¿Islandia volverá a negociar su adhesión a la UE con este referéndum?

Islandia ha abierto las urnas para decidir si reanuda las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, interrumpidas hace más de una década. No está votando su entrada inmediata en la UE, aunque buena parte de la campaña haya terminado pareciéndose inevitablemente a eso. Lo que sale de las papeletas es el permiso político para volver a sentarse con Bruselas y averiguar bajo qué condiciones podría entrar algún día.

El desenlace se presenta extraordinariamente ajustado. La última encuesta de Gallup, realizada entre el 24 y el 27 de agosto, colocó al «no» en el 51,6% y al «sí» en el 48,4%. Apenas unos días antes, otro sondeo de Maskína había dado ventaja a quienes quieren reabrir las conversaciones. En otras palabras: Islandia llega a las urnas partida casi exactamente por la mitad.

Los colegios electorales de Reikiavik abrieron a las 9.00, hora islandesa, y cerrarán a las 22.00; los primeros resultados llegarán posteriormente y el cuadro definitivo se espera durante la madrugada del domingo en España. La participación anticipada venía mostrando un interés mayor del previsto y las primeras informaciones de la jornada apuntan también a una afluencia elevada.

Islandia no vota todavía si quiere entrar en la Unión Europea

Conviene detenerse aquí porque el matiz cambia completamente la noticia. La pregunta oficial de la consulta es si Islandia debe reanudar las negociaciones de adhesión con la UE. Solo hay dos respuestas posibles: sí o no. El resultado tiene carácter consultivo conforme a la legislación electoral islandesa.

Una victoria del «sí», por tanto, no convertiría a Islandia en el miembro número 28 ni colocaría automáticamente la bandera azul de las estrellas frente al Parlamento de Reikiavik. Abriría otra cosa: una negociación sobre pesca, agricultura, política comercial, legislación comunitaria y moneda, además del resto de condiciones de una eventual adhesión.

Y después habría otra votación. La primera ministra, Kristrún Frostadóttir, ha insistido en que los ciudadanos tendrían también la última palabra sobre cualquier acuerdo definitivo con Bruselas. La secuencia sería negociación, pacto —si lo hay— y un segundo referéndum antes de que Islandia pudiera incorporarse realmente a la Unión.

No es exactamente un detalle jurídico. Es el corazón político de la consulta. Parte del campo favorable sostiene que votar «sí» significa simplemente comprobar qué puede conseguir Islandia en una negociación y decidir después. Los detractores replican que volver a abrir ese camino supone introducir al país en una dinámica de adhesión difícil de separar de su resultado final.

La pesca vuelve a colocar una frontera entre Reikiavik y Bruselas

Islandia parece geográficamente hecha para Europa y económicamente conectada con ella, pero tiene un asunto capaz de enfriar cualquier entusiasmo comunitario con bastante rapidez: el pescado.

Los productos pesqueros y marinos representan alrededor del 40% de las exportaciones islandesas. No se trata únicamente de dinero. El control de los caladeros forma parte de la cultura política del país, de su idea de soberanía y hasta de su memoria nacional. Para un Estado de apenas 400.000 habitantes rodeado por un océano extraordinariamente productivo, entregar capacidad de decisión sobre las capturas no se percibe como modificar una cláusula comercial. Se siente bastante más cerca de entregar las llaves del almacén.

La Política Pesquera Común de la UE establece mecanismos conjuntos para gestionar recursos, cuotas y capturas. Ahí aparece la gran fricción. Las organizaciones pesqueras islandesas temen que la adhesión reduzca la libertad del país para gestionar sus propias aguas como Estado costero independiente. El Gobierno sostiene que defendería un régimen especial durante las negociaciones.

No sería una discusión nueva. Cuando Islandia paralizó su anterior proceso de adhesión, precisamente los capítulos relacionados con pesca y agricultura seguían entre los más complicados. La negociación quedó congelada antes de que ese nudo llegara a desatarse.

Una historia de acercamientos y frenazos

Islandia solicitó formalmente ingresar en la UE en 2009, después del terremoto financiero que hundió su sistema bancario y golpeó con enorme dureza a la corona islandesa. Bruselas abrió las negociaciones en 2010 y el proceso avanzó deprisa en muchas áreas porque el país llevaba años incorporando buena parte de la normativa europea.

En 2013, con una nueva mayoría euroescéptica, las conversaciones quedaron suspendidas. Dos años después, el Gobierno comunicó a Bruselas que no pretendía retomarlas. Para entonces se habían abierto 27 capítulos negociadores y 11 estaban provisionalmente cerrados.

Más de una década después, el expediente regresa a la mesa. Y la Europa de 2026 se parece poco a la de aquellos años.

El bolsillo empuja hacia Europa, la soberanía tira en dirección contraria

La campaña no se explica solamente mirando barcos y cuotas. En Islandia hay una conversación mucho más doméstica —hipotecas, precios, tipos de interés, salarios— que ha colocado otra vez la Unión Europea dentro de la cocina.

