¿Por qué Marruecos usa la migración para presionar a España y Europa?

La crisis de Ceuta de finales de julio de 2026 ha vuelto a colocar sobre la mesa una de las relaciones más incómodas de la política exterior española: la dependencia de Marruecos para controlar una parte esencial de la frontera sur de Europa. En apenas unas horas, 72.000 personas entraron irregularmente en Ceuta desde territorio marroquí, según la cifra consolidada por el Gobierno español. La dimensión fue brutal: prácticamente una persona por cada habitante de la ciudad autónoma.

La tragedia fue también humana. Las autoridades españolas llegaron a contabilizar más de 80 fallecidos en su territorio y Marruecos comunicó al menos 14, mientras organizaciones que trabajan sobre el terreno elevaron el balance conjunto hasta 141 muertos, principalmente por ahogamiento y aplastamiento. La cifra de 141, por tanto, no es un balance oficial consensuado entre ambos Estados, sino una estimación de ONG. Y hay otra precisión importante: la mayoría de quienes cruzaron regresaron posteriormente a Marruecos; hablar simplemente de más de 70.000 personas «expulsadas» no describe con exactitud lo ocurrido.

Lo sucedido reaviva una vieja sospecha española: que Rabat puede modular el control migratorio según el estado de sus relaciones con Madrid. Pero en este punto conviene separar el expediente histórico de la acusación concreta. Hay precedentes muy claros de instrumentalización política de la frontera, especialmente el de Ceuta en 2021. En cambio, sobre la avalancha de julio de 2026 el Gobierno español asegura que no dispone de pruebas que demuestren una operación organizada por Marruecos. Pedro Sánchez ha defendido este 31 de agosto la «cooperación instantánea» de Rabat durante la crisis.

Ceuta 2026, una frontera desbordada en unas horas

La escena explica buena parte del problema. Ceuta tiene alrededor de 80.000 habitantes y ocupa una pequeña península africana rodeada por Marruecos y por el Mediterráneo. Cuando decenas de miles de personas comenzaron a atravesar la frontera terrestre y a lanzarse al mar el 30 de julio, cualquier dispositivo ordinario quedó pequeño. El Ejército fue movilizado, las fuerzas de seguridad reforzaron el perímetro y España tuvo que improvisar alojamiento, identificación y atención humanitaria para una cantidad de personas difícilmente imaginable en una ciudad de esas dimensiones.

El Gobierno atribuyó el origen inmediato del movimiento a mensajes difundidos por redes sociales y redes de tráfico de personas que habrían manipulado información sobre una resolución judicial española para alimentar la idea de que resultaría fácil entrar y permanecer en España. Interior había señalado ya el 30 de julio ese uso interesado de la sentencia y, al mismo tiempo, destacaba la cooperación marroquí para intentar contener nuevos cruces.

Un mes después, la crisis sigue teniendo cola. Según distintas estimaciones oficiales y periodísticas, varios miles de migrantes permanecen en Ceuta, entre ellos numerosos menores, mientras España ha pedido apoyo europeo para las tareas de identificación y gestión. La crisis ha afectado incluso al espacio Schengen: Italia ha prorrogado controles fronterizos temporales con España alegando el riesgo de movimientos secundarios hacia otros países europeos.

Nada de esto prueba por sí mismo que Rabat abriera deliberadamente la frontera. Pero sí recuerda por qué España observa cualquier relajación de los controles marroquíes con una lupa del tamaño de una parabólica.

Por qué la migración se ha convertido en una palanca de poder

La relación es bastante sencilla, aunque diplomáticamente se envuelva en terciopelo. España puede construir vallas, desplegar Guardia Civil, instalar cámaras térmicas y aprobar leyes. Pero no controla el lado marroquí de la frontera. Si Marruecos intercepta salidas, desmantela redes, vigila playas y acepta devoluciones, la presión disminuye. Si esa cooperación se reduce, el cambio puede sentirse inmediatamente en Ceuta, Melilla, el Estrecho o Canarias.

Ahí nace la asimetría. España necesita a Marruecos para gestionar una frontera que Marruecos, por pura geografía, puede ayudar a cerrar mucho antes de que los migrantes lleguen a territorio español. Rabat posee, por tanto, algo más valioso que una verja: posee capacidad de intervención antes de la frontera.

