Palantir y la IA militar: el plan para rehacer Occidente

Palantir sostiene que Silicon Valley debe abandonar su aparente neutralidad y poner más capacidad tecnológica al servicio de la defensa. La propuesta, difundida en 22 tesis y desarrollada en el libro The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West, coloca la inteligencia artificial, el software militar y la seguridad nacional en el centro de una nueva idea de poder occidental. No plantea solo fabricar mejores armas: reclama que las empresas tecnológicas asuman un papel político y estratégico más explícito.

La relevancia del manifiesto no reside únicamente en su tono provocador. Alexander Karp, consejero delegado de Palantir, y Nicholas W. Zamiska presentan una visión política desde una compañía que ya trabaja con instituciones públicas y fuerzas armadas. En 2025, Palantir registró 4.475 millones de dólares en ingresos; 2.402 millones procedieron de su negocio gubernamental y 1.900 millones del Gobierno de Estados Unidos. La distancia entre la doctrina que defiende y las herramientas que vende es, precisamente, el núcleo del debate.

Un manifiesto que quiere sacar a Silicon Valley de la neutralidad

El libro de Karp y Zamiska apareció el 18 de febrero de 2025. Su argumento central es que el sector tecnológico estadounidense se ha concentrado demasiado en aplicaciones de consumo, redes sociales y publicidad, mientras deja de lado proyectos ligados a la industria, el Estado y la seguridad. La compañía resumió después parte de esa tesis en 22 principios que circularon públicamente: una versión condensada, más directa y preparada para intervenir en la conversación política.

Según sus autores, Silicon Valley tiene una deuda moral con Estados Unidos, porque su desarrollo se apoyó en instituciones, inversión pública, universidades y un entorno económico y político que permitió el crecimiento de sus empresas. De ahí extraen una obligación: los ingenieros y directivos deberían participar en la defensa nacional, no limitarse a crear productos rentables para el mercado de consumo. La neutralidad corporativa, desde esa perspectiva, no es prudencia, sino una forma de apartarse de responsabilidades colectivas.

El reproche a la llamada tiranía de las aplicaciones expresa algo más que impaciencia con los teléfonos móviles. Karp y Zamiska cuestionan que una parte tan amplia del talento técnico se dedique a mejorar productos cotidianos mientras faltan soluciones para problemas que consideran decisivos, como la defensa, la seguridad y la capacidad industrial. También sostienen que una sociedad necesita crecimiento y seguridad para conservar legitimidad, y que el poder blando —la influencia cultural y diplomática— no basta si no está respaldado por capacidades materiales.

En esa lectura, la paz de las últimas décadas entre grandes potencias no es un resultado automático ni una garantía permanente. Dependería de un equilibrio de poder que puede deteriorarse si las democracias dejan de invertir en tecnologías estratégicas. El manifiesto transforma así una discusión sobre prioridades empresariales en una afirmación sobre el deber de las élites tecnológicas. No pide únicamente contratos públicos: pretende cambiar la idea de qué significa innovar y para quién debería hacerse.

Qué lugar ocupa la inteligencia artificial en la defensa

La tesis más contundente sobre la IA parte de una premisa: la pregunta ya no sería si se desarrollarán armas y sistemas militares que la incorporen, sino quién los construirá y con qué objetivos. Palantir argumenta que los rivales estratégicos de Estados Unidos no se detendrán por los debates éticos internos, por lo que Washington y sus aliados deben acelerar el desarrollo de sus propias capacidades. Es una lógica de competencia: renunciar a una tecnología no impediría que otros la utilicen.

La empresa también describe un cambio en la forma de ejercer el poder militar. La disuasión nuclear no desaparecería de un día para otro, pero dejaría de ser la única referencia dominante. Los sistemas de análisis de datos, los sensores conectados, la automatización y la capacidad de coordinar operaciones con rapidez tendrían un peso cada vez mayor. En lugar de depender solo de la potencia de un arma, los ejércitos podrían buscar ventaja al detectar antes una amenaza, reunir información dispersa y acelerar la respuesta.

Ese cambio no convierte el software en sustituto de los misiles, las tropas o las armas convencionales. La propuesta es más bien que la capa digital atraviese cada vez más funciones: desde el análisis de imágenes e informes hasta la priorización de señales que reciben los mandos. La velocidad para interpretar información puede convertirse en una ventaja militar, pero también puede comprimir el tiempo disponible para comprobar si una alerta es correcta y valorar sus consecuencias.

