¿En qué países musulmanes está prohibido el velo y por qué?

Motivos y contexto de por qué países musulmanes vetan el niqab y el burka y restringen el hiyab en escuelas y edificios públicos hoy, y más.

La explicación inmediata tiene dos pilares: seguridad y control del espacio público. Varios países musulmanes que prohibieron el velo lo han hecho invocando la necesidad de identificar a las personas en la calle, en edificios oficiales o en el aula, sobre todo cuando el rostro queda cubierto por un niqab o un burka. En paralelo, hay gobiernos que no apelan tanto a la seguridad como a la disciplina de lo estatal: uniformidad en oficinas públicas, imagen institucional, códigos de vestimenta “neutrales” o “nacionales” que excluyen símbolos visibles y, a veces, el propio hiyab. El mapa final es desigual y cambiante: desde vetos generales al rostro cubierto en espacios públicos hasta restricciones sectoriales en escuelas, universidades o administraciones, pasando por prohibiciones de fabricación y venta de determinadas prendas. No existe un único modelo ni una misma motivación.

También hay un patrón geográfico y político. En el Magreb se han regulado sobre todo los usos en la función pública y, puntualmente, el comercio de prendas integrales. En África subsahariana se adoptaron vetos tras oleadas de atentados, casi siempre con la justificación explícita de seguridad. En Asia Central destacan las campañas de identidad nacional y los marcos que “desincentivan” o directamente prohíben vestimentas consideradas “extranjeras” o que impiden el reconocimiento facial. Y hay el capítulo de las escuelas: varios Estados han fijado reglas estrictas en aulas y claustros, con la idea de preservar “neutralidad”, rendimiento académico o disciplina. El resultado, guste o no, es un régimen de limitaciones selectivas: no siempre se prohíbe el velo como tal, pero sí se cierra el paso a la cobertura del rostro y, en ciertos ámbitos, a pañuelos que cubren el cabello.

Qué quiere decir “velo” cuando se legisla: hiyab, niqab, burka

Toda discusión sólida empieza por el glosario. Hiyab es el pañuelo que tapa pelo y cuello, dejando la cara al descubierto. Niqab cubre el rostro y deja una abertura para los ojos. Burka o burqa lo tapa todo, rostro y cuerpo, con una rejilla a la altura de los ojos. Esta distinción técnica —que para la práctica religiosa es relevante— en el terreno jurídico se simplifica con una fórmula cada vez más común: “prendas que impiden la identificación”. De ese modo, el legislador evita apuntar a una confesión y, a la vez, bloquea el uso de niqab o burka, y no siempre, aunque a veces también, del hiyab. Hay otro lenguaje que aparece en normas de Asia Central: “ropa extranjera”, “vestimenta ajena a la cultura nacional”, “estándares de indumentaria nacional”. Con esas etiquetas, el Estado promueve un canon de vestimenta “propia” y desalienta —por la vía de multas, campañas y presión social— las prendas asociadas al islam globalizado o a influencias del Golfo.

El modo en que se tipifican las faltas define el alcance real. Un veto amplio al rostro cubierto suele aplicarse en la calle, en transportes, plazas, mercados y edificios públicos. Un veto sectorial opera en las escuelas, las universidades, los tribunales o la función pública, a veces con regímenes disciplinarios internos: códigos para docentes, uniformes para alumnos, cláusulas de “imagen institucional” para funcionarias. Por último, están las prohibiciones comerciales: impedir fabricar o vender el burka. No son simbólicas; afectan al suministro y obligan a importaciones más visibles y controlables, o directamente lo hacen inviable en la práctica.

Un apunte que conviene no perder de vista: la inmensa mayoría de estas normas no penaliza la fe ni formalmente se dirige contra el islam, sino que regula la apariencia visible. Lo que se discute es el límite entre libertad religiosa y orden público, el derecho a la propia imagen y la capacidad estatal para fijar códigos en determinados espacios. Ese es el terreno de juego donde chocan principios igualmente legítimos y donde se entiende por qué hay países musulmanes que prohibieron el velo en algunos contextos y otros que, en cambio, lo garantizan o incluso lo promueven.

