¿Cuándo nació el DNI en España y quién tuvo el número uno? Las claves

El Documento Nacional de Identidad nació por decreto el 2 de marzo de 1944, durante la dictadura de Francisco Franco, pero los primeros carnés no se expidieron hasta 1951. La distancia entre ambas fechas cuenta buena parte de su historia: crear una identificación común para toda España exigía diseñar el documento, organizar su emisión y registrar a una población que hasta entonces había utilizado papeles de distinto alcance.

Franco recibió el número 1, aunque ese detalle célebre puede ocultar otro más revelador. La implantación comenzó por presos y personas en libertad vigilada, siguió con determinados grupos de hombres y llegó después a las mujeres. El orden de expedición reflejaba las prioridades de control del régimen. Con el tiempo, aquel carné verde se transformó en una tarjeta con chip capaz de acreditar la identidad también en trámites electrónicos.

Antes del DNI, identificarse dependía del lugar y del trámite

El Estado no empezó a interesarse por la identidad de sus habitantes en 1944. Durante el siglo XIX circularon cartas de seguridad, pasaportes interiores y cédulas personales. Unos documentos permitían desplazarse; otros acreditaban la vecindad o servían para fines fiscales. No existía todavía un carné nacional equivalente al actual, válido como referencia cotidiana y general para cada ciudadano.

Las primeras cartas carecían de fotografía. Para reconocer al titular se anotaban rasgos como la estatura o el color del pelo y de los ojos: una identificación escrita del aspecto físico, dependiente de la observación de quien examinase el papel. A ello se sumaban datos de residencia y, en ocasiones, el importe pagado por el documento. Identificar y recaudar podían ser funciones inseparables en una administración que aún no disponía de los medios técnicos para emitir carnés uniformes a gran escala.

En 1824, bajo Fernando VII, la creación de la Policía vino acompañada de atribuciones para elaborar padrones con información sobre edad, sexo, estado y profesión de los vecinos. Esa capacidad de registrar personas ayuda a explicar la posterior relación entre la policía y el documento de identidad. No significa, sin embargo, que el DNI existiera ya entonces: un padrón reúne datos sobre una población; un carné permite a alguien acreditar quién es ante terceros.

Las cédulas de vecindad introducidas en 1854 se cuentan entre los antecedentes más próximos. Su finalidad no se reduce sin matices a vigilar a la población: también funcionaron como comprobantes ligados a obligaciones fiscales. Ahí aparece una constante de esta historia. La identificación personal sirve a necesidades administrativas distintas, y el peso de cada una cambia según el momento político y los medios disponibles.

El decreto de 1944 y los siete años que tardó en llegar el carné

El decreto del 2 de marzo de 1944 puso en marcha el nuevo Documento Nacional de Identidad. Su propósito era disponer de una identificación individual organizada en torno a un número. La medida encajaba en un Estado autoritario interesado en conocer y localizar a la población, pero anunciarla no bastaba para llenar las carteras de carnés. Entre la norma y la primera expedición transcurrieron siete años.

Hacía falta decidir qué información mostraría el documento, fabricar un soporte reconocible y desplegar equipos capaces de comprobar datos, tomar fotografías y asignar números. En 1946 se convocó un concurso público para elegir el diseño. Lo ganó Aquilino Rieusset Planchón, con un premio de 30.000 pesetas. Aquel concurso revela el lado material del proyecto: una decisión política necesitaba convertirse en un objeto reproducible antes de poder aplicarse a escala nacional.

Los primeros carnés llegaron en 1951. Zaragoza figura como la primera capital de provincia donde se ensayó su expedición y Valencia formó parte de la extensión temprana del sistema. Después se desplegaron equipos en otras ciudades. La puesta en marcha, por tanto, no fue un acto simultáneo en todo el país, sino una implantación gradual, condicionada por la capacidad de las oficinas para tramitar las solicitudes.

Esa diferencia entre fecha legal y presencia real del documento suele perderse al contar su origen. En 1944 se estableció el sistema; en 1951 comenzó su expedición; durante los años siguientes pasó a formar parte de la vida de sectores cada vez más amplios. El nacimiento administrativo del DNI y su incorporación a la vida cotidiana fueron procesos distintos.

