¿Por qué IU reta a PP y Vox a apoyar la nacionalidad de los saharauis?

Izquierda Unida quiere aprovechar el terremoto político provocado por la crisis de Ceuta para mover dos votos que, hasta hace poco, parecían bastante asentados. Su portavoz en el Congreso, Enrique Santiago, ha apelado al PP y, especialmente, a Vox para que el jueves 10 de septiembre respalden la proposición de ley de Sumar que facilita el acceso a la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española y a sus descendientes.

La invitación tiene una palabra poco habitual en el lenguaje jurídico y bastante más corriente en una sobremesa política: venganza. Santiago sostiene que quienes responsabilizan a Marruecos de la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta deberían demostrar su enfado apoyando una norma que Rabat observa con evidente incomodidad. El pasaporte español convertido, de pronto, en pieza del tablero diplomático.

No significa, sin embargo, que PP y Vox hayan cambiado ya de posición. El Partido Popular se abstuvo cuando la Comisión de Justicia aprobó el dictamen el 23 de julio, mientras que Vox votó en contra. Tampoco la votación del jueves convertirá inmediatamente la proposición en ley: si supera el Pleno del Congreso, deberá continuar su tramitación en el Senado.

IU convierte la crisis con Marruecos en presión sobre PP y Vox

Santiago ha elevado el tono justo cuando las relaciones con Marruecos vuelven a ocupar el centro de la política española. Su argumento es sencillo, aunque deliberadamente provocador: si PP y Vox creen que Rabat estuvo detrás de la crisis fronteriza de Ceuta, apoyar la nacionalidad española para los saharauis sería una forma de responder políticamente al reino alauí.

La elección del momento no es inocente. Un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía sobre las entradas de los días 30 y 31 de julio describe un movimiento planificado y no espontáneo y señala actuaciones de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes. El documento habla de permisividad y de guiado de migrantes hacia determinados puntos de la frontera.

Eso no equivale, al menos con la información conocida, a demostrar que el Gobierno marroquí ordenara la operación. El Ejecutivo español ha pedido cautela y la propia controversia sobre el informe muestra hasta qué punto conviene separar las conclusiones policiales de las interpretaciones partidistas. Hay investigación; sentencia diplomática, todavía no.

La votación llega el 10 de septiembre

El Pleno del Congreso tiene previsto debatir el jueves 10 de septiembre el dictamen de la proposición impulsada por Sumar. La Comisión de Justicia lo aprobó en julio por 19 votos a favor, tres en contra y 15 abstenciones.

El recorrido parlamentario ha sido largo, con giros llamativos. El Congreso tomó en consideración la iniciativa en febrero de 2025 por 195 votos a favor, 116 en contra y 33 abstenciones. El PSOE se opuso entonces, pero posteriormente modificó su posición y terminó respaldando el dictamen. El PP recorrió el camino inverso parcialmente: apoyó que comenzara la tramitación, aunque acabó absteniéndose en comisión.

Así que la fotografía política no es precisamente una línea recta. En el Sáhara pocas cosas lo son. La votación permitirá comprobar si la nueva tensión con Marruecos modifica realmente alguna posición o si la apelación de IU queda en una maniobra parlamentaria con más pólvora verbal que consecuencias numéricas.

Qué cambia realmente la ley para los saharauis

El texto pretende conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el territorio del Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, incluso aunque no residan legalmente en España.

La fecha es importante. El proyecto conecta ese límite con el procedimiento abierto por España después de abandonar el territorio. Un real decreto de 1976 permitió a determinados naturales del Sáhara optar por la nacionalidad española durante un plazo de un año, pero el propio texto parlamentario recuerda que España ya se había retirado y que ejercer aquella opción resultó, en muchos casos, materialmente imposible.

La nueva regulación trata de reparar esa situación mediante un procedimiento específico. No concede automáticamente un pasaporte a cualquier persona que se declare saharaui. Hay que solicitar la nacionalidad, acreditar la vinculación exigida y superar el procedimiento administrativo correspondiente.

Quiénes podrían beneficiarse y qué documentos se admitirían

El grupo principal lo forman las personas saharauis nacidas en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977. Sus hijos también aparecen en la norma, aunque a través de un mecanismo distinto: los descendientes en primer grado podrán optar a la nacionalidad cuando uno de sus progenitores la haya adquirido conforme a esta ley.

Dispondrán de cinco años desde la inscripción del progenitor en el Registro Civil para ejercer esa opción. El dictamen incorpora, además, otra modificación de peso: los saharauis pasarían a formar parte de los colectivos a los que el Código Civil permite solicitar la nacionalidad después de dos años de residencia legal, un régimen semejante al previsto para nacionales de países iberoamericanos, Portugal, Andorra, Filipinas o Guinea Ecuatorial y para las personas de origen sefardí.

Para demostrar que una persona nació en el Sáhara Occidental dentro del periodo previsto, el texto admite documentación como un antiguo DNI español, certificados de nacimiento, libros de familia, documentación de empleados públicos expedida por la Administración española o acreditaciones relacionadas con el censo del referéndum del Sáhara Occidental autenticadas por Naciones Unidas.

