¿Por qué Koldo y Ábalos piden anular su procesamiento?

Koldo y Ábalos intentan anular el procesamiento ante el Supremo por el caso mascarillas: argumentos, fechas clave y qué puede pasar a fondo.

El exasesor ministerial Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos han interpuesto sendos recursos de apelación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que se anule su procesamiento en la conocida causa de las mascarillas. Los escritos, presentados el 12 de noviembre de 2025, sostienen que la instrucción se ha construido sobre hipótesis policiales y declaraciones de un tercero —el comisionista Víctor de Aldama— sin suficiente respaldo documental, y que se han vulnerado garantías básicas del procedimiento. García defiende que el dinero en efectivo que manejaba tenía origen lícito —liquidaciones de gastos y dietas abonadas por el PSOE— y que llevaba cash por delegación de la Secretaría de Organización. Ábalos denuncia una instrucción “desequilibrada”, con diligencias de prueba denegadas, y pide nulidades de calado.

Los recursos llegan tras el auto del 3 de noviembre, firmado por el magistrado Leopoldo Puente, que transformó las actuaciones en procedimiento abreviado —paso equivalente al procesamiento— para Ábalos, Koldo García y Aldama por cohecho pasivo, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y organización criminal. Las defensas niegan la existencia de una trama, discuten su participación en las adjudicaciones y afirman que el relato de la UCO sobredimensiona contactos y gestiones realizados en plena emergencia sanitaria. Buscan que el Supremo corrija o anule el auto, ordene nuevas diligencias y, en la práctica, frene el tránsito hacia el juicio oral.

Lo que dice el auto y en qué punto real está el caso

El auto de 3 de noviembre encuadra los hechos en un patrón de colaboración estable entre tres vértices: un cargo político con capacidad de acceso (Ábalos), un asesor con red de contactos y capacidad de empuje administrativo (Koldo García) y un intermediario con llegada a empresas que pujan por contratos (Víctor de Aldama). Según la resolución, la suma de informes de la UCO, comunicaciones, movimientos de efectivo e indicios de pagos a terceros dibujaría una estructura para obtener beneficios a costa de adjudicaciones de material sanitario en los meses críticos de la pandemia. En ese relato, a García se le atribuyen pagos periódicos de 10.000 euros mensuales —al menos entre 2019 y 2021— y un papel activo en gestiones para acelerar trámites; a Ábalos, una capacidad de influencia que habría facilitado accesos y desbloqueos; y a Aldama, el papel de comisionista que habría articulado contactos y beneficios.

Procesalmente, la causa está en un momento de máximo impacto: el instructor ya ha dado por cerrada la investigación y ha puesto a las partes ante el umbral del juicio. La apelación de las defensas busca exactamente lo contrario: reabrir la fase de instrucción, incorporar pruebas que dicen haber pedido y les fueron denegadas, y discutir la validez de actuaciones que, según su tesis, se habrían practicado sin cumplir reglas esenciales. El Supremo puede confirmar el procesamiento, ordenar nuevas diligencias o acordar nulidades que impliquen una relectura de la causa. No es una fase de valoraciones políticas, sino de garantías: qué es prueba, qué son simples indicios, qué diligencias faltan y qué piezas del puzle pueden o no llegar al juicio.

El recurso de Koldo García: el efectivo, las dietas y siete nulidades

El escrito de 89 páginas firmado por la defensa de Koldo García se centra en demoler el componente más simbólico del caso: el uso de efectivo. La tesis es nítida y directa: el metálico procedía de liquidaciones de gastos y dietas del PSOE, era dinero lícito y García lo manejaba por delegación orgánica para cubrir gastos variados vinculados a su responsabilidad en el ámbito de la Secretaría de Organización. Cualquier interpretación que ligue esas cantidades a comisiones o retornos, dice la defensa, sería “imaginativa, arbitraria y carente de sentido”. En esa línea, tilda de irrelevante el documento Excel aportado por Víctor de Aldama porque —subraya— es un cuadro confeccionado por el propio comisionista que “nada prueba” frente a su representado.