Una expedición que empezó por las personas vigiladas

La secuencia de implantación muestra con claridad a quién necesitaba identificar primero el régimen. Los presos y las personas en libertad vigilada encabezaron la expedición obligatoria. Después llegaron los hombres que cambiaban con frecuencia de domicilio por su trabajo o negocio. La movilidad se consideraba un motivo para reforzar el registro: cuanto menos estable era el vínculo de una persona con un lugar, mayor utilidad tenía un documento común para localizarla.

La expansión siguió por tamaño de población. Primero se incluyó a los varones de ciudades de más de 100.000 habitantes y luego a los de localidades de entre 25.000 y 100.000. Las mujeres entraron más tarde en la secuencia, comenzando por aquellas que viajaban por motivos laborales. Ni el territorio ni el género tuvieron el mismo lugar en el calendario de una medida destinada, finalmente, a extenderse al conjunto de la ciudadanía.

Este orden permite comprender el DNI sin reducirlo a una sola función. Un identificador estable facilita trámites y evita depender de papeles emitidos para situaciones concretas; también permite a las autoridades vincular a una persona con un registro. Bajo la dictadura, esa doble capacidad nació en un contexto de vigilancia política y social. La utilidad administrativa del documento no borra las circunstancias en que se introdujo.

Tampoco conviene proyectar retrospectivamente el carné actual sobre aquella primera etapa. Hoy parece natural que la identificación alcance a toda la ciudadanía española, pero el proceso inicial distinguió colectivos según su situación penal, sus desplazamientos, el municipio donde vivían y su sexo. La universalidad del DNI fue el resultado de una expansión, no una característica plenamente realizada desde el primer día.

El número 1 de Franco y lo que no cuentan los números bajos

El primer número se asignó a Francisco Franco en 1951. Carmen Polo recibió el 2 y su hija, Carmen Franco, el 3. Los números del 4 al 9 quedaron sin adjudicar, mientras que la franja del 10 al 99 se reservó para la familia real. Entre las asignaciones más conocidas están el 10 de Juan Carlos I, el 11 de Sofía y el 15 de Felipe VI. La cabecera de la numeración reflejaba una jerarquía simbólica, no el orden ordinario en que la población acudió a las oficinas.

Para el resto de ciudadanos, los números se distribuyeron por lotes entre equipos de expedición. Una oficina podía agotar su cupo y recibir otro que no fuese correlativo al anterior. Por eso, un DNI con cifras bajas no demuestra que su titular lo obtuvo antes que otra persona con una cifra mayor. Tampoco indica por sí solo la edad, el lugar de nacimiento ni una relación con alguien que ya ha fallecido.

El número personal permanece asociado a su titular y no se reasigna al morir. Esa continuidad es esencial para que los registros no confundan identidades separadas por décadas. La lógica del sistema combina, así, dos planos: un identificador estable para cada persona y una distribución práctica por oficinas. Confundir el número con una cronología exacta de expedición lleva a conclusiones equivocadas.

Junto a las cifras aparece una letra de control. Se obtiene a partir del resto de dividir el número entre 23 y permite comprobar si la combinación escrita es coherente. Su función es detectar errores, no revelar información oculta sobre el titular. La letra verifica el número; no describe a la persona, del mismo modo que las cifras impresas en otras zonas de la tarjeta cumplen funciones técnicas distintas.

Del verde franquista al carné informatizado

El primer DNI era verde e incluía fotografía, huella dactilar, datos personales y referencias a la profesión o al empleo. También mostraba el escudo utilizado durante el franquismo y clasificaba al titular según su situación económica. Visto hoy, llama la atención la cantidad de información que se hacía visible en un objeto destinado a circular entre oficinas y mostradores. El carné no solo decía quién era alguien: añadía cómo lo clasificaba la administración.

El modelo azul introducido en 1962 modificó tanto la apariencia como los datos. Incorporó el estado civil y el grupo sanguíneo, mientras desaparecía la mención del sexo. La versión que comenzó a expedirse en 1965 mantuvo una presentación semejante, pero suprimió la firma del responsable del equipo expedidor. La evolución no fue una simple reducción de tamaño: cada edición revisó qué información debía figurar a la vista.

En 1981 apareció el escudo constitucional y se eliminaron las categorías económicas; el dato del sexo volvió al documento. El cambio visual señalaba la distancia entre el Estado democrático y el origen franquista del carné, mientras que la desaparición de aquellas categorías retiraba una clasificación personal especialmente explícita. El diseño de un documento oficial también expresa qué considera legítimo mostrar el Estado.

