¿Por qué hay terroristas de Hizbulá en Venezuela y Colombia?

Audiencia del Senado de EE.UU. señala expansión de Hizbulá en Venezuela y redes en Colombia: contratos, pasaportes y lavado ilícito regional.

La alerta que ha recorrido Washington en las últimas horas es clara: Hizbulá ha ampliado su presencia y sus redes de apoyo en América Latina y Venezuela figura como plataforma prioritaria desde que Nicolás Maduro consolidó el poder. Así lo sostuvieron expertos en una audiencia en el Senado de Estados Unidos, donde se expuso que el grupo libanés se habría apoyado en empresas pantalla, facilidades estatales y circuitos de lavado para financiarse y moverse con mayor libertad. Colombia aparece en el mismo tablero, pero con otra fisonomía: menos enclave territorial y más nodos discretos de apoyo financiero, logística y contactos en economías criminales ya instaladas.

La señal política de esa audiencia no es menor. Cuando el Legislativo estadounidense saca un expediente a la luz, suele preparar el terreno para nuevas sanciones, más cooperación judicial y policial y mayor presión diplomática. En términos prácticos, la discusión recoloca a Venezuela como facilitador operativo y logístico y a Colombia como punto de paso y financiación, con especial énfasis en documentación, contrabando y lavado. Hay acusaciones de alto voltaje —centro de entrenamiento paramilitar en Margarita, emisión de pasaportes a personas vinculadas con Hizbulá y Hamás— y también matices: no es lo mismo un testimonio bajo juramento que una sentencia firme. Pero el cuadro resultante dibuja una amenaza realista y evolucionada, conectada con el narcotráfico, el oro ilegal y empresas de fachada que operan desde hace años en la región.

Qué se dijo en el Senado de EE. UU.

La audiencia, dedicada a examinar el papel de Hizbulá en el hemisferio, reunió a antiguos responsables del Departamento del Tesoro y especialistas en financiación del terrorismo. Uno de ellos, Marshall Billingslea, aseguró que ya en 2001 existían vínculos entre contratos públicos de Venezuela y firmas consideradas tapaderas del grupo chií libanés. A su juicio, la extensión y la profundidad de esa presencia se ampliaron bajo Maduro. En paralelo, describió facilidades documentales: la agencia de pasaportes venezolana habría expedido un número significativo de documentos a personas relacionadas con Hizbulá y Hamás, parte de las cuales llegaron a Estados Unidos. Son afirmaciones bajo testimonio, un estándar serio, aunque no equivalente a una resolución judicial.

Matthew Levitt, exalto cargo de Inteligencia y Análisis en el Tesoro, añadió otra capa: Colombia no sería un santuario comparable al venezolano, pero alberga actividad de apoyo, financiación y logística; en su valoración, la cooperación internacional fue más intensa en etapas anteriores y debería reforzarse. Con esos mimbres, el mensaje central quedó cristalizado: Hizbulá se apoya en economías ilícitas latinoamericanas —del tráfico de cocaína al contrabando de oro— para sanear fondos y sostener su estructura en un momento de presión financiera. El foco, ahora, se desplaza a mecanismos concretos: quién facilita documentos, por dónde circula el dinero, qué rol juegan puertos, aeropuertos y zonas francas, y cuánto de esto puede transformarse en casos penales.

Venezuela como plataforma operativa

Venezuela aparece como núcleo por una combinación de factores que se retroalimentan. Relación política sostenida con Irán, instituciones debilitadas, aparato portuario y aeroportuario con controles fragmentados, mercados paralelos de divisas y economías extractivas con altísima opacidad conforman un entorno permeable. Para una organización con apadrinamiento iraní y décadas de experiencia en operaciones financieras encubiertas, el terreno es propicio: facilidades para moverse, para simular comercio legítimo, para repatriar efectivo y para ocultar remesas con estructuras de importación y exportación que parecen ordinarias desde fuera.

La acusación de la jornada —un centro de entrenamiento paramilitar en la isla de Margarita— es la pieza más explosiva. La geografía acompaña: Margarita es un punto de alto tránsito turístico y comercial, con rutas marítimas que conectan islas y costas y una historia de contrabando que antecede a la crisis institucional actual. ¿Existe ese enclave? A día de hoy, no hay evidencia pública concluyente —fotografías, decomisos, coordenadas oficiales— que permita verificar de forma independiente su existencia. Sigue siendo una imputación, aunque insistentemente repetida por antiguos funcionarios y analistas. Lo que sí encaja con el mapa conocido es la lógica logística: un archipiélago con centros de almacenaje, muelles discretos y flujo comercial sirve para reuniones, entrenamiento básico y tránsito sin llamar demasiado la atención.

