¿Qué dirán hoy el novio de Ayuso y su jefe ante el Supremo?

Jornada clave en el Supremo: González Amador y Miguel Ángel Rodríguez declaran en juicio a García Ortiz, por un correo filtrado en la causa.

El Tribunal Supremo afronta la segunda jornada del juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, con dos testigos que concentran el interés político y judicial del caso: Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de la dirigente autonómica. Sus comparecencias buscan despejar el origen y la difusión de un correo electrónico que, según la acusación, fue revelado indebidamente desde la cúpula del Ministerio Público y que contenía el reconocimiento de dos delitos fiscales en un intento de conformidad penal.

Lo esencial del día se resume en tres vectores: qué consideran secreto los magistrados respecto al contenido de ese correo del abogado Carlos Neira, cómo reconstruyen la cadena de custodia quienes intervinieron en su recepción y manejo dentro de la Fiscalía, y qué credibilidad otorga la Sala a los relatos cruzados que circularon en medios y chats profesionales sobre un supuesto pacto ofrecido por la Fiscalía y, más tarde, “retirado por órdenes de arriba”. Sobre la mesa, peticiones de entre cuatro y seis años de prisión para García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, y un listón institucional alto: la reputación y el funcionamiento interno de la Fiscalía.

El mapa del juicio: qué se juzga y por qué

La causa pivota sobre un punto muy concreto: si desde el entorno del fiscal general se difundió a terceros el contenido de un mensaje que solo debía circular por vías procesales. Ese mensaje —un correo remitido por el letrado de González Amador— explicitaba que, en nombre del cliente, se admitían dos delitos contra la Hacienda Pública y se exploraba un acuerdo con el fiscal instructor. La acusación sostiene que esa comunicación era reservada y que su divulgación vulneró el bien jurídico del secreto. La defensa replica que no hubo filtración, que el correo se envió a un buzón institucional y que no contenía secretos en sentido penal, pues era parte del tráfico habitual para negociar una conformidad.

El juicio arrancó con tono inédito. Por un lado, la Abogacía del Estado cuestionó la instrucción del magistrado que investigó los hechos, calificando de invasivas algunas diligencias tecnológicas, como búsquedas y aprehensiones masivas de datos en equipos de trabajo. Por otro, la propia Fiscalía del Supremo mostró sintonía en varios reparos técnicos. Enfrente, las acusaciones —incluida la particular impulsada por el propio González Amador— insisten en que hay indicios convergentes: coincidencias temporales, comunicaciones cruzadas y la narrativa pública sobre la oferta de pacto atribuida a la Fiscalía.

La Sala debe contestar dos preguntas jurídicas de fondo: ¿existía un secreto protegido en ese correo? y, si la respuesta es sí, ¿hubo revelación imputable al acusado? En derecho penal, la tipicidad exige que el contenido sea verdaderamente reservado y que la difusión no autorizada traspase el ámbito debido. No bastan las sospechas ni las conclusiones mediáticas: hace falta prueba de origen y trazabilidad.

Los testimonios clave de hoy: González Amador y Rodríguez

La atención se concentra en las intervenciones vespertinas. Alberto González Amador comparece con una doble condición difícil de separar en lo mediático: es acusación particular en este procedimiento —por la presunta revelación del correo— y, al mismo tiempo, procesado en una causa distinta por un presunto fraude de 350.951 euros a Hacienda e investigado por corrupción en los negocios. Lo que diga hoy sobre qué autorizó a su abogado, qué entendía que se estaba negociando y qué expectativas tenía sobre la discreción del intercambio resulta crucial para delimitar la naturaleza del mensaje. En instrucción quedó reflejado que, ante el dilema entre litigar y buscar un acuerdo, pidió a su defensa lo “más rápido y sin ruido”, para que el asunto pasara lo más desapercibido posible. Esa frase gravita, porque dibuja una voluntad de conformidad que después se vio sumergida en un torbellino político.

