un asunto tan sensible para Londres y Washington que cualquier frase mal medida provoca ruido inmediato. También dejó al descubierto otra cosa: el pacto está firmado, sí, pero su aterrizaje político e institucional continúa bajo tensión.
El debate se complicó todavía más cuando Donald Trump, ya de vuelta en la Casa Blanca, cargó en enero y febrero de 2026 contra el acuerdo y lo calificó como un gesto de debilidad británica. El dato importa no por el ruido retórico, que es su especialidad, sino porque refleja hasta qué punto Diego García sigue siendo vista en Washington como un activo demasiado valioso como para admitir cualquier ambigüedad. Londres insiste en que el pacto protege la base “bien entrado el próximo siglo”. Sus críticos responden que protege la base, sí, pero a costa de dejar de nuevo en segundo plano a quienes fueron arrancados de la isla. Y en esa discusión, los chagosianos vuelven a ser el eslabón más frágil.
El desembarco que quiso romper el guion
La protesta más llamativa de los últimos meses no llegó desde una sala judicial, sino desde una playa remota. El 17 de febrero de 2026, Misley Mandarin y otros tres chagosianos desembarcaron en Île du Coin, en el atolón de Peros Banhos, con la intención declarada de establecer una presencia permanente. No eligieron Diego García, claro, porque ahí el cerrojo militar es mucho más férreo. Eligieron otra isla del archipiélago para demostrar que el retorno no tenía por qué seguir siendo un concepto abstracto, una promesa en diferido, una frase elegante en documentos oficiales. La idea era sencilla y explosiva al mismo tiempo: volver físicamente y obligar a los gobiernos a reaccionar ante hechos consumados.
El gesto tenía además una dimensión familiar muy potente. Con Misley Mandarin viajaba su padre, Michel Mandarin, de 74 años, que fue expulsado del archipiélago cuando tenía 14. El hijo declaró que ya no se sentía en el exilio; el padre representaba, casi sin decir nada, el hilo roto de una generación entera. Según explicó el propio Misley, la intención era facilitar que las personas nacidas en Île du Coin que aún siguen vivas —él hablaba de 322— pudieran volver antes de morir. El grupo aseguró que la iniciativa no amenazaba la base de Diego García. Lo que ponía en cuestión era otra cosa: el derecho de los Estados a seguir administrando el tiempo de los expulsados como si fuera infinito.
La reacción fue rápida. Reino Unido emitió órdenes de expulsión y advirtió de que regresar o permanecer allí podía constituir una infracción penal castigada con multas y hasta con prisión. El Foreign Office describió la acción como una maniobra ilegal e insegura. Desde Mauricio, el fiscal general la calificó de montaje propagandístico destinado a generar conflicto en torno al acuerdo con Londres. Las dos capitales usaron palabras distintas, pero coincidieron en el fondo: no estaban dispuestas a aceptar que el retorno lo fijaran los propios chagosianos fuera del guion previsto. Es una escena casi perfecta del problema. Todos dicen hablar del futuro de la población expulsada, pero cuando esa población intenta decidir algo por sí misma, el aparato estatal responde con reflejos de control.
A esa tensión se sumó un aviso relevante del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, que pidió a Reino Unido y Mauricio que no ratificaran el acuerdo en los términos actuales porque podría perpetuar violaciones históricas de derechos. No es un detalle menor. Significa que el nuevo marco jurídico no solo genera desconfianza entre activistas o asociaciones de exiliados, sino también dentro del sistema internacional de derechos humanos. El caso de Chagos siempre ha sido una mezcla incómoda de colonialismo tardío, defensa estratégica y justicia diferida. El problema es que la nueva solución no ha conseguido disipar esa mezcla; apenas la ha reorganizado.
Diego García sigue siendo el centro de todo
Cuesta entender el caso Chagos sin mirar un mapa, pero no basta con mirarlo. Hay que leerlo como lo leen los militares. Diego García está situada en un punto extraordinario del océano Índico, a medio camino entre África e Indonesia, al sur de las Maldivas, con acceso operativo a Oriente Próximo, Asia meridional, el Cuerno de África y rutas marítimas fundamentales. Para Estados Unidos y Reino Unido, pocas instalaciones ofrecen una combinación tan útil de aislamiento, proyección y control. Por eso desde allí despegaron operaciones contra los talibanes y Al Qaeda en Afganistán en 2001; por eso sirvió también para campañas vinculadas a Irak; y por eso ha seguido siendo relevante en acciones recientes, incluidas operaciones contra objetivos hutíes en Yemen y despliegues humanitarios hacia Gaza.