Contratos, pasaportes y el imán Margarita

El otro frente es documental. La expedición de pasaportes y otros documentos a individuos señalados por vínculos con Hizbulá o Hamás figura entre las advertencias más sensibles, porque abre puertas en aeropuertos y fronteras y desdibuja identidades. El gobierno venezolano ha negado reiteradamente una “venta” de documentos o irregularidades sistemáticas. Sin embargo, sanciones del Tesoro estadounidense contra intermediarios radicados en Venezuela a lo largo de los años —nombres y apellidos concretos— dibujan un patrón de facilitadores que operan desde o a través del país. Eso no equivale a demostrar una cadena de mando estatal vertical; sí sugiere permisividad, connivencia o uso instrumental de instituciones por parte de individuos con acceso al Estado.

En el entorno de Margarita confluyen free trade zones, hoteles, operadores turísticos, transporte marítimo y comercio minorista con baja trazabilidad. Pequeñas empresas, agencias de viajes, cargueros que no levantan sospechas y tiendas de importación permiten mover mercancía, dinero y personas con apariencia de normalidad. Para quien busca prestar servicios a una red —alojamiento, logística, vehículos, contratos de suministros— no hace falta un gran complejo, basta con una constelación de negocios privados que nadie asocia entre sí. Ese es el punto: en 2025, el profesionalismo criminal ya no se exhibe en campamentos visibles, se disuelve en la economía local.

Colombia en el mapa: menos enclave, más red

En Colombia, el relato cambia de tono. No se describe un centro de mando ni un enclave extendido, sino células y enlaces que aprovechan el ecosistema criminal del país. Minería ilegal, rutas de cocaína, contrabando de combustible, tráfico de armas y economías fronterizas conviven en varias regiones, y cualquier organización con ambición internacional puede alquilar esos canales. El país incluyó a Hizbulá en sus listas de terrorismo en 2020. Desde entonces, expulsiones de presuntos operativos, investigaciones por financiación y seguimiento a esquemas de lavado se han alternado con periodos de menor cooperación visible con Estados Unidos y otros socios. No es que falten capacidades; es un clásico vaivén político en el que las prioridades se mueven y las agendas compiten.

Bogotá tiene, eso sí, oficinas especializadas en financiación del terrorismo y lavado de activos, y una fiscalía con experiencia en macrocausas contra organizaciones de narcotráfico. Los métodos de blanqueo —del mercado negro de divisas al over/under invoicing en comercio exterior— son viejos conocidos. El “Black Market Peso Exchange” —la compensación informal entre exportadores, importadores y narcotraficantes para mover dólares y pesos sin trazar— sigue vivo y se adapta al comercio electrónico, a criptomonedas y a servicios de remesas aparentemente legítimos. Ahí es donde Hizbulá —o, mejor dicho, intermediarios que le prestan servicios— encuentran oxígeno.

Lavado, oro y rutas del narcotráfico

El oro es hoy la gasolina de muchas redes. Minería ilícita en Amazonas, Vichada, Guainía y zonas fronterizas alimenta cadenas de valor donde el metal se mezcla con producción legal, se trasborda por fronteras porosas y termina certificado en refinerías que, en parte, confían en papeles más que en verificación física. Una barra de oro con documentación en regla es dinero portátil. Con pagos fraccionados, préstamos entre empresas vinculadas y nóminas infladas, el efectivo se lava con facilidad. Colombia aporta oro y rutas; Venezuela aporta volumen —su auge del oro ilegal es notorio— y salidas por el Caribe; la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) aporta historial de servicios financieros informales. No hace falta que todo sea controlado por una sola organización: basta con que los nodos se toquen.

Las rutas de cocaína también sirven para mensajería de alto valor. No hablamos de toneladas, sino de valijas con dinero, documentos, chips y instrucciones. En aeropuertos secundarios, puertos medianos y pistas clandestinas, la fricción es menor. Con empresas de courier o cargas consolidadas se puede ocultar en lo banal: repuestos de automóvil, maquinaria de segunda mano, electrodomésticos. La clave no es la “gran operación” de película, sino el goteo que nunca llama la atención.

Lo que se sabe y lo que falta por documentar

La audiencia en el Senado deja afirmaciones relevantes y preguntas que merecen seguimiento judicial. Lo sólido hoy: testimonios bajo juramento, una trayectoria de sanciones financieras a facilitadores en territorio venezolano, precedentes policiales en Colombia y patrones de blanqueo bien documentados en toda la región. Lo que falta: pruebas públicas sobre infraestructuras de entrenamiento en Margarita, expedientes judiciales firmes que detallen la cadena de mandos, sentencias que encajen las piezas dispersas y, sobre todo, documentación oficial verificable sobre cómo operan esas empresas pantalla en contratos públicos.