A renglón seguido debe declarar Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña. Su papel comunicativo está bajo la lupa por un episodio ya conocido: envió a periodistas un mensaje en el que atribuía la iniciativa del pacto a la Fiscalía y aseguraba que se había retirado por “órdenes de arriba”. Posteriormente, ante el juez, admitió que aquello no fue información contrastada, sino una deducción, algo que pudo “intuir, colegir, adivinar”, incluso con la ironía de su “pelo blanco” como bandera de experiencia. Esa admisión será examinada por los siete magistrados del tribunal, porque encaja en el corazón de la disputa: si hubo una construcción de relato que perjudicaba a la Fiscalía con base en premisas falsas.

La declaración de Rodríguez no solo talla su credibilidad personal. También impacta en la valoración del daño que pudieron causar mensajes difundidos como hechos, cuando —según su propia versión— nacieron como inferencias. Para la Fiscalía y la Abogacía del Estado, ese circuito alimentó una imagen distorsionada del Ministerio Público y generó un clima de sospecha en torno a la supuesta oferta de pacto. Para la defensa de García Ortiz, en cambio, el epicentro está en demostrar que desde la cúpula no se traspasó información sensible y que el debate mediático no prueba una revelación penalmente relevante.

La sesión de la mañana: quienes manejan la comunicación institucional

Antes de las testificales estrella, el Supremo escucha a responsables de comunicación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Madrid, así como a dos fiscales con implicación directa. Son piezas técnicas, menos vistosas, pero estratégicas. Los jefes de prensa pueden aclarar protocolos de recepción de consultas y difusión de notas, reglas internas para manejar información procesal sensible y límites de esa comunicación cuando la materia versa sobre negociaciones de conformidad. No se trata de una oficina de prensa cualquiera: la Fiscalía maneja datos íntimos de procedimientos penales, con lo que el umbral de confidencialidad suele ser alto y la cautela, obligatoria.

En paralelo, declaran Esmeralda Rasillo, fiscal de Sala y jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, y Diego Lucas, fiscal que asumió la investigación de González Amador tras la salida del caso del fiscal Julián Salto. Ambos pueden situar fechas, circuitos internos y decisiones que ayudarán a la Sala a montar la cronología del famoso correo. Si el tribunal considera creíble y consistente la cadena de custodia —quién lo recibió, quién lo leyó, quién lo reenviaba y con qué instrucciones—, el debate penal sobre si hubo revelación dará un salto cualitativo.

Claves jurídicas: revelación de secretos, cadena de custodia y pactos de conformidad

Para entender el alcance penal del caso conviene fijar conceptos. El delito de revelación de secretos protege la confidencialidad de ciertos contenidos cuando quien los custodia por razón de su cargo los difunde a terceros sin habilitación. No basta con que la información sea delicada o de interés público; el tipo exige que esté legalmente amparada por un secreto y que exista una acción de revelación. En funcionarios públicos, el reproche se agrava si se acredita una quiebra del deber de reserva. ¿Encaja aquí un correo de un abogado proponiendo una conformidad? En muchos procedimientos, esas comunicaciones se tratan como intercambios procesales normales y no se ventilan fuera del expediente, pero su naturaleza “secreta” depende del contexto y del contenido.

La cadena de custodia es el otro pilar. Si se demuestra que el correo entró por un buzón oficial, quedó registrado y fue gestionado conforme a protocolos ordinarios, la defensa ganaría terreno al sostener que no hubo tratamiento privilegiado ni filtración. Si, por el contrario, las pruebas señalan accesos atípicos, reenvíos fuera de los cauces y divulgación externa, el relato acusatorio se reforzaría. En esta fase, las periciales tecnológicas suelen ser decisivas: metadatos, logs de acceso, copias de seguridad, borrados o faltas de rastro pueden apuntalar o hundir una teoría.

