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¿Qué dicen seis guardias civiles del dosier que complica a Marlaska?
Seis guardias civiles sostienen que fueron cesados tras negarse a seguir con el dosier de periodistas. Interior niega cualquier finalidad espuria.

Imagen: Benjamin Applebaum / U.S. Department of Homeland Security / Wikimedia Commons, dominio público
Resumen
- Seis guardias civiles vinculan sus ceses con el dosier de periodistas
- Interior sostiene que era un documento interno y niega finalidad espuria
- Un juzgado y la AEPD examinan ya distintos aspectos del caso
Fernando Grande-Marlaska suma un nuevo frente en un momento especialmente incómodo para el Ministerio del Interior. Seis guardias civiles que estuvieron destinados en la Oficina de Relaciones Institucionales y Sociales, la ORIS, sostienen que fueron cesados después de negarse a continuar trabajando en el polémico dosier que recopilaba información y valoraciones políticas sobre periodistas. Los ceses están documentados; la relación entre aquellos ceses y la negativa de los agentes, de momento, es una afirmación de los afectados y no un hecho acreditado judicialmente.
El asunto ha dejado de ser únicamente una polémica sobre comunicación institucional. La Agencia Española de Protección de Datos abrió una investigación de oficio sobre el tratamiento de la información incluida en el documento y el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid tramita diligencias previas a partir de una denuncia de Iustitia Europa, mientras espera el criterio de la Fiscalía antes de decidir sobre la apertura de una causa. Este 29 de septiembre se ha pedido además conservar archivos digitales relacionados con el dosier y tomar declaración a los seis agentes.
Seis ceses y una secuencia temporal que plantea preguntas
Según la información conocida este martes, los agentes pertenecían a la ORIS del Ministerio del Interior y habían recibido meses antes el encargo de participar en la elaboración del documento. Fuentes próximas a aquel equipo sostienen que comenzaron a trabajar en él, mostraron después dudas sobre la licitud del encargo y acabaron comunicando su negativa a continuar.
El cese se les comunicó el 29 de abril de 2025 y se hizo efectivo el 5 de mayo, según la documentación publicada. La resolución coincidió con la desaparición de la propia ORIS y los seis guardias fueron destinados posteriormente a distintas comandancias. Las resoluciones administrativas conocidas acreditan los cambios de destino y la supresión de la unidad, pero no establecen que se tratara de una represalia por el dosier.
La cronología llama la atención, aunque una coincidencia temporal no convierte por sí sola dos acontecimientos en causa y efecto. Para establecer esa relación harían falta testimonios, comunicaciones internas, órdenes, correos, versiones del archivo o cualquier otro elemento capaz de reconstruir la cadena de decisiones. De ahí la petición trasladada al juzgado para preservar la información digital vinculada al documento.
Qué contenía realmente el dosier de periodistas
La existencia del documento no está en discusión. Interior reconoció a comienzos de septiembre que su Oficina de Comunicación había elaborado en febrero de 2024 un informe interno sobre periodistas y comunicadores. Las informaciones publicadas describen un archivo de 54 folios con alrededor de 280 profesionales, fotografías, trayectorias laborales y observaciones relacionadas con posiciones políticas o afinidades atribuidas.
No estamos, por tanto, ante una simple agenda de redactores y teléfonos, algo rutinario en cualquier gabinete de comunicación. El elemento controvertido es la presencia de valoraciones sobre ideología u opiniones políticas, un terreno especialmente sensible desde el punto de vista de la protección de datos. La AEPD está examinando la naturaleza, alcance, utilización y base jurídica de ese tratamiento y ha subrayado que abrir la investigación no significa que exista ya una infracción.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid rechazaron públicamente la elaboración del fichero y cuestionaron que una institución pública clasificara a profesionales de la información con criterios políticos. La polémica, por tanto, no nace solo de los nombres incluidos sino de qué se anotó junto a ellos y con qué finalidad.
Lo que Interior reconoce y lo que Marlaska niega
La posición del Ministerio ha sido clara desde que estalló el caso. Interior sostiene que se trató de un documento interno y consultivo, preparado para conocer mejor el panorama mediático y mejorar la comunicación del departamento. Grande-Marlaska ha negado que existiera una finalidad espuria y el Ministerio pidió disculpas a los profesionales que pudieran haberse sentido ofendidos por el contenido o por determinadas valoraciones.
El ministro también ha negado que se tratara de una lista negra. Más tarde explicó en el Senado que el resultado del trabajo no fue satisfactorio y que el documento ni siquiera llegó a utilizarse. Ese punto resulta relevante: elaborar un fichero controvertido no equivale necesariamente a emplearlo para condicionar acreditaciones, relaciones con los medios, acceso a información u otras decisiones administrativas. Hasta el momento no consta una resolución judicial que haya acreditado ese uso.