El armazón del recurso, sin embargo, no se detiene en el dinero. García enumera siete motivos de nulidad que, en conjunto, buscan vaciar el auto. El primero, el principio non bis in idem: sostiene que se le investiga por los mismos hechos simultáneamente en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, con solapamientos en la parte referida a contratos de mascarillas y al presunto diseño de una estructura criminal. El alegato prosigue con la idea de una instrucción selectiva: el auto —afirma— cita a personas y entidades sin dirigir actuaciones contra ellas ni llamarlas a declarar, lo que distorsionaría la comprensión del caso. Se mencionan nombres propios como Jessica Rodríguez (expareja de Ábalos), Claudia Montes, la aerolínea Air Europa, Claudio Rivas y la empresa Villafuel, así como un jefe de gabinete en el Ministerio de Hacienda y otro en el de Industria, y la empresaria Carmen Pano, quien habría declarado haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE. La pregunta que plantea la defensa es sencilla en su lógica: si se citan hechos y actores que habrían participado, ¿por qué no se abren diligencias simétricas para aclararlo?

La participación de García en las adjudicaciones también se discute línea a línea. La defensa insiste en que el asesor no firmaba contratos ni resoluciones, que su posición administrativa no tenía capacidad decisoria en la contratación pública y que el relato que lo presenta como receptor de pagos mensuales de 10.000 euros se apoya en conjeturas, no en pruebas bancarias o periciales concluyentes. El terreno elegido es técnico: ausencia de trazabilidad financiera que conecte directamente pagos con decisiones; interpretación expansiva de chats o mensajes; y lecturas criminalizadoras de gestiones que, en contexto de urgencia, —defiende— podrían encajar en prácticas habituales de coordinación interadministrativa. García lo resume en una línea: no hubo comisiones, no hubo tráfico de influencias, no hubo estructura criminal; y si la hay en el papel, dice, el procedimiento ha dejado sin investigar a otros actores que aparecen en el propio auto.

La estrategia de José Luis Ábalos: una instrucción “desequilibrada” y sin pruebas sólidas

La defensa de José Luis Ábalos despliega un escrito de 78 páginas que sitúa el foco en las formas de la investigación. Afirma que el instructor Leopoldo Puente ha asumido sin contraste el relato de la UCO y ha omitido diligencias esenciales propuestas por su representación, lo que a su juicio le coloca en indefensión. El recurso cuestiona de raíz el peso otorgado a las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama, al que atribuye cambios sustanciales en sus cifras —“primero un millón, luego dos, ahora parece que cinco”— sin soporte documental. Sostiene, además, que en el análisis patrimonial practicado no se han detectado desviaciones compatibles con mordidas millonarias y que, forzando números, el balance que se le atribuye se reduce a 95.000 euros en diez años, esto es, 9.500 euros al año, magnitudes que califica de incompatibles con la acusación que se proyecta.

Uno de los ejes sensibles del recurso de Ábalos es la inmunidad parlamentaria: su defensa sugiere que se habrían practicado pesquisas antes de obtener el suplicatorio del Congreso, lo que, de confirmarse, podría forzar la nulidad de actuaciones. Pide también la devolución de un disco duro intervenido en el domicilio de Koldo García para someterlo a un análisis pericial tecnológico que, dice, sería “crucial” para acreditar si hubo una investigación clandestina previa a la autorización parlamentaria. En los márgenes, el recurso discute la interpretación de mensajes en los que se usa la palabra “folios”: la defensa quiere que el Ministerio de Transportes certifique el número de folios entregados a su secretaria entre 2018 y 2021 para acreditar que “folios” se refería a documentación, no a billetes.

Hay un capítulo puramente logístico que la defensa quiere reabrir: la distribución de mascarillas. Ábalos solicita que se recabe a Correos los albaranes de entrega de material remitido por Transportes y que este certifique el número de mascarillas sobrantes tras la distribución. También pide saber si terceros accedieron a dependencias donde se custodiaban mascarillas y que se cite como testigos al subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez y al conductor asignado al Ministerio. La lógica es clara: si se investiga una supuesta trama vinculada a contratos y distribución, hacen falta pruebas de trazabilidad que hoy —sostiene— no están incorporadas en el sumario.

