¿Cómo gobernará Rodrigo Paz y hacia dónde va Bolivia?

Bolivia estrena Gobierno con Rodrigo Paz: plan para estabilizar combustibles, dólares y crédito, abrir el país al mundo y relanzar el litio.

Rodrigo Paz Pereira tomó juramento el 8 de noviembre de 2025 con un mensaje nítido: estabilizar rápido y reformar después. Su hoja de ruta arranca con tres llaves muy concretas para desactivar la crisis: normalizar el abastecimiento de combustibles, ordenar el mercado de dólares y abrir el grifo del crédito barato a emprendedores y pymes. En paralelo, promete aliviar impuestos y aranceles a la importación de tecnología y vehículos productivos, y reducir el famoso “Estado tranca” de trámites interminables. El nuevo Gobierno llama a ese enfoque “capitalismo para todos”, sin estridencias ni un shock brusco, pero con decisiones incómodas que se medirán en semanas, no en años.

El punto de partida es arduo. Bolivia llega a la investidura con escasez de divisas, colas en gasolineras y encarecimiento de alimentos y servicios. El gabinete económico deberá ejecutar desde el minuto uno: compras externas de carburantes, ventanas cambiarias que devuelvan previsibilidad y líneas de financiación con multilaterales que permitan fondear los primeros programas de crédito y garantías a pymes. Si ese trípode funciona, Paz dispondrá de margen político para avanzar en reformas de más calado. Si falla, el desgaste social llegará muy pronto, con sindicatos y organizaciones movilizadas. Para quien quiera repasar antecedentes, biografía y trayectoria del presidente, aquí detallamos todo: ¿Quién es Rodrigo Paz?

De dónde arranca el nuevo Gobierno

La investidura de Paz Pereira en La Paz no fue un acto cualquiera. El presidente asumió el mando con un 54,96 % en segunda vuelta frente al 45,04 % del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, y con una Asamblea fragmentada que lo obligará a negociar ley por ley. La Vicepresidencia recayó en Edmand Lara, expolicía y abogado, quien juró con uniforme de gala como gesto de reivindicación institucional. En la plaza Murillo y el hemiciclo se vieron mensajes claros hacia dentro y hacia fuera: el Gobierno dice querer diálogo con el tejido productivo y abrirse a socios democráticos, con foco en inversión y tecnología.

La lista de asistentes ilustra ese guion. Estuvieron los presidentes Javier Milei (Argentina), Gabriel Boric (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay); por Estados Unidos acudió Christopher Landau, subsecretario de Estado. España envió a Francina Armengol, presidenta de las Cortes Generales, y a Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea para Transición Limpia, Justa y Competitiva. Hubo ausencias ruidosas: no estuvieron Venezuela, Cuba ni Nicaragua, coherente con la promesa de relacionarse “con el mundo que respete la democracia”. También asistieron expresidentes bolivianos de distintas épocas —Quiroga, Carlos Mesa, Jeanine Áñez, Eduardo Rodríguez Veltzé y Jaime Paz Zamora, padre del nuevo mandatario—, una foto que subraya el cambio de ciclo después de 20 años de hegemonía del MAS.

El contexto económico condiciona cada paso. Falta gasolina y diésel por la dificultad para importar y refinar, el tipo de cambio paralelo ha ganado terreno por la restricción de billetes verdes y los precios de la canasta básica se han movido al alza. La prioridad no admite rodeos: asegurar combustible, estabilizar el mercado de divisas, evitar remarcaciones y llevar liquidez al comercio y la industria ligera. Con eso, el Gobierno ganaría aire para abordar lo estructural: productividad, inversión, exportaciones y gobernanza del litio.

El programa económico: “capitalismo para todos” paso a paso

Paz ha repetido que no habrá giro en U, sino dirección y ritmo. El programa combina un plan de estabilización operativa con reformas de simplificación fiscal y administrativa que reduzcan costes y tiempos para producir e invertir. El orden de factores importa: primero la emergencia, después el rediseño.

El primer vector es la normalización del combustible. El Ejecutivo habla de importación extraordinaria y de abrir la puerta a operadores privados bajo reglas temporales para descomprimir la escasez. A la vez, se prepara una auditoría integral del subsidio a carburantes. La idea no es retirarlo de golpe —sería políticamente inviable—, sino focalizarlo donde protege a los más vulnerables y a sectores productivos críticos, y retirarlo gradualmente donde hoy es puro goteo fiscal sin retorno social. Para hacerlo creíble, el Gobierno debe acompañar con compensaciones: bonos de transporte, tarifas sociales, vales energéticos para microproductores. Y explicar bien el calendario: mes a mes, sin letra pequeña.