Ahí aparece una contradicción incómoda, aunque no necesariamente jurídica: Interior admite la existencia del documento, lamenta parte de su contenido y niega cualquier propósito discriminatorio. Las investigaciones tendrán que aclarar si aquella explicación administrativa recoge toda la historia o si existen órdenes, usos o circunstancias adicionales que todavía no se conocen.
El juzgado busca pasar de las sospechas a los documentos
El procedimiento judicial está todavía en una fase inicial. El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid abrió diligencias previas tras recibir la denuncia de Iustitia Europa y pidió informe a la Fiscalía para determinar la pertinencia de abrir una causa. Por tanto, no existe una declaración judicial de responsabilidad contra Grande-Marlaska ni contra otros responsables de Interior por estos hechos.
La petición conocida este martes pretende preservar los archivos relacionados con el dosier y reclama que se escuche a los seis miembros de la Guardia Civil destinados entonces en la ORIS. Una eventual investigación informática podría ayudar a determinar quién creó el archivo, quién lo modificó, cómo evolucionaron sus distintas versiones y qué personas tuvieron acceso a él. En un caso así, el rastro digital puede ser mucho más revelador que una sucesión de declaraciones políticas.
Las declaraciones de los agentes servirían para precisar cuestiones muy concretas: quién encargó el trabajo, cómo se transmitieron las instrucciones, qué tareas realizaron, qué objeciones formularon y qué ocurrió después. Si esas versiones coincidieran y estuvieran respaldadas por documentación, aportarían material relevante. Si no aparecen pruebas que relacionen los ceses con aquella negativa, la tesis de una represalia quedaría sin acreditar.
Ese matiz separa una sospecha de un hecho probado. Que los seis funcionarios fueron cesados está documentado; que fueran apartados como castigo por negarse a continuar elaborando el dosier todavía debe demostrarse. Tampoco está acreditado que Marlaska ordenara personalmente una eventual represalia.
Marlaska llega a este frente con Ceuta todavía abierta
El episodio del dosier aparece mientras Interior sigue sometido a una intensa fiscalización política por la crisis migratoria de Ceuta de finales de julio. Más de 70.000 personas entraron en la ciudad autónoma durante los días 30 y 31 de julio, según las cifras manejadas por las autoridades, y Marlaska ha defendido reiteradamente que los informes disponibles no permitían prever una entrada de aquella magnitud.
La Guardia Civil remitió posteriormente a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón un informe según el cual los avisos previos no predecían la entrada masiva que finalmente se produjo. Paralelamente, Marlaska trasladó al Consejo General del Poder Judicial su preocupación por la decisión de la magistrada de impedir que el equipo policial que trabajaba en esas pesquisas informara a sus superiores, defendiendo al mismo tiempo su respeto a la independencia judicial.
Son, en cualquier caso, frentes distintos. La gestión de Ceuta, las actuaciones judiciales relacionadas con aquella crisis, la investigación de Protección de Datos sobre el fichero de periodistas y las alegaciones de los seis guardias civiles no forman una única causa. Lo relevante políticamente es su coincidencia temporal y la acumulación de explicaciones que el Ministerio está teniendo que ofrecer.
Grande-Marlaska tampoco ha dado señales públicas de plantearse abandonar el Gobierno. Cuando recibió peticiones de dimisión en el Senado el pasado 15 de septiembre respondió expresamente que seguiría en el cargo. Presentar su salida como inminente iría, por tanto, más allá de los hechos disponibles.
Un caso que depende de lo que prueben los archivos
El fondo del asunto es menos cinematográfico que hablar de ministros temblando o conspiraciones, pero bastante más importante. Permanecen abiertas preguntas concretas: quién ordenó elaborar las fichas, quién decidió qué información debía incluirse, qué personas accedieron al resultado, si el documento tuvo algún uso práctico y por qué desapareció después la unidad en la que trabajaban los seis guardias civiles que ahora relacionan sus ceses con su negativa a continuar aquella tarea.
Interior mantiene una versión: fue un documento interno, consultivo, desacertado en algunas valoraciones y sin finalidad discriminatoria. Los agentes plantean otra secuencia de acontecimientos. Protección de Datos examina el tratamiento de la información y un juzgado analiza una denuncia mientras se reclama conservar el rastro digital. Las respuestas relevantes tendrán que salir de documentos y testimonios, no del volumen de las acusaciones.
A 29 de septiembre de 2026, esto es lo que puede afirmarse con respaldo: el dosier existió, Interior lo reconoció y seis guardias civiles fueron cesados y sostienen que existe una relación entre esos ceses y su negativa a seguir trabajando en el fichero. Esa conexión, sin embargo, todavía no ha sido probada judicialmente. La diferencia puede parecer pequeña en un titular. En un juzgado es prácticamente todo.