En el plano económico, el recurso recalca que durante el periodo en que Ábalos fue ministro (junio de 2018 a julio de 2021) la mayoría de sus gastos estaban cubiertos por su posición institucional, lo que explicaría la escasa retirada de efectivo de sus cuentas. Añade, como contexto familiar, que la economía del hogar contaba también con los ingresos de su exesposa, Carolina Perles. El mensaje busca restar fuerza a cualquier lectura de incremento patrimonial incompatible con el salario y la situación personal del exministro.

Víctor de Aldama en el centro: palabra, cifras y un Excel controvertido

El testimonio de Víctor de Aldama ocupa un espacio central en la acusación y, por tanto, en los recursos. Para las defensas, la palabra del comisionista no puede sustituir a la prueba documental. Se subraya que parte de sus aportaciones se reducen a tres hojas de fotocopias y a un Excel elaborado por él mismo, que no vencerían los estándares probatorios exigibles en una causa penal de alta gravedad. En paralelo, se acusa a la instrucción de tolerar oscilaciones en las cifras atribuidas a la supuesta red —de un millón a dos, y hasta cinco millones— sin verificación patrimonial congruente.

La discusión no es menor. Si el tribunal concediera alto valor a la declaración de Aldama, todo el andamiaje acusatorio se reforzaría; si, por el contrario, la Sala impone un rasero de corroboración estricta, la ausencia de trazabilidad financiera podría desinflar algunos de los pilares de la tesis policial. En ese marco, los recursos de Koldo García y Ábalos pasan por exigir periciales económicas, certificaciones administrativas y contrastes objetivos que desplacen el peso del caso desde relatos y inferencias hacia datos verificables.

La UCO y los indicios que sostienen la acusación

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostienen que existió un circuito de influencias y pagos que permitió adjudicaciones de material sanitario en plena pandemia a favor de empresas conectadas con Aldama, con gestiones de Koldo García y capacidad de acceso atribuida a Ábalos. Entre los indicios se citan pagos periódicos a García —10.000 euros mensuales como cifra de referencia—, gestiones para acelerar pagos a contratistas y una lectura de comunicaciones que, en conjunto, apuntaría a un método más que a episodios aislados.

El auto del 3 de noviembre asume que estos indicios son, por ahora, “muy consistentes”. No equivalen a una condena, pero sí bastan para llevar a juicio. La acusación de cohecho pivota en si cargos o asesores recibieron dádivas a cambio de favores; la de tráfico de influencias, en si se usó la posición para inclinar decisiones; la de malversación, en si se perjudicaron fondos públicos; y la de organización criminal, en si hubo reparto de roles y estabilidad en el tiempo. La defensa replica con un argumento que no es nuevo pero sí contundente: en 2020 se aplicó normativa excepcional para comprar de urgencia y la frontera entre el lobby legítimo y el delito no puede trazarse con lentes retrospectivas ni con vacas sagradas como pruebas que no han sido auditadas con periciales independientes.

Qué puede decidir la Sala y qué efectos tendría

La Sala Segunda del Supremo dispone de varias palancas. Puede confirmar el auto y encarrilar la causa hacia el juicio. Puede modular la resolución y ordenar diligencias concretas (periciales, certificaciones, testigos) que las defensas consideran clave. Puede, en el extremo, declarar nulas determinadas actuaciones si entiende que hubo vulneraciones —por ejemplo, sobre el suplicatorio— que contaminan el procedimiento. En paralelo, la Sala también puede delimitar el perímetro: qué hechos serán enjuiciables, qué pruebas entrarán en el plenario y cuáles se quedarán fuera por ilícitas o impertinentes.

