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¿Qué cambia en las universidades con el nuevo decreto de Sánchez?
Sánchez anuncia un decreto que elevará las exigencias a las universidades y reforzará el profesorado y la presencialidad en varios estudios.

Imagen: Miguelallarena, recorte de Asqueladd / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Resumen
- El Gobierno prepara más exigencias para grados y másteres
- Habrá más control sobre profesorado y presencialidad en algunos estudios
- Algunos estudios sanitarios online tendrán nuevas limitaciones
El Gobierno prepara un nuevo endurecimiento de las reglas universitarias. Pedro Sánchez ha anunciado este viernes 18 de septiembre un real decreto para elevar las exigencias de calidad de los grados y másteres que ofrecen las universidades españolas, tanto públicas como privadas. El núcleo de la reforma apunta a dos frentes bastante concretos: mayores requisitos para el profesorado y más presencialidad en determinadas titulaciones, especialmente en estudios relacionados con las ciencias de la salud.
Para los estudiantes, el anuncio no significa que todas las carreras a distancia vayan a desaparecer ni que la universidad online quede arrinconada. El cambio previsto es más quirúrgico: el Ejecutivo quiere que ciertos estudios que requieren una formación práctica intensa tengan límites más estrictos a la enseñanza virtual y que cada titulación sostenga unos mínimos propios de calidad docente, en lugar de permitir que determinados porcentajes se diluyan en la fotografía general de una universidad.
Hay, eso sí, una precisión importante. El decreto anunciado por Sánchez todavía no está en vigor. El presidente ha avanzado sus líneas principales, pero habrá que conocer el texto definitivo y su publicación oficial para determinar exactamente qué titulaciones quedan afectadas, qué plazos de adaptación se conceden y cómo se aplicarán las nuevas condiciones. Entre el anuncio y la letra pequeña suele caber bastante universidad.
Más exigencia para el profesorado de cada carrera
Uno de los cambios de mayor calado está en cómo se medirán los requisitos de las plantillas docentes. Sánchez ha avanzado que al menos el 50 % del profesorado deberá ser doctor y que se reforzará también el peso de la contratación a tiempo completo, con una referencia del 40 %. La cuestión aparentemente pequeña —pero importante— es dónde se hace la cuenta y hasta qué punto los requisitos deberán cumplirse de manera más exigente en las enseñanzas concretas.
La intención es evitar que una institución pueda presentar unos números globales razonables mientras una determinada carrera funciona con una estructura docente bastante más débil. Un campus puede tener investigadores consolidados, profesores doctores y contratos estables en unas facultades y, al mismo tiempo, sostener otras titulaciones con una plantilla mucho más ligera. El nuevo decreto busca poner la lupa sobre la calidad real de cada enseñanza.
El 50 % de doctores no nace de cero
Conviene no confundir endurecimiento con estreno. La normativa vigente ya exige un mínimo del 50 % de doctores entre el personal docente e investigador que participa en enseñanzas oficiales de grado y máster. Ese porcentaje se calcula teniendo en cuenta la dedicación equivalente a tiempo completo y forma parte de los requisitos generales del sistema universitario.
La reforma anunciada pretende estrechar esa malla. No basta con contemplar la universidad desde lejos si, al entrar en una titulación concreta, el paisaje cambia. La cualificación académica del profesorado importa, pero también su dedicación efectiva a la universidad: tutorías, investigación, coordinación de asignaturas, seguimiento de alumnos y continuidad dentro de los departamentos.
Tener un doctorado acredita un nivel académico, pero no garantiza por sí solo que un profesor disponga del tiempo necesario para desarrollar todas esas funciones. Una universidad sostenida por numerosos docentes que entran unas horas, imparten clase y salen por la misma puerta puede cumplir parte de su cometido; otra cosa es construir alrededor del estudiante una comunidad universitaria estable con investigación, tutorías y vida académica. Ahí está otra de las fronteras que quiere reforzar el Gobierno.
Más presencialidad en los grados y másteres sanitarios
El segundo gran cambio afecta a la enseñanza a distancia. Sánchez ha anunciado mayores exigencias de presencialidad para determinadas carreras universitarias y límites específicos en algunos grados y másteres online relacionados con las ciencias de la salud.
La lógica resulta sencilla de entender en un laboratorio, durante unas prácticas clínicas o junto a una cama hospitalaria: hay competencias que difícilmente caben enteras dentro de una pantalla. La enseñanza virtual puede servir para explicar anatomía, farmacología o fisiología; otra cosa es sustituir con un portátil una formación que exige pacientes, instrumental, prácticas y supervisión directa.
La normativa universitaria ya contempla requisitos especiales para las enseñanzas sanitarias y exige medios clínicos suficientes en aquellas titulaciones que necesitan formación asistencial. El nuevo decreto pretende avanzar sobre ese terreno y endurecer la posibilidad de que determinadas enseñanzas sanitarias se desarrollen con un componente virtual excesivo.
Eso no equivale a una declaración de guerra contra la universidad digital. El propio sistema público cuenta con la UNED y el Gobierno puso en marcha en 2026 un plan para ampliar su oferta en más de 20.000 plazas hasta 2029. El debate, por tanto, no es simplemente presencial frente a online, sino algo bastante menos vistoso y más importante: qué competencias pueden adquirirse realmente a distancia y cuáles requieren inevitablemente contacto físico con laboratorios, clínicas, talleres o pacientes.
