¿Junio negro para Sánchez? Begoña, David y Zapatero aprietan Moncloa

Pedro Sánchez entra en una de las fases más delicadas de su mandato con tres frentes judiciales avanzando casi al mismo tiempo: el caso de Begoña Gómez, el juicio a David Sánchez en Badajoz y la declaración como investigado de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. No hay sentencia contra ninguno de ellos, conviene dejarlo claro desde la primera línea, pero sí hay un calendario lo bastante denso como para convertir junio en una prueba de resistencia para Moncloa, el PSOE y sus socios parlamentarios.

La presión no llega solo por los juzgados. Llega por acumulación. Por goteo. Por esa sensación política, tan española y tan cruel, de que cada mañana trae una nueva carpeta bajo el brazo. El Gobierno sostiene que resistirá, que no habrá claudicación y que la legislatura debe continuar; la oposición interpreta la cadena de citaciones como síntoma de un ciclo agotado. En medio, la cuestión real no es si Sánchez aguanta otra portada adversa. Eso ya ha demostrado que sabe hacerlo. La duda es si puede seguir gobernando con el suelo parlamentario temblando y con el relato público ocupado por los tribunales.

El junio negro que teme Moncloa no se parece a una tormenta repentina, sino a esas nubes bajas que van tapando el cielo sin ruido. Primero, el juicio al hermano del presidente. Después, la vista judicial de su esposa. Más tarde, la comparecencia de Zapatero como investigado. Tres fotografías incómodas, tres expedientes distintos, una misma lectura política: el entorno socialista más próximo al poder atraviesa semanas de alta tensión institucional.

El calendario judicial que estrecha el pasillo de Moncloa

El tramo judicial empieza con el juicio por la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz. La Audiencia Provincial fijó el arranque para el 28 de mayo de 2026, dentro de una causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, con Miguel Ángel Gallardo y otros acusados también en el banquillo. La vista está señalada, como mínimo, hasta el 4 de junio, con testigos, peritos, funcionarios, responsables políticos y agentes de la Guardia Civil llamados a declarar.

Después aparece Begoña Gómez, esposa del presidente, citada para el 9 de junio en una audiencia preliminar ante el juez Juan Carlos Peinado. El instructor ha convocado también a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres deben comparecer personalmente en una causa que investiga presuntos delitos vinculados a tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Palabras mayores. De esas que no necesitan demasiada teatralidad para pesar en una portada.

El tercer golpe de calendario lo da Zapatero. El expresidente del Gobierno fue citado como investigado por la Audiencia Nacional en el marco del caso Plus Ultra, relacionado con presuntos delitos de tráfico de influencias y otros conexos. Su declaración, prevista inicialmente para el 2 de junio, fue aplazada al 17 y 18 de junio por el juez José Luis Calama tras la petición de su defensa, que alegó necesitar más tiempo para estudiar la documentación de la causa.

Tres fechas, tres nombres, una misma sombra política. La justicia tiene sus tiempos, sus garantías y sus laberintos; la política, en cambio, funciona con otra electricidad. No espera al auto firme. No espera al recurso. A veces no espera ni a la declaración. Basta la imagen: el entorno familiar del presidente, un expresidente socialista y varios asuntos judiciales caminando hacia el centro del escenario. Es un cóctel abrasivo, aunque jurídicamente todo siga abierto.

Begoña Gómez y una vista que Moncloa no puede minimizar

El caso de Begoña Gómez arrastra una carga política superior a su perímetro estrictamente judicial porque toca la intimidad institucional del presidente. No es una dirigente del PSOE, no ocupa un cargo público electo, pero su posición como esposa del jefe del Ejecutivo convierte cada diligencia en un episodio nacional. La causa nació a partir de una denuncia de Manos Limpias, a la que después se sumaron otras acusaciones, y ha ido ampliando su foco desde la actividad profesional de Gómez hasta la contratación de una asesora de Moncloa.

