Las redes de apoyo que prolongan la guerra en Sudán

La guerra civil sudanesa se libra en ciudades y pueblos, pero las fuerzas que la mantienen en marcha atraviesan fronteras, redes de reclutamiento y alianzas militares. Las acusaciones de suministro de armas a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), la llegada de combatientes colombianos y las deserciones entre mandos rebeldes muestran un conflicto más amplio que el enfrentamiento entre dos ejércitos. En el terreno, mientras tanto, millones de personas han sido desplazadas y padecen hambre aguda.

Desde que comenzaron los combates en 2023, el Ejército sudanés y las FAR han recibido apoyos externos atribuidos a distintos países, aunque varios de esos señalamientos son negados o no se han demostrado públicamente de manera concluyente. Esa cautela importa: distinguir entre hechos documentados, denuncias y versiones de los actores permite entender cómo se prolonga la guerra sin presentar como certeza lo que sigue siendo objeto de disputa. La trama combina respaldo internacional, lealtades locales y fragilidad de las estructuras armadas.

Una guerra interna con apoyos que cruzan fronteras

El choque enfrenta a las Fuerzas Armadas de Sudán, encabezadas por Abdel Fattah al Burhan, y a las FAR, la fuerza paramilitar rebelde dirigida por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti. La disputa por el poder estalló en abril de 2023 y acabó arrastrando al país a una guerra que no se limita a una línea de frente fija. El control territorial se ha repartido de forma desigual: el Ejército domina Jartum, Puerto Sudán y amplias zonas del este y el centro, mientras las FAR mantienen vastos territorios occidentales, especialmente en Darfur, incluida Al Fasher.

Ese mapa ayuda a explicar por qué los apoyos exteriores tienen consecuencias dentro del país. Las fuerzas armadas regulares han sido vinculadas con Egipto, Arabia Saudí, Turquía y Eritrea; también se ha sospechado que Irán les ha proporcionado ayuda militar. A las FAR se les atribuye respaldo de Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Libia, Chad y Kenia. La naturaleza y el alcance de cada relación no son idénticos ni están confirmados con el mismo grado de evidencia, pero la guerra se sostiene en alianzas que desbordan las fronteras sudanesas.

La intervención exterior no reemplaza las causas locales del conflicto: las armas y los apoyos pueden reforzar a los contendientes, pero no explican por sí solos la rivalidad por el poder ni la fragmentación de las fuerzas. Sí pueden alterar el equilibrio militar y reducir los incentivos para buscar una salida negociada. Cameron Hudson, exjefe de gabinete de varios enviados especiales para Sudán, sostuvo que la guerra ya habría terminado sin el respaldo emiratí. Es una valoración política atribuida a un analista, no una conclusión demostrada; aun así, señala el papel que se atribuye a los suministros externos en la capacidad de seguir combatiendo.

Las acusaciones sobre armas y el papel de Emiratos

Las denuncias contra Emiratos Árabes Unidos se apoyan en distintas investigaciones y reportes. Fuentes de inteligencia estadounidenses citadas por The Wall Street Journal afirmaron que se creía que el país había suministrado a las FAR drones de fabricación china, armas ligeras, ametralladoras pesadas, vehículos, artillería, morteros y munición. En 2025, Amnistía Internacional señaló que había encontrado pruebas que apuntaban a que Emiratos había reexportado casi con certeza armas chinas a las fuerzas paramilitares. La acusación central es que material militar habría llegado a una de las partes pese a las restricciones y al coste humano del conflicto.

Emiratos ha rechazado esas acusaciones. Salem Aljaberi, ministro adjunto de Seguridad y Asuntos Militares, calificó de infundadas las afirmaciones de Amnistía y dijo que carecían de pruebas. A finales de 2025, Anwar Mohammad Gargash, asesor del presidente emiratí, pidió un alto el fuego inmediato y defendió que el futuro sudanés debía pasar por una transición civil, no por una junta militar. Estas declaraciones no resuelven la disputa sobre el posible suministro de armas, pero forman parte de un contexto en el que los gobiernos señalados niegan su implicación y presentan públicamente una posición diplomática distinta.

La diferencia entre una denuncia y una comprobación independiente es decisiva. Los informes citados describen indicios, fuentes y análisis; no convierten automáticamente cada acusación en un hecho judicialmente establecido. A la vez, la existencia de negativas oficiales tampoco invalida por sí sola las investigaciones. El debate se centra en las rutas de transferencia, el origen del material y quién lo recibió, preguntas que adquieren especial importancia cuando las armas pueden prolongar una guerra y facilitar ataques contra civiles. La opacidad sobre las cadenas de suministro dificulta tanto atribuir responsabilidades como frenar el flujo de recursos.

De las redes sociales al campo de batalla

El reclutamiento de colombianos es una de las conexiones más concretas descritas en las investigaciones recientes. A finales de mayo de 2026, Human Rights Watch publicó un informe de 83 páginas titulado De Bogotá a Al Fasher, que sostiene que cientos de mercenarios colombianos fueron reclutados desde 2024 para combatir junto a las FAR. El documento describe una cadena que habría conectado a una agencia de reclutamiento en Colombia con el Grupo de Servicios de Seguridad Global, con sede en Abu Dabi, que aparentemente contrató a los hombres desplegados en Sudán.