¿Por qué hay países musulmanes que prohibieron el velo?

Seguridad y lucha contra el terrorismo: la lógica del rostro descubierto

Las prohibiciones nacionales o regionales del velo integral en África nacen en buena medida de episodios de violencia yihadista. Chad impuso un veto al rostro cubierto tras una cadena de atentados. La región de Diffa, en Níger, prohibió el uso del niqab y del burka en el espacio público después de ataques atribuidos a Boko Haram. En Somalia, Jubaland y otras administraciones han aplicado vetos locales con motivación explícita de seguridad en ciudades clave como Kismayo. Son medidas directas, no exentas de controversia, que se justifican en la posibilidad de ocultar identidad, armas o explosivos y en la dificultad de las fuerzas de seguridad para realizar controles rápidos de identificación.

Esa misma lógica aparece, aunque con otras palabras, en marcos que penalizan cualquier prenda que impida reconocer la cara: desde pasamontañas hasta máscaras no sanitarias, pasando por cascos en interiores. Cuando esa regulación se adopta en países de mayoría musulmana, el efecto práctico se concentra en el niqab y el burka. No solo por su diseño, también porque se usan de forma continua y no puntualmente como un casco de motocicleta. Lo que para la policía es una ventaja —una regla clara que permite pedir que se muestre el rostro— para muchas mujeres se vuelve una frontera: te obligan a descubrirte ante un varón, te deniegan el acceso si no lo haces, se multiplican los registros.

La seguridad ha sido, además, el argumento que mejor comunica políticamente en sociedades golpeadas por la violencia. “Proteger vidas”, “prevenir atentados”, “permitir el trabajo policial” son razones más asumibles por el público que la laicidad o la identidad nacional. Y sin embargo, el debate no termina ahí. Expertas en derechos humanos y asociaciones de mujeres señalan que las prohibiciones del niqab pueden provocar efectos contraproducentes: mujeres que dejan de salir de casa, estigmatización de minorías, multas selectivas. En el espejo contrario, hay testimonios que celebran la mayor facilidad para recibir servicios, hacer gestiones o asistir a clase sin conflictos. Un equilibrio tenso que no se resuelve con un eslogan.

Laicidad, identidad y uniformidad en lo público

En el Magreb, las medidas se han articulado sobre todo a través de la función pública y de ámbitos con fuerte componente estatal. Argelia prohíbe desde hace años el niqab a las empleadas en su puesto de trabajo; Túnez bloquea el rostro cubierto en edificios públicos por razones de seguridad y de neutralidad; Marruecos restringió la fabricación y venta del burka, un modo indirecto pero eficaz de reducir su presencia. El mensaje de fondo no es exclusivamente securitario: se trata de afirmar una apariencia institucional que el Estado considera compatible con su orden constitucional y con su idea de modernidad. En ese marco también encaja la exigencia de que quede visible el rostro para atender al público, firmar documentos o impartir clase.

Egipto ha regulado con atención la escuela y la universidad. El niqab está prohibido en centros escolares, y algunas universidades han ratificado vetos puntuales para parte del personal docente y normas estrictas para el alumnado. En el Cáucaso, Azerbaiyán fijó hace más de una década prohibiciones del pañuelo islámico en las escuelas públicas, una restricción que marcó a una generación. En los Balcanes, Kosovo mantiene un veto al hiyab en el sistema escolar, apoyado en directrices administrativas y resoluciones judiciales que priorizan una escuela “neutral”. Y existe un caso singular en Bosnia y Herzegovina: Fuerzas Armadas y poder judicial han sostenido reglas estrictas sobre símbolos visibles, incluido el hiyab en determinados cuerpos y situaciones, con aval de órganos de control constitucional.

El discurso que acompaña estas normas combina laicidad, patriotismo cívico e incluso estética institucional. “No se trata de religión, sino de trabajo”, “no venimos a la escuela a expresar identidad, sino a aprender”, “el servicio público requiere una imagen clara y común”. Claro que detrás de esos lemas conviven convicciones distintas: desde una genuina defensa de la neutralidad del Estado hasta una desconfianza hacia lo religioso en general. Lo importante, para entender el fenómeno, es que estas limitaciones al hiyab y, sobre todo, a las coberturas faciales se enmarcan en códigos de conducta y manuales de imagen que suelen pasar más desapercibidos que una gran ley, pero ordenan el día a día.

