Guyana ante la crisis del petróleo: una fortuna con riesgos

La escalada del petróleo vinculada a la guerra contra Irán ha puesto a Guyana en una posición inesperada: mientras la incertidumbre amenaza algunas rutas de suministro, este pequeño país atlántico puede vender su crudo a precios más altos y reforzar sus ingresos. Si el barril se mantiene cerca de los 100 dólares durante el resto del año, las estimaciones citadas para el país apuntan a unos 4.300 millones de dólares en ingresos petroleros, un 67 % más que el año anterior. Es un cálculo condicionado a que persista ese nivel de precios, no una garantía.

La bonanza se apoya en tres factores que coinciden en un momento excepcional: una producción que crece con rapidez, petróleo ligero y de buena calidad para las refinerías, y una salida directa al Atlántico que evita los principales pasos marítimos expuestos a la crisis. Pero ganar más por cada barril no significa que toda esa riqueza llegue a los hogares. Guyana tiene que repartir los beneficios, contener el coste de vida y evitar que el petróleo desplace al resto de su economía. La oportunidad es inmediata; el desarrollo duradero, mucho más difícil.

De país discreto a nueva potencia petrolera

Guyana, situada en la costa norte de Sudamérica entre Venezuela, Surinam y el océano Atlántico, tiene alrededor de un millón de habitantes y una larga historia ligada a la agricultura, la minería y los recursos naturales. El arroz, el azúcar, el oro, la bauxita y la madera formaban parte de una economía modesta antes de que los grandes hallazgos marinos cambiaran sus perspectivas. La producción comercial de petróleo comenzó en 2019 y convirtió al país en uno de los casos de crecimiento más llamativos del mundo.

El giro comenzó con los descubrimientos realizados desde 2015 en aguas profundas, en especial en el bloque Stabroek. Las reservas estimadas rondan los 11.000 millones de barriles, una cifra extraordinaria para una población tan pequeña. El consorcio que opera los principales proyectos está liderado por ExxonMobil y cuenta también con Hess y la china CNOOC. No es una industria asentada en tierra: buena parte del crudo se extrae mediante instalaciones flotantes, conectadas a pozos submarinos a gran distancia de la costa.

La velocidad de expansión ayuda a explicar el salto económico. La producción, que arrancó con el proyecto Liza, ha aumentado con nuevas fases y desarrollos como Payara, mientras la puesta en marcha de proyectos adicionales ha sido asociada a una capacidad que supera los 900.000 barriles diarios. Las previsiones anteriores apuntaban a más de 800.000 barriles al día para 2025; las cifras posteriores reflejan una industria que ha avanzado deprisa, aunque la producción efectiva varía según las instalaciones y su ritmo de operación. En pocos años, el petróleo pasó de promesa geológica a columna vertebral de las exportaciones.

Ese cambio también se nota en las cuentas nacionales. El producto interior bruto se multiplicó con la entrada de la producción comercial y el crecimiento alcanzó niveles extraordinarios, aunque un PIB impulsado por las plataformas no describe por sí solo la situación de las familias. La construcción, los servicios y la inversión pública han recibido parte del impulso, pero una economía puede crecer a gran velocidad y mantener carencias en vivienda, transporte, saneamiento o electricidad. El dato espectacular y la experiencia cotidiana no siempre avanzan juntos.

Por qué el encarecimiento del crudo favorece a Guyana

Cuando una guerra amenaza la oferta o vuelve incierto el transporte, los compradores buscan barriles alternativos y el mercado incorpora el riesgo al precio. El estrecho de Ormuz, por donde circula una parte relevante del petróleo mundial, es uno de los puntos que más inquietud despierta durante las tensiones en Oriente Medio. Un barril extraído en Guyana no depende de atravesar esa ruta: sale desde campos atlánticos y puede dirigirse a mercados de América, Europa o Asia. La distancia respecto al foco del conflicto se convierte en una ventaja comercial.

El precio de referencia del crudo guyanés también influye. El petróleo producido en el país es relativamente ligero y dulce, términos que describen un crudo de menor densidad y bajo contenido de azufre, atractivo para distintas refinerías. En el escenario descrito, el crudo Liza pasó de cotizar por debajo de 70 dólares antes de la escalada a alcanzar máximos cercanos a 120 dólares por barril. Esos valores dependen del momento y del mercado: no todos los cargamentos se venden al mismo precio ni cada subida se traduce de forma automática en ingresos públicos equivalentes.