También permite valorar conjuntamente otros documentos: certificados escolares, pensiones, documentación sanitaria o un permiso de conducir español, entre otros registros administrativos. Este último bloque ha provocado uno de los choques más ásperos con el PP, que ha cuestionado que determinadas pruebas puedan acreditar suficientemente una circunstancia de tanta trascendencia jurídica.

Sumar y los defensores del texto sostienen que esas pruebas no deben interpretarse de forma aislada, sino dentro del conjunto documental. La solicitud sería gratuita y tendría que presentarse durante los tres años posteriores a la entrada en vigor de la ley, con posibilidad de una prórroga adicional de un año. La norma entraría en vigor cuatro meses después de su publicación en el BOE, siempre que antes complete todo el recorrido parlamentario.

Por qué PP y Vox ponen reparos a la propuesta

El PP no rechaza que exista un vínculo histórico especial entre España y el pueblo saharaui. De hecho, votó a favor de tramitar la iniciativa. Su desacuerdo se concentra en la fórmula jurídica elegida, el alcance colectivo de la carta de naturaleza y las garantías documentales previstas.

Los populares sostienen que la carta de naturaleza está concebida tradicionalmente para circunstancias excepcionales individualizadas y han defendido otras vías para reconocer el vínculo de los saharauis con España. La diferencia parece jurídica, pero tiene una evidente lectura política: nadie quiere aparecer cerrando la puerta al Sáhara Occidental, aunque tampoco todos quieren abrirla de la misma manera.

Vox ha sido más contundente. En la Comisión de Justicia votó contra el dictamen y cuestionó tanto el mecanismo empleado como sus posibles efectos migratorios y geopolíticos. Su portavoz, Carlos Flores, argumentó que una concesión de carácter amplio desnaturalizaría la carta de naturaleza y advirtió de posibles problemas para verificar documentos y determinar quién cumple realmente los requisitos.

Ahí entra el desafío de Santiago. IU pretende que la tensión con Rabat empuje a Vox a revisar ese voto y que el PP abandone la abstención. En otras palabras: llevar al hemiciclo la contradicción entre la dureza verbal contra Marruecos y el rechazo o las reservas ante una medida que refuerza jurídicamente los vínculos de España con el pueblo saharaui.

Ceuta devuelve el Sáhara al corazón de la política española

La maniobra llega en uno de los momentos más delicados de la relación bilateral. La entrada masiva registrada en Ceuta a finales de julio ha reabierto un debate conocido: hasta dónde llega la cooperación fronteriza con Marruecos y qué ocurre cuando esa cooperación falla, o cuando existen sospechas de algo más que un fallo.

El Sáhara añade otra capa. Desde 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez considera el plan marroquí de autonomía presentado en 2007 como la propuesta más seria, creíble y realista para resolver el conflicto, una modificación sustancial respecto a la tradicional posición española. Ese movimiento acercó a Madrid y Rabat, pero produjo una fuerte contestación política dentro de España y entre los socios parlamentarios del PSOE.

La nacionalidad saharaui toca exactamente esa cicatriz. Para sus promotores no se trata de castigar a Marruecos, sino de reconocer una responsabilidad histórica de España hacia quienes vivieron bajo su administración. Santiago, sin embargo, ha decidido introducir la variable marroquí de forma explícita. La política rara vez desperdicia una coincidencia útil.

También recordó que sectores nacionalistas marroquíes han interpretado negativamente la posibilidad de conceder la nacionalidad española a antiguos habitantes del Sáhara y sus descendientes. Desde IU se replica que la medida no está dirigida contra Marruecos: pretende reparar las consecuencias del abandono español del territorio y de un proceso de descolonización que medio siglo después continúa sin solución definitiva.

Medio siglo después, el Sáhara vuelve a dividir al Congreso

La votación del 10 de septiembre tendrá una lectura que desborda ampliamente el Código Civil. Sobre la mesa estarán la nacionalidad de los saharauis, la relación de España con Marruecos, el giro diplomático de 2022, la crisis de Ceuta y las posiciones cambiantes de PSOE y PP durante una tramitación que se ha prolongado durante años.

IU intenta convertir todos esos elementos en una sola presión política: obligar a PP y Vox a decidir si su enfrentamiento con Marruecos pesa más que sus objeciones al proyecto de Sumar. La palabra venganza sirve para el titular y para calentar el hemiciclo; jurídicamente, claro, las leyes deberían sobrevivir a cosas bastante más serias que un enfado entre vecinos.

El resultado del Congreso será importante, pero no será todavía el último capítulo. Si la mayoría respalda el dictamen, el texto continuará hacia el Senado, donde podrá ser aprobado, enmendado o vetado antes de completar definitivamente su recorrido.

Detrás del ruido partidista queda una cuestión menos estridente y bastante más antigua: qué relación jurídica mantiene España con las personas que nacieron en un territorio que administró durante décadas y abandonó en 1976. Cincuenta años después, esa factura histórica sigue llegando al Congreso.