Harvey Colchado: ¿por qué la Fiscalía pide 9 años y 4 meses de cárcel?

La Fiscalía peruana solicita 9 años y 4 meses de prisión efectiva para Harvey Colchado, coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) en retiro y actual diputado por Ahora Nación. El Ministerio Público le atribuye presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica por unos hechos relacionados con el alquiler a la propia Policía de un inmueble de Comas del que Colchado pasó a ser copropietario. No existe una condena: el caso se encuentra en fase de acusación y todavía debe superar el correspondiente control judicial.

El origen del expediente está lejos de las grandes operaciones policiales que hicieron conocido al antiguo jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC). Aquí todo comienza con algo bastante más prosaico: una casa, un contrato de alquiler y un poder notarial. La tesis fiscal sostiene que Colchado, siendo todavía oficial en activo y estando legalmente impedido para contratar con el Estado, se benefició indirectamente del arrendamiento del inmueble a esa misma institución. Él rechaza los cargos, considera que la acusación carece de suficiente fundamento y reivindica su presunción de inocencia.

El inmueble de Comas que está en el centro de la acusación

La Policía Nacional alquilaba desde 2015 un inmueble de tres plantas en Comas, Lima, para el funcionamiento del Departamento de Investigación Criminal, conocido como DEPINCRI. La situación cambió en junio de 2020, cuando Harvey Colchado adquirió una participación en esa propiedad tras el fallecimiento de su padre y la correspondiente sucesión intestada.

Desde ese momento apareció el elemento que sostiene buena parte de la acusación. Según el Ministerio Público, Colchado continuaba siendo coronel en activo de la PNP y, por esa condición, estaba alcanzado por las restricciones previstas para determinados funcionarios y servidores públicos en las contrataciones con el Estado.

La Fiscalía considera que existía, por tanto, una incompatibilidad entre su posición dentro de la Policía y el beneficio económico derivado del alquiler de un inmueble de su propiedad a esa misma institución. Esa es la pieza alrededor de la cual se construye el caso.

El arrendamiento era de 6.100 soles mensuales, unos 73.200 soles al año. El contrato y posteriores ampliaciones continuaron vigentes hasta julio de 2024, cuando la contratación fue finalmente rescindida tras hacerse público el asunto.

El poder otorgado a su madre y la palabra «independiente»

El 30 de abril de 2021, Colchado otorgó un poder especial ante notario a favor de su madre para que pudiera gestionar, alquilar y realizar otras operaciones relacionadas con la propiedad.

Hasta ahí, un trámite civil bastante corriente. El problema aparece en una palabra.

En ese documento, según la acusación fiscal, Colchado declaró como ocupación «independiente», pese a que entonces seguía desempeñándose como coronel de la Policía Nacional. El Ministerio Público interpreta que esa información no reflejaba su verdadera situación laboral y considera que puede constituir falsedad ideológica.

Por este presunto delito, la fiscal Diana Paico Guevara solicita cuatro años de prisión efectiva. La cuestión que deberá discutirse judicialmente no es simplemente que hubiese una descripción laboral inexacta, sino si esa información fue incorporada deliberadamente a un documento público con relevancia jurídica suficiente para integrar el delito que sostiene la acusación.

Por qué la Fiscalía añade otros cinco años y cuatro meses

La segunda parte del requerimiento es más pesada. La Fiscalía atribuye a Colchado participación como cómplice primario de negociación incompatible y reclama por este delito otros cinco años y cuatro meses de cárcel.

Según la tesis fiscal, funcionarios encargados de las contrataciones dentro de la Dirección de Investigación Criminal tramitaron el alquiler pese a que los documentos administrativos permitían identificar a Colchado como copropietario del inmueble. Entre los otros acusados aparecen Clara Elizabeth Ramírez Benites y Víctor Elvis Ocmin Vargas.

La investigación sostiene que aquellos funcionarios habrían permitido continuar la contratación pese al supuesto impedimento existente y que Colchado se habría beneficiado de esa operación como propietario. La Fiscalía ve ahí un interés indebido en una contratación pública; la defensa, evidentemente, tendrá que discutir tanto la existencia de ese interés como la participación penal que se atribuye al diputado.

Las dos solicitudes de cárcel se suman porque se trata de delitos distintos: cuatro años por falsedad ideológica más cinco años y cuatro meses por negociación incompatible, hasta alcanzar los nueve años y cuatro meses que han colocado el caso en el centro de la actualidad política peruana.