Por último, la conformidad penal. En España, la posibilidad de que un investigado admita hechos a cambio de una pena menor y de evitar juicio se ha integrado como instrumento de eficiencia del sistema. No es un cheque en blanco; exige aceptación judicial, adecuación de penas y coherencia con la gravedad del delito. Pero, en la práctica, abogados y fiscales intercambian posiciones y borradores que rara vez se airean. El tribunal deberá valorar si esa zona de intercambio debe reputarse secreta y, en tal caso, si alguien la rompió.

Cronología y contexto del correo que lo cambió todo

El abogado Carlos Neira envió el correo que ha quedado en el centro del huracán. En él, en nombre de González Amador, reconocía dos delitos fiscales y sondeaba vías para una conformidad. Por sí solo, ese dato no incrimina a nadie fuera del propio expediente, pero el valor del documento en el tráfico procesal es enorme: fija posiciones, abre negociaciones y, si se filtra, condiciona la opinión pública y el derecho de defensa. La discusión jurídica, y política, ha girado desde entonces sobre dos ejes: si ese correo era material reservado y, de haber circulado fuera, quién y cómo lo hizo.

La instrucción ha dejado, además, pinceladas que ayudan a entender la sismografía del caso. En sede judicial, González Amador explicó que, ante la disyuntiva entre litigar o acordar, pidió a su abogado actuar “sin ruido”, buscando la vía más rápida. Esa frase encaja con una estrategia de daño mínimo: cerrar el frente penal con el impacto público más controlado posible. El plan saltó por los aires cuando el contenido del intercambio trascendió y se mezcló con un relato mediático que atribuía a la Fiscalía la iniciativa y, luego, la retirada del supuesto pacto por “órdenes de arriba”. Esa atribución —difundida por Miguel Ángel Rodríguez en un mensaje a periodistas, como él mismo admitió— es una de las piezas que la Sala quiere recolocar hoy a la luz de las declaraciones.

Las testificales de la sesión matutina ayudan a encajar dos preguntas prácticas: qué canales se usaron para recibir y tramitar el correo, y qué protocolos rigen la información sensible en la Fiscalía. Si el tribunal constata que todo discurrió por cauces preestablecidos sin excepciones, le será más difícil a las acusaciones fijar una acción concreta de revelación. Si aparecen anomalías razonables, el cuadro cambia.

Impacto institucional y político: la Fiscalía, la comunicación y el relato

Más allá de la suerte procesal de García Ortiz, este juicio interroga a la institución que sostiene acusaciones penales en nombre del Estado. Una condena por revelación de secretos contra su máximo responsable supondría un golpe reputacional severo y abriría una revisión de protocolos internos de comunicación. Una absolución con reproches a la instrucción —por diligencias excesivas o por ausencia de prueba directa— reforzaría el mensaje de que el ruido mediático no convierte, por sí solo, en delito una cadena de rumores.

También se somete al microscopio la comunicación institucional en causas de alto perfil. La Fiscalía emite a menudo notas y aclaraciones para impedir interpretaciones sesgadas. Pero la línea entre transparencia y revelación es fina cuando lo que está en juego son negociaciones con imputados. La diversidad de fuentes —abogados, gabinetes, periodistas, cargos políticos— complica el mapa. La admisión de Rodríguez sobre cómo dedujo —y difundió— una versión de los hechos tensó a la institución y alimentó acusaciones de bulos. La Sala va a escuchar su voz directa, no para juzgar propaganda, sino para ubicar hechos verificables.

La política pesa. La presencia en el plenario de la pareja y el jefe de gabinete de una presidenta autonómica es un factor innegable, aunque no todo lo político sea penalmente relevante. La imagen de instituciones cruzadas —Gobierno regional, Fiscalía, Supremo— agrava la percepción de que el caso es un choque de poder. De fondo, la discusión sobre si un correo de conformidad debe considerarse secreto o no generará, a partir de esta sentencia, una doctrina práctica para el trabajo diario de fiscales y abogados.