Eso no convierte cada patera en una conspiración de palacio ni cada aumento de llegadas en una orden del rey Mohamed VI. Las migraciones responden a pobreza, desigualdad, conflictos, desempleo y redes criminales, pero también a expectativas económicas, clima y vínculos familiares. Reducir movimientos humanos tan complejos a una mano invisible en Rabat sería cómodo, pero bastante pobre como explicación.

Lo excepcional aparece cuando esa capacidad de control se cruza con una crisis diplomática. Y ahí el expediente cambia.

Ceuta 2021 dejó un precedente difícil de borrar

En mayo de 2021, alrededor de 9.000 personas entraron en Ceuta nadando o caminando desde Marruecos en apenas unas jornadas, incluidos numerosos menores. El Parlamento Europeo sostuvo entonces que las fuerzas marroquíes habían relajado temporalmente los controles y vinculó expresamente la crisis a la disputa diplomática provocada por la hospitalización en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. La resolución europea fue particularmente contundente: calificó aquella utilización de la migración como presión política sobre un Estado miembro.

España había permitido que Ghali recibiera tratamiento médico en Logroño por motivos humanitarios. Para Marruecos aquello tocaba el nervio central de su política exterior: el Sáhara Occidental. Rabat reaccionó con enorme dureza diplomática y llamó a consultas a su embajadora. Mientras tanto, miles de personas atravesaban una frontera cuyos controles parecían haberse evaporado de repente. Luego volvieron.

Aquella secuencia convirtió la expresión «chantaje migratorio» en algo más que una consigna partidista. La discusión dejó de ser si Marruecos tenía capacidad para utilizar el control fronterizo como instrumento político; la cuestión pasó a ser cuándo estaba dispuesto a hacerlo y hasta dónde.

Abrir y cerrar no producen el mismo efecto, pero envían el mismo mensaje

La eficacia de esta herramienta reside precisamente en que no necesita una amenaza escrita. Un Estado no tiene que anunciar que permitirá salidas si otro Gobierno no cambia de posición. Basta con demostrar alguna vez que puede alterar el grado de vigilancia y, después, permitir que esa posibilidad forme parte de todas las negociaciones posteriores.

Es diplomacia con un mecanismo rudimentario, casi de fontanería: abrir, cerrar, regular. Solo que por la tubería no circula agua. Circulan personas.

El Sáhara Occidental, la grieta que atraviesa la relación

Detrás de numerosos encontronazos entre Madrid y Rabat aparece el mismo territorio. Marruecos considera el Sáhara Occidental una cuestión nacional prioritaria y busca respaldo internacional para su plan de autonomía bajo soberanía marroquí. El Frente Polisario reclama la autodeterminación del pueblo saharaui y Naciones Unidas mantiene el conflicto dentro de su proceso político.

España modificó significativamente su posición pública en 2022. Pedro Sánchez comunicó a Mohamed VI que consideraba la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base «más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto, aunque mantuvo que cualquier solución debía encuadrarse en Naciones Unidas y ser aceptable para las partes.

Después llegó la normalización. Se recuperaron las relaciones diplomáticas, se reabrieron las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla y aumentó la cooperación en seguridad, inmigración y comercio.

Resultaría excesivo afirmar que España cambió su política sobre el Sáhara exclusivamente debido a la presión migratoria de 2021. Hubo cálculos estratégicos, económicos y de seguridad bastante más amplios. Pero tampoco puede borrarse la cronología con una goma administrativa: primero llegó una de las mayores crisis bilaterales de las últimas décadas, después el giro español sobre el Sáhara y finalmente la recomposición de relaciones.

La geografía tiene esas bromas sin gracia. Marruecos es al mismo tiempo competidor, vecino inevitable, socio comercial, aliado en materia antiterrorista y pieza fundamental del control migratorio español.

Europa paga para que la frontera empiece mucho antes de Ceuta

El problema no es exclusivamente español. La Unión Europea lleva años desplazando parte de su política migratoria hacia países de origen y tránsito. Es lo que se denomina externalización de fronteras: intentar detener la migración irregular antes de que alcance suelo comunitario mediante acuerdos, financiación, vigilancia, cooperación policial y programas de retorno.

