Marruecos reformó la política, pero el poder real persiste

La reforma constitucional aprobada en Marruecos en 2011 amplió las competencias del Parlamento y del Gobierno y reconoció nuevos derechos, pero no convirtió al país en una monarquía parlamentaria. El rey Mohamed VI conservó atribuciones políticas y ejecutivas de gran alcance, de modo que el cambio abrió espacios institucionales sin desplazar el centro de gravedad del poder, todavía situado en torno a la Corona y el Palacio Real.

El alcance de aquella transformación se entiende mejor al mirar también la ley de partidos y las reglas electorales, así como el ascenso y las derrotas del Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM). La trayectoria de esta formación, creada en 2008, refleja una tensión persistente: hay elecciones competitivas y alternancia entre partidos, pero la capacidad de las urnas para determinar quién gobierna tiene límites.

Una apertura constitucional con límites visibles

Las protestas del Movimiento 20 de Febrero, en el contexto de la Primavera Árabe, elevaron la presión para cambiar las instituciones. Mohamed VI anunció una reforma constitucional y el texto fue aprobado en referéndum en julio de 2011. Entre sus cambios más relevantes estuvo el refuerzo formal del jefe del Gobierno, que debe proceder del partido situado en cabeza en las elecciones a la Cámara de Representantes. También se ampliaron las atribuciones del Parlamento y se reconocieron derechos y libertades con mayor alcance en el texto constitucional.

El nuevo marco alteró el lenguaje y algunos mecanismos del sistema, pero no eliminó la desigualdad entre las instituciones. El rey siguió siendo una pieza central del poder ejecutivo y mantuvo funciones decisivas en asuntos de Estado. Entre ellas se cuentan la presidencia del Consejo de Ministros y la intervención en áreas estratégicas como Interior, Asuntos Exteriores y Defensa. Por eso, la modificación se describe mejor como un avance hacia una mayor parlamentarización, no como el paso completo a un régimen parlamentario.

La diferencia no es solo terminológica. En una monarquía parlamentaria, el Gobierno depende de la mayoría elegida y concentra la dirección política cotidiana; en Marruecos, el Ejecutivo comparte ese espacio con una Corona que conserva autoridad propia. El Parlamento puede debatir, legislar y fiscalizar, pero esa actividad convive con decisiones que no dependen exclusivamente de sus mayorías. La reforma redistribuyó algunas competencias sin establecer una soberanía parlamentaria plena, lo que explica por qué las expectativas de apertura han coexistido con críticas sobre la persistencia del poder palaciego.

La ley de partidos y las reglas de la competencia

En octubre de 2011 entró en vigor la Ley Orgánica 29-11, dedicada a la organización de los partidos. La norma regula su creación, afiliación, funcionamiento interno, financiación y control, y prohíbe que una formación se base en criterios religiosos, lingüísticos, étnicos o discriminatorios. También fijó en 18 años la edad mínima para fundar un partido y trasladó a un tribunal administrativo la autorización para constituirlo, en lugar de dejar esa decisión únicamente en manos del Ministerio del Interior.

La ley incorporó además obligaciones internas relacionadas con la igualdad de oportunidades, la selección de candidaturas y la representación de los marroquíes residentes en el extranjero. Estas disposiciones buscaban ordenar un paisaje partidista amplio y fragmentado, aunque su existencia no garantizaba por sí sola que los partidos tuvieran más autonomía o arraigo social. El Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), entonces una fuerza importante de la oposición, votó en contra porque sus enmiendas no fueron aceptadas. El desacuerdo mostró que las reglas podían presentarse como modernización y, a la vez, ser discutidas por los actores que debían competir bajo ellas.

En paralelo, el texto constitucional buscó poner freno al transfuguismo parlamentario: un representante podía perder su escaño si abandonaba el partido por el que había sido elegido. La medida respondía a una práctica conocida en la política marroquí, donde dirigentes y candidatos cambiaban de formación en busca de mejores oportunidades o alianzas. Sin embargo, regular el paso entre partidos no resolvía el problema de fondo: una escena política en la que las siglas podían reunir corrientes muy distintas y las coaliciones eran imprescindibles para gobernar.

El PAM, una formación nacida en el centro del tablero

El PAM se fundó el 7 de agosto de 2008 mediante la unión de cinco pequeñas formaciones, después de que Fouad Ali El Himma impulsara el Movimiento para Todos los Demócratas. El Himma había sido ministro delegado del Interior y era conocido por su cercanía con Mohamed VI. El partido se presentó como una fuerza reformista y modernizadora, pero desde su nacimiento quedó rodeado de una controversia que marcaría su imagen: sus detractores lo consideraron próximo al Palacio y lo describieron como un instrumento para contener al PJD, de orientación islamista moderada.

