Bolivia: ¿quién es Rodrigo Paz y qué país recibe hoy?

El senador centrista Rodrigo Paz Pereira se impuso en la segunda vuelta presidencial de Bolivia con el 54,57 % de los votos frente al 45,43 % del exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, según el cómputo preliminar con más del 97 % de actas verificadas. Nacido en Santiago de Compostela en 1967 —hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y de la española Carmen Pereira—, economista de formación y con una larga carrera en el sector público, llega al poder con un lema que ha marcado toda su campaña: “capitalismo para todos”. La toma de posesión está prevista para el 8 de noviembre, con una agenda inmediata que ha prometido atacar la escasez de combustibles y aplanar la burocracia que, a su juicio, frena la actividad económica.

No es una victoria cualquiera. Paz encadena primera y segunda vuelta en la cúspide del escrutinio, en una contienda que reconfigura el tablero político y cierra casi veinte años de hegemonía del Movimiento al Socialismo. Lo hace enarbolando un discurso promercado de tono social, compromisos de crédito barato, rebaja de impuestos, aranceles inferiores para la importación de tecnología y una descentralización fiscal sin precedentes: transferir el 50 % del presupuesto nacional de manera directa a los nueve departamentos. A su lado, un vicepresidente de perfil polémico, Edman Lara, exagente policial que se hizo viral por denuncias de corrupción y cuyo tirón en redes apuntaló la campaña. Con ese binomio, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) ha devuelto a Bolivia una segunda vuelta que termina en cambio de ciclo.

Un triunfo que mueve el eje

La noche electoral dejó claro que la ventaja era sólida. El Tribunal Supremo Electoral —a través del sistema preliminar— reflejó una diferencia que no se recortó conforme avanzaba el conteo. Para Bolivia, la segunda vuelta era un espejo incómodo: durante años, las presidenciales se resolvieron en la primera o en sede legislativa; esta vez, el balotaje se convirtió en plebiscito sobre el rumbo económico y la continuidad de un modelo que comenzó a erosionarse con la escasez de divisas, los problemas de abastecimiento de gasolina y diésel y unas reservas internacionales que perdieron músculo. Paz leyó con precisión ese hartazgo, salió de la zona de confort del Senado, recorrió municipios grandes y pequeños, se dejó ver en ferias, fiestas patronales, cabildos, y abrazó —sin complejos— a las periferias urbanas y los territorios rurales que, elección tras elección, habían sostenido al oficialismo.

Hay un dato que pinta de cuerpo entero el vuelco: en la primera vuelta del 17 de agosto, Paz fue la sorpresa en el recuento pese a que las encuestas lo dejaban atrás. En el balotaje, redobló la apuesta y desmintió de nuevo a la demoscopia, esta vez frente a un Quiroga experimentado y con redes sólidas en la administración pública. La arquitectura final del voto sugiere un realineamiento social: clases populares que se desmarcan del relato tradicional, emprendedores que piden aire regulatorio, jóvenes que ven la informalidad como única salida y un eje productivo que exige certidumbre en energía, divisas y reglas del juego.

No es menor la caída del MAS, que en la primera vuelta rozó el umbral del 3 % necesario para conservar la personería. La formación que impuso una era en Bolivia, con luces y sombras, cedió terreno en la Bolivia rural y en el cinturón periurbano donde durante años se jugaba el partido. La victoria de Paz, con más de 54 puntos en la segunda, se entiende ahí, en esa bisagra social que cambió de interlocutor.

Retrato de un heredero pragmático

Rodrigo Paz lleva la política en el apellido, pero ha construido su biografía con oficios de tierra firme. Economista con estudios en relaciones internacionales, pasó por el Congreso como diputado, caminó pasillos municipales como concejal, gobernó la capital tarijeña entre 2015 y 2020 y, ya en el Senado, se convirtió en esa figura itinerante que aparece en carnavales, mercados, sindicatos y peñas sin protocolo. Esa imagen —chaleco, saludo horizontal, discurso sencillo— caló en zonas donde el ciudadano exige trato cercano y resultados medibles. Hijo de Jaime Paz Zamora (presidente entre 1989 y 1993), fue también un niño de exilio: nació en España, con los padres a salto por la persecución de las dictaduras del Cono Sur, y se hizo adulto entre maletas y mudanzas. Ha contado esa historia una y otra vez, en entrevistas y mítines, como anclaje de una mirada liberal con sensibilidad social.