Lo que aportan los fiscales citados y la Unidad de Apoyo

La intervención de Esmeralda Rasillo, al frente de la Unidad de Apoyo de la FGE, puede perfilar los flujos internos de información: cómo se registran los documentos que entran, quién autoriza su circulación, con qué criterios se comunican decisiones a la prensa y en qué casos se opta por el silencio. En paralelo, el fiscal Diego Lucas aporta la perspectiva técnica del procedimiento original contra González Amador: cuándo llegó el correo, qué uso procesal se hizo de él, qué efectos tuvo sobre la investigación, si hubo intercambios adicionales y quiénes los conocieron.

Importa, y mucho, la terminología que utilicen ante el tribunal. Si definen el correo de Neira como una “propuesta de conformidad” sujeta a reserva funcional, el debate se inclina hacia si esa reserva equivale a secreto penal. Si lo ubican dentro del funcionamiento ordinario de un caso —un input más, sin tratamiento de confidencialidad reforzada—, la acusación lo tendrá más difícil. Es ahí donde la Sala puede pedir a los comparecientes que aterricen protocolos, no meras opiniones.

Qué pesará de verdad cuando lleguen las conclusiones

La Sala evaluará prueba pericial, declaraciones, cronogramas y documentación. Pero hay elementos que, por experiencia, suelen pesar al redactar una sentencia en casos de revelación. Primero, la coherencia interna del relato: si el paso de la información puede reconstruirse con hitos verificables (entrada, acceso, reenvío, salida), el tribunal dispondrá de un esqueleto probatorio. Segundo, la existencia o inexistencia de alternativas de filtración: cuando una información circula por múltiples canales y personas, atribuir la revelación a una sola fuente sin prueba directa es arriesgado. Tercero, la calificación de la materia: no todo lo reservado administrativamente es secreto penal.

Al otro lado de la balanza, la admisión de Rodríguez sobre el origen inferido de su mensaje a periodistas actúa como una pieza de contexto relevante. Si el tribunal considera que esa cadena de mensajes montó un relato falaz —y que ese relato se alimentó de segmentos de información que solo podían provenir de determinados despachos—, el análisis podría girar. Pero el estándar penal exige algo más que coincidencias; exige certezas razonables.

Tiempos del proceso y expectativas realistas

El calendario fijado para la vista apunta a dos semanas de sesiones, con un bloque fuerte de testigos en la primera y un cierre con peritos y conclusiones en la segunda. Hoy, en ese guion, funciona como termómetro: si las declaraciones de González Amador y Rodríguez encajan bien con los registros y anotaciones internas, el juicio ganará claridad. Si, por el contrario, abren nuevas dudas o se contradicen con documentos, el tribunal puede ensanchar el foco y pedir precisiones adicionales.

En cualquier caso, la sentencia no despejará solo el horizonte de García Ortiz. Marcará criterios prácticos para los gabinetes de prensa de órganos judiciales y fiscales, y para los despachos que gestionan acuerdos de conformidad. A partir de lo que se resuelva, veremos más sigilo documental, cintas más estrictas para el manejo de correos y archivos, y quizá un replanteamiento del lenguaje que se utiliza en las propuestas.

Un juicio con nombres propios, números concretos y un correo en el centro

Aunque la vista se ha cargado de significado político, conviene no perder de vista los datos que hacen avanzar la historia. Existe un correo firmado por un abogado, que reconoce dos delitos fiscales y explora vías de conformidad para su cliente. Existen mensajes que atribuyen a la Fiscalía la oferta de ese pacto y su retirada por órdenes superiores, difundidos por el jefe de gabinete de una presidenta autonómica, que después admitió su carácter no informativo, sino deductivo. Existen diligencias que han puesto bajo microscopio la intrahistoria de cómo circulan los documentos en la Fiscalía. Y, finalmente, existen peticiones de pena de cuatro a seis años para el fiscal general, algo sin precedentes recientes.