Peinado considera que ya no quedan diligencias de investigación pendientes y ha dado el paso hacia una audiencia preliminar, un trámite relevante antes de decidir sobre una eventual apertura de juicio oral. En esa vista no se dicta una condena, no se juzga el fondo del asunto y no se sustituye al juicio, si finalmente lo hay. Pero políticamente tiene una fuerza evidente: sitúa a la esposa del presidente en una comparecencia personal ante el juzgado, bajo la mirada de toda España, con un lenguaje judicial —medidas cautelares, riesgo de fuga, apertura de juicio oral— que suena áspero incluso antes de entrar en detalles.

La defensa de Gómez y la Fiscalía han pedido la absolución, mientras las acusaciones populares sostienen una posición muy distinta y reclaman penas elevadas. Ahí está una de las claves: el caso no puede contarse como si hubiera una verdad judicial cerrada. No la hay. Lo que existe es una instrucción polémica, una acusación muy dura, una Fiscalía que no comparte esa tesis y un juez que ha decidido avanzar. Para el lector común, para el ciudadano que desayuna con titulares y no con autos, esa distinción es decisiva. Investigar no es condenar. Pero investigar a alguien tan próximo al presidente tampoco es un asunto menor.

Moncloa lleva tiempo encajando este caso con una doble estrategia: defensa política cerrada y denuncia de una ofensiva judicial y mediática contra el presidente. El problema, para Sánchez, es que esa respuesta ya no se produce en una pieza aislada. Se suma al caso de su hermano y a la investigación a Zapatero, y la acumulación cambia la textura del asunto. Una gotera puede explicarse. Tres goteras en el techo, durante una tormenta, obligan a mirar los cimientos.

David Sánchez, Badajoz y el juicio por la contratación

El juicio a David Sánchez tiene un perfil distinto, más administrativo, menos televisivo en apariencia, aunque políticamente igual de venenoso. La causa se centra en su contratación en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades de los conservatorios de música, un puesto que después derivó en responsabilidades vinculadas a artes escénicas. Las acusaciones sostienen que pudo existir una plaza creada a medida o un procedimiento irregular; la defensa niega esa lectura y la Fiscalía no acusa al hermano del presidente al considerar que no existen indicios suficientes para atribuirle los delitos.

La imagen del banquillo, sin embargo, pesa. David Sánchez no es Pedro Sánchez, ni responde penalmente por él, ni sus actos pueden transferirse al presidente como si fueran una mancha hereditaria. Pero la política no funciona como una sala de vistas. Funciona con símbolos. Y el símbolo de un hermano del presidente juzgado por presuntas irregularidades en una administración gobernada por socialistas resulta difícil de neutralizar, incluso si el procedimiento termina en absolución.

El juicio incluye a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y figura relevante del socialismo extremeño, además de otras personas vinculadas con la institución provincial. El tribunal debe determinar si la contratación se ajustó a derecho o si hubo decisiones arbitrarias o influencias indebidas. Dicho de forma más clara: si aquello fue una contratación legítima dentro de una administración pública o si se fabricó un traje a medida con hilo institucional.

Aquí conviene no caer en el barro fácil. España conoce demasiado bien el olor del enchufismo, esa forma blanda de corrupción que no siempre deja sobres, pero sí deja puertas giratorias de familia, partido y administración. Precisamente por eso el caso importa. No porque el apellido condene, sino porque obliga a examinar cómo se nombran ciertos puestos, cómo se justifican, qué controles tienen y quién mueve la silla antes de que alguien se siente. En una democracia adulta, el empleo público no puede parecer una sobremesa de confianza. Ni siquiera parecerlo.

Zapatero, Plus Ultra y el golpe simbólico al PSOE

La investigación a José Luis Rodríguez Zapatero es, de los tres frentes, el más explosivo en términos históricos. No por su estado procesal —sigue siendo una investigación, no una condena—, sino por la figura. Zapatero fue presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, secretario general del PSOE y uno de los nombres centrales de la izquierda española contemporánea. Que declare como investigado ante la Audiencia Nacional rompe una barrera simbólica y coloca al socialismo ante una escena incómoda: uno de sus expresidentes sentado ante un juez por una causa vinculada al rescate de Plus Ultra.

El caso Plus Ultra gira en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia y a la sospecha judicial de posibles desvíos de fondos hacia sociedades en el extranjero. La investigación ha ido incorporando ramificaciones financieras y presuntas redes de influencia, con la Audiencia Nacional tratando de reconstruir movimientos de dinero, relaciones empresariales y contactos políticos. Zapatero deberá declarar los días 17 y 18 de junio después del aplazamiento aceptado por el juez Calama.