Las multas, la inhabilitación y la reparación civil

La petición fiscal no termina en la prisión. El requerimiento incluye también consecuencias económicas y administrativas.

La Fiscalía solicita una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 543 días y plantea una reparación civil de 100.000 soles vinculada al presunto delito de negociación incompatible, que tendría que ser asumida por los acusados en los términos que finalmente establezca la Justicia. Para Colchado se reclaman, además, otros 50.000 soles por la imputación de falsedad ideológica. También figura una petición de días-multa dentro del procedimiento.

Son, en todo caso, pretensiones de la acusación. No penas impuestas. Esa diferencia resulta esencial porque el expediente aún está lejos de una sentencia firme.

Qué ocurre ahora con el proceso contra Harvey Colchado

Presentar una acusación no equivale a abrir automáticamente un juicio ni, mucho menos, a considerar culpable al acusado. El requerimiento de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro debe pasar por el control judicial de la acusación.

Será el juzgado competente el que examine si la Fiscalía ha construido una imputación jurídicamente válida y cuenta con elementos suficientes para llevar el asunto a juicio oral. La defensa puede cuestionar la acusación, pedir que determinados elementos sean excluidos y utilizar los mecanismos procesales que considere pertinentes para intentar cerrar el caso antes de esa fase.

Y aparece otra capa, esta vez política: Colchado es actualmente diputado de la República.

El penalista Mario Amoretti ha señalado que su inmunidad parlamentaria permitiría que la investigación y la acusación avanzasen, pero que, si finalmente se dispusiera la apertura de juicio oral, entraría en juego un eventual procedimiento de levantamiento de inmunidad ante la Cámara de Diputados. En esa interpretación, el llamado desafuero sería necesario para que pudiera ser juzgado mientras mantiene su condición parlamentaria.

No significa que el Congreso deba decidir de inmediato sobre su situación. Primero está la fase judicial actual. Solo si el procedimiento llega al punto procesal correspondiente surgiría esa cuestión.

Colchado rechaza la acusación y señala su coincidencia política

Harvey Colchado ha respondido públicamente. Asegura que el requerimiento fiscal carece de suficiente sustento jurídico y probatorio y afirma estar convencido de su inocencia. También ha declarado que respetará tanto la autonomía del Ministerio Público como la independencia del Poder Judicial.

Su reacción incorpora, sin embargo, un ingrediente político. El diputado ha llamado la atención sobre el momento en que la acusación se hizo pública, coincidiendo con su incorporación a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Colchado sostiene que no permitirá que una investigación sea utilizada como instrumento de presión política.

La coincidencia temporal existe; convertirla en prueba de una maniobra es otra cosa. Hasta el momento, lo acreditado es que existe un requerimiento fiscal con delitos, hechos y penas concretamente formulados. La intención política que Colchado sugiere forma parte de su respuesta, no de un hecho demostrado dentro del proceso.

Su trayectoria explica también por qué el expediente ha adquirido tanta repercusión. Colchado alcanzó notoriedad como jefe de la DIVIAC y por su participación en investigaciones sensibles contra corrupción y crimen organizado. Ahora el policía que durante años apareció asociado a operaciones contra altos cargos se encuentra al otro lado del expediente judicial. Una ironía política evidente, aunque la presunción de inocencia no admite atajos.

Una acusación grave que todavía tendrá que probarse

El caso contra Harvey Colchado puede resumirse en una secuencia bastante precisa. La Policía alquilaba un inmueble; Colchado se convirtió en copropietario mientras todavía pertenecía a la institución; otorgó posteriormente poderes para gestionar la propiedad y en aquel documento apareció como trabajador independiente. La Fiscalía considera que aquel mecanismo permitió mantener un negocio incompatible con su condición de oficial y que la información consignada en el instrumento notarial fue falsa.

De ahí salen los 9 años y 4 meses de prisión solicitados por el Ministerio Público. Pero entre una acusación fiscal y una condena existe precisamente lo que a veces desaparece demasiado rápido de los titulares: un proceso judicial, la contradicción de las pruebas, la defensa del acusado y la decisión de un tribunal.

Colchado sostiene que los elementos presentados son insuficientes. La Fiscalía sostiene lo contrario. El siguiente terreno de juego no será una rueda de prensa ni una comisión parlamentaria, sino el juzgado encargado de determinar si el caso tiene base suficiente para avanzar hacia un juicio oral. Y ahí, entre escrituras, contratos y normas de contratación pública, se decidirá cuánto recorrido judicial tiene realmente una acusación que pide más de nueve años de cárcel para uno de los policías más conocidos de la política peruana reciente.