Asia Central: del “traje nacional” a los vetos al rostro cubierto

En Asia Central el hilo conductor no siempre es la seguridad clásica, sino la construcción de una identidad nacional tras décadas soviéticas y un presente con influencias cruzadas. Tayikistán dio el paso más visible al prohibir el hiyab y otras “prendas extranjeras”, con un paquete de multas y una campaña sostenida para promover el vestido “nacional”. El mensaje gubernamental es explícito: hay una manera propia de vestirse, reconocible, que se quiere reforzar frente a modas importadas. En paralelo, Estados vecinos han impulsado marcos de identificación facial y normas que desalientan la cobertura integral del rostro en el espacio público. El resultado práctico es similar al de África: niqab y burka pierden terreno; el hiyab puede verse presionado o restringido en instituciones, aunque no siempre de forma general.

Este enfoque abre preguntas que van más allá del velo. ¿Hasta qué punto un Estado puede definir lo “nacional” en la vestimenta? ¿Es legítimo que una administración decida que el pañuelo islámico es ajeno a su tradición y lo sancione? Las defensas oficiales apelan a la cohesión y a la tradición local, a “proteger” una identidad que se percibe amenazada. Sus críticos señalan el riesgo de homogeneización y el impacto sobre mujeres que, por convicción o por costumbre, desean cubrirse. La tensión no se resuelve con números de multas ni con campañas de propaganda; se palpa en escuelas, centros de salud, oficinas de documentación, fronteras y aulas universitarias.

Desde el punto de vista práctico, Asia Central comparte con otras regiones una herramienta técnica: las cláusulas de reconocimiento facial. Son normas que encajan bien en sistemas de videovigilancia y se presentan como neutralidad tecnológica: todo lo que impida reconocer una cara, sea velo religioso o casco, queda desaconsejado o prohibido. La traducción cotidiana es inequívoca: niqab y burka salen del paisaje urbano; el hiyab se discute caso por caso.

Aulas, juzgados, ventanillas: dónde se concentran las restricciones

Si hay un territorio donde las decisiones pesan es la escuela. Coexisten modelos distintos. Algunos países han optado por uniformes que dejan poco margen y prohíben el hiyab en primaria y secundaria. Otros permiten el pañuelo pero prohíben la cobertura del rostro. Y hay normas que diferencian entre alumnas y docentes, más exigentes con quien enseña o atiende al público. En todos los casos, la idea de “neutralidad” aparece como razón de orden: el aula no se concibe como un espacio de expresión identitaria sino como un entorno de aprendizaje regulado, y se cree que el rostro visible facilita la interacción y el rendimiento.

La administración pública es el otro gran eje. Los códigos de vestimenta para funcionarias —con énfasis en mostrarse identificable y neutral— han sido un instrumento frecuente. En ventanilla, en un juzgado o en una comisaría, las normas privilegian que se vea la cara de quien atiende y de quien es atendida. Para la ciudadana, esto se traduce en controles de acceso, requerimientos de descubrirse en el detector de seguridad, fotografías oficiales sin cobertura facial y una densidad de reglas que muchas veces se aplican según criterio del personal. De ahí que la formación y la sensibilización de las plantillas sea tan relevante: evitar excesos, humillaciones o discriminaciones que no estén en la letra de la norma.

Hay otro ámbito donde el velo se cruza con el derecho: los tribunales. En sistemas jurídicos que reconocen la libertad religiosa pero también exigen igualdad ante la ley, las resoluciones han trazado líneas finas. Se ha protegido el derecho a llevar hiyab en muchos casos, pero se ha validado la prohibición del rostro cubierto en juicios, exámenes o identificaciones oficiales. La pauta suele ser la proporcionalidad: si se puede alcanzar el mismo fin —verificar identidad, garantizar comunicación— con medidas menos intrusivas (por ejemplo, mostrar el rostro ante una agente femenina en una sala aparte), la prohibición total pierde fuerza. El problema es la implementación: no siempre hay recursos ni protocolos para hacerlo bien.