La edición implantada en 1985 dejó de consignar profesión, estado civil y grupo sanguíneo. Este último dato podía generar errores si se utilizaba como referencia médica, una tarea para la que un carné de identidad no debe sustituir las comprobaciones sanitarias. El recorte de información ilustró un cambio de criterio: acreditar la identidad no exige exhibir todos los datos conocidos sobre una persona.

Durante la década de 1990 llegaron modelos elaborados mediante tecnología informática. La huella dejó de tomarse con tinta para aparecer impresa en el carné y pasó a capturarse digitalmente. La fabricación también se adaptó a nuevos procedimientos. A diferencia de las revisiones anteriores, la transformación alcanzó a la forma de producir y registrar el documento, no solo a lo que podía leerse en su superficie.

El chip cambió la manera de acreditar la identidad

En 2006 comenzó la expedición del DNI electrónico. El chip añadió una dimensión que no tenía el carné de papel: además de permitir la identificación presencial, podía utilizarse para acreditar la identidad en determinados trámites digitales y para firmar electrónicamente. El documento dejó de funcionar únicamente cuando alguien lo miraba; también podía intervenir en una comprobación realizada por sistemas informáticos.

Ese avance no volvió automático su uso por internet. Para emplear sus funciones electrónicas han sido necesarios medios compatibles y una clave personal, entre otros requisitos técnicos. La tarjeta física y los certificados digitales cumplen cometidos relacionados, pero distintos. Un DNI puede seguir identificando presencialmente aunque una función electrónica no esté disponible, como mostró la desactivación preventiva de certificados afectados por una vulnerabilidad detectada en 2017.

La versión presentada en 2015 incorporó tecnología NFC, que permite la comunicación de proximidad con dispositivos compatibles. En 2021 comenzó la expedición del DNI 4.0, adaptado al formato europeo y con nuevas medidas de seguridad. En su apariencia se incorporaron referencias a la Unión Europea. La historia del carné pasó así del registro nacional a la interoperabilidad: facilitar que un documento sea reconocido y leído conforme a criterios compartidos.

El chip no equivale a llevar dentro una historia completa de salud, impuestos o antecedentes del titular. Contiene datos de identificación y elementos necesarios para sus funciones electrónicas, entre ellos información biométrica y certificados. La distinción importa porque almacenar identidad digital no significa reunir todos los expedientes de una persona en la tarjeta que guarda en la cartera.

Un documento común, con límites que siguen importando

El DNI se expide a personas con nacionalidad española y su obtención es obligatoria, con carácter general, desde los 14 años para quienes residen en España. No debe confundirse con la tarjeta de identidad de extranjero ni con el número de identidad de extranjero. Aunque todos intervengan en trámites de identificación, responden a situaciones jurídicas diferentes; parecerse físicamente o compartir una finalidad práctica no los convierte en el mismo documento.

La obligación de obtenerlo tampoco significa que haya que llevarlo siempre encima. La identificación ante la autoridad y la exhibición del documento cuando se dispone de él son cuestiones distintas de portar el carné permanentemente. Es un matiz importante, aunque la aplicación de las normas a una situación concreta corresponde a las autoridades y, cuando proceda, al criterio de un profesional del derecho. La presencia cotidiana del DNI no elimina los límites de sus obligaciones legales.

Hay otro cambio menos visible que el paso del verde al azul o la llegada del chip. Las primeras versiones exponían profesión, situación económica e incluso grupo sanguíneo; las posteriores fueron retirando datos que no resultaban necesarios para acreditar la identidad. Al mismo tiempo, la tecnología permitió conservar y comprobar información de nuevas maneras. Mostrar menos en la superficie no significa que la protección de los datos haya dejado de importar.

Desde las cédulas del siglo XIX hasta el formato europeo, cada etapa ha intentado resolver una pregunta práctica: cómo acreditar de forma fiable que alguien es quien dice ser. Lo que ha variado es quién podía exigir esa prueba, qué datos se reunían y con qué garantías se utilizaban. La trayectoria del DNI habla tanto de las posibilidades técnicas de cada época como de la relación entre ciudadanía y Estado. Por eso, detrás de una tarjeta habitual sigue habiendo una cuestión menos rutinaria: cuánta información necesita una sociedad para reconocer a sus miembros sin saber de ellos más de lo necesario.