El segundo vector es ordenar el mercado de dólares. Con reservas tensionadas y un tipo oficial que convive con un paralelo más caro, el plan de Paz pasa por recuperar oferta (dólares oficiales para importaciones priorizadas, líneas con bancos y multilaterales, mecanismos de “market making” del Banco Central) y reducir la brecha con una hoja de ruta hacia una mayor flexibilidad cambiaria. No se trata de devaluar por decreto, sino de respaldar la transición con anclas antiinflacionarias (acuerdos de precios esenciales, disciplina fiscal, señales creíbles de ingreso de divisas por exportaciones e inversión). La expectativa manda: si el comercio percibe que habrá dólares a precio previsible, se cortan remarcaciones y se normalizan inventarios.

El tercer vector es crédito y alivio fiscal para la economía real. El eslogan de “crédito barato” solo funciona con fondeo y garantías. El Ministerio de Economía prevé un esquema de garantías públicas parciales para préstamos a pymes y autónomos, a través de la banca comercial, y redescuentos con banca de desarrollo para abaratar tasas. El paquete se complementa con rebajas de impuestos selectivas —tramos más simples para pequeños contribuyentes— e incentivos a la inversión que permitan amortizar aceleradamente equipamiento tecnológico. En paralelo, el Ejecutivo quiere bajar aranceles a la importación de máquinas, software y vehículos productivos, pero ligado a una condicionalidad: que el beneficiario formalice empleo y eleve productividad. No basta con traer equipos; hay que convertirlos en producción medible.

La cuarta pieza es el Estado digital, el capítulo menos vistoso y probablemente más rentable. El plan de “tranca cero” implica expediente único, interoperabilidad entre ministerios y licitaciones electrónicas. Se propone limitar nuevas contrataciones en la administración central, evaluar empresas públicas deficitarias y, cuando no se puedan sanear, aplicar reestructuraciones o ponerlas en hibernación. Menos burocracia significa plazos previsibles para una licencia, un registro sanitario o una importación. En un país con altos costes de transacción, eso vale dinero contante y sonante.

Gobernabilidad y el papel de Edmand Lara

Nada de lo anterior caminará si el Gobierno no arma una mayoría operativa. Paz no tendrá cheques en blanco. Necesitará acuerdos con bloques regionales y fuerzas pro-mercado para aprobar leyes fiscales, presupuestos y marcos sectoriales. En ese tablero, el vicepresidente Edmand Lara asume tareas políticas y simbólicas: tender puentes con cuerpos de seguridad y barrios populares, capitalizar su agenda anticorrupción y ordenar una reforma policial que eleve estándares de integridad. Su imagen con uniforme el día de la investidura polariza a algunos, pero conecta con sectores que reclaman autoridad sin abusos y eficacia contra el delito. Si logra traducir ese gesto en medidas —carreras profesionales, controles internos, sanciones efectivas—, el Gobierno ganará autoridad moral para pedir esfuerzos en otras áreas.

La gobernabilidad social es igual de decisiva. Los sindicatos, cooperativas y organizaciones territoriales tienen voz y calle. Cualquier ajuste mal explicado sobre subsidios o tarifas puede provocar bloqueos y paros. El Ministerio de la Presidencia tendrá que negociar con transparencia: calendarios, compensaciones y resultados verificables. La memoria reciente pesa. De cómo se manejen esas tensiones dependerá la velocidad del programa.

Política exterior: España, Estados Unidos y un vecindario pragmático

La apuesta internacional es clara: abrir Bolivia “al mundo” que respeta la democracia y sumar inversión, tecnología y mercados. La foto de la investidura y las primeras agendas bilaterales marcan prioridades.

Con España y la Unión Europea hay una oportunidad evidente. La presencia de Francina Armengol y Teresa Ribera sugiere algo más que protocolo. La UE busca cadenas de suministro fiables para su transición verde, y el triángulo del litio —Bolivia, Argentina, Chile— es estratégico. Para estar en esa mesa, Bolivia debe ofrecer reglas estables, licitaciones transparentes y gestión ambiental con métricas. España, con su ecosistema empresarial en energía, agua, logística y digitalización, puede entrar rápido si hay seguridad jurídica. Además, la biografía del presidente —nacido en Santiago de Compostela en 1967 por el exilio de sus padres— añade una afinidad cultural que facilita conversaciones sin intermediarios. No da votos, pero ayuda.