Es importante no confundir roles. Un Estado puede negar vínculos y, a la vez, fallar en controlar a intermediarios que abusan de su aparato. O puede ser parte del problema. Demostrar una u otra cosa exige investigaciones que crucen contratos, viajes, transferencias y comunicaciones. Lo responsable, a 22 de octubre de 2025, es separar lo acreditado de lo alegado y seguir la pista de los dinero-flujos: quién factura a quién, qué bienes se importan, cómo se justifican, quién certifica el oro y dónde termina.

En paralelo, Caracas ha negado sistemáticamente irregularidades en la emisión de pasaportes y cualquier colaboración con organizaciones designadas como terroristas. Y Bogotá tiene expedientes con expulsiones y procesos que van y vienen, con cambios de gobierno que alteran el tono y el ritmo de la cooperación internacional. Nada de esto invalida el núcleo del aviso: la región —con Venezuela y Colombia en el centro del mapa— ofrece ecosistemas criminales útiles para Hizbulá y sus aliados.

Impacto para la región y para España

La política exterior de Washington suele traducir estas audiencias en paquetes de sanciones, listas de entidades y programas de asistencia a fiscalías y policías. Eso eleva costos para empresas y bancos latinoamericanos que operan con Venezuela o con contrapartes de riesgo. Argentina, Brasil, Paraguay, México, Panamá, Colombia y Caribe verán más intercambio de información, presión para armonizar tipificaciones y trabajo con listas de personas y compañías “designadas”. La tendencia apunta a compliance reforzado en logística, comercio exterior, refinerías de oro y corresponsalías bancarias. Quien no ajuste, quedará fuera del circuito financiero internacional.

Para España y la Unión Europea, el caso no es lejano. Vínculos históricos con América Latina, importaciones que pasan por zonas francas y redes empresariales compartidas convierten Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao en plazas sensibles. La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Audiencia Nacional llevan años trabajando con Estados Unidos y países latinoamericanos en causas de narcotráfico, blanqueo y financiación del terrorismo. Con alertas como la de esta semana, cabe esperar más órdenes europeas de investigación, pedidos de asistencia y controles sobre remesas, transferencias y operaciones de comercio donde aparezcan intermediarios con exposición venezolana o colombiana de riesgo.

Para el sector privado español, el mensaje es pragmático. Banca, fintech, navieras, aseguradoras, transitarios, refinerías, joyería, trading de materias primas y textil deberían actualizar matrices de riesgo con nuevos indicadores: proveedores en puertos venezolanos, circuitos de oro sin due diligence física, clientes con flujos triangulados vía Caribe o Panamá, importaciones subvaloradas o sobrefacturadas desde zonas francas y picos inusuales en remesas de origen o destino venezolano/colombiano. No es alarmismo; es gestión de riesgo: evitar que una cadena legítima sirva, sin quererlo, de conducto.

La diáspora venezolana —masiva, variada, trabajadora— no puede ser estigmatizada por el comportamiento de minorías. Pero las redes criminales se mimetizan precisamente en flujos humanos grandes: envíos de dinero, agencias de viajes, servicios de paquetería. España tiene músculo investigador para separar trigo y paja: perfiles de riesgo, investigación patrimonial, cooperación con Europol, Interpol y OFAC. Ese es el camino: fino, técnico, sin estridencias y con resultados.

Claves confirmadas y puntos a seguir

Hizbulá no aterrizó en América Latina en 2025. Lleva décadas buscando financiación y apoyo logístico en la región. La novedad de la audiencia en Washington es el foco renovado sobre Venezuela como plataforma desde la era Maduro y la descripción de Colombia como espacio para nodos de apoyo y blanqueo. Hay datos consistentes con esa tesis: trayectorias de sanciones, casos policiales y patrones de economía ilícita que encajan. Hay también afirmaciones pendientes de prueba pública, como el centro de entrenamiento en Margarita. En periodismo serio y en política pública, esa frontera importa.

El escenario inmediato pasa por más presión financiera sobre entidades y personas vinculadas, trabajo de campo para judicializar parte de las acusaciones y refuerzo de la cooperación interamericana. Venezuela seguirá siendo el epicentro del debate: documentación, contratos, puertos y corredores marítimos de alto riesgo. Colombia tendrá que decidir si reordena prioridades para blindar su sistema contra redes que aprovechan su economía ilícita. Y España/UE deberán mirar con lupa oro, remesas y comercio que convergen con esos circuitos.

Tres ideas, claras. Primera, la financiación del terrorismo en 2025 es sobria, contable, gris: un balance que no canta hasta que se suman piezas. Segunda, el narcotráfico y el oro son la autopista del dinero; las empresas de fachada, su peaje. Tercera, el riesgo se gestiona con pruebas, cooperación y controles inteligentes, no con slogans. Margarita, pasaportes, contratos: todo eso merece una investigación exhaustiva. En eso estamos. Y conviene seguirlo de cerca.