Marruecos ocupa una posición privilegiada dentro de ese modelo. En 2023, la Comisión Europea puso en marcha un programa de 152 millones de euros específicamente relacionado con migración, destinado, entre otras cuestiones, a gestión fronteriza, lucha contra redes de tráfico, retornos voluntarios y la política marroquí de inmigración y asilo. El dinero forma parte de una cooperación mucho mayor: las asignaciones bilaterales de la UE a Marruecos entre 2021 y 2025 rondaron los 1.150 millones de euros, aunque esa cantidad cubre numerosos ámbitos y no solamente inmigración.

Europa obtiene algo muy concreto a cambio: menos presión sobre sus fronteras exteriores. Marruecos obtiene financiación, equipamiento, cooperación institucional y, sobre todo, relevancia política.

La paradoja es evidente. Cuanto mejor funciona el modelo, más necesaria resulta la cooperación del país al que se ha encargado una parte del control. Y cuanto más imprescindible es ese socio, mayor capacidad tiene para hacer valer sus propios intereses. Se compra estabilidad, sí; también se adquiere dependencia estratégica.

No es una peculiaridad marroquí. Turquía ha utilizado durante años su papel en las rutas hacia Grecia para negociar con Bruselas; Bielorrusia ha sido acusada de facilitar movimientos de migrantes hacia Polonia y los países bálticos como método de presión política. La migración se ha incorporado al vocabulario de las amenazas híbridas, junto a la desinformación, los ciberataques o la coerción económica. Personas convertidas en instrumento de Estado. Una expresión fría para una realidad bastante menos limpia.

El coste humano suele desaparecer detrás de la geopolítica

Hablar de «válvulas migratorias», «presión fronteriza» o «instrumentalización» tiene un riesgo: transformar a quienes cruzan en una unidad estadística. Las víctimas no son una herramienta diplomática abstracta. Son personas que se ahogan, desaparecen o quedan atrapadas entre dos sistemas políticos que, cuando se entienden, las contienen y, cuando se enfrentan, pueden convertir la frontera en un escenario mucho más peligroso.

Melilla dejó en 2022 una imagen difícil de olvidar. El Gobierno marroquí reconoció 23 muertos durante el intento de entrada masiva del 24 de junio; Amnistía Internacional situó la cifra en al menos 37 y documentó un uso prolongado y excesivo de la fuerza por autoridades marroquíes y españolas, junto con decenas de desaparecidos.

Ceuta ha vuelto a multiplicar esa dimensión en 2026. La discusión sobre quién abrió la frontera, quién difundió los mensajes o quién obtuvo beneficio político importa, claro. Pero alrededor quedan familias buscando nombres entre listas de fallecidos, menores sin referentes familiares y cuerpos cuya identificación puede demorarse durante semanas.

Ahí desaparece cualquier tentación de tratar el asunto como una partida elegante de ajedrez. En el tablero hay gente.

Una frontera que nunca es solamente una frontera

La historia reciente permite afirmar algo con bastante seguridad: España depende de la cooperación marroquí para contener buena parte de la migración irregular procedente del norte de África, y esa dependencia ofrece a Rabat una capacidad política que pocos vecinos europeos poseen. Ceuta 2021 demostró hasta dónde puede llegar esa vulnerabilidad cuando una disputa diplomática coincide con una relajación del control fronterizo.

Otra cosa es adjudicar automáticamente a Marruecos la responsabilidad de cada nueva crisis. En la de julio de 2026, semejante acusación continúa discutida. El Gobierno español dice que no dispone de pruebas contra Rabat y destaca su colaboración; otras investigaciones y fuentes de inteligencia apuntan a posibles maniobras de instrumentalización. A falta de evidencias públicas concluyentes, convertir cualquiera de esas versiones en sentencia sería sustituir información por convicción.

El problema estructural permanece aunque mañana se demostrara que Marruecos no tuvo absolutamente nada que ver con el origen del último episodio. España y la Unión Europea han construido durante años un sistema en el que buena parte de la tranquilidad de su frontera meridional depende de decisiones tomadas al otro lado.

Rabat lo sabe. Madrid también.

Y probablemente esa sea la forma más eficaz de presión: no tener que utilizarla continuamente porque el vecino conoce perfectamente lo que ocurre cuando deja de funcionar.