Los defensores de retomar las negociaciones vinculan una posible integración futura con una mayor estabilidad monetaria y económica. La corona islandesa proporciona autonomía al país, sí, pero también puede sufrir oscilaciones considerables. El debate sobre una futura adopción del euro aparece así asociado al coste del crédito y al poder adquisitivo de las familias, aunque entrar en la UE no supondría adoptar automáticamente la moneda única de un día para otro.

El extraño caso de estar dentro sin estar dentro

Hay una paradoja bastante islandesa en todo esto. El país no pertenece a la Unión Europea, pero forma parte del Espacio Económico Europeo, de la Asociación Europea de Libre Comercio y del espacio Schengen. Tiene acceso al mercado único y aplica miles de normas relacionadas con él.

Eso permite vender, comprar, trabajar y circular por buena parte del entramado económico europeo con pocas barreras. Pero Islandia no participa como Estado miembro cuando esas reglas se deciden.

Los partidarios del «sí» resumen ese escenario con una objeción sencilla: Reikiavik ya vive dentro de buena parte de la maquinaria europea, pero sin asiento ni voto en las instituciones que fabrican muchas de sus normas. Para los euroescépticos sucede justo al revés: el modelo actual permite obtener gran parte de las ventajas económicas manteniendo fuera de Bruselas decisiones especialmente sensibles.

El famoso término medio. Cómodo hasta que deja de serlo.

Trump, Groenlandia y un Atlántico Norte mucho menos tranquilo

A la economía se ha añadido la geopolítica. La guerra en Ucrania, la competencia por el Ártico y las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia han reforzado en determinados sectores islandeses la sensación de que los pequeños Estados necesitan alianzas particularmente sólidas.

Islandia es miembro fundador de la OTAN, pero carece de ejército permanente. Su ubicación, en pleno Atlántico Norte, resulta estratégica para las comunicaciones entre Norteamérica y Europa. Con el Ártico ganando importancia militar, energética y comercial, una isla que durante décadas pudo permitirse mirar la política continental desde cierta distancia contempla ahora un mapa bastante más incómodo.

La ministra de Exteriores, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ha defendido precisamente que el deterioro del orden internacional obliga a los países pequeños a reconsiderar dónde sitúan sus alianzas. Los adversarios de la adhesión responden que la seguridad islandesa está garantizada fundamentalmente por la OTAN y que pertenecer a la UE añadiría integración política, no una protección militar de la que Islandia carezca actualmente.

La cuestión europea se ha mezclado así con algo más grande. No es solamente cuánto cuesta una hipoteca o quién decide cuántas toneladas de bacalao pueden capturarse. También es dónde quiere colocarse Islandia cuando las placas tectónicas de la política internacional, por utilizar una metáfora especialmente apropiada en la isla, vuelven a moverse.

Qué ocurriría si gana el «sí» y qué significaría un «no»

Una mayoría favorable permitiría al Gobierno activar políticamente el proceso. La comisión parlamentaria de Exteriores sería convocada, se comunicaría formalmente el resultado a la Unión Europea, se constituiría un equipo negociador y comenzarían los trabajos para retomar las conversaciones con Bruselas.

Islandia partiría con bastante camino recorrido. Su integración en el mercado único y la cantidad de legislación comunitaria que ya aplica podrían permitir una negociación notablemente más rápida que la de otros aspirantes. Las estimaciones manejadas durante la campaña apuntan a un periodo aproximado de 18 a 24 meses, aunque una negociación internacional tiene la saludable costumbre de no respetar demasiado los calendarios políticos.

Si finalmente se alcanzara un acuerdo, llegaría el momento realmente decisivo: los islandeses tendrían que pronunciarse de nuevo sobre la adhesión concreta y sus condiciones. También los Estados miembros de la UE deberían completar sus procedimientos de ratificación.

Una victoria del «no» tendría un efecto mucho más inmediato. El Gobierno perdería el mandato político para reabrir las negociaciones y el expediente europeo volvería a quedar aparcado durante un periodo difícil de calcular. Islandia seguiría dentro del Espacio Económico Europeo, Schengen y la EFTA; profundamente conectada con la UE, pero políticamente fuera de ella.

Europa empieza en Islandia, pero Islandia aún decide dónde termina

El referéndum revela una contradicción que lleva años acompañando al país. Islandia es cultural, económica e institucionalmente europea hasta extremos que a veces vuelven casi artificial la frontera con la UE. Sin embargo, conserva una relación muy particular con su soberanía: pesca, moneda, territorio y capacidad de decidir solo pesan mucho en una sociedad pequeña que convirtió la independencia en parte fundamental de su identidad.

Por eso el dinero puede sugerir una dirección y la historia empujar hacia otra. Las encuestas lo reflejan con una precisión casi cruel: 51,6% frente a 48,4% en el último Gallup, después de haber registrado justo el movimiento contrario pocos días antes. No existe una mayoría social compacta esperando detrás de las urnas. Existe un país dividido.

Cuando termine el recuento se sabrá únicamente cuál de esas dos Islandias ha conseguido movilizar a unos cuantos votantes más. Si vence el «sí», empezará una negociación cuyo capítulo más delicado tendrá olor a sal y pescado. Si gana el «no», la isla continuará donde lleva años: muy cerca de Europa, integrada en buena parte de sus estructuras y políticamente fuera de la Unión.