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¿Por qué la Eurocámara señala a Sánchez y qué exige ahora a Marruecos?
La resolución europea critica la regularización española, reclama retornos y cooperación a Marruecos y refuerza la defensa de Ceuta y Melilla.

Imagen: Ministry of the Presidency, Government of Spain / Wikimedia Commons, Attribution
Resumen
- La Eurocámara critica la regularización del Gobierno de Sánchez
- La Eurocámara exige más cooperación a Marruecos en fronteras y retornos
- Ceuta y Melilla quedan reforzadas como fronteras españolas y europeas
El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución especialmente dura sobre la crisis migratoria de Ceuta: censura la política de regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez, considera que puede actuar como factor de atracción y reclama una gestión más firme de las fronteras y de los retornos. Pero el texto no termina ahí. También dirige una advertencia bastante nítida a Marruecos, al que exige cooperación migratoria, readmisiones y respeto a la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. La resolución salió adelante con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones.
Dicho de otro modo: la fotografía es bastante más compleja que un simple «Europa contra Sánchez». La Eurocámara cuestiona decisiones del Ejecutivo español, sí, pero al mismo tiempo considera que proteger Ceuta es una responsabilidad europea compartida, pide más medios comunitarios y establece que las relaciones privilegiadas y la financiación europea concedida a terceros países pueden quedar condicionadas a que estos cumplan sus obligaciones. Y ahí Rabat aparece en primer plano.
La resolución golpea a Sánchez, pero no absuelve a Rabat
La votación del 17 de septiembre llegó después de semanas de tensión política por los acontecimientos de los 30 y 31 de julio en Ceuta, cuando se produjo una entrada irregular masiva desde Marruecos hacia territorio español. El Parlamento Europeo expresa además su pesar por la muerte de 141 personas en el mar durante aquellos acontecimientos y describe la instrumentalización de la inmigración irregular como una «herramienta de guerra híbrida» contra la integridad territorial de un Estado miembro.
La expresión importa. También el sujeto. La resolución condena esa instrumentalización, pero no afirma expresamente que el Gobierno marroquí organizara el episodio. De hecho, el texto evita atribuir directamente a Rabat la preparación de los cruces masivos. Eso no significa que Marruecos salga indemne: se le exige asumir sus responsabilidades como socio de la UE y cumplir los compromisos sobre control fronterizo, retornos y readmisiones.
Hay otro matiz que conviene no perder entre titulares. La Eurocámara no ha aprobado una sentencia que declare a Pedro Sánchez responsable de todo lo sucedido en Ceuta. Lo aprobado es una resolución política no vinculante que cuestiona decisiones concretas de su Gobierno, especialmente la regularización extraordinaria, y recoge las críticas que previamente habían planteado numerosos dirigentes europeos. Políticamente pesa; jurídicamente, es otra cosa.
Qué reprocha exactamente la Eurocámara al Gobierno español
El párrafo más incómodo para Moncloa es probablemente el relativo a la regularización. El Parlamento expresa su preocupación por la política aplicada por el Ejecutivo español y sostiene que «genera un efecto llamada» y transmite una señal equivocada tanto a potenciales migrantes como a las redes dedicadas al tráfico de personas. También pide a la Comisión Europea que examine sus posibles repercusiones sobre los movimientos secundarios y el funcionamiento de Schengen.
La resolución recupera así una discusión que llevaba semanas recorriendo Europa. Tras la crisis de julio, 22 dirigentes europeos habían advertido sobre la necesidad de coordinar mejor las políticas migratorias y habían incluido las regularizaciones a gran escala entre los factores que, a su juicio, podían incentivar determinadas percepciones sobre la posibilidad de permanecer posteriormente en territorio comunitario.
El «efecto llamada» está políticamente asumido, no probado como causa
Aquí aparece una diferencia importante entre el debate político y una relación causal demostrada. Que el Parlamento Europeo considere que una regularización puede enviar una determinada señal no demuestra por sí mismo que provocara los cruces de Ceuta.