La palabra disuasión merece, por ello, un matiz. En el equilibrio nuclear, la amenaza de una respuesta devastadora pretende evitar que el adversario ataque. La disuasión basada en software e inteligencia artificial sería distinta: dependería de la capacidad de anticipar, coordinar y actuar con rapidez. El manifiesto presenta esa transición como una necesidad estratégica, pero no demuestra que la inteligencia artificial pueda reemplazar el papel de las armas nucleares ni que reduzca por sí sola el riesgo de conflicto. Se trata de una visión política sobre el futuro de la defensa, no de una transformación ya consumada.

De Project Maven a una infraestructura estable

El debate tiene una dimensión concreta en Project Maven, el programa estadounidense que comenzó en 2017 para acelerar el análisis de imágenes de drones y otros datos de inteligencia. La plataforma de Palantir puede reunir información procedente de satélites, drones, radares, sensores e informes, y ayudar a identificar patrones o posibles objetivos. Con el tiempo, el proyecto se amplió más allá de su propósito inicial y se convirtió en una herramienta con un papel más amplio en el procesamiento de información militar.

El artículo original señala que, en marzo de 2026, Maven pasó a consolidarse como programa oficial de largo recorrido bajo la supervisión de la oficina de inteligencia artificial y capacidades digitales del Pentágono. También recoge que el sistema había llegado a decenas de miles de usuarios y que su techo contractual se amplió hasta 1.300 millones de dólares en 2025. El paso de una prueba a una estructura estable importa porque normaliza el uso cotidiano de estas herramientas: ya no se trata solo de evaluar una tecnología, sino de integrarla en procedimientos institucionales.

Palantir afirma que sus sistemas no toman por sí solos decisiones letales y que la autorización final corresponde a una persona. Esa distinción es importante, pero no resuelve todas las preguntas. Un programa puede influir en la decisión antes de que un operador la valide: selecciona qué datos aparecen, destaca ciertos patrones y ordena la información según criterios técnicos. Si una pantalla presenta una posibilidad como urgente y deja otras en segundo plano, la persona sigue decidiendo, aunque lo haga dentro de un marco construido por el sistema.

Por eso el control humano no se mide solo por la existencia de un último clic. También depende del tiempo disponible, de la calidad de los datos, de la posibilidad de revisar una recomendación y de la responsabilidad que asume cada parte si el sistema se equivoca. Cuanto más rápido funciona el proceso, más difícil puede resultar distinguir entre supervisar una decisión y ratificar una secuencia que la máquina ya ha ordenado. El reto no consiste en atribuir voluntad propia a un algoritmo, sino en comprender cómo condiciona la actuación de quienes lo utilizan.

Contratos, ingresos y poder institucional

La posición de Palantir hace que sus ideas no lleguen desde una tribuna ajena a la práctica. En julio de 2025, el Ejército de Estados Unidos firmó con la compañía un acuerdo marco que permite comprar hasta 10.000 millones de dólares en software y servicios durante una década. Esa cantidad es un límite potencial, no un gasto garantizado. El marco reúne vías de contratación y puede facilitar compras, pero no significa que el Gobierno vaya a desembolsar necesariamente el importe máximo.

El tamaño del acuerdo ayuda a entender por qué el manifiesto tiene una dimensión empresarial además de ideológica. En 2025, los ingresos totales de Palantir aumentaron un 56%, hasta 4.475 millones de dólares, según los datos recogidos en el artículo original. El negocio gubernamental creció un 53%, mientras que los ingresos procedentes del Gobierno estadounidense alcanzaron 1.900 millones. En el cuarto trimestre, esa última partida llegó a 570 millones, un 66% más que en el mismo periodo del año anterior.

Estas cifras no prueban que la doctrina de la compañía haya causado su crecimiento, ni que cada contrato responda a una motivación política. Sí muestran que la apuesta por el software gubernamental y la seguridad nacional tiene un peso económico significativo. Palantir defiende una mayor implicación tecnológica en el Estado mientras se beneficia de una demanda pública que contribuye a su expansión. Esa coincidencia no invalida automáticamente sus argumentos, pero obliga a examinarlos también como la posición de una empresa con intereses comerciales propios.

