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Historia

¿Por qué Argentina vuelve a Plaza de Mayo 50 años después?

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Argentina vuelve a Plaza de Mayo 50 años después

Argentina vuelve a Plaza de Mayo en el 50 aniversario del golpe con una marcha masiva que reactiva la pelea por memoria y justicia colectiva.

Argentina ha vuelto a llenar la Plaza de Mayo porque el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no pertenece al archivo muerto, sino a una herida todavía abierta. Medio siglo después del inicio de la última dictadura, organismos de derechos humanos, sindicatos, partidos, movimientos sociales y miles de ciudadanos han salido de nuevo a la calle en Buenos Aires y en las principales ciudades del país para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La imagen central se repite y, sin embargo, no se desgasta: Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, pancartas con rostros de desaparecidos, la consigna “Que digan dónde están” y una plaza convertida otra vez en termómetro moral de Argentina.

La noticia no es solo la marcha, sino el momento en que se produce. Este martes se cumplen 50 años exactos del golpe que derrocó a María Estela Martínez de Perón e inauguró una dictadura que duró hasta 1983. La convocatoria de este año tiene un peso especial porque coincide con un clima político en el que la memoria de aquellos crímenes vuelve a discutirse con una agresividad que parecía más propia de otras décadas. En ese contexto, la movilización en la Plaza de Mayo no es una ceremonia inercial ni un acto rutinario del calendario: es una respuesta política, social e histórica frente a cualquier intento de relativizar el terrorismo de Estado, el plan represivo, las desapariciones, el robo de bebés y el andamiaje de silencio que todavía protege a parte de los responsables.

La marcha de 2026 ha recuperado además una foto de unidad que en Argentina no es un detalle menor. Por segundo año consecutivo, los sectores vinculados a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el espacio del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde confluyen organizaciones de izquierda, han vuelto a manifestarse juntos en Buenos Aires después de muchos años de columnas separadas. El acto central estaba previsto en la plaza frente a la Casa Rosada, con lectura de documentos, presencia de referentes históricos y una consigna que resume medio siglo de ausencia: “Son 30.000. Que digan dónde están”. Nada de eso suena arqueológico. Suena actual. Demasiado actual.

La plaza donde Argentina se mira sin maquillaje

Plaza de Mayo no es una plaza cualquiera, y por eso todo ocurre allí. Es el espacio donde el poder argentino se exhibe, se agrieta, se cae o intenta fingir normalidad. También es el lugar donde, en plena dictadura, las Madres empezaron a caminar en círculos para evitar la prohibición de permanecer quietas y protestar. Aquel gesto, tan simple que casi parecía doméstico, terminó siendo una de las imágenes más poderosas de la historia contemporánea de América Latina. Unas mujeres buscando a sus hijos desaparecidos acabaron construyendo una de las grandes reservas éticas de la democracia argentina.

En este 50 aniversario, la plaza ha vuelto a concentrar no solo memoria, también presente. Las columnas llegaron desde distintos puntos de la ciudad, algunas desde la ex ESMA, el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, otras desde el Congreso o desde avenidas cercanas al centro histórico. La vigilia comenzó ya en la tarde del lunes, con actividades culturales, charlas y actos de homenaje. La convocatoria pidió acudir con fotografías de desaparecidos y con la frase “Que digan dónde están”, una demanda que conserva una fuerza brutal precisamente porque sigue sin respuesta completa. No se trata ya de una consigna de los años setenta o de la transición democrática: es una pregunta que 50 años después sigue suspendida sobre el Estado argentino, sobre las Fuerzas Armadas y sobre todos los cómplices civiles que nunca hablaron.

La plaza también funciona como un espejo incómodo. Allí se mezcla la liturgia del recuerdo con algo más áspero: la constatación de que la democracia argentina ha avanzado muchísimo en memoria, verdad y justicia, sí, pero no lo suficiente como para cerrar del todo la herida. Cada 24 de marzo lo confirma. Se han hecho juicios, se han dictado condenas, se han identificado restos, se han recuperado nietos robados. Y aun así siguen faltando cuerpos, nombres, archivos, bebés apropiados convertidos ya en adultos que quizá no conocen todavía su origen. La dictadura terminó en 1983; sus efectos, no.