La cuenta básica, sin embargo, es clara. Si el país exporta una cantidad elevada y el precio de venta aumenta, el valor de los cargamentos puede crecer incluso sin un salto equivalente en el volumen extraído. Para Guyana, esa combinación llega cuando la producción está ampliándose. Además, las estimaciones citadas sitúan los costes de equilibrio de los proyectos en una horquilla de 25 a 35 dólares por barril, muy inferior a los precios alcanzados durante la crisis. Esa diferencia ayuda a que la actividad siga siendo rentable ante una caída moderada, aunque no elimina los riesgos financieros, operativos ni presupuestarios.

La coyuntura tiene importancia más allá del presupuesto guyanés. El país aporta crudo a un mercado que busca diversificar proveedores y reducir la exposición a interrupciones geopolíticas. Parte de sus exportaciones se ha dirigido a Europa, donde el petróleo puede cubrir parcialmente suministros que antes llegaban desde Rusia, y otras partidas encuentran compradores en Asia. Eso no convierte a Guyana en una solución capaz de reemplazar por sí sola a los grandes productores, pero sí le da un peso creciente en una región atlántica con conexiones convenientes a varios mercados.

El precio alto no garantiza que el Estado reciba todo

Una parte de la explicación está en el contrato petrolero. La explotación en aguas profundas exige inversiones de miles de millones en exploración, pozos, barcos de producción, tecnología y logística. El acuerdo permite al consorcio recuperar determinados costes con una porción de los ingresos antes de repartir el petróleo de beneficio. Según los datos citados en el debate público, la recuperación puede alcanzar hasta el 75 % de la producción disponible para ese fin. Por eso, el valor bruto de las exportaciones no equivale a dinero libre para el Gobierno.

El reparto ha sido criticado por quienes consideran que Guyana recibe una parte demasiado pequeña frente al riesgo y el beneficio asumidos por las empresas. Entre las cifras mencionadas aparece una participación estatal inicial del 14,5 % de los ingresos pertinentes, mientras que el consorcio sostiene que puso el capital en riesgo y solo puede recuperarlo si los proyectos producen. La discusión no es únicamente política: en una operación offshore, los costes iniciales son altos y la recuperación de la inversión altera cuánto queda disponible para cada parte en las distintas etapas.

El equilibrio puede cambiar cuando se recuperan los costes reconocidos en el contrato. En ese momento, aumenta la proporción del petróleo de beneficio que corresponde al Estado; las estimaciones citadas hablan de una participación que podría llegar al 50 % una vez superada esa fase. ExxonMobil ha señalado que la recuperación de costes de algunos desarrollos está avanzando y que la parte guyanesa puede crecer de forma sustancial respecto a los primeros años. El calendario y el efecto exacto dependen de las cuentas del proyecto y de las condiciones contractuales, no solo de la cotización del crudo.

La subida de precios puede acelerar el valor de los ingresos y mejorar el margen estatal, pero no reescribe por sí misma los términos del acuerdo. Ahí reside una de las tensiones de la bonanza: Guyana puede convertirse en un exportador cada vez más valioso y, al mismo tiempo, seguir discutiendo qué proporción de esa riqueza captura el país. La soberanía económica no se mide solo por quién extrae el crudo, sino también por cómo se negocia, se audita y se distribuye su valor.

El auge que se ve en Georgetown y el que no llega a todos

Georgetown, la capital, muestra la cara visible de la transformación: hoteles, oficinas, nuevas urbanizaciones y una mayor presencia de empresas internacionales. El petróleo genera demanda de alojamiento, transporte, alimentación, logística, mantenimiento y servicios profesionales. Esa actividad puede crear oportunidades para negocios locales y empleo especializado. Sin embargo, el crecimiento rápido también presiona una ciudad cuyas infraestructuras no se han desarrollado al mismo ritmo: los drenajes, el suministro eléctrico, las carreteras y los servicios públicos arrastran problemas que el dinero nuevo no resuelve de un día para otro.

El coste de la vida ofrece una medida menos vistosa que las cifras del PIB. Guyana exporta crudo, pero no dispone de una refinería capaz de cubrir sus necesidades internas de combustibles. Por eso importa gasolina, diésel y otros productos refinados, cuyos precios pueden subir cuando se encarece el petróleo mundial. La paradoja es directa: el Estado puede ingresar más por sus exportaciones mientras conductores y empresas afrontan facturas mayores en la estación de servicio o en sus costes de transporte. El beneficio fiscal no protege automáticamente al consumidor.

Los efectos se extienden a los alimentos y a otros bienes importados. El encarecimiento de los fertilizantes, la energía y el transporte puede filtrarse a los precios, mientras la llegada de trabajadores y capital aumenta la demanda de vivienda y servicios. En una economía pequeña, esos movimientos pueden sentirse con rapidez. Para una familia, que el barril cotice a un precio excepcional importa menos que el alquiler mensual, el coste de la compra y la posibilidad de encontrar un empleo estable fuera de la industria petrolera.