Con Estados Unidos, la agenda va por dos carriles: comercio e inversión, y seguridad regional. La delegación encabezada por Christopher Landau habló de un “nuevo comienzo” que podría traducirse en líneas de financiación, asistencia técnica para aduanas y trazabilidad de minerales críticos, y proyectos de valor agregado en torno al litio. Washington pedirá garantías de estado de derecho y estándares ambientales; La Paz buscará acceso a tecnología y mercados. Es un trueque clásico, con potencial inmediato si el programa económico genera señales creíbles.

El vecindario combina ideologías y negocios. Con Argentina y Chile convergen intereses en corredores bioceánicos, puertos y encadenamientos del litio. Con Brasil, la agenda pasa por integración energética, agroindustria e infraestructura. Con Perú y Paraguay, logística, hidrovía y comercio fronterizo. Con Uruguay y Ecuador, cooperación en transformación digital y pymes. Paz ha repetido que el criterio será pragmático: socios que inviertan, transfieran tecnología y abran mercados. Las ausencias de Venezuela, Cuba y Nicaragua en la investidura confirman un alineamiento que se quiere democrático y sin maximalismos.

Energía, gas y litio: del cuello de botella a la oportunidad

La urgencia es combustible, pero el juego grande se llama litio. Bolivia acumula promesas incumplidas: anuncios de industrialización, contratos controvertidos y conflictos socioambientales por el agua en los salares. El nuevo Gobierno promete auditar lo firmado, abrir contratos y relanzar licitaciones competitivas con reglas claras. La secuencia importa: primero dar garantías a comunidades y municipios —consulta previa efectiva, regalías y fondos de desarrollo local—; luego, asegurar tecnología viable para producir a escala —evitando atajos que comprometan el medio ambiente—; por último, construir encadenamientos que retengan valor: cátodos, componentes y, donde tenga sentido, ensamblaje.

En el gas, la realidad obliga a sincerar el cuadro. La producción cayó y la refinación es insuficiente. En el corto plazo, la única opción es importar. En el medio, reordenar YPFB, incentivar exploración con marcos reguladores predecibles y corregir pérdidas en empresas públicas. Nada espectacular, pero necesario. El Gobierno busca combinar inversión privada con control público de recursos estratégicos a través de contratos modernos y fiscalización efectiva. Si ese equilibrio cuaja, Bolivia puede pasar de apagafuegos a planificador del sector.

Hay además un componente transversal: energía limpia y redes. Sin electricidad estable y barata, la industria y el comercio no despegan. Aquí el país tiene margen para alianzas con España, UE y bancos de desarrollo en proyectos de redes inteligentes, eficiencia y renovables. Los resultados no se verán en un trimestre, pero son los que marcan la competitividad de una década.

Calendario político y económico: 100 días, 12 meses, 24 meses

Los primeros 100 días serán el barómetro del nuevo Gobierno. Objetivos medibles: menos colas en surtidores, dólar más predecible, créditos a pymes operativos y al menos dos leyes de simplificación administrativa publicadas en la Gaceta Oficial. Con eso, la percepción cambia y se gana oxígeno. También se espera un plan de subsidios focalizados con cronograma y compensaciones claras. Comunicación milimétrica y cumplimiento semanal serán claves; la improvisación, un lujo que Bolivia no puede permitirse.

A 12 meses, el listón sube. El Ejecutivo deberá mostrar resultados en digitalización de trámites, revisión contractual en litio, licitaciones abiertas y una banda cambiaria —o un esquema equivalente— que reduzca arbitrajes. Se necesitará, además, un programa de infraestructura en marcha con financiación externa que mueva empleo y conectividad. Si la conflictividad social se mantiene contenida y los indicadores de abastecimiento y precios se estabilizan, el Gobierno consolidará su capital político.

