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¿Qué se sabe de José Bono, sus empresas y negocios en Dominicana?

Empresas, concesiones solares y relaciones políticas sitúan a José Bono bajo el foco por sus negocios en República Dominicana y sus vínculos.

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José Bono

Resumen

  • Bono creó cuatro sociedades y obtuvo la nacionalidad dominicana en 2020
  • Sus empresas compartieron sede con Medcap, beneficiaria de concesiones solares
  • No se ha probado que cobrara 146 millones ni que esté imputado en EEUU

José Bono ha regresado al centro de la actualidad por un reportaje de la televisión dominicana que examina sus sociedades en República Dominicana, sus relaciones empresariales y la coincidencia de varios domicilios mercantiles con una compañía beneficiaria de importantes concesiones energéticas. Una segunda información sostiene que autoridades de Estados Unidos estarían investigando posibles irregularidades en el país caribeño y que el nombre del exministro aparece bajo escrutinio.

Lo acreditado hasta el momento es bastante más concreto —y también más limitado— que algunos titulares. Bono obtuvo la nacionalidad dominicana en 2020, registró cuatro estructuras empresariales y una sociedad española vinculada a él declaró una participación valorada en más de medio millón de euros en una compañía dominicana. También está documentado que las empresas asociadas a su nombre compartieron dirección con Medcap Energy Caribe, promotora de dos grandes parques solares. No se ha demostrado públicamente, sin embargo, que Bono sea propietario de Medcap, que recibiera los 146 millones de dólares citados en las informaciones o que haya cometido un delito.

Ese matiz importa. Mucho. La palabra «entramado» corre por las portadas como una motocicleta sin silenciador; los documentos, en cambio, avanzan a pie y piden distinguir entre una relación empresarial, una coincidencia registral y una responsabilidad penal. Son cosas distintas, aunque en política a veces se sirvan en el mismo plato.

Bono es una de las figuras históricas del PSOE. Presidió Castilla-La Mancha entre 1983 y 2004, fue ministro de Defensa durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ocupó la presidencia del Congreso entre 2008 y 2011. Abogado de formación, lleva años apartado de la primera línea institucional, pero conserva contactos, notoriedad y una biografía política de peso. De ahí que sus movimientos privados despierten un interés que no tendría la tienda de ultramarinos de la esquina.

El reportaje dominicano que reabrió las sospechas

El origen inmediato de la polémica está en una investigación emitida por 55 Minutos con Julissa Céspedes, espacio del canal dominicano CDN. El programa reconstruyó las conexiones entre sociedades registradas por José Bono, empresarios españoles establecidos en Santo Domingo y varios proyectos de energía fotovoltaica autorizados por las instituciones dominicanas.

La emisión puso el foco en Medcap Energy Caribe, empresa vinculada al empresario valenciano Dimas de Andrés Puyol y al exdiputado socialista madrileño Juan Segovia. Este último, cercano a Bono según diferentes informaciones, figura relacionado con la compañía y con otras estructuras mercantiles creadas en República Dominicana durante el mismo periodo.

El programa también acudió a las direcciones registrales, trató de contactar con las empresas y solicitó documentación a organismos públicos. Sus periodistas aseguraron que no encontraron publicados los contratos completos de concesión en los portales consultados, aunque las resoluciones administrativas y las fichas básicas de los proyectos sí son accesibles en la web de la Comisión Nacional de Energía dominicana.

Ahí aparece una de las zonas grises. Que falte documentación pública relevante merece una explicación institucional; no equivale por sí solo a probar corrupción. La transparencia se mide precisamente cuando los papeles incómodos están al alcance de cualquiera, no cuando una administración invita al ciudadano a recorrer un laberinto tropical de ventanillas, teléfonos y formularios.

Lo documentado sobre Bono en República Dominicana

El presidente dominicano, Luis Abinader, concedió a José Bono la naturalización privilegiada mediante el decreto 517-20, firmado el 29 de septiembre de 2020 y publicado en la Gaceta Oficial del 2 de octubre. No se trató de una nacionalización clandestina ni descubierta en un cajón: existe un decreto público con nombre, fecha y firma presidencial.