La contratación pública plantea además una cuestión de dependencia. Cuando una administración integra una plataforma en numerosos procesos, sustituirla puede volverse difícil por los costes, la formación necesaria y la adaptación de otros sistemas. Un contrato amplio puede reducir trámites y acelerar el despliegue, pero también estrechar las opciones futuras del organismo que lo firma. La discusión, por tanto, no se limita a si la herramienta es eficaz: incluye quién fija sus condiciones, cuánto control conserva el Estado y qué alternativas tiene si decide cambiar de proveedor.

Las 22 tesis y la idea de una república tecnológica

El resumen de Palantir no se reduce a la inteligencia artificial militar. Entre sus 22 principios aparecen la crítica a la obsesión con las aplicaciones, la defensa del crecimiento económico, el apoyo a quienes sirven en las fuerzas armadas y la exigencia de que el Estado funcione con mayor eficacia. También reclama más comprensión hacia quienes ocupan cargos públicos, al considerar que el escrutinio constante y el miedo a cometer errores pueden disuadir a personas capaces de entrar en política.

En materia cívica, el texto plantea que la sociedad debería compartir de forma más amplia el coste de la defensa, en lugar de dejarlo exclusivamente en manos de una fuerza profesional reducida. La idea de un servicio nacional universal forma parte de esa discusión, aunque el resumen no equivale a un proyecto legislativo detallado ni especifica cómo se aplicaría. Su presencia revela que el manifiesto no habla solo de empresas: propone una relación distinta entre ciudadanía, deber colectivo y seguridad.

También cuestiona la idea de que todas las culturas deban valorarse con los mismos criterios y critica lo que describe como un pluralismo sin proyecto común. Sus autores presentan a Occidente como un modelo singular, pese a sus fallos, y sostienen que la inclusión necesita una identidad compartida. Son posiciones que desplazan el texto desde la defensa tecnológica hacia un debate más amplio sobre cultura, religión, pertenencia y poder. La IA funciona como el eje práctico de una propuesta que es, al mismo tiempo, una lectura política de Occidente.

El manifiesto defiende además que Alemania y Japón reconsideren las restricciones militares surgidas tras la Segunda Guerra Mundial. Presenta esas limitaciones como una posible sobrecorrección ante un escenario geopolítico distinto. Junto a ello, reclama proyectos empresariales ambiciosos incluso cuando el mercado no ofrece un beneficio inmediato y atribuye a la tecnología un papel en la lucha contra el crimen. Leídas en conjunto, estas tesis dibujan una preferencia por un Estado más capaz, una industria estratégica más activa y una sociedad más dispuesta a asumir los costes de la competencia internacional.

La palabra república tecnológica resume esa ambición, pero no describe una institución formal ni una estructura de gobierno ya creada. Es una imagen para defender una alianza más estrecha entre empresas, administraciones y seguridad nacional. El punto delicado está en cómo se reparte la autoridad dentro de esa alianza. Si las compañías diseñan sistemas esenciales y también intervienen en el debate sobre los fines del Estado, la frontera entre proveedor técnico y actor político se vuelve menos nítida.

La crítica: quién controla a quienes construyen las herramientas

Las reacciones al manifiesto muestran que el desacuerdo no se limita a la oportunidad de invertir en defensa. El economista y exministro griego Yanis Varoufakis criticó públicamente el contenido, mientras que el politólogo neerlandés Cas Mudde lo interpretó como una señal preocupante sobre el crecimiento del poder de las grandes tecnológicas. Mudde utilizó el término tecnofascismo y sostuvo que el posicionamiento debía llevar a reconsiderar las relaciones comerciales con Palantir, incluidas nuevas colaboraciones y posibles inversiones europeas.

El periodista Eliot Higgins, fundador de Bellingcat, también cuestionó que una empresa presente con normalidad una declaración de este tipo. Sus reparos apuntan a un problema más amplio: las grandes compañías tecnológicas ya no se limitan a ofrecer productos, sino que intervienen de forma cada vez más visible en discusiones sobre seguridad, cultura y prioridades políticas. La influencia pública de una empresa crece cuando sus sistemas pasan a formar parte de la infraestructura con la que trabajan los gobiernos.

