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¿Cuánto cobra Moreno Bonilla y por qué crece la cúpula de la Junta?
Moreno Bonilla supera los 92.000 euros de sueldo mientras crece la cúpula de la Junta. Las cifras reabren el debate sobre el gasto político.

Juan Manuel Moreno Bonilla cobra en 2026 92.208,84 euros brutos al año como presidente de la Junta de Andalucía, una cantidad fijada para doce mensualidades y a la que, en su caso, puede añadirse la antigüedad que legalmente corresponda. La cifra ha vuelto al centro del debate político después de que varias publicaciones hayan destacado que supone un 39,22% más que los 66.230,16 euros que percibía Susana Díaz al final de su etapa como presidenta.
Hay, sin embargo, un matiz bastante menos vistoso que el porcentaje pero mucho más importante: ese 39,22% no es la subida salarial que Moreno Bonilla se haya aplicado desde que llegó al poder. La comparación enfrenta su sueldo actual con el último de su antecesora. Cuando Moreno comenzó su etapa en la Junta, en 2019, su retribución anual estaba en 67.886,04 euros. Desde aquella cantidad hasta los actuales 92.208,84 euros el incremento es de aproximadamente un 35,8%, unos 24.323 euros anuales más.
No es precisamente calderilla. Tampoco conviene retorcer la calculadora hasta que confiese algo que no ha ocurrido. La aritmética, por fortuna, todavía no milita en ningún partido.
Moreno Bonilla cobra 92.208 euros al año: de dónde sale la cifra
La remuneración presidencial no procede simplemente de que el presidente decida una mañana cuánto desea cobrar. Desde la reforma aprobada a finales de 2023, las retribuciones de los altos cargos andaluces siguen un sistema de equivalencias ligado a las cantidades establecidas en el Parlamento de Andalucía.
Para 2026, la cantidad oficial asignada a la Presidencia de la Junta quedó fijada en 92.208,84 euros anuales, sin pagas extraordinarias y distribuida en doce mensualidades, dejando aparte la antigüedad que pudiera corresponder.
El recorrido resulta llamativo porque Moreno llegó a San Telmo en enero de 2019 y aquel año su remuneración quedó alrededor de los 67.886 euros. La distancia hasta 2026 supera los 24.000 euros. Parte de ella procede de las actualizaciones generales de las remuneraciones públicas y otra parte de la reforma del sistema retributivo de los altos cargos aprobada durante sus gobiernos.
La discusión, por tanto, tiene dos planos distintos. Uno es legal: la remuneración está regulada y publicada. Otro, inevitablemente político: si semejante evolución salarial encaja con el discurso de austeridad y reducción de estructuras administrativas que el PP andaluz sostuvo durante años.
Ahí es donde empieza la pólvora política.
El famoso 39% necesita una explicación
El porcentaje que circula estos días sale de enfrentar 92.208,84 euros con 66.230,16 euros, la remuneración atribuida a Susana Díaz al término de su presidencia. La diferencia asciende a 25.978,68 euros y, efectivamente, equivale aproximadamente a un 39,22%.
Pero comparar dos presidentes en dos momentos diferentes no es lo mismo que calcular cuánto se ha incrementado el sueldo de uno de ellos durante su mandato.
Si se toma como referencia la remuneración de Moreno Bonilla en 2019, 67.886,04 euros, la subida hasta 2026 ronda el 35,8%. Sigue siendo considerable, solo que cuenta otra cosa.
La precisión puede parecer pequeña —tres puntos y pico de diferencia—, pero periodísticamente no lo es. Decir que Moreno Bonilla «se ha subido el sueldo un 39%» induce a pensar que su propia nómina ha aumentado exactamente ese porcentaje desde su llegada a San Telmo. No es así. El 39,22% nace de la comparación con la retribución final de Susana Díaz.
Esto no elimina la controversia sobre cuánto cobran los máximos responsables políticos de Andalucía. Simplemente coloca cada cifra en su cajón. Y en asuntos de dinero público, los cajones importan.