Las condiciones de la regularización española excluyen, de hecho, a quienes llegaron durante la crisis de julio de 2026. El procedimiento exigía acreditar residencia previa en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y el plazo de solicitud había terminado el 30 de junio. Quienes entraron posteriormente en Ceuta no pueden acogerse a ese proceso.
El Gobierno español ha defendido por ello que no existe una relación causal directa entre ambas cuestiones y ha señalado también el papel de la desinformación difundida en redes sociales sobre las posibilidades de permanecer en España. La discusión europea se mueve, pues, en dos carriles: una cosa es sostener que una regularización general puede crear expectativas migratorias y otra acreditar que esa política desencadenó concretamente la crisis ceutí. No son exactamente lo mismo.
La Eurocámara también exige a España utilizar plenamente los instrumentos europeos disponibles, desde los fondos de emergencia hasta las capacidades operativas de las agencias comunitarias, y aplicar de forma efectiva el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, plenamente aplicable desde el 12 de junio de 2026. Reclama asimismo retornos rápidos de quienes no tengan derecho a permanecer en la Unión, siempre dentro del Derecho europeo e internacional.
Qué exige realmente Europa a Marruecos
Aquí está la otra mitad de la noticia, bastante menos secundaria de lo que algunos titulares podrían sugerir. El Parlamento reclama a Marruecos que cumpla sus compromisos sobre gestión fronteriza, lucha contra las redes de tráfico, identificación, retorno y readmisión de migrantes.
Y añade una condición políticamente delicada para Rabat: las relaciones de la UE con sus países vecinos deben basarse en la reciprocidad y la cooperación efectiva, y tanto el acceso preferente al mercado europeo como la financiación comunitaria pueden quedar condicionados al cumplimiento de esas obligaciones.
La resolución introduce además una declaración especialmente contundente sobre Ceuta y Melilla. Las define como ciudades españolas y europeas cuya soberanía e integridad territorial están fuera de toda duda. Cualquier declaración que cuestione la soberanía española, sostiene el Parlamento, resulta incompatible con las obligaciones propias de un socio de la Unión Europea.
No es una frase ornamental. La relación entre Bruselas y Rabat descansa en una extensa red de intereses comerciales, diplomáticos y migratorios. Cuando la Eurocámara vincula esa relación al respeto de la integridad territorial de los Estados miembros está introduciendo el asunto de Ceuta y Melilla dentro del propio marco político de las relaciones entre la UE y Marruecos.
Sanciones a Marruecos: qué se aprobó y qué quedó fuera
Aquí también conviene separar el titular de la letra pequeña. El Parlamento Europeo no ha suspendido inmediatamente los fondos destinados a Marruecos ni ha roto la relación de la Unión con Rabat.
Una enmienda promovida desde Vox que pretendía exigir la suspensión inmediata de toda financiación europea a Marruecos hasta que se resolviera la situación no obtuvo el respaldo necesario. Tampoco prosperó esa fórmula más tajante de cortar automáticamente la financiación.
Sí salió adelante, en cambio, una fórmula con bastante recorrido político: la Eurocámara reclama mecanismos más estrictos y transparentes para controlar los fondos destinados a terceros países y plantea que pueda producirse su suspensión inmediata o recuperación íntegra cuando el Estado receptor no coopere o cuando estén amenazados los intereses de la Unión o de alguno de sus miembros.
Por tanto, hablar de «sanciones a Marruecos» necesita ese asterisco conceptual, aunque no haga falta imprimirlo en el titular. No existe una sanción económica aplicada automáticamente por esta resolución. Existe una advertencia política y financiera y una petición para endurecer la condicionalidad de las ayudas cuando falte cooperación.
Marruecos, por su parte, ha reaccionado rebajando el significado del documento. Su embajador ante la UE y la OTAN, Ahmed Reda Chami, sostiene que la resolución no contiene una «incriminación» contra su país y destaca que las enmiendas más hostiles fueron rechazadas. Rabat apuesta públicamente por mantener un diálogo con Bruselas sobre migración y cooperación.