Entre las preocupaciones planteadas por críticos y analistas están la falta de mecanismos equivalentes de transparencia y control democrático, el uso de datos en vigilancia y los efectos de una automatización que puede acelerar operaciones militares. También se discute el riesgo de que la idea de una carrera inevitable convierta la militarización de la inteligencia artificial en una profecía que se cumple por repetición: cada bloque acelera porque teme que el otro lo haga primero.

La defensa de Palantir parte de que los adversarios no renunciarán a estas capacidades y de que las democracias no deberían dejar el campo libre. La crítica replica que esa lógica puede reducir el espacio para acuerdos, límites y supervisión, y que la eficacia militar no elimina las obligaciones jurídicas ni los riesgos para los derechos. Ambas posiciones se enfrentan a una pregunta que el manifiesto no resuelve: cómo conservar una ventaja estratégica sin entregar a empresas privadas una autoridad difícil de fiscalizar.

Europa entre la soberanía digital y la dependencia

El debate no es exclusivamente estadounidense. El Reino Unido mantiene un contrato de 330 millones de libras con Palantir para una plataforma de datos del Servicio Nacional de Salud, concebida para integrar más de 200 sistemas de información. Según los datos citados en el artículo original, a finales de 2025 la plataforma había contribuido a que 110.000 pacientes adicionales pasaran por quirófano. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa británico acordó con la compañía un contrato de hasta 750 millones de libras durante cinco años para soluciones de integración de datos militares.

La presencia de un mismo proveedor en sanidad y defensa hace visible una tensión: los sistemas de datos pueden tener usos distintos, pero la dependencia tecnológica y la concentración de capacidades generan preguntas comunes sobre acceso, supervisión y continuidad. El caso británico no demuestra que todos esos servicios presenten los mismos riesgos ni que sus funciones sean intercambiables. Sí muestra que las administraciones pueden recurrir a una empresa privada para tareas consideradas estratégicas en ámbitos muy diferentes.

Francia, por su parte, renovó en diciembre el contrato de su inteligencia interior con Palantir, después de explorar opciones propias sin éxito. Estos ejemplos exponen la distancia entre proclamar soberanía digital y disponer de proveedores capaces de cubrir necesidades complejas. La autonomía tecnológica no consiste solo en desconfiar de una empresa extranjera: exige contar con alternativas funcionales. Sin ellas, los gobiernos pueden quedar ligados a herramientas que consideran necesarias, aunque discrepen de la visión política de quien las desarrolla.

Para Europa, la cuestión tampoco se resuelve con una prohibición general ni con la aceptación automática de cualquier plataforma eficaz. Importan la capacidad de auditar los sistemas, las condiciones de acceso a los datos, la posibilidad de cambiar de proveedor y la claridad sobre quién responde cuando una recomendación produce consecuencias. El manifiesto de Palantir hace explícito un vínculo que ya existía entre innovación y defensa. La respuesta europea dependerá de si puede participar en ese terreno sin limitarse a comprar tecnología diseñada fuera de sus instituciones.

La tecnología no decide por sí sola el futuro político

El manifiesto de Palantir plantea una disyuntiva contundente: o las democracias desarrollan inteligencia artificial para la defensa o corren el riesgo de quedar por detrás de sus rivales. Pero entre la inacción y la adopción sin condiciones hay un espacio amplio para decidir qué sistemas se construyen, cómo se supervisan y qué límites se establecen. Que una tecnología sea posible o que otros puedan desarrollarla no determina por sí solo su uso ni el grado de control humano que debe conservarse.

El salto de Maven, los contratos públicos y el crecimiento de Palantir muestran que la discusión ya se desarrolla dentro de las instituciones, no solo en ensayos o redes sociales. La empresa no ha inventado la relación entre tecnología y defensa, pero formula una defensa pública y directa de su ampliación. Ese cambio importa porque invita a los gobiernos, a sus ciudadanos y al propio sector tecnológico a discutir abiertamente qué obligaciones acompañan a la innovación estratégica.

En última instancia, la pregunta no es únicamente si la inteligencia artificial puede reforzar la capacidad militar de Occidente. También es quién define las amenazas, quién controla los sistemas que organizan la información y qué posibilidad tienen las instituciones democráticas de corregirlos o abandonarlos. La verdadera prueba de una república tecnológica no sería su velocidad para desplegar software, sino su capacidad para someter ese poder a reglas públicas y responsabilidades verificables.