Impacto real: prácticas, tensiones y adaptaciones

¿Qué cambia en la vida diaria cuando un país prohíbe el niqab o el burka, o restringe el hiyab en ciertos espacios? Cambian rutinas. La necesidad de descubrirse para entrar en una estación, cruzar un control o tramitar un documento genera fricción. Hay mujeres que renuncian a determinadas actividades, otras modifican su vestimenta —optan por un pañuelo suelto, por capas que cubran sin tapar el rostro— y otras, sencillamente, acatan por pragmatismo y continúan su vida con acuerdos informales: enseñar la cara unos segundos, buscar horarios menos concurridos, pedir agentes femeninas para la inspección. Al mismo tiempo, en barrios y entornos comunitarios donde el niqab o el burka tenían presencia, la retirada de esas prendas provoca reacomodos culturales: aparecen turbantes, capas y chaquetas largas que encajan en el mapa legal sin abandonar del todo la modestia buscada.

En el trabajo, la aplicación de códigos de vestimenta puede convertirse en una nueva frontera de acceso y promoción. Si una empresa estatal o un ministerio interpreta la neutralidad de forma rígida, el hiyab puede volverse un obstáculo para ciertos puestos de cara al público. Ocurre lo mismo con oposiciones y exámenes en instituciones que reclutan para la administración: las candidatas ajustan vestuario y expectativas. El mercado privado es más variado: hay sectores que prefieren la comodidad de plantillas sin símbolos visibles y otros que, por cultura corporativa o por atender a clientela diversa, aceptan pañuelos y adaptaciones razonables. Donde el niqab está prohibido, el margen de negociación desaparece.

La percepción social va por carriles propios. La prohibición del velo integral suele elevar su estigma; quien aún lo usa —allí donde no está prohibido— siente la mirada. Con el hiyab el relato es menos uniforme: en ciudades con pluralismo religioso y cultural, el pañuelo se ha normalizado y convive con la idea de moda modesta; en otras capitales, el pañuelo sigue viendo resistencias y comentarios a pie de calle. En ningún caso es un fenómeno plano. Hay jóvenes que abandonan el pañuelo cuando empiezan la universidad o al entrar en el mercado laboral, y otras que lo adoptan en esas mismas etapas como signo de convicción o empoderamiento. La ley influye, sí, pero la trama social empuja en múltiples direcciones.

Los 15 países musulmanes que han prohibido el velo

Un mapa de casos sin convertirlo en listado infinito

Para entender cómo operan las prohibiciones del velo en países de mayoría musulmana conviene recorrer algunos ejemplos —no exhaustivos, pero ilustrativos— y observar el tipo de restricción que aplican. En Argelia la pauta es clara en la función pública: niqab fuera del puesto de trabajo. Túnez mantiene edificios públicos sin rostro cubierto y ha consolidado esa regla desde hace años. Marruecos atacó el problema desde el comercio, vetando la fabricación y venta del burka y dejando al niqab en situación de uso delicado por pura escasez de oferta legal. Egipto prohíbe el niqab en escuelas y ha consolidado fallos y normativas internas que restringen su uso en universidades para parte del personal.

En la esfera escolar, Azerbaiyán marcó un antes y después al prohibir el pañuelo islámico en escuelas públicas; Kosovo hizo lo propio con un veto administrativo al hiyab en el sistema educativo que se mantiene con altibajos pero sigue vigente. En Siria existió un veto universitario al niqab que se anunció de forma rotunda hace años y modeló toda una conversación nacional. En el terreno militar y judicial, Bosnia y Herzegovina ha consolidado restricciones que afectan a símbolos religiosos —incluido el hiyab— en cuerpos y funciones específicas. En África subsahariana, Chad y la región de Diffa en Níger han actuado con la lógica securitaria más directa; Somalia, a través de autoridades regionales, estableció vetos locales al niqab. Y en Asia Central, Tayikistán ha sido el caso más contundente al prohibir el hiyab como “vestimenta extranjera”, mientras países vecinos han reforzado marcos que impiden la cobertura del rostro en la calle o en dependencias oficiales.

