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¿Cómo volvió a caer Omar Ndiaye por estafar ayudas sociales en Canadá?
Canadá vuelve a poner bajo foco a Omar Ndiaye, acusado de otro fraude con ayudas tras el escándalo del millón y las 62 identidades en España

Resumen
- Canadá acusa a Omar Ndiaye de otro fraude con ayudas sociales
- La Fiscalía habla de 55 solicitudes y más de 180.000 dólares cobrados
- Su nombre ya saltó en España por 62 identidades falsas y 1,09 millones
Omar Ndiaye ha vuelto a aparecer en una investigación por fraude con ayudas sociales, esta vez en Canadá. El ciudadano senegalés está encarcelado en Quebec y afronta acusaciones por haber obtenido, presuntamente, más de 180.000 dólares canadienses mediante solicitudes falsas de prestaciones públicas entre 2024 y 2026.
El caso no parte de cero. Su nombre ya había saltado a los titulares en España por otro golpe mucho mayor: el cobro de 1,09 millones de euros en ayudas públicas del País Vasco usando una red de 62 identidades falsas. Dicho de otra manera: no se trata de una sospecha aislada, sino de un patrón que vuelve a encender todas las alarmas.
Qué se le atribuye ahora en Canadá
Según la acusación, Ndiaye habría presentado 55 solicitudes de ayuda de último recurso ante la administración de Quebec. De ellas, 37 fueron aprobadas, lo que habría permitido desviar una cantidad superior a los 180.000 dólares de dinero público. El periodo investigado va de agosto de 2024 a marzo de 2026.
La investigación sostiene que se utilizaron perfiles falsos, documentos presuntamente manipulados y varias identidades para abrir expedientes y cobrar prestaciones. Uno de los detalles más llamativos del caso, casi grotesco si no fuera por su gravedad, es que algunas de esas solicitudes incluían fotografías muy parecidas a la del propio investigado. Cambiaba el nombre. La cara, bastante menos.
Por qué sigue en prisión
La jueza que revisó su situación rechazó dejarlo en libertad mientras avanza el procedimiento. La Fiscalía defendió que existe riesgo de fuga, sobre todo por el uso de identidades múltiples y por la dificultad para fijar con claridad un domicilio estable. Ndiaye ofreció una garantía económica, pero el tribunal la consideró insuficiente.
La defensa, mientras tanto, plantea otra versión: que las solicitudes podrían haberse tramitado utilizando la identidad de Ndiaye y que no todo puede darse por probado de antemano. Conviene subrayarlo. En Canadá está acusado, no condenado por estos hechos. Pero la dimensión del expediente explica por qué el caso ha vuelto a cruzar fronteras.
El precedente español que lo cambió todo
Para entender el interés que ha provocado su detención en Quebec hay que volver a Bizkaia. En 2022, la Policía destapó una trama en la que Omar Ndiaye aparecía como principal investigado por haber cobrado durante años ayudas sociales mediante una estructura de identidades ficticias, cuentas bancarias y documentación falsificada.
La cifra fue demoledora: 1.091.416 euros en prestaciones públicas, principalmente vinculadas a la Renta de Garantía de Ingresos y a ayudas complementarias de vivienda. La operativa no se apoyaba en una sola trampa, sino en una cadena entera: pasaportes falsificados, empadronamientos presuntamente manipulados, expedientes repartidos y documentación de apoyo para mantener vivo el cobro.
Las 62 identidades falsas y los pasaportes
La investigación española concluyó que se habrían creado 62 identidades falsas para acceder a las ayudas. Aquello no era un simple apaño administrativo, sino una maquinaria montada para convertir la burocracia en negocio. También se intervinieron más de una veintena de pasaportes falsificados, además de tarjetas, libretas bancarias y otros documentos relevantes.
Ese detalle es importante porque en algunas publicaciones se han mezclado los dos sumarios, como si todo formara parte del mismo procedimiento. No es así. El caso canadiense tiene su propia causa, sus propias cifras y su propio calendario. Lo que se parece, y mucho, es el método.
Qué une el fraude del País Vasco con el de Quebec
La conexión entre ambos episodios no está solo en el nombre del investigado. Está, sobre todo, en el modo de actuar que describen las autoridades: identidades múltiples, uso de documentación atribuida a terceros, solicitudes de ayudas públicas y retirada del dinero a través de circuitos diseñados para no levantar sospechas demasiado pronto.
En España, el fraude habría funcionado durante años porque cada expediente parecía, por separado, razonablemente normal. En Canadá ocurre algo parecido: una solicitud aislada puede pasar por rutinaria; decenas de ellas, con nombres distintos, ya cuentan otra historia. Y esa historia huele a fraude sistemático.
Por qué este caso ha vuelto a sacudir el debate sobre las ayudas
El asunto reabre una discusión incómoda, aunque muy real, sobre los controles administrativos en los sistemas de protección social. Las ayudas están pensadas para sostener a quien lo necesita, no para financiar redes oportunistas ni carreras internacionales de identidad variable. Cuando aparece un caso así, el daño es doble: económico por un lado y de confianza pública por otro.
También explica el enorme eco mediático de la noticia. No se trata solo de la cantidad atribuida en Quebec, que ya es alta. Lo que dispara el interés es el regreso de un nombre asociado antes a uno de los mayores fraudes conocidos en ayudas sociales en España. La reincidencia, o la sospecha de reincidencia, siempre tiene un efecto devastador en la percepción pública.
Un nombre viejo en un expediente nuevo
Lo que hoy se sabe es esto: Omar Ndiaye está preso en Quebec, afronta acusaciones por un nuevo fraude de ayudas sociales y vuelve a estar vinculado a un esquema de identidades falsas. Lo que ya se sabía desde España tampoco era menor: su nombre figuró en una investigación por 1,09 millones de euros cobrados con una red de 62 identidades.
Falta el recorrido judicial, que será el que determine responsabilidades penales en Canadá. Pero el retrato provisional es bastante nítido. Un investigado, dos países, varias identidades y una misma sombra: la de haber convertido la asistencia pública en una fuente de ingresos construida sobre papeles falsos y agujeros del sistema.