En la hipótesis de apertura de juicio, el horizonte penal es severo: el cohecho y la malversación contemplan penas de prisión e inhabilitaciones prolongadas; el tráfico de influencias, penas y multas; la organización criminal, un plus de gravedad. Ninguna de esas penas es automática: en el juicio oral los informes de la UCO deberán ser explicados, defendidos y contradichos por peritos; Aldama será interrogado; y la trazabilidad del dinero —si la hay— deberá probarse con documentos y movimientos bancarios. Ahí se definirá si el cash que Koldo vincula a dietas del PSOE resiste el examen pericial, si el patrimonio de Ábalos muestra o no huellas de las supuestas mordidas y si los contratos bajo sospecha cumplieron la normativa excepcional de la época.

Nombres propios y piezas sueltas que aún piden respuesta

Una singularidad de esta causa es la cantidad de nombres propios que orbitan el debate sin quedar aún encuadrados en diligencias. La defensa de Koldo García insiste en que se investigue a Jessica Rodríguez y Claudia Montes por colocaciones en empresas públicas que el auto menciona; reclama también aclarar si la aerolínea Air Europa se benefició de una nota de prensa —un acto comunicativo— con efectos económicos; y pide que se contrasten reuniones y decisiones en torno a Claudio Rivas, Villafuel y jefes de gabinete de Hacienda e Industria. La mención a Carmen Pano, con el detalle de 90.000 euros en metálico presuntamente llevados a Ferraz, queda como un dato crudo que la defensa quiere situar en el mapa probatorio, si el tribunal ordena las diligencias correspondientes.

En el frente de Transportes y Correos, la clave es la documentación logística: albaranes de entrega, certificados de sobrantes, accesos a zonas de custodia. En ocasiones, estas piezas se perciben menores frente a grandes titulares; sin embargo, en causas de contratación pública son determinantes para reconstruir la cadena de hechos: quién recibe, quién firma, quién autoriza, quién avisa y en qué fechas. Esa es la apuesta de Ábalos: llevar la discusión del relato al registro y demostrar que no hay hueco para la hipótesis de enriquecimiento ilícito si las cifras reales y los documentos no la respaldan.

Un veredicto que marcará la lectura de la pandemia

La decisión de la Sala Segunda no solo definirá la suerte de Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama; también marcará cómo se interpreta una parte incómoda de la gestión pública durante la pandemia. Si el Supremo avala el marco de indicios dibujado por el auto del 3 de noviembre, la causa seguirá su curso hacia un juicio en el que se proyectará una lectura penal de gestiones, accesos y pagos. Si, por el contrario, la Sala abre la puerta a nulidades o pruebas nuevas, el relato podría mutar hacia una visión donde gestiones apresuradas —quizá torpes, quizá polémicas— no crucen automáticamente la línea del Código Penal.

Mientras llega esa resolución, dos hechos quedan sobre la mesa. Primero, las defensas han articulado argumentos verificables: diligencias concretas, periciales solicitadas, certificaciones exigidas, fechas y cifras precisas —10.000 euros mensuales, 2019–2021, 89 y 78 páginas de recursos, 3 de noviembre y 12 de noviembre de 2025— que permiten comprobar si el proceso ha respetado las garantías y si el material probatorio es robusto. Segundo, la acusación —con la UCO como pilar— mantiene que el conjunto de piezas ya encaja: pagos, contactos, facilitaciones y beneficios que, sumados, describen una trama.

Todo se decidirá en el terreno procesal, no en titulares. Si el Supremo considera que faltan piezas por recoger —el disco duro intervenido, los albaranes de Correos, los certificados de Transportes, testificales concretas— ordenará ir a por ellas. Si estima que el sumario está maduro, confirmará el procesamiento y pondrá fecha al juicio. En cualquiera de los escenarios, la causa ofrecerá una respuesta nítida a las dos afirmaciones que lo recorren todo: que Koldo García llevaba efectivo por dietas y encargos del PSOE, y que José Luis Ábalos ha sido objeto de una instrucción desequilibrada sin pruebas sólidas. O se confirman, o se caen. Y, con ellas, quedará fijada una página clave en la memoria jurídica de cómo se compró y repartió material sanitario en los días más opacos de la emergencia.