Este mosaico no es una fotografía inmóvil. Cambia con gobiernos, coyunturas y sentencias. Hay Estados que suavizan medidas, sobre todo cuando se comprueba que penalizan a minorías o generan problemas prácticos en servicios esenciales. Y hay endurecimientos cuando arrecia la inseguridad o cuando un proyecto nacionalista necesita marcar diferencias con símbolos visibles. El patrón general, sin embargo, se mantiene: más nitidez frente al rostro cubierto y más discusión sobre el hiyab en el ámbito escolar y administrativo.

Derechos en juego y criterios para políticas públicas mejor diseñadas

La conversación no es solo de principios. Importa cómo se diseñan las normas y cómo se aplican. Un buen diseño empieza por delimitar con precisión qué se prohíbe y dónde. No es lo mismo un veto en todo el espacio público que una regla para trámites oficiales. Tampoco es igual sancionar con multas elevadas que con amonestaciones o derivaciones a una instancia de mediación. Los protocolos importan: ofrecer agentes femeninas para verificar identidad, habilitar salas privadas cuando se pida descubrirse, permitir accesorios que mantengan una modestia razonable sin ocultar el rostro. Estas medidas mitigan la lesión a la libertad religiosa y mejoran la aceptación social de la norma.

En segundo lugar, un buen diseño trata con cuidado la escuela. La evidencia comparada sugiere que los entornos educativos funcionan mejor con reglas claras, conocidas por familias y alumnado, con periodos de adaptación y acomodos razonables cuando sean posibles. Si la meta es la comunicación pedagógica, el rostro visible puede exigirse con condiciones que respeten convicciones: tutorías con profesoras, cortinas de privacidad para ciertas actividades, excepciones temporales. En cambio, las prohibiciones abarcadoras del hiyab en toda la escolarización tienden a provocar deserciones, tensión con las familias y un clima de desconfianza que complica la vida escolar.

Por último, hay que pensar en mecanismos de revisión. Las normas que afectan a derechos fundamentales necesitan evaluaciones periódicas, estadísticas públicas de multas, incidentes y quejas, y mecanismos de recurso accesibles. No solo por transparencia: también para detectar aplicaciones discriminatorias —barrios donde se sanciona más, grupos expuestos a controles excesivos— y corregir a tiempo. Una política que aprehende la pluralidad social con inteligencia será siempre más eficaz que otra que se impone a golpe de sanción sin escuchar.

Una comparación útil: de la prohibición a la promoción

El mapa de los países musulmanes que prohibieron el velo se entiende mejor cuando se lo compara con su reverso. Turquía, por ejemplo, pasó de vetar el pañuelo en universidades y administración a permitirlo de forma amplia en la última década. En el Golfo, el hiyab convive con normas de modestia que, en algunos casos, se han flexibilizado para visitantes y trabajadoras extranjeras; la abaya dejó de ser obligatoria en ciertos escenarios y la policía religiosa ha perdido protagonismo en segmentos urbanos. Indonesia y Malasia muestran un pragmatismo que combina libertad de uso con códigos profesionales; el pañuelo es frecuente, el niqab menos, y la regulación se centra más en disciplina escolar que en sanciones públicas.

Este contraste revela que el velo es, también, un termómetro político. Donde prima la laicidad estatal y una idea fuerte de neutralidad en el espacio público, abundan las restricciones. Donde pesa la identidad nacional que busca diferenciarse del islam globalizado, se adopta la estrategia de promover el traje local y desincentivar el hiyab. Donde la seguridad marca la agenda, el niqab y el burka desaparecen por completo del paisaje. Y donde la prioridad es integrar una diversidad amplia de prácticas, se apuesta por acomodos y diálogo. No hay un “bloque islámico” uniforme; hay Estados con historias, presiones y electorados distintos.