De 267 a 314 altos cargos en la Junta
La segunda cifra que explica que Juan Manuel Moreno Bonilla haya regresado con fuerza a la conversación política es 314. Es el número de altos cargos que distintos recuentos realizados sobre la nueva organización de la Junta atribuyen al Ejecutivo nacido tras las elecciones autonómicas de 2026.
Cuando Moreno llegó a la Presidencia en 2019 se contabilizaban 267 altos cargos siguiendo esa misma referencia. La diferencia sería de 47 puestos, aproximadamente un 17,6% más.
La comparación resulta especialmente incómoda para el PP porque en su etapa de oposición y en su programa electoral de 2018 había defendido adelgazar la estructura política de la Administración andaluza. Siete años después, el organigrama tiene más músculo en su parte superior. O más grasa, según quién maneje la metáfora.
El nuevo Consejo de Gobierno cuenta con 13 consejerías, una menos que las 14 que llegó a tener el anterior Ejecutivo, pero incorpora tres vicepresidencias. El número de departamentos, por sí solo, tampoco explica el tamaño completo de una administración: debajo aparecen viceconsejerías, secretarías generales, direcciones generales, delegaciones territoriales y otras posiciones directivas.
Menos consejerías no significa necesariamente menos estructura
Ese es precisamente uno de los elementos curiosos del nuevo diseño. Puede reducirse el número de carteles en las puertas de las consejerías y, al mismo tiempo, aumentar el número de despachos que hay detrás.
La estructura aprobada durante el verano de 2026 ha alimentado la polémica porque llega después de que el PP perdiera la mayoría absoluta obtenida cuatro años antes. En las elecciones del 17 de mayo de 2026, Moreno volvió a ganar con claridad, pero el PP consiguió 53 escaños, dos menos de los 55 necesarios para controlar por sí solo el Parlamento.
Vox obtuvo 15 diputados y pasó a desempeñar un papel decisivo. Tras las negociaciones, Moreno fue investido de nuevo presidente y la formación de Santiago Abascal entró directamente en el Gobierno autonómico.
El dirigente de Vox Manuel Gavira se convirtió en vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Un departamento con un nombre suficientemente largo como para ilustrar que la simplificación administrativa, a veces, empieza necesitando una línea adicional en la tarjeta de visita.
Los 2.875 puestos de libre designación no son 2.875 asesores
Otra cifra se ha mezclado con la polémica: los 2.875 puestos de libre designación registrados a finales de 2024, frente a los 2.436 de 2019. Son 439 más, un incremento del 18,02%.
Aquí conviene utilizar bisturí y no motosierra. Un puesto de libre designación no equivale automáticamente a un asesor político colocado por el Gobierno.
La libre designación es un procedimiento previsto dentro de la función pública para determinados puestos que requieren especiales responsabilidades, disponibilidad o confianza profesional. Habitualmente son ocupados por funcionarios que reúnen los requisitos establecidos. El Gobierno dispone de capacidad para elegir entre candidatos, pero eso no convierte a esas personas, por arte de magia, en cargos políticos.
Dicho esto, el crecimiento también constituye un dato relevante. Pasar de 2.436 a 2.875 plazas de este tipo significa ampliar en más de cuatrocientas posiciones el espacio de la Administración cubierto mediante un sistema en el que existe un componente discrecional de elección.
Alto cargo, eventual y libre designación no son lo mismo
Mezclar las tres categorías produce titulares estupendos y fotografías bastante deformadas.
Un alto cargo ocupa responsabilidades superiores definidas por la normativa autonómica. El personal eventual desarrolla funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial. Los puestos de libre designación, en cambio, forman parte de la estructura funcionarial y se cubren mediante un procedimiento específico.
Pueden discutirse políticamente los tres modelos y su tamaño. Lo que no debería hacerse es meterlos en la misma bolsa y escribir fuera «enchufados». Sería sencillo. También sería inexacto.
PP y Vox cambian el tablero de Moreno Bonilla
El crecimiento de la estructura adquiere una dimensión política distinta después de las elecciones de mayo. Moreno Bonilla había gobernado entre 2022 y 2026 con una cómoda mayoría absoluta de 58 diputados. Esa autonomía parlamentaria desapareció en las urnas.