Poco antes y después de aquella concesión fueron registradas cuatro denominaciones empresariales vinculadas a Bono: Sociedad Veleta, Teivelpir RD, Vetapir y Tiseck Group. Sus objetos declarados giraban alrededor de la consultoría, el asesoramiento empresarial, la gestión financiera, el desarrollo de negocios y determinadas operaciones inmobiliarias.

Constituir sociedades en otro país no constituye un delito. Tampoco lo es disponer de dos nacionalidades o prestar servicios de consultoría internacional. La cuestión relevante no está en la mera existencia de las empresas, sino en conocer su actividad real, sus clientes, sus ingresos, las operaciones desarrolladas y la posible intervención de contactos políticos en decisiones públicas.

Cuatro nombres empresariales y una cifra verificable

La conexión económica más clara aparece en Teivelpir RD. La sociedad española Tojsama 14, utilizada por Bono para inversiones, declaró en sus cuentas de 2024 una participación del 99,9% en esa compañía dominicana, valorada en 532.385,72 euros.

En el ejercicio anterior figuraba únicamente el coste de adquisición, de 1.487 euros. El aumento no significa necesariamente que aparecieran de repente más de 530.000 euros en una caja fuerte: responde a que las cuentas incorporaron una valoración de la participación que antes no estaba detallada. Aun así, el dato confirma que Teivelpir no era un simple rótulo decorativo colgado en una oficina de Santo Domingo.

Las cuatro estructuras compartieron domicilio en el edificio Centre One, situado en la avenida Mustafa Kemal Atatürk de la capital dominicana. En esa misma dirección aparecieron Medcap Energy Caribe y Atitlan, sociedad vinculada a Juan Segovia y al empresario dominicano Williams Alberto Jiménez Villafaña.

La coincidencia es significativa porque muestra proximidad administrativa, profesional o empresarial. Pero no permite saltar directamente a la conclusión de que todas las compañías pertenecían a las mismas personas o formaban una organización ilícita. En un edificio pueden convivir socios, asesores, clientes y completos desconocidos. También puede funcionar una oficina común. Lo sensato es mirar quién posee qué, quién factura a quién y quién toma las decisiones.

Medcap y los proyectos solares de 146 millones

Medcap Energy Caribe recibió concesiones definitivas para desarrollar Pimentel Energy y Las Parras Energy, dos instalaciones solares de gran tamaño. El proyecto de Pimentel fue autorizado en enero de 2024 con una potencia nominal de 119,6 megavatios y una duración de 25 años. Las Parras obtuvo su resolución en agosto del mismo año, también por 25 años, con 248,4 megavatios de potencia nominal.

Las cifras muestran proyectos industriales serios, no cuatro placas apoyadas contra una palmera. Sin embargo, conviene aclarar qué representan los 146,2 millones de dólares repetidos en los titulares. Esa cantidad ha sido presentada como inversión estimada de los desarrollos energéticos, especialmente del proyecto Pimentel; no como dinero entregado personalmente a José Bono ni como una transferencia pública acreditada a sus sociedades.

Una concesión energética autoriza a una empresa a construir y explotar una instalación bajo determinadas condiciones. No significa automáticamente que el Estado pague el coste total de la planta. La financiación, la venta posterior de electricidad, los contratos con agentes del mercado y los incentivos fiscales pertenecen a planos diferentes. Mezclarlos produce un titular aparatoso, sí, pero una fotografía económica bastante borrosa.

La dirección compartida no convierte a Bono en dueño

Los registros examinados por varios medios sitúan las sociedades vinculadas a Bono y a Medcap en la misma dirección. También comparten nombres del entorno empresarial y profesionales que participaron en trámites societarios o regulatorios. Es una conexión que merece ser explicada.

No consta, en cambio, que José Bono tenga participaciones en Medcap Energy Caribe. Tampoco que esta promotora sea propietaria de sus cuatro estructuras dominicanas. Vincular a una persona con un proyecto porque sus empresas comparten domicilio con la concesionaria puede abrir una línea de investigación, pero no sustituye el documento que acredite propiedad, control, cobros o instrucciones.

Ese es el agujero central de la historia. Hay cercanía, sociedades creadas en fechas próximas, una oficina común y relaciones personales conocidas. Falta demostrar el mecanismo mediante el cual Bono habría intervenido en las concesiones o se habría beneficiado de ellas. Sin ese puente, quedan dos orillas y muchas sospechas flotando en medio.