Su origen se apoyó en el grupo parlamentario Autenticidad y Modernidad, creado tras las elecciones legislativas de 2007, y en la incorporación de políticos procedentes de otras organizaciones. Esa forma de crecimiento, basada en alianzas rápidas y en la llegada de notables locales, le permitió extenderse con velocidad. También alimentó las sospechas sobre el transfuguismo y sobre la diferencia entre una formación construida desde abajo y otra capaz de reunir figuras con redes de influencia ya consolidadas. La discusión sobre el PAM no se limitó a su programa: alcanzó a la relación entre los partidos y el poder estatal.

Tras perder unas elecciones parciales en 2008, la formación reforzó su implantación local y obtuvo un resultado destacado en las municipales de 2009. Consiguió el 18,72% de los votos y el 21,7% de los concejales, por delante de sus rivales en el cómputo nacional. Sin embargo, su rendimiento fue menos contundente en las grandes ciudades, donde el PJD tenía una base más sólida. El crecimiento del PAM demostró que podía competir por el poder electoral, pero no despejó la pregunta sobre su autonomía respecto del entorno palaciego.

El contexto explica parte de esa desconfianza. Desde la llegada de Mohamed VI al trono en 1999, la política marroquí había combinado periodos de apertura con un sistema en el que la monarquía conservaba la posición dominante. La experiencia de alternancia encabezada por el socialista Abderramán Youssoufi había creado expectativas, pero las limitaciones del Gobierno y el peso de los ministerios bajo influencia real redujeron su margen de acción. A la vez, el PJD creció como una oposición disciplinada y con implantación urbana. En ese escenario, la aparición de un partido con vínculos percibidos con el Palacio modificó la competencia, pero no la estructura que la condicionaba.

Las urnas alternan partidos, pero no despejan el desequilibrio

En las elecciones legislativas de noviembre de 2011, el PJD quedó en primer lugar y Abdelilah Benkirán pasó a encabezar el Gobierno. La formación obtuvo 47 de los 395 escaños, frente a los 102 que conseguiría el PAM en 2016. La victoria islamista fue relevante porque confirmó que una fuerza opositora podía ganar las elecciones y dirigir el Ejecutivo. Pero el PJD no tenía mayoría absoluta y necesitó pactar con otros partidos, una dinámica habitual en un Parlamento fragmentado.

La competencia entre el PAM y el PJD se hizo especialmente visible en los comicios de 2015 y 2016. En las elecciones locales de 2015, el PAM consiguió el mayor número de escaños municipales, aunque el PJD obtuvo más votos y dominó en varias ciudades grandes. El PAM se apoyó con más fuerza en zonas rurales, mientras el PJD consolidaba su presencia urbana. El sistema electoral y la distribución territorial de los apoyos hicieron que el orden de los partidos variara según se midieran votos o representantes. Ganar escaños no siempre equivalía a reunir más votos ni a contar con una mayoría social clara.

En las legislativas de 2016, el PJD volvió a imponerse y logró 125 escaños, mientras el PAM quedó segundo con 102. La campaña estuvo marcada por una polarización entre el discurso islamista moderado del PJD y la propuesta liberal y secular del PAM. La disputa también enfrentó dos relatos sobre el país: para el PAM, la división principal pasaba por la modernización y el conservadurismo; para Benkirán y sus aliados, el problema era quién controlaba realmente las decisiones, el Gobierno elegido o los poderes fácticos.

El resultado volvió a mostrar los límites de la estrategia del PAM como alternativa capaz de desplazar al PJD. Aunque era una fuerza parlamentaria importante, las derrotas de 2011 y 2016 debilitaron su credibilidad como partido destinado a gobernar. Tras los comicios de 2016 asumió un papel de oposición, pero su imagen de organización cercana a la administración y al entorno palaciego siguió siendo una carga. La polarización electoral no eliminó la sospecha de que la competencia se desarrollaba dentro de márgenes definidos desde fuera de las urnas.

El cambio electoral de 2021 dispersó aún más los escaños

La reforma electoral aprobada en marzo de 2021 alteró las reglas pocos meses antes de las elecciones del 8 de septiembre. Una de sus modificaciones principales fue cambiar el cálculo del cociente electoral: dejó de tomar como referencia los votos válidos emitidos por las candidaturas y pasó a calcularse a partir del número de electores inscritos. Al elevar el cociente, el nuevo método hizo más difícil que un partido concentrara varios escaños en una misma circunscripción. También se eliminó el umbral electoral del 3%.

La Cámara de Representantes distribuye sus 395 escaños en dos tipos de circunscripción: 305 se eligen en 92 circunscripciones locales y 90 en 12 regionales. En las locales, la mayoría de las circunscripciones tiene pocos escaños, mientras las regionales permiten que entren más formaciones. Con el nuevo cálculo y la supresión del umbral, la representación se repartió todavía más: los partidos punteros compitieron por los escaños locales y varios grupos pequeños obtuvieron presencia en las listas regionales. El efecto central fue dificultar la formación de una mayoría amplia y reforzar la fragmentación parlamentaria.