Europa no ha actuado con una sola voz contra España
Hablar de «Europa» como si fuese una persona sentada detrás de una mesa suele producir titulares cómodos y fotografías políticas bastante desenfocadas. Las instituciones europeas han mantenido posiciones distintas, aunque relacionadas.
El Consejo de ministros de Interior de la UE, reunido extraordinariamente el 4 de agosto, expresó solidaridad con España y valoró positivamente la respuesta de las autoridades españolas. Los Estados miembros insistieron entonces en que las fronteras exteriores son una responsabilidad común, pidieron reforzar los retornos y la lucha contra las mafias y apostaron por profundizar la cooperación con terceros países.
La Comisión Europea tampoco se ha limitado a contemplar el problema desde Bruselas. El 9 de septiembre concedió a España 114,7 millones de euros de ayuda de emergencia específicamente para afrontar la situación de Ceuta. Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea movilizaron además apoyo operativo a petición española.
Es decir, existe una crítica europea importante a determinadas decisiones migratorias del Gobierno de Sánchez y, simultáneamente, existe asistencia financiera y operativa europea a España. Ambas cosas pueden convivir. De hecho, están ocurriendo al mismo tiempo.
La resolución parlamentaria insiste precisamente en ese principio: controlar la frontera exterior no corresponde únicamente al país que la tiene delante. Ceuta es frontera exterior de la Unión Europea, no una verja exclusivamente española que Bruselas pueda observar desde lejos.
La crisis ha terminado sacando a la superficie una vieja contradicción. Europa pide a los Estados fronterizos que controlen los accesos, pero buena parte de ese control depende también de países vecinos. Marruecos es uno de los socios esenciales de la UE en la ruta occidental del Mediterráneo, lo que convierte la cooperación migratoria en una pieza de diplomacia tan sensible como poco romántica: fronteras, dinero, comercio, retornos y política exterior mezclados en el mismo expediente.
El Parlamento quiere endurecer esa ecuación. Si existe cooperación, pueden mantenerse los incentivos y la relación privilegiada. Si un tercer país deja de colaborar, el mensaje aprobado en Estrasburgo es que los fondos europeos no deberían considerarse incondicionales.
Al mismo tiempo, España tampoco queda liberada de obligaciones. La Eurocámara reclama más control, aplicación plena del nuevo pacto migratorio, retornos efectivos y una política nacional que tenga en cuenta que Schengen conecta las decisiones de un Estado con los demás. Esa es precisamente la arquitectura europea: compartir ventajas supone también compartir problemas.
Una frontera española que Bruselas ya trata como propia
La resolución deja finalmente una escena menos simple que la de Europa señalando exclusivamente a Pedro Sánchez. La Eurocámara reprocha al Gobierno español su política de regularización, pero también exige más implicación de las instituciones europeas, reconoce que la protección fronteriza es una responsabilidad común y eleva el tono frente a Marruecos.
Rabat recibe dos mensajes especialmente claros: debe cooperar en los retornos y el control migratorio, y la soberanía española sobre Ceuta y Melilla no puede ponerse en cuestión dentro de una relación privilegiada con la Unión Europea. Sobre la mesa queda, además, la posibilidad de utilizar la financiación comunitaria como instrumento de presión cuando un tercer país incumpla sus compromisos.
La discusión sobre quién cometió más errores continuará en Madrid, Estrasburgo y Bruselas. Los hechos aprobados por el Parlamento son más concretos: 339 eurodiputados respaldaron una resolución que distribuye exigencias entre España, las instituciones comunitarias y Marruecos, aunque no de manera idéntica, y convierte lo sucedido en Ceuta en algo más que una disputa bilateral. La frontera de Ceuta es también frontera de la Unión. Y ese pequeño detalle geográfico, durante años casi relegado a una nota al pie, está ahora en el centro de la política europea.