También existe el riesgo de una economía a dos velocidades. Los puestos vinculados a las plataformas y a sus proveedores pueden ofrecer salarios y condiciones muy distintos de los empleos informales o de sectores tradicionales. Si las empresas locales no acceden a contratos y formación, buena parte del negocio puede concentrarse en compañías extranjeras y en una minoría de trabajadores cualificados. La normativa de contenido local, aprobada en 2021, busca aumentar la contratación de proveedores guyaneses en distintas actividades; su eficacia dependerá de que haya empresas con capacidad real para competir y de que se controle que la participación nacional no sea solo aparente.

En ese debate aparece el llamado fronting: estructuras que presentan a una empresa como local aunque el control efectivo del negocio permanezca en manos externas. El fenómeno ilustra una dificultad de fondo. Reservar oportunidades para proveedores nacionales puede ayudar a construir capacidades, pero no basta con fijar porcentajes si las compañías guyanesas carecen de financiación, tecnología o personal formado. La riqueza petrolera necesita convertirse en conocimiento, empresas competitivas y empleos que sobrevivan al ciclo del crudo.

El fondo petrolero y la difícil disciplina de ahorrar

Guyana creó en 2019 el Natural Resource Fund, un fondo destinado a recibir y gestionar los ingresos de sus recursos naturales. La lógica es separar parte de la riqueza petrolera del gasto corriente y evitar que el presupuesto público dependa por completo de los vaivenes del mercado. La ley establece límites a las retiradas y prevé que el dinero se destine a prioridades nacionales de desarrollo y a la respuesta ante desastres. Su diseño recuerda a otros fondos soberanos, aunque el nombre de una institución no garantiza por sí solo una gestión prudente.

El reto está en decidir cuánto gastar, cuándo hacerlo y bajo qué controles. Un país con necesidades urgentes puede justificar inversiones en hospitales, escuelas, carreteras, electricidad o protección frente a inundaciones. Pero si el gasto se expande más deprisa que la capacidad de construir y supervisar proyectos, suben los costes, aparecen obras deficientes y se alimenta la corrupción. Las reformas que facilitan mayores retiradas para financiar el desarrollo pueden ser útiles; también elevan la importancia de la transparencia parlamentaria y de la vigilancia pública.

La volatilidad aconseja no confundir una cotización excepcional con un ingreso permanente. Si el precio cae, los proyectos siguen produciendo, pero el valor de las ventas y la recaudación pueden reducirse. Si el Gobierno ha creado compromisos de gasto que solo puede sostener con un barril caro, el ajuste llega cuando la economía tiene menos margen. Ahorrar durante los años favorables es una forma de proteger los servicios públicos cuando el mercado cambia de dirección.

La gestión también importa porque los ingresos petroleros pueden debilitar la relación entre el Estado y los contribuyentes. Si el Gobierno depende menos de los impuestos que pagan ciudadanos y empresas, la presión social para exigir cuentas puede perder fuerza. Los controles sobre el fondo, los contratos públicos y las decisiones presupuestarias son parte de la infraestructura institucional del país, aunque no se vean desde la cubierta de un buque petrolero.

La maldición de los recursos no es inevitable, pero tampoco una leyenda

Los economistas llaman enfermedad holandesa a un mecanismo por el que una gran entrada de divisas puede encarecer la moneda y los costes internos, haciendo menos competitivos otros sectores. En Guyana, la bonanza también puede atraer trabajadores y capital hacia el petróleo y sus proveedores, dejando a la agricultura, la manufactura o los negocios tradicionales con menos recursos. El riesgo no consiste en que esos sectores desaparezcan de inmediato, sino en que pierdan espacio mientras el país importa cada vez más de lo que antes podía producir.

Las consecuencias dependen de cómo se gestione el auge. Invertir en educación, infraestructura y formación profesional puede elevar la productividad de actividades distintas al petróleo. La agricultura, la pesca, la minería y los servicios pueden beneficiarse de mejores carreteras, puertos y suministro eléctrico, siempre que las inversiones se diseñen para toda la economía y no únicamente para facilitar la extracción. Diversificar no significa abandonar el crudo, sino evitar que sea la única fuente de empleo, divisas y gasto público.

Venezuela funciona como un espejo cercano, aunque no como una comparación exacta. La abundancia de reservas no impidió que ese país atravesara una prolongada crisis económica y política. La gestión, la calidad de las instituciones, la dependencia de un solo producto y otros factores influyeron en ese recorrido. Guyana tiene otra escala y una trayectoria propia, pero el contraste recuerda que la riqueza bajo tierra no se transforma por sí sola en bienestar compartido. El petróleo puede financiar servicios e inversión, o alimentar redes de privilegios y decisiones cortoplacistas.