Pistas prácticas para entender y seguir la evolución

Quien necesite interpretar si una medida afecta al hiyab o al niqab debe mirar tres cosas. Uno, el texto: si habla de “prendas que impiden la identificación”, la diana es el rostro cubierto; si menciona “vestimenta ajena a la cultura nacional”, probablemente apunta a pañuelos y abrigos largos que el gobierno asocia a la globalización religiosa. Dos, el ámbito: espacio público entero, edificios públicos, escuela, universidad, función pública. Tres, el régimen sancionador: multas y delitos indican un enfoque punitivo; instrucciones internas, manuales y circulares apuntan a disciplina organizativa, más difícil de impugnar en tribunales pero igualmente eficaz en la práctica.

La evolución reciente sugiere continuidad en dos tendencias: freno al rostro cubierto y gestión institucional del hiyab. Donde había dudas, hoy hay certezas: mostrar la cara para identificarse o trabajar de cara al público se ha convertido en estándar. Y en la escuela, el debate no cesa: derecho a expresar fe frente a entornos neutrales. La zona más movediza es la de las campañas de identidad nacional en Asia Central, que han demostrado capilaridad y eficacia tanto por la vía legal como por la presión social y administrativa. No son leyes aisladas: son políticas públicas de más largo aliento.

La fotografía final

Aún con matices, deja varias certezas. Primera: la prohibición del niqab y del burka en espacios públicos o edificios oficiales responde a lógicas de seguridad y a la exigencia de identificación. Segunda: el hiyab no se prohíbe de forma general en la mayoría de países de mayoría musulmana, pero sí se restringe en escuelas, universidades y administraciones de algunos Estados que se reclaman laicos o que buscan una imagen uniforme. Tercera: en Asia Central pesan los criterios de identidad nacional, con campañas y normas que desalientan lo que se percibe como vestimenta extranjera. Cuarta: el modo de aplicar la norma —protocolos, excepciones razonables, transparencia— marca la diferencia entre un orden público eficaz y una discriminación que erosiona la confianza.

Conviene retener, también, que no se trata de un “sí o no” al velo islámico en abstracto. Lo que hay es un régimen de excepciones y espacios: lo que está prohibido en un juzgado o en una comisaría puede ser admisible en la calle; lo que se permite a una alumna puede vetarse a una docente. La casuística es amplia, pero el patrón es claro: rostro visible como condición y hiyab sometido a reglas según el ámbito. Dentro de ese marco, las sociedades se adaptan: cambian modas, aparecen alternativas de vestuario, se abren negociaciones en las instituciones. Cuando las reglas son claras y proporcionadas, la convivencia gana. Cuando son opacas o punitivas sin remedios, crecen la fricción y el descontento.

Sí, hay países musulmanes que prohibieron el velo

La respuesta útil, sin rodeos, es esta: sí, existen países musulmanes que prohibieron el velo, sobre todo en su versión integral —niqab y burka—, y sí, se han establecido limitaciones al hiyab en escuelas, universidades y oficinas públicas de varios Estados. Los motivos son claros —seguridad, laicidad, identidad nacional— y las herramientas también: leyes de identificación facial, códigos de vestimenta, circulares administrativas, prohibiciones de fabricación y venta. No es una ola uniforme ni una medida monolítica; es un mosaico que conviene leer con atención al tipo de prenda, al ámbito y a la motivación invocada. Dicho con menos solemnidad: cuando la cara debe verse, el niqab queda fuera; cuando el Estado se viste de neutralidad, el hiyab puede toparse con puertas entreabiertas. Y donde el gobierno decide definir lo “nacional”, la prenda “extranjera” pierde sitio.

Mirando hacia adelante, el termómetro seguirá siendo la escuela y, cada vez más, los edificios públicos con control de acceso. Allí se dirime la aplicación de las normas y se sienten sus efectos. La clave será, como siempre que hay derechos en juego, proporcionalidad y claridad: reglas comprensibles, protocolos respetuosos y vías de recurso que funcionen. A fin de cuentas, de lo que hablamos no es solo de prendas, sino de cómo se gestiona la diversidad en sociedades con historias, miedos y aspiraciones distintas. Y esa tarea, más que de prohibiciones tajantes, va de inteligencia institucional y de equilibrios que puedan sostenerse en el tiempo.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: ABC, 20 Minutos, Europa Press, La Vanguardia.