Para Sánchez, Zapatero no es un nombre cualquiera. Es un expresidente socialista, un referente interno para una parte del partido y una figura que durante años ha conservado una presencia política singular, especialmente en asuntos internacionales y latinoamericanos. El jefe del Ejecutivo ya expresó su apoyo a su antecesor y pidió respeto a la presunción de inocencia, una posición esperable desde el punto de vista político y jurídico. Pero ese apoyo también le vincula emocionalmente a un procedimiento que puede seguir dando titulares durante semanas.

La oposición ha encontrado aquí un terreno fértil. No necesita probar judicialmente nada para hacer política con el caso; le basta con subrayar la acumulación. Zapatero, Begoña, David Sánchez, Ábalos, las derivadas del caso Koldo, Santos Cerdán en el paisaje previo del PSOE… El marco narrativo está servido: un Gobierno rodeado por escándalos. Moncloa intenta responder con otro marco: una ofensiva conservadora, judicial y mediática contra un Ejecutivo legítimo que mantiene la economía en marcha y una mayoría parlamentaria compleja, pero todavía viva. Entre ambos relatos se mueve el país, como en una cocina llena de humo donde todos dicen saber de dónde viene el fuego.

La resistencia de Sánchez y el ruido de sus socios

Sánchez ha construido buena parte de su carrera sobre una palabra: resistencia. Resistió a su propio partido, resistió mociones, resistió derrotas, pactó donde otros se quemaban las manos y convirtió la supervivencia en método político. Eso explica por qué en Moncloa no se interpreta automáticamente este calendario judicial como el final del trayecto. El Ejecutivo se muestra decidido a aguantar la presión y mantener la legislatura, pese a la ofensiva del PP y Vox, las advertencias de aliados parlamentarios y las voces socialistas que piden elecciones.

Pero resistir no es gobernar. O no siempre. Gobernar exige aprobar leyes, negociar presupuestos, sostener mayorías, mantener autoridad pública y conservar una mínima capacidad de iniciativa. Cuando todo gira alrededor de los juzgados, la acción política se estrecha. El Gobierno puede seguir en pie, sí, pero con el paso más corto, midiendo cada palabra, mirando de reojo a los socios y contestando a titulares que no elige.

Los aliados parlamentarios son el otro termómetro. Junts ha pedido explicaciones y transparencia sobre el caso Zapatero, aunque por ahora descarta una moción de censura y asegura que esa opción no está sobre la mesa. El PNV endurece el tono y ve irresponsable la pretensión de agotar la legislatura. Vox presiona al PP para una moción de censura instrumental. El PP observa el tablero con una mezcla de ansiedad y cálculo: quiere elecciones, pero sabe que una moción sin números puede regalar oxígeno al adversario.

El PSOE, mientras tanto, vive entre la disciplina y el murmullo. Salvador Illa ha defendido que la legislatura debe aguantar, apoyándose en la evolución económica y en la necesidad de evitar una alternativa de derechas con Vox. Felipe González, en cambio, ha defendido públicamente que debería haber elecciones generales en España este año. Dos dirigentes socialistas, dos sensibilidades, dos formas de mirar el mismo precipicio. Uno pide aguantar. El otro sugiere votar. El partido escucha, traga saliva y mira a Moncloa.

La paradoja es casi literaria: Sánchez, que domina como pocos el arte de sobrevivir al incendio, se enfrenta ahora a un fuego que no depende solo de él. No puede ordenar los tiempos judiciales. No puede cerrar una instrucción. No puede impedir una declaración. Puede modular el discurso, elegir cuándo comparece, apretar a su mayoría, ganar tiempo. Pero el calendario no está en la sala de máquinas de La Moncloa. Está en juzgados y audiencias. Y eso, para un político acostumbrado a marcar el ritmo, es una forma de intemperie.