Human Rights Watch explica que reconstruyó parte de esa trayectoria mediante entrevistas con dos contratistas militares colombianos desplegados en Sudán, tres oficiales colombianos retirados, un exempleado de GSSG, vecinos de Al Fasher y otras fuentes. También examinó registros empresariales, documentos oficiales, fotografías y vídeos. Entre el material revisado había publicaciones de contratistas en TikTok y otras plataformas: algunas pudieron geolocalizarse en instalaciones militares sensibles de Emiratos antes del despliegue en Sudán. Las redes sociales, usadas para exhibir movimientos o experiencias, dejaron rastros útiles para reconstruir una ruta de reclutamiento.

Ese detalle ayuda a entender por qué las plataformas digitales forman parte de la historia, aunque no sean la causa de la guerra. Una publicación puede aportar pistas sobre dónde estuvo una persona o en qué momento, pero adquiere valor probatorio al contrastarse con otros elementos, como documentos, testimonios e imágenes. La investigación de HRW combinó precisamente esos materiales; no se basó solo en vídeos difundidos en internet. La organización también recoge que, según medios de comunicación, autoridades emiratíes reclutaban personal militar y de seguridad colombiano desde 2011, un antecedente que sitúa los vínculos laborales en un marco anterior a la guerra actual.

La experiencia de combate y el entrenamiento de algunos exmilitares colombianos con sistemas de armas estadounidenses son señalados como razones por las que pueden resultar atractivos para empleadores militares. Su incorporación no implica necesariamente que todos desempeñen el mismo cometido ni permite deducir, sin pruebas, qué operaciones concretas realizaron. Lo documentado por el informe es el reclutamiento y el despliegue de contratistas; su importancia está en mostrar que la capacidad de una fuerza también puede depender de personal contratado fuera del país, y no únicamente de sus combatientes locales.

Deserciones, amnistías y lealtades locales

La trama no se teje solo desde el exterior. A comienzos de 2026, Al Burhan dio la bienvenida a las filas del Ejército a Al Nour Ahmed Adam, antiguo comandante de alto rango de las FAR. Pocas semanas después desertó también Ali Rizq Allah. Los cambios de bando son significativos en una guerra donde el control territorial y las alianzas internas pueden cambiar con rapidez, pero no demuestran por sí solos que una fuerza esté a punto de desmoronarse. Human Rights Watch revisó vídeos que supuestamente muestran a ambos hombres durante el asedio de Al Fasher, escenario en el que la organización documentó crímenes de guerra.

Desde el inicio de la guerra, Al Burhan ha intentado atraer a desertores de las FAR ofreciéndoles amnistía. La medida puede ampliar las filas del Ejército y debilitar a su rival, pero también plantea una cuestión de rendición de cuentas: un cambio de uniforme no borra la posible responsabilidad por abusos. Mohamed Osman, investigador sudanés de Human Rights Watch, sostiene que quienes hayan cometido crímenes graves o violaciones de derechos humanos no deben quedar impunes por cambiar de bando. La amnistía como herramienta de reclutamiento puede entrar en tensión con el derecho de las víctimas a obtener justicia.

La discusión no se limita a la responsabilidad individual. Según el monitor de conflictos Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), las deserciones recientes podrían reflejar una tensión creciente dentro de las FAR. Sus analistas interpretan que las lealtades locales podrían imponerse al mando central y alimentar la competencia por los recursos que quedan. En una coalición armada, las relaciones personales, los intereses de cada zona y el control de bienes pueden pesar tanto como las órdenes de la cúpula. Una fuerza aparentemente unida puede contener disputas internas que se agravan cuando escasean los beneficios de la guerra.

Ese tipo de fragmentación tiene un efecto doble. Puede debilitar la coordinación de un grupo, pero también multiplicar los focos de violencia si los mandos locales compiten entre sí o actúan con mayor autonomía. Las deserciones, por tanto, no son necesariamente un paso directo hacia el final de los combates. Pueden ser una señal de desgaste, una maniobra de supervivencia o parte de una pugna por recursos y posiciones. En Sudán, donde varias fuerzas conservan capacidad militar y controlan territorios distintos, la pérdida de cohesión no equivale automáticamente a una paz más cercana.

Al Fasher y el coste de las redes armadas

Al Fasher, capital de Darfur del Norte, concentra una parte especialmente grave de esta violencia. La ciudad quedó bajo asedio de las FAR, y Human Rights Watch ha documentado crímenes de guerra en ese contexto. Una misión de investigación de la ONU concluyó que el asedio tenía características de genocidio. Esa formulación describe las conclusiones de la misión sobre los hechos examinados; no debe confundirse con una sentencia judicial definitiva. La gravedad de la evaluación internacional refleja el alcance de los ataques y el riesgo para la población civil.