Qué se recuerda exactamente este 24 de marzo

El golpe de 1976 no fue un simple relevo militar en un país convulso. Fue el arranque de un régimen que organizó la represión clandestina como política de Estado. La primera junta estuvo formada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, y detrás del lenguaje de “reorganización nacional” se puso en marcha una maquinaria de secuestro, tortura, desaparición y asesinato que se extendió por todo el país. La dictadura no solo persiguió a militantes armados. Persiguió también a estudiantes, sindicalistas, docentes, periodistas, artistas, abogados, sacerdotes, científicos, obreros, delegados de fábrica y personas sin militancia visible cuyo delito era resultar incómodas para un modelo político, económico y social montado sobre el miedo.

La represión tuvo estructura, método y red. Funcionaron más de 800 centros clandestinos de detención; la ESMA en Buenos Aires, La Perla en Córdoba, el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, El Vesubio, La Escuelita de Bahía Blanca o de Neuquén y tantos otros no fueron anomalías dispersas, sino piezas de una trama coordinada. Hubo vuelos de la muerte, torturas sistemáticas, violencia sexual, apropiación de bienes y un plan de desaparición forzada pensado para dejar a las víctimas fuera del derecho, fuera del registro y fuera del duelo. La dictadura buscó algo más perverso que matar: quiso borrar huellas.

En esa operación de borrado encaja una de las páginas más atroces, el robo de bebés nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus familias. Los organismos de derechos humanos estiman en torno a 500 o 510 los niños apropiados durante aquellos años. Las Abuelas de Plaza de Mayo, fundadas en 1977, lograron convertir esa búsqueda en una causa pública y en una referencia mundial, con avances decisivos en genética forense y en derecho a la identidad. Hasta marzo de 2026, 140 nietos y nietas habían recuperado su identidad. El último caso conocido, el nieto 140, se resolvió en julio de 2025: es hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, secuestrados en Cutral-Có en diciembre de 1976, cuando ella estaba embarazada de cinco meses. Esa historia, tan concreta, tan devastadora, resume mejor que cualquier consigna lo que fue la dictadura.

Los nombres que sostienen la memoria

Estela de Carlotto sigue siendo uno de los rostros más reconocibles de esa lucha. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo lleva décadas buscando a los hijos robados por el régimen y convirtiendo el dolor privado en una institución pública de enorme legitimidad. Su propia historia forma parte del relato argentino de estos años: su hija Laura Carlotto fue secuestrada, dio a luz en cautiverio y fue asesinada; su nieto, Guido Montoya Carlotto, recuperó su identidad en 2014. A su lado, en la constelación moral de este 24 de marzo, siguen apareciendo figuras como Taty Almeida, Elia Espen, Nora Cortiñas —fallecida en 2024 pero todavía omnipresente en la memoria democrática argentina— y tantas otras mujeres que hicieron del duelo una forma de resistencia.

No son solo símbolos, ni mucho menos. Son protagonistas de una batalla jurídica, social y cultural que cambió el modo en que Argentina se relacionó con su pasado. Gracias a su insistencia, la desaparición forzada dejó de ser una palabra abstracta y pasó a tener cara, voz, biografía, barrio, escuela, hijos, oficios y apellidos. Gracias a ellas, el debate sobre la dictadura nunca quedó encerrado en la jerga militar ni en el oportunismo partidista. Y gracias a esa continuidad, la memoria argentina conserva una musculatura cívica que pocos países de la región pueden exhibir con semejante densidad.

El choque con el Gobierno de Javier Milei

La marcha de este año no puede separarse del pulso político actual. Bajo el Gobierno de Javier Milei, el consenso construido durante décadas en torno al Nunca Más se ha visto sometido a una presión deliberada. El oficialismo ha recuperado fórmulas como “memoria completa”, ha cuestionado el lugar central del terrorismo de Estado en el relato público y ha reducido o debilitado áreas estatales dedicadas a políticas de memoria y derechos humanos. El propio Gobierno difundió este 24 de marzo un mensaje audiovisual con esa idea de “historia completa”, un lenguaje que en Argentina activa de inmediato todas las alarmas porque suele esconder una vieja tentación: equiparar responsabilidades y diluir la especificidad del aparato represivo estatal.

Ahí está el nudo del conflicto. En Argentina nadie serio discute que antes del golpe existió violencia política y que actuaron organizaciones armadas como Montoneros o el ERP. Eso pertenece a la historia y debe estudiarse con rigor, no con estampitas. Lo que los organismos de derechos humanos rechazan —y con razón— es que esa constatación sirva para presentar la dictadura como una supuesta guerra simétrica entre dos bandos equivalentes. No lo fue. El Estado secuestró, torturó, hizo desaparecer personas, montó centros clandestinos, robó bebés y utilizó todos los recursos públicos para eliminar a sus enemigos reales o imaginarios. Eso tiene un nombre muy preciso: terrorismo de Estado.