El Gobierno ya endureció las reglas universitarias en 2025
El anuncio no llega sobre terreno virgen. En octubre de 2025 el Gobierno aprobó una reforma que ya elevó las condiciones para crear, reconocer y mantener universidades y centros universitarios. Entre otras medidas, reforzó los requisitos relacionados con investigación, profesorado, viabilidad y garantía de calidad.
Aquella modificación estableció obligaciones como dedicar recursos a la investigación, acreditar actividad investigadora y cumplir determinados mínimos de profesorado. También reforzó la idea de que una universidad no puede limitarse a impartir títulos: debe sostener las tres patas clásicas de la institución, docencia, investigación y transferencia de conocimiento.
La expansión digital pesaba mucho en ese cambio. En el curso 2024-2025, alrededor del 26 % del alumnado universitario español estudiaba en formato virtual. Es una transformación enorme en muy pocos años. La universidad se hizo más accesible y flexible, sí, pero también apareció una pregunta incómoda detrás del crecimiento: hasta dónde puede estirarse un modelo online sin que determinadas enseñanzas pierdan sustancia.
La nueva iniciativa baja otro escalón. Si la reforma de 2025 miraba sobre todo a la universidad como institución, la anunciada en septiembre de 2026 dirige con mayor intensidad la atención hacia las titulaciones concretas y la forma en que se imparten. Ahí está la diferencia que puede tener efectos más visibles para profesores y alumnos.
La expansión de las universidades privadas está detrás del debate
España tiene un mapa universitario muy distinto al de hace quince o veinte años. En 2025 había 50 universidades públicas y 46 privadas. Las primeras apenas han variado en número durante años, mientras las segundas han crecido con rapidez hasta acercarse prácticamente a la paridad.
También ha cambiado el reparto de estudiantes. El sistema universitario español alcanzó en el curso 2025-2026 cerca de 1,9 millones de alumnos, y aproximadamente un 30 % estudiaba en instituciones privadas. En la última década, el alumnado de la universidad privada creció con mucha más intensidad que el matriculado en la pública.
La diferencia resulta especialmente visible en determinados másteres y titulaciones de alta demanda. Ese crecimiento no convierte por sí mismo a una universidad privada en mejor ni en peor que una pública; tampoco todas las instituciones privadas responden al mismo modelo. Antigüedad, investigación, profesorado, precios, especialización e infraestructura dibujan realidades universitarias muy distintas.
El Gobierno ha empleado durante los últimos años la expresión “universidades chiringuito” al defender controles más fuertes frente a proyectos que considera insuficientes. Se trata de una caracterización política del Ejecutivo, no de una categoría jurídica ni de una etiqueta aplicable al conjunto de la universidad privada. Las nuevas exigencias anunciadas, además, están planteadas para instituciones públicas y privadas.
Qué puede cambiar realmente para los estudiantes
La consecuencia más visible puede aparecer en las carreras actualmente ofrecidas con un fuerte componente virtual. Allí donde el futuro decreto determine una mayor presencialidad, las universidades tendrán que reorganizar docencia, instalaciones, prácticas y horarios, y en algunos casos adaptar el propio diseño académico de la titulación.
Para quien curse estudios sanitarios, la palabra importante será presencialidad. Para quien esté valorando cualquier grado o máster, ganará peso otra: profesorado. Si los mínimos se aplican de una manera más estricta a cada enseñanza, los programas tendrán que acreditar una estructura docente suficiente y no limitarse a beneficiarse de los buenos números generales de la institución.
También existe una cuestión práctica para quienes ya están matriculados. Hasta conocer el texto definitivo, sus disposiciones transitorias y la fecha de aplicación, no puede afirmarse que las condiciones de los actuales estudiantes vayan a cambiar inmediatamente. Las reformas universitarias suelen necesitar periodos de adaptación porque modificar una titulación a mitad del recorrido académico no es precisamente cambiar el menú de la cafetería.
Tampoco parece que el objetivo sea acabar con los estudios online en España. La enseñanza virtual ocupa ya un espacio enorme y cumple una función evidente para trabajadores, estudiantes alejados de los grandes campus o personas que necesitan horarios flexibles. El Gobierno pretende dibujar una frontera más marcada entre flexibilidad y formación práctica obligatoria, especialmente allí donde una titulación prepara para ejercer una profesión con responsabilidades directas sobre otras personas.
Una reforma que lleva el control hasta dentro del aula
La universidad española lleva años creciendo por dos caminos a la vez: más oferta privada y mucha más enseñanza digital. Ambos fenómenos han abierto oportunidades que hace una generación eran difíciles de imaginar; también han convertido el control de calidad en algo bastante más complejo que inspeccionar edificios, bibliotecas y laboratorios.
El decreto anunciado por Sánchez quiere responder a esa transformación con reglas más estrechas: más peso del profesorado doctor, más dedicación docente y más presencialidad cuando la naturaleza de los estudios la haga necesaria. La letra definitiva decidirá hasta dónde llega realmente esa ambición.
Por ahora hay un anuncio y unas líneas maestras, no una revolución universitaria consumada. Cuando la norma quede definitivamente aprobada se conocerán las titulaciones sometidas a nuevos límites, los periodos de adaptación y la manera exacta de calcular los requisitos. La dirección, en cambio, está bastante clara: el Gobierno quiere que detrás de cada título haya algo más difícil de improvisar que una página de matrícula —profesores, tiempo, investigación, prácticas y aulas cuando las aulas sean necesarias.