Esa importancia explica por qué todos los caminos del conflicto acaban chocando con la misma verja. El acuerdo con Mauricio reconoce una realidad jurídica que Londres ya no podía seguir negando sin pagar un coste internacional creciente. Pero al mismo tiempo preserva intacto el corazón operativo del dispositivo militar occidental en la zona. La base no se toca. La base se alquila, se protege, se asegura, se blinda. El lenguaje cambia; la prioridad no. Hasta quienes defienden el tratado como una salida pragmática lo hacen, casi siempre, subrayando antes que nada que garantiza Diego García. Luego llegan los demás asuntos. Primero, la pista.
Ahí reside la paradoja principal del momento. Sobre el papel, el Reino Unido acepta que el archipiélago pertenece a Mauricio. En la práctica, conserva en la isla decisiva los poderes necesarios para que nada esencial cambie. El pacto prevé incluso mecanismos para limitar la presencia o el uso por parte de otras potencias en zonas sensibles del entorno. Los críticos conservadores en Londres han intentado vender esto como una cesión peligrosa que podría beneficiar a China por la creciente relación de Pekín con Mauricio. El Gobierno de Starmer sostiene lo contrario: que precisamente el acuerdo introduce garantías duraderas frente a influencias hostiles. La pelea partidista británica existe, desde luego, pero a los chagosianos les toca otro problema más crudo: mientras unos y otros discuten sobre potencias, ellos siguen discutiendo sobre casa.
El regreso que sigue pendiente
A estas alturas, nadie puede decir en serio que el asunto de Diego García sea un simple debate de soberanía entre dos Estados. Es un caso de desposesión continuada. La primera expulsión ocurrió hace más de medio siglo; la segunda, si se quiere mirar con crudeza, es la que se prolonga cada día que pasa sin una restitución efectiva. Las generaciones mayores conservan recuerdos directos de las islas: los nombres de los lugares, las tareas en las plantaciones, los entierros, las fiestas, las casas modestas levantadas junto al cocotal. Las generaciones nacidas en el exilio heredaron otra cosa: relatos familiares, pobreza, frustración jurídica y una identidad suspendida entre varios países. Por eso el debate sobre el retorno no es una nostalgia pintoresca ni una consigna. Es la parte material de una reparación que nunca llegó del todo.
El nuevo marco abre, al menos, un margen para hablar de reasentamiento en otras islas del archipiélago. Eso no es irrelevante. Significa que la idea del regreso, negada durante tantos años en bloque, ya no puede ser descartada con la misma facilidad. Pero tampoco conviene maquillarlo. Diego García, el centro político, histórico y simbólico de la expulsión, sigue fuera de ese horizonte. Y mientras la isla principal permanezca militarizada y cerrada para sus antiguos habitantes, el núcleo del agravio seguirá intacto. Cambiar la soberanía sin cambiar esa realidad es, en el mejor de los casos, una reparación a medias.
La foto exacta, a día de hoy, deja poco espacio para los adornos. El tratado entre Reino Unido y Mauricio está firmado, su ratificación sigue rodeada de controversia, los tribunales británicos han cerrado de momento una nueva vía de impugnación, Donald Trump ha reavivado el ruido político desde Washington y un pequeño grupo de chagosianos ha intentado volver por su cuenta para recordarle al mundo que el tiempo no borra un desalojo. Diego García continúa siendo una de las bases más útiles de Occidente y una de las islas más inaccesibles para su propia población expulsada. Ahí está la verdad desnuda del caso. La gran potencia que necesitaba una base obtuvo una base. El imperio que necesitaba un territorio útil construyó un territorio útil. Y el pueblo al que prometieron compensaciones, comprensión y fórmulas jurídicas sigue esperando algo mucho más simple y mucho más difícil: volver.