La tensión con Milei no es, por tanto, una querella retórica menor. Se inserta en una discusión de fondo sobre qué memoria pública debe sostener la democracia argentina y hasta dónde puede estirarse el revisionismo sin tocar el núcleo moral del sistema. Durante años, incluso con matices partidistas y usos políticos de la memoria, existió un acuerdo bastante sólido en torno a la condena de la dictadura y al valor de los juicios. Ese acuerdo no era de izquierdas ni de derechas en un sentido europeo elemental; era, más bien, un límite civilizatorio. Por eso la marcha de este 24 de marzo ha adquirido un tono todavía más nítido de defensa de ese suelo común.

No conviene confundirse con los gestos. Cuando el poder habla de “revisar”, a veces no quiere revisar nada; quiere rebajar, enfriar, relativizar, desplazar el foco. Y en una sociedad como la argentina, donde la memoria de la dictadura no es un asunto de manual escolar sino una experiencia transmitida por familias enteras, por barrios, por juicios, por archivos y por nombres propios, ese movimiento genera una reacción inmediata. Se ha visto en la calle y también en la opinión pública: los sondeos difundidos en los últimos días sitúan en torno a siete de cada diez argentinos el rechazo a la dictadura y el apoyo a que el Estado siga juzgando a los responsables. Es decir, el consenso resiste. Lo que está en disputa es cuánto desgaste puede soportar.

Las cifras que explican por qué la herida sigue abierta

Los números de la dictadura importan, pero conviene leerlos sin convertirlos en una contabilidad fría. El informe Nunca Más de la CONADEP, presentado en 1984, documentó 8.961 casos de desaparición forzada. Los organismos de derechos humanos sostienen desde hace décadas la cifra de 30.000 desaparecidos, que se ha convertido en emblema político y memorial de la magnitud del terror. La discusión sobre ese número ha sido utilizada muchas veces de forma tramposa, como si el objetivo fuera desautorizar toda la verdad del período mediante una pelea aritmética. La realidad es más tozuda: incluso tomando solo los casos documentados de forma temprana, la dimensión del crimen ya era descomunal. Y el paso de los años no ha reducido esa constatación; la ha reforzado.

El proceso judicial argentino es uno de los grandes hechos políticos de la democracia posterior a 1983. Primero llegó el Juicio a las Juntas de 1985, impulsado bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, una rareza mundial: una democracia joven, frágil y presionada por los militares sentando en el banquillo a quienes habían gobernado el terror. Luego vinieron los retrocesos: las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y después los indultos de los años noventa. Parecía que la impunidad iba a consolidarse. No ocurrió. A partir de los años 2000, con la nulidad de aquellas normas y la reactivación de los procesos, Argentina retomó los juicios por delitos de lesa humanidad y levantó un edificio judicial que hoy sigue siendo referencia internacional.

A marzo de 2026, ese proceso acumulaba 361 sentencias y 1.231 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios en 2006. La cifra no es simbólica; es tangible, penal, histórica. Muestra que la democracia argentina no se limitó a conmemorar a las víctimas, sino que construyó un aparato de justicia real, con investigaciones, audiencias, testigos, peritajes, condenas y jurisprudencia. También deja ver sus límites: de las personas detenidas por estos crímenes, una mayoría cumple arresto domiciliario, muchas causas avanzan con lentitud y el tiempo biológico juega a favor de los represores que aún no han hablado.

Los datos sobre restitución de identidad son igual de elocuentes. Las Abuelas de Plaza de Mayo han localizado a 140 nietos y nietas, una cifra extraordinaria y a la vez insuficiente frente al volumen del crimen. Cada restitución resuelve una biografía y reabre decenas de preguntas. Detrás de cada caso hay un parto en cautiverio, una cadena de apropiadores, documentos falseados, silencios familiares, años de dudas y, a menudo, una larga pelea judicial. La dictadura no robó solo niños. Robó historias enteras. Por eso la consigna del 24 de marzo no se agota en pedir justicia para los muertos; exige también verdad para los vivos.