Las consecuencias de la guerra no se miden solo por quién controla una capital o una carretera. Los civiles han sido asesinados, heridos y desplazados, y las organizaciones humanitarias describen una crisis de enormes dimensiones. Las estimaciones recogidas en la información de referencia sitúan en unos 12 millones las personas obligadas a abandonar sus hogares y en casi 20 millones las que padecen hambre aguda. El Programa Mundial de Alimentos considera que Sudán afronta una de las mayores crisis de hambre del planeta. El desplazamiento y la falta de alimentos convierten la guerra en una emergencia que alcanza mucho más allá del frente.

Las organizaciones que trabajan en la región también han descrito el impacto sobre quienes huyen hacia Chad. Médicos Sin Fronteras informó de que más de 550.000 sudaneses habían cruzado al este de ese país desde el comienzo de la guerra, entre ellos, sobre todo, mujeres y niños. Sus testimonios muestran viajes marcados por ataques, pérdida de familiares y falta de refugio; en algunos casos, las madres tuvieron que ocultar la identidad o cambiar la ropa de sus hijos para intentar protegerlos. No son detalles separados de la estrategia militar: ayudan a ver lo que significa para la población que los combates y las redes que los alimentan sigan activos.

La asistencia tampoco llega con facilidad a todos los lugares. En el relato de la corresponsal de la BBC Lyse Doucet, el responsable humanitario de la ONU, Tom Fletcher, explicó que acceder a las comunidades exige tratar con las autoridades que controlan puestos de control y permisos, mientras los organismos intentan alcanzar también zonas tras las líneas de las FAR. Todas las partes han sido acusadas de utilizar el hambre como arma de guerra, y la ONU ha descrito la violencia sexual como una epidemia en el país. El control de los accesos y de los suministros puede convertir la ayuda humanitaria en otra pieza de la disputa.

La distancia entre las acusaciones y la rendición de cuentas

Las investigaciones sobre armas, combatientes extranjeros y crímenes contra civiles no tienen el mismo alcance ni responden a una única autoridad. Algunas proceden de organizaciones de derechos humanos; otras reúnen información de fuentes de inteligencia citadas por medios, y otras corresponden a misiones de Naciones Unidas. Leerlas con cuidado exige atender a quién formula cada afirmación, qué material examinó y qué límites reconoce. Ese método evita tanto minimizar denuncias graves como presentar como probado lo que aún está siendo investigado.

Human Rights Watch ha señalado que periodistas, expertos de la ONU y organizaciones de derechos humanos han informado repetidamente sobre el apoyo militar atribuido a Emiratos a las FAR. Su investigadora Joey Shea también criticó que, según su valoración, Estados Unidos, Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea no hubieran denunciado públicamente ese supuesto respaldo. Esa observación sobre la respuesta diplomática no equivale a una prueba adicional sobre las transferencias, pero revela otra dimensión del conflicto: la presión internacional y la rendición de cuentas dependen también de decisiones políticas.

La falta de una denuncia pública de determinados gobiernos no significa que no haya investigación o contacto diplomático, del mismo modo que una condena verbal no detiene por sí misma los suministros. La distancia entre las declaraciones y los resultados se mide en la capacidad de verificar transferencias, proteger a la población, permitir la entrada de ayuda y establecer responsabilidades por los crímenes. Las negaciones de Emiratos y sus llamamientos a un alto el fuego forman parte de ese pulso político; las conclusiones de investigadores y organismos internacionales, por su lado, deben examinarse según sus pruebas y competencias.

Una guerra sostenida dentro y fuera de Sudán

Las deserciones, los apoyos extranjeros atribuidos a ambos bandos y el reclutamiento de colombianos dibujan una guerra conectada por varias redes: mandos locales, gobiernos, empresas de seguridad y canales digitales que dejan huellas. Ninguna de ellas explica por sí sola el conflicto, y no todas las acusaciones tienen el mismo grado de verificación. En conjunto, sin embargo, muestran cómo la capacidad de combatir puede prolongarse más allá de las fronteras y cómo los cambios de lealtad dentro del país alteran una contienda que ya ha devastado amplias zonas.

Para quienes han perdido su hogar, a quienes les falta comida o han tenido que huir a otro país, la diferencia entre una alianza formal y un apoyo indirecto puede parecer lejana. Pero las decisiones sobre armas, reclutamiento, acceso humanitario y justicia repercuten en las condiciones que permiten que la guerra continúe. La dimensión internacional del conflicto no rebaja la responsabilidad de sus actores sudaneses; la hace más compleja, porque obliga a mirar tanto a quienes combaten como a quienes les proporcionan recursos y a quienes pueden exigir explicaciones.

Al Fasher ofrece una medida concreta de lo que está en juego: una población cercada, denuncias de crímenes de guerra y una misión de la ONU que describió características de genocidio. Mientras las redes políticas y militares sostengan a los contendientes y las fracturas internas sigan alimentando la violencia, el coste recaerá sobre civiles que no deciden el curso de la guerra. La salida no depende solo de que cambie el frente, sino también de que se interrumpan los apoyos que permiten mantenerlo y se investiguen los abusos.