Todo lo demás —ruido, titulares, memes— cae alrededor. El trabajo del tribunal consistirá en decantar hechos y señalar responsabilidades. Para eso sirve la sala de vistas y no el plató. En ese marco, escuchar hoy a González Amador y a Rodríguez es vital: uno porque autorizó a su abogado a buscar la vía rápida y discreta; el otro porque difundió un relato que ahora matiza ante el juez. Las palabras que escojan, los silencios que mantengan y la precisión con la que sitúen fechas y actores serán diseccionados con lupa.

Mirada a la técnica: cómo pesa lo digital cuando todo pasa por un e-mail

En 2025 ningún gran caso escapa a la huella digital. Aquí, la pericial informática en torno al correo puede despejar incógnitas determinantes: registros de entrada, sellos de tiempo, encaminamiento dentro del sistema, permisos de acceso y eventuales borrados que, por sí solos, no prueban culpa, pero sí conductas. Si hay lagunas, el tribunal puede interpretarlas como deficiencias organizativas o como indicios. Si todo aparece encadenado y auditado, la tesis de la filtración sufrirá.

El ecosistema mediático añadió una capa: capturas, reenvíos y mensajes saltan con rapidez de una pantalla a otra. Rodríguez lo sabe y por eso su versión importa, tanto por lo que dijo a periodistas como por lo que reconoció después. Las defensas suelen subrayar que un bulo no es prueba de un delito cometido por un funcionario. Las acusaciones, por su parte, recuerdan que muchos bulos nacen de semillas de información veraz mal dosificada o descontextualizada. En medio, un tribunal que debe decidir sin ruido.

Qué queda por fijar tras la jornada de hoy

Al cierre de esta segunda jornada deberían quedar mejor alineados cinco hitos: la naturaleza del correo (propuesta formal de conformidad o documento reservado en sentido estricto), la cadena de custodia dentro de la Fiscalía, la credibilidad del relato difundido por Rodríguez, el alcance de la participación de González Amador en la decisión de buscar acuerdo, y el peso de las periciales para apuntalar una teoría u otra. No decidirán hoy, pero se notará si la balanza empieza a inclinarse.

Mientras tanto, la política hace su propio recorrido. Los partidos ya han fijado interpretaciones dispares del caso, usando los testimonios como munición dialéctica. Pero aquí lo que cuenta está en autos: fechas, correos, registros, mensajes, admisiones y protocolos. El resto, espuma.

Lo que marcará el camino en las próximas jornadas

Tras escuchar a González Amador y a Miguel Ángel Rodríguez, el Tribunal Supremo tendrá más elementos para decidir si en este caso hubo una revelación punible o si, por el contrario, lo que estalló fue un relato político construido sobre deducciones y ruidos alrededor de una propuesta de conformidad. La atención se desplazará entonces hacia los peritos tecnológicos y los mandos del Ministerio Público llamados a confirmar la trazabilidad de los documentos y a explicar procedimientos. De ese tramo saldrán las claves que determinen el fallo: si existió un secreto, quién lo quebró y cómo se probó.

La sentencia, cuando llegue, marcará doctrina práctica para fiscales, abogados y gabinetes institucionales. Si los magistrados entienden que un correo de conformidad debe considerarse secreto y ven prueba de difusión indebida desde la cúspide, el impacto en la Fiscalía será profundo, con protocolos más rígidos y un listón de reserva reforzado. Si concluyen que no hubo revelación y que la narrativa que rodeó al caso fue volátil y no probatoria, quedará una llamada a distinguir con más cuidado entre transparencia institucional y filtración, y a blindar los canales internos frente a ruidos externos.

En cualquier escenario, el caso habrá dejado una enseñanza: cómo gestiona una institución clave del Estado la presión informativa cuando un correo puede mover placas tectónicas. Y cómo una frase deducida a destiempo —esa de las “órdenes de arriba”— puede contaminar un debate que pide, precisamente, prueba y orden. El resto lo dirá el papel timbrado de la Sala.

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Este artículo se ha redactado con información contrastada y de última hora procedente de medios y organismos fiables. Fuentes consultadas: Agencia EFE, El País, RTVE, Europa Press, La Vanguardia, Reuters.