La huella española de una tragedia argentina

En España, este 50 aniversario ha tenido además un reflejo muy concreto. El Gobierno español hizo pública una lista con 307 víctimas españolas de la dictadura argentina: 286 desaparecidos y 21 asesinados. El gesto no es menor. Subraya que la represión no fue un fenómeno encerrado dentro de las fronteras argentinas y recuerda algo que en España a veces se olvida: la relación entre ambos países durante aquellos años estuvo marcada también por el exilio, la doble memoria y las familias golpeadas dos veces por la historia, primero por el franquismo y después por la dictadura argentina.

Entre esos nombres aparecen casos que condensan toda una época. Está Azucena Bermejo, nacida en Salamanca, secuestrada en Tucumán en 1976 con 23 años y embarazada de cuatro meses; sus restos serían identificados décadas más tarde en el Pozo de Vargas, una de las grandes fosas clandestinas del país. Está también Regino Adolfo González, detenido junto a Consuelo Castaño, que sobrevivió y nunca volvió a verlo. Y está, en un plano más amplio, toda la historia del exilio argentino en España, visible en trayectorias como la de Cristina Rota o Juan Diego Botto, marcado por la desaparición de su padre, Diego Fernando Botto. Ese hilo hispano-argentino da a la noticia una densidad especial en España: no se está mirando un dolor ajeno, sino una memoria entrelazada.

Lo que sigue pendiente medio siglo después

La gran paradoja argentina es que ha hecho mucho y, al mismo tiempo, sigue debiendo demasiado. Ha juzgado a cientos de responsables, ha transformado antiguos centros clandestinos en espacios de memoria, ha desarrollado herramientas científicas pioneras para la identificación genética y ha instalado el Nunca Más como pacto democrático básico. Pero continúan los vacíos decisivos. Faltan restos, faltan niños apropiados convertidos en adultos, faltan confesiones, faltan archivos, faltan nombres de quienes participaron desde la empresa privada, desde los tribunales complacientes, desde la prensa cómplice o desde la burocracia que miró hacia otro lado mientras los secuestros se volvían costumbre.

Por eso la exigencia de romper el “pacto de silencio” sigue en el centro de la escena. Muchos militares condenados murieron sin aportar información útil. Otros callan todavía. Ese silencio no solo impide cerrar investigaciones; priva a familias enteras de un dato elemental sobre sus seres queridos. Saber dónde fueron enterrados, qué pasó en el traslado de un centro a otro, quién firmó una apropiación, qué médico estuvo presente en un parto clandestino, qué capellán bendijo la maquinaria del horror. A veces se habla de la memoria como si fuera una abstracción noble. En realidad, también es esto: una demanda de información precisa sobre cuerpos concretos.

La batalla, además, ya no es únicamente judicial. Es educativa, cultural, generacional. La mitad del país nació mucho después de 1983 y una parte considerable ni siquiera tiene memoria familiar directa de aquellos años. La transmisión se ha desplazado de la experiencia vivida al relato social, a la escuela, al cine, a la literatura, a los juicios televisados, a los espacios de memoria, a los testimonios de los sobrevivientes. Ahí se juega otra disputa delicada: cómo mantener viva la especificidad del terrorismo de Estado sin convertirla en consigna vacía, y cómo evitar que el cansancio, la polarización o el oportunismo partidista desgasten un consenso que costó décadas construir.

Nunca Más sigue teniendo cuerpo

Argentina ha vuelto a la Plaza de Mayo porque todavía no terminó de contar a sus muertos ni de encontrar a sus hijos robados. Ha vuelto porque 50 años no han bastado para cerrar una historia escrita con secuestros nocturnos, maternidades clandestinas, vuelos de la muerte y expedientes incompletos. Ha vuelto porque las Madres y las Abuelas envejecen, pero la pregunta que levantaron sigue sin ser respondida del todo. Ha vuelto, también, porque frente a los intentos de suavizar el pasado con fórmulas asépticas, la calle sigue recordando algo incómodo y muy simple: el terror no fue un exceso ni una mala tarde de la historia argentina, fue un sistema.

Eso explica que la consigna del 24 de marzo no haya perdido fuerza, sino filo. “Que digan dónde están” no es una frase ceremonial. Es una acusación lanzada contra los responsables directos y contra quienes todavía creen que la verdad puede administrarse por cuotas. El medio siglo del golpe no ha llevado a Argentina a una conmemoración melancólica, sino a una reafirmación política del Nunca Más. Una reafirmación llena de nombres, de cifras, de documentos, de sentencias, de ausencias y de cuerpos todavía pendientes. La plaza, una vez más, ha dicho lo esencial sin necesidad de adornos: la memoria argentina sigue viva porque sigue incompleta.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.