Las tensiones políticas guyanesas añaden otro matiz. Las elecciones de 2020 desembocaron en una disputa por los resultados que tardó cinco meses en resolverse, y la política del país conserva divisiones históricas entre comunidades de ascendencia india y africana. En un contexto de ingresos crecientes, esas fracturas pueden dificultar la percepción de que el reparto es justo. El desafío no consiste solo en aumentar la producción, sino en que las decisiones sobre el dinero sean transparentes y no se interpreten como beneficios reservados a un grupo o a una red política.

Petróleo, territorio y vulnerabilidad climática

La disputa con Venezuela por el Esequibo convierte el auge energético en un asunto de soberanía, además de economía. Venezuela reclama una extensa zona administrada por Guyana, y la presencia de recursos petroleros en aguas cercanas ha elevado el valor estratégico de la región. La controversia añade incertidumbre a las operaciones y a la planificación de largo plazo, aunque la producción existente no depende únicamente de cómo se resuelva el litigio. Para Georgetown, la estabilidad territorial es inseparable de la seguridad de sus inversiones y de su capacidad para negociar desde una posición firme.

La situación también es relevante para las compañías. Una disputa fronteriza puede limitar la exploración en determinadas áreas y elevar el riesgo político asociado a nuevos proyectos. A la vez, el crecimiento de la producción guyanesa ofrece a las empresas un motor de expansión en un momento en que necesitan reemplazar reservas y responder a la demanda. La relación es desigual en recursos y escala, pero no unilateral: Guyana necesita capital y tecnología; las petroleras necesitan acceso a yacimientos capaces de producir durante años.

La geografía que favorece las exportaciones tiene una cara frágil. Alrededor del 90 % de la población vive en la costa, en zonas bajas expuestas a inundaciones y a los efectos del cambio climático. Georgetown, protegida en parte por diques y sistemas de drenaje, se encuentra especialmente expuesta. Los ingresos del petróleo podrían financiar defensas costeras, mejoras de saneamiento y adaptación, pero la extracción de combustibles fósiles también contribuye al calentamiento global. Para Guyana, el crudo puede pagar medidas frente a un riesgo climático que la propia industria ayuda a agravar.

Ese dilema afecta a la idea de desarrollo sostenible. Un fondo puede reservar dinero para catástrofes y la inversión pública puede reducir la vulnerabilidad, pero el resultado depende de la calidad y el alcance de los proyectos. No basta con construir más: hacen falta decisiones que protejan a las comunidades costeras, mejoren la planificación urbana y no concentren las ventajas en Georgetown mientras el interior queda rezagado. La riqueza petrolera tiene que responder a necesidades que existían antes de los primeros grandes descubrimientos.

La riqueza se medirá cuando pase la crisis

La crisis petrolera puede dar a Guyana ingresos extraordinarios y aumentar su relevancia en el mercado mundial. Su crudo, sus costes de producción y su acceso al Atlántico lo convierten en un proveedor atractivo cuando las rutas tradicionales se vuelven inciertas. Si los precios siguen altos y la producción continúa creciendo, el Estado tendrá más recursos para invertir y el país consolidará su posición energética. Pero el pronóstico depende de factores que no controla por completo: el conflicto, la demanda, las decisiones de producción de otros países y el funcionamiento de sus propios proyectos.

También sería un error tratar cada dólar adicional como una ganancia neta que llega de inmediato a la población. El contrato determina cómo se recuperan las inversiones y se reparten los beneficios; el fondo soberano influye en cuánto se gasta; la capacidad estatal condiciona la calidad de las obras; y los precios internacionales repercuten en los combustibles y otros productos que Guyana importa. Entre el barril extraído y una mejora concreta en la vida diaria hay una cadena de decisiones, controles e instituciones.

El objetivo más exigente es construir una economía que pueda sostenerse cuando el petróleo deje de crecer o se abarate. Eso exige que los ingresos se traduzcan en infraestructura útil, servicios públicos, empresas nacionales capaces, formación y protección frente a las inundaciones. También requiere que la expansión no arrase la agricultura ni convierta el empleo bien pagado en un enclave separado del resto de la sociedad. El éxito no será producir cada vez más, sino hacer que la bonanza deje capacidades que permanezcan.

La subida del crudo puede ser un golpe de suerte para las cuentas guyanesas, pero la crisis que la impulsa no durará necesariamente y sus beneficios no se reparten solos. Guyana ha pasado de ser un nombre poco habitual en el mapa energético a ocupar un lugar estratégico. El reto, ahora, es que esa atención internacional y esa riqueza no se queden en las plataformas, en los balances empresariales o en las cifras de crecimiento. La verdadera medida de la fortuna será un país más habitable cuando el mercado vuelva a la normalidad.