El PP obtuvo 53 escaños y el 41,6% de los votos. El PSOE quedó segundo con 28 diputados; Vox alcanzó 15; Adelante Andalucía, ocho; y Por Andalucía, cinco. El mapa obligaba a negociar.
El resultado fue un Gobierno en el que Vox dejó de ser únicamente un eventual socio parlamentario y entró en el Consejo de Gobierno. Manuel Gavira ocupa la Vicepresidencia Segunda, mientras Antonio Sanz es vicepresidente primero y Carolina España, vicepresidenta tercera.
Ese contexto permite entender por qué el tamaño de la nueva estructura ha dejado de ser una cuestión puramente administrativa. La oposición sostiene que la ampliación responde al precio político del acuerdo entre PP y Vox. El Ejecutivo defiende, por su parte, que el diseño permite poner en marcha adecuadamente una Administración que gestiona una comunidad de más de ocho millones y medio de habitantes.
Afirmar que Moreno ha creado cargos exclusivamente para conservar el poder supone atribuirle una intención política que no puede demostrarse solo con un organigrama. Lo comprobable es otra cosa: perdió la mayoría absoluta, necesitó los votos de Vox para continuar, Vox entró en el Gobierno y el número de altos cargos contabilizados en la nueva estructura ha aumentado.
Es bastante material sin necesidad de añadirle literatura.
El coste de una cúpula administrativa que sigue creciendo
Las estimaciones difundidas durante agosto sitúan en torno a 34 millones de euros anuales el coste salarial conjunto de los 314 altos cargos considerados en esos cálculos, aproximadamente 12,8 millones más que una estimación equivalente para 2019.
Aquí también hace falta cautela. Se trata de una estimación construida a partir del número de puestos y de las tablas retributivas, no de una factura única de 34 millones con ese concepto escrita en una línea presupuestaria.
Las remuneraciones oficiales de 2026 permiten entender, no obstante, el orden de magnitud. Un vicepresidente tiene asignados 89.442,50 euros anuales; un consejero, 88.059,44; un viceconsejero, 83.448,96; un director general o asimilado, 80.221,68; y un delegado territorial o provincial, 67.312,42 euros, sin entrar en complementos que pudieran corresponder en determinados casos.
La discusión pública aparece entonces casi sola. No porque un alto cargo sea innecesario por definición —una Administración de la dimensión de la andaluza necesita dirección política y gestión—, sino porque cada ampliación exige una explicación proporcional a su coste.
Y más todavía cuando quien gobierna llegó prometiendo adelgazar precisamente esa parte de la estructura.
Entre la austeridad prometida y el organigrama real
El verdadero problema para Moreno Bonilla no está encerrado en un porcentaje concreto. Está en la fotografía completa.
Su remuneración es de 92.208,84 euros anuales. Desde 2019 ha aumentado alrededor de un 35,8%. El 39,22% que protagoniza algunos titulares es correcto únicamente cuando su sueldo actual se compara con los 66.230,16 euros que cobraba Susana Díaz al abandonar la Presidencia.
Al mismo tiempo, el recuento utilizado para analizar la nueva organización autonómica ha pasado de 267 a 314 altos cargos, mientras los puestos funcionariales de libre designación crecieron de 2.436 en 2019 a 2.875 al terminar 2024.
Son fenómenos diferentes. Todos, sin embargo, apuntan hacia una Administración cuya parte superior no se ha adelgazado durante los años de Moreno. Más bien al contrario.
La ironía política resulta difícil de esquivar. El PP llegó a San Telmo con la tijera como símbolo de austeridad frente a una supuesta administración sobredimensionada y, siete años después, tiene que explicar por qué hay más altos cargos, más puestos de libre designación y una remuneración presidencial sensiblemente superior.
Nada de eso demuestra por sí mismo que la Junta funcione peor. Tampoco prueba que todos esos puestos sean superfluos. Pero obliga a responder a una cuestión bastante más incómoda que cualquier eslogan: qué estructura necesita realmente Andalucía y cuánto está justificado pagar por ella.
Porque los gobiernos pueden cambiar los discursos con cierta facilidad. Los organigramas y las nóminas, en cambio, tienen la mala costumbre de dejar números.