Las resoluciones públicas y los contratos reclamados

La Comisión Nacional de Energía publica las fichas de Pimentel Energy y Las Parras Energy, con el nombre de Medcap, la potencia autorizada, la fecha de resolución y el plazo de explotación. El reportaje dominicano asegura que solicitó los contratos completos de concesión definitiva y que estos no estaban disponibles en el portal institucional.

La diferencia entre resolución y contrato no es un capricho jurídico. La primera acredita la decisión administrativa; el segundo puede contener obligaciones, plazos, garantías, causas de extinción y condiciones económicas. Publicar solo una parte deja la ventana entreabierta. No demuestra que dentro haya un delito, pero tampoco ayuda a disipar el olor a habitación cerrada.

El reportaje recuperó, además, la participación de Bono en reuniones relacionadas con la reforma de la Policía Nacional dominicana. Existen imágenes y referencias públicas de aquellos contactos, mientras que la institución policial habría negado disponer de un contrato laboral o de asesoramiento formal con el exministro. Otra vez el mismo paisaje: actividad visible, encaje contractual poco claro.

La supuesta investigación de Estados Unidos

Vozpópuli publicó que autoridades estadounidenses impulsan una investigación sobre actividades presuntamente opacas de dirigentes y empresarios relacionados con el entorno del presidente Luis Abinader. Según fuentes no identificadas citadas por el periódico, José Bono aparecería en esas pesquisas y Washington podría plantearse presentar cargos si se consolidaran los indicios.

La formulación es condicional y debe conservarse así. La información no aporta una acusación presentada ante un tribunal estadounidense, un número de procedimiento, una resolución judicial o un comunicado del Departamento de Justicia. Tampoco identifica qué agencia dirige las diligencias ni qué conducta concreta se atribuiría a Bono.

Por tanto, afirmar sin más que Estados Unidos ha imputado a José Bono sería falso. Lo publicado sostiene que existirían averiguaciones reservadas y que su nombre habría aparecido durante ellas. Una investigación preliminar, en caso de existir, puede archivarse, ampliarse o acabar en cargos. Hasta que aparezca documentación oficial, la presunción de inocencia no es una cortesía estética, sino la frontera que separa la información del linchamiento.

La ausencia de confirmación pública tampoco prueba que las pesquisas sean inventadas. Las investigaciones internacionales sobre corrupción, blanqueo o narcotráfico suelen desarrollarse durante meses sin publicidad. El problema periodístico es más sencillo: hoy solo puede contarse lo que está respaldado por documentos y atribuir el resto a quien lo publica. Lo contrario sería vestir una hipótesis con toga de sentencia.

Entre los documentos firmes y las preguntas pendientes

El caso dominicano de José Bono reúne elementos objetivos: una nacionalidad concedida por decreto, cuatro estructuras empresariales, una participación valorada en 532.385 euros, domicilios compartidos y dos concesiones solares otorgadas a Medcap Energy Caribe. También reúne relaciones personales y profesionales que justifican preguntas sobre la verdadera actividad de las sociedades y el grado de intervención del exministro.

Lo que todavía no está probado es que Bono sea dueño de la concesionaria, que haya recibido los 146 millones citados, que las autorizaciones fueran ilegales o que exista una acusación penal estadounidense contra él. Conexión no significa culpabilidad, del mismo modo que la legalidad formal de una sociedad no garantiza que todos sus negocios sean impecables.

Las explicaciones deberían llegar por dos vías. Las autoridades dominicanas tendrían que publicar los contratos íntegros y aclarar el procedimiento seguido. Bono, por su parte, podría precisar qué servicios prestaron sus empresas, quiénes fueron sus clientes y qué relación económica mantuvo con los promotores energéticos. No es una exigencia judicial, sino una consecuencia bastante previsible de haber ocupado algunos de los cargos más importantes del Estado español.

Hasta entonces, el cuadro permanece incompleto. Hay trazos nítidos y zonas todavía en carboncillo. Conviene investigar las segundas sin borrar las primeras, porque la democracia liberal funciona peor cuando protege al poderoso con silencios, pero también cuando lo condena con insinuaciones. Entre ambas trampas queda el lugar menos vistoso y más útil: los hechos comprobables.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.