Una legislatura entre tribunales, pactos y desgaste

La legislatura española ya era frágil antes de este junio judicial. Nació de una mayoría plural, incómoda, llena de facturas cruzadas: PSOE, Sumar, partidos nacionalistas, independentistas, socios con agendas incompatibles y una oposición que nunca ha considerado plenamente legítima la arquitectura parlamentaria de Sánchez. A esa fragilidad se le añade ahora un ruido judicial que amenaza con convertir cada negociación en un plebiscito moral sobre el presidente.

El Gobierno aún conserva argumentos. La economía ofrece datos que Moncloa usa como escudo. La alternativa PP-Vox moviliza a la izquierda y a los socios que no quieren aparecer como cooperadores necesarios de un cambio de ciclo hacia la derecha dura. La moción de censura, sin números claros, sigue siendo más un martillo retórico que una herramienta inmediata. Y Sánchez, guste o no, mantiene una habilidad probada para convertir la presión externa en cemento interno.

Pero el desgaste existe. No todo se mide en votos parlamentarios. También cuenta la autoridad. La capacidad de imponer agenda. La confianza de los socios. La paciencia social. El ciudadano medio puede no conocer el detalle técnico de una audiencia preliminar, ni distinguir una acusación popular de una posición del Ministerio Fiscal, pero sí percibe acumulación. Y la acumulación, en política, opera como la cal: va cubriendo los colores originales hasta dejar una pared gris.

La oposición intentará que junio sea leído como un juicio político al sanchismo. El Gobierno intentará que sea leído como una ofensiva sin pruebas definitivas contra un Ejecutivo elegido por el Parlamento. Ambas partes exagerarán. Es su oficio, aunque no siempre lo confiesen. La tarea del lector consiste en no comprar el paquete entero sin abrirlo: una imputación no es una condena, una absolución futura no borraría el daño político ya causado y una denuncia de persecución no elimina por sí sola las preguntas legítimas sobre contratos, influencias y dinero público.

Lo institucionalmente sano sería que los tribunales hicieran su trabajo sin interferencias y que los partidos no sustituyeran la justicia por el plató. España, por desgracia, no siempre concede esos lujos. Aquí el auto judicial se convierte en munición a los diez minutos, la rueda de prensa se transforma en alegato y cada formación coloca la presunción de inocencia donde le conviene: enorme cuando toca a los suyos, microscópica cuando afecta al rival. Viejo país, viejas costumbres, traje nuevo.

La legislatura ante su espejo más incómodo

Sánchez no está políticamente acabado por tener un junio judicial difícil. Sería demasiado simple, casi infantil. Pero tampoco puede fingir que se trata de ruido ambiental. Lo que viene concentra demasiados elementos sensibles: la esposa del presidente ante una audiencia preliminar, su hermano en un juicio por contratación pública y un expresidente socialista investigado en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra. Son hechos distintos, con causas distintas, personas distintas y responsabilidades que no deben mezclarse penalmente. Políticamente, sin embargo, ya forman parte de la misma fotografía.

La resistencia de Moncloa dependerá de tres factores: que no aparezcan datos nuevos de mayor gravedad, que los socios no crucen la línea entre el reproche y la ruptura, y que Sánchez logre devolver la conversación pública a la gestión. Nada fácil. El presidente ha ganado muchas veces en el terreno del límite, donde otros se marean. Pero junio llega con la agenda escrita por los tribunales y con el PSOE obligado a defender, explicar o esperar. Tres verbos poco cómodos para quien prefiere atacar.

Lo justo, y lo democrático, es esperar a la justicia. Lo inteligente, políticamente, es no confundir esa espera con normalidad. La presunción de inocencia protege a Begoña Gómez, a David Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero. La responsabilidad política, en cambio, examina otra cosa: cómo afecta esta cadena de casos a la credibilidad de un Gobierno, a la estabilidad de una mayoría y a la confianza de un país cansado de vivir entre sospechas, trincheras y autos judiciales leídos como si fueran editoriales.

Junio no dictará necesariamente sentencia sobre Sánchez. Pero sí puede fijar el tono del resto de la legislatura. Y ese tono, por ahora, suena a pasillo judicial, a teléfonos calientes en Ferraz, a socios midiendo distancias y a Moncloa repitiendo una palabra que ya es marca de la casa: aguantar. Aguantar, sí. La política española lleva años convertida en eso: una larga prueba de apnea en una piscina demasiado turbia.