La reforma también reorganizó la representación reservada a las mujeres. Desapareció la antigua circunscripción nacional que incluía cuotas para mujeres y jóvenes menores de 40 años, y se estableció que las candidaturas regionales situaran a mujeres en los dos primeros puestos. En la práctica, las 90 personas elegidas por esas circunscripciones fueron mujeres; otras seis resultaron electas en circunscripciones locales. El resultado elevó la presencia femenina, aunque el acceso a un escaño no garantiza por sí mismo una influencia equivalente en las decisiones del partido o del Gobierno.

El cambio en el cociente fue criticado por el PJD, que perdió el Gobierno y vio reducirse con fuerza su representación. La reforma contribuyó a ese resultado al distribuir los escaños de manera distinta, pero no explica por sí sola el retroceso: también influyeron el desgaste político y la pérdida de apoyo electoral. Separar ambos factores importa, porque atribuir todo a la fórmula electoral borraría el comportamiento de los votantes, mientras ignorarla ocultaría que las reglas pueden transformar el modo en que los votos se convierten en escaños.

Qué dicen los resultados y qué no pueden demostrar

En 2021, el Reagrupamiento Nacional de Independientes (RNI) quedó primero y formó una coalición con el PAM y el histórico Istiqlal. El PAM obtuvo 87 de los 395 escaños y 1.385.230 votos, el 18,30% del total indicado en los resultados disponibles. En 2016 había logrado 102 escaños y en 2011, 47. La evolución confirma que la formación se consolidó como uno de los partidos principales, aunque no llegó a convertirse en la fuerza dominante que sus promotores parecían buscar en sus primeros años.

Los tres partidos que integraron el nuevo Gobierno reflejaron una alianza entre formaciones de perfiles diferentes, más que una victoria ideológica única. El RNI aportó la jefatura de Gobierno, el PAM mantuvo un peso parlamentario considerable y el Istiqlal sumó su trayectoria nacionalista. Esa combinación es coherente con un sistema en el que las coaliciones son necesarias, pero también puede diluir la responsabilidad política: cuando varias fuerzas gobiernan juntas, resulta más difícil atribuir a una sola formación el rumbo de las decisiones.

La participación es otro indicador que requiere contexto. En 2021 se comunicó una tasa del 50%, calculada sobre los electores inscritos, cuyo número era de 17,9 millones. Esa cifra no equivale al porcentaje de toda la población con edad para votar: las estimaciones citadas para el conjunto de potenciales electores rondaban los 25 millones, y el registro marroquí depende de la inscripción voluntaria. Por ello, la participación oficial no mide por sí sola el grado de implicación de toda la ciudadanía. La diferencia entre población habilitada e inscritos también deja fuera del recuento a personas que no se incorporaron al censo.

La celebración conjunta de elecciones legislativas, regionales y locales buscó dar más atractivo a la jornada electoral, y la participación oficial superó la registrada en 2016. Pero las cifras no resuelven la cuestión de la confianza. El desinterés, el voto nulo o en blanco y las diferencias entre grandes ciudades y zonas rurales pueden expresar realidades distintas, y no conviene resumirlas en una sola explicación. La fragmentación parlamentaria, por su parte, puede ofrecer una imagen de pluralidad y al mismo tiempo limitar la capacidad de los partidos para fijar una agenda independiente.

Una transición que sigue abierta

La transformación de 2011 no fue irrelevante: modificó la Constitución, reforzó formalmente al jefe del Gobierno, amplió derechos y reguló de otra manera la vida de los partidos. También permitió que la victoria electoral del PJD se tradujera en la dirección del Ejecutivo y que sucesivas elecciones reordenaran el equilibrio entre las principales fuerzas. Reducir ese proceso a una mera operación cosmética dejaría fuera cambios institucionales reales y la competencia que se produce en las urnas.

Pero esos avances convivieron con la continuidad de una monarquía dotada de poderes efectivos, gobiernos de coalición con margen limitado y reglas electorales que tienden a repartir los escaños entre numerosas formaciones. El caso del PAM resume esa ambivalencia: nació con una imagen de modernización y capacidad de organización, se convirtió rápidamente en un actor central y luego encontró dificultades para desprenderse de la percepción de cercanía al Palacio. Su recorrido también muestra que la fuerza electoral de un partido no basta para aclarar quién controla las decisiones estratégicas del Estado.

El debate sobre la democratización marroquí, por tanto, no se cierra con una Constitución reformada ni con el relevo de una coalición por otra. La cuestión decisiva es cuánto pueden influir el Parlamento y el Gobierno en las políticas públicas y hasta dónde llega la rendición de cuentas de quienes ejercen el poder. Mientras la competencia electoral siga desarrollándose junto a una Corona que conserva resortes determinantes, Marruecos avanzará mediante cambios parciales, pero la distancia entre representación y capacidad efectiva de decisión seguirá marcando el rumbo de su transición.