A 24 meses, el juicio ya no será de discursos, sino de macrodatos y hechos: inflación encarrilada, crecimiento con exportaciones más diversas (minerales, agroindustria, manufacturas ligeras), avance real en la cadena del litio y una YPFB más eficiente. Cualquier tropiezo grande —protestas masivas por subsidios, litigios por contratos, pérdida de control del tipo de cambio— puede torcer la curva. Pero si los combustibles fluyen, el dólar se normaliza y el crédito llega a la calle, la narrativa de orden y apertura podría instalarse.

Qué puede salir mal y cómo se desactiva

El riesgo más inmediato es la impaciencia social. Ajustar subsidios sin colchones de protección puede encender la protesta. De ahí la insistencia en compensaciones temporales, diálogo y datos públicos que permitan verificar que el esfuerzo es compartido. El segundo riesgo es la parálisis legislativa. Sin acuerdos, el Gobierno podría verse tentado a gobernar por decreto en márgenes disponibles, con costes de legitimidad. El tercero, litio y territorio: si no hay consulta previa real ni transparencia sobre agua y regalías, habrá conflictos que bloqueen proyectos. Un cuarto riesgo es el desorden cambiario: sin una señal creíble de oferta de dólares y una regla clara, la expectativa seguirá empujando al paralelo y contaminando precios. La gestión de expectativas será, en suma, política económica.

Hay, por último, un riesgo de comunicación. El Gobierno ha ganado con un lema atractivo, pero deberá traducirlo en acciones pequeñas y visibles: trámites que tardaban semanas y ahora se resuelven en días, créditos que pasan de anuncio a desembolso, insumos que llegan donde faltaban. Eso vale más que cualquier conferencia. Y exige gestión obsesiva de plazos y responsables.

Relaciones específicas: España, Estados Unidos y la vecindad, aterrizaje práctico

España puede ser un socio natural en transición energética, agua y saneamiento, logística urbana y digitalización administrativa. Empresas con experiencia regional ya operan en países vecinos y miran Bolivia si hay seguridad jurídica. La UE suma, además, instrumentos para financiar cadenas de minerales críticos con trazabilidad socioambiental. La presencia de Teresa Ribera en la investidura es una señal política de que hay interés para trabajar rápido si el Gobierno despeja dudas regulatorias.

Con Estados Unidos, el aterrizaje pasa por finanzas y normas. Una agenda de facilitación comercial, aduanas y origen para productos bolivianos puede abrir puertas. En paralelo, hay margen para cooperación en seguridad regional, lucha contra tráfico ilícito y fortalecimiento institucional. El objetivo es práctico: más inversión y menos incertidumbre.

En el cono sur, los puentes concretos son corredores, puertos, energía y litio. Con Argentina y Chile, el encadenamiento en torno al salar y la logística hacia el Pacífico; con Brasil, líneas eléctricas, gas y agro; con Perú y Paraguay, hidrovía y fronteras ordenadas. Con Uruguay y Ecuador, intercambio de buenas prácticas en gobierno digital y pymes. La política exterior de Paz aspira a ser predecible y proinversión: quien traiga proyectos serios, entra.

Del lema a los hechos: lo que medirá el cambio

La promesa de Rodrigo Paz Pereira cabe en una frase: estabilizar rápido y desbloquear la economía para que producir sea fácil y rentable. Lo urgente es visible —combustible, dólar, precios—; lo importante, menos: un Estado que deje de atascar a quien quiere invertir y un país que se gane un sitio en las cadenas de valor del litio y la energía. Si en los próximos meses desaparecen las colas en los surtidores, si el dólar deja de ser un sobresalto cotidiano, si los créditos llegan a pymes que hoy sobreviven al límite, la percepción girará. Si, además, la Gaceta Oficial empieza a publicar reformas que simplifican la vida de empresas y ciudadanos, el “capitalismo para todos” dejará de ser un eslogan para convertirse en un método.

La política pondrá pruebas duras: mayorías frágiles, oposiciones que querrán cobrar el peaje y movilizaciones con demandas legítimas. La economía también: reservas justas, presión fiscal acotada y una banca prudente que no asumirá riesgos sin señales claras. Pero el escenario no es de pesimismo inevitable. Con prioridades claras, cronogramas públicos y un uso quirúrgico del consenso, Bolivia puede dar un giro de calidad. El Gobierno ya ha definido por dónde empezar; ahora toca demostrar, día a día, que el cambio no se promete: se ejecuta.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Agencia EFE, elDiario.es, RTVE, ABC, Reuters, AP News, swissinfo, Infobae.