En 2025, lejos de las viejas siglas, engarzó con el PDC y encontró en Edman Lara —expolicía, altavoz digital incómodo para la jerarquía— el complemento de un mensaje antitrabas y anticorrupción. No fue un camino limpio: Lara acumuló polémicas por frases que le explotaron en las manos; la campaña templó el tono, marcó distancia en los tramos finales y sostuvo el tique. Importó, al final, la suma: una figura pragmática, con apellido histórico y oficio institucional, más un vicepresidente rupturista con fuerte presencia en redes.

Qué hay detrás de “capitalismo para todos”

El lema de tres palabras parece simple, pero condensa un programa. Paz lo ha desgranado en cinco resortes: crédito barato para la micro y pequeña empresa; rebajas tributarias selectivas con foco en la reactivación; aranceles más bajos a tecnología, maquinaria y vehículos que el país no produce; descentralización con transferencias directas del 50 % del presupuesto a las nueve regiones; y una amnistía regulatoria para formalizar actividades que ya existen en cada barrio, desde el taller mecánico al comercio ambulante. El acento está en cambiar incentivos: pasar del funcionario que “tranca” al que facilita, del papel a la ventanilla digital, del permiso eterno a la regla clara.

La medida con más ruido exterior es la regularización de los “chutos”, los vehículos sin papeles que circulan por el altiplano y en áreas rurales. Paz defiende que no se trata de premiar delitos, sino de ordenar una realidad masiva que escapa al control estatal, recaudar y dar seguridad jurídica a quienes hoy están en la penumbra administrativa. Admite, eso sí, una línea roja: cualquier coche con denuncia de robo —en Chile o en otro país— debe volver a su origen. Enfrente, voces chilenas y organizaciones civiles han argumentado que cualquier amnistía reaviva el mercado de vehículos robados. El futuro Gobierno promete un filtro duro, cruces de bases y cooperación policial para no alimentar una cadena criminal. La política pública, en este punto, camina al milímetro.

Hay otra pata decisiva: la descentralización. Entregar la mitad del Presupuesto a las regiones sin peaje burocrático abre interrogantes sobre coordinación, duplicidades y control del gasto. Los gobernadores y alcaldes ven una oportunidad para acelerar obras y servicios; los economistas más ortodoxos piden reglas fiscales, tablas de evaluación y transparencia en tiempo real para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. La viabilidad dependerá de una arquitectura legal bien hecha, un sistema de rendición de cuentas robusto y un equilibrio político que no trivialice el reparto.

Energía, subsidios y señales al mercado

La herencia más urgente se llama combustibles. Bolivia llega a la transición con escasez intermitente y subsidios que desbordan la caja. Paz se ha comprometido a normalizar el suministro “desde el primer día” y a reordenar el sistema de subvenciones, focalizándolo en quienes realmente lo necesitan. No propone un “shock” clásico, pero habla de un ajuste inteligente: orden cambiario, limpieza de contratos opacos, priorización del gasto y una agenda de inversión en hidrocarburos, minería y litio con seguridad jurídica. El sector privado escucha esas claves como señales, pero exige detalles: reglas para alianzas público-privadas, plazos, trámites simplificados, financiación.

La escasez de dólares es el otro cuello de botella. El anclaje del boliviano ha sido un pilar de estabilidad; sostenerlo exige reservas y confianza. El equipo de Paz evita discusiones dogmáticas y habla de transición ordenada, un enfoque que desactiva miedos devaluatorios y gana tiempo para reconstruir colchones. La comunicación —clara, pedagógica, sin triángulos técnicos— será un componente de política económica en sí misma.

Reacciones regionales y el tablero exterior

La victoria de Paz activó mensajes rápidos en América. Argentina celebró lo que definió como un punto de inflexión y auguró una Bolivia más abierta al libre comercio. Desde Chile, el presidente Gabriel Boric felicitó al ganador y subrayó su compromiso de trabajo con La Paz, una señal valiosa en un vínculo históricamente sensible. Estados Unidos felicitó al presidente electo y ofreció cooperación en seguridad, inversión y acceso a mercados. Paraguay y Panamá se sumaron pronto al reconocimiento, y desde la CAF se habló de trabajo coordinado para impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida. No son gestos de cortesía: apuntan a un clima regional que desea estabilidad en Bolivia y a canales de financiación que pueden agilizarse si el Gobierno lanza señales consistentes.

El capítulo chileno merece una línea específica. Bolivia y Chile no tienen embajadores desde 1978, y el contencioso marítimo es un telón de fondo que no desaparece. En 2018, la Corte Internacional de Justicia determinó que Chile no está obligado legalmente a negociar una salida soberana al Pacífico, aunque no cerró la puerta a diálogo bilateral. Paz ha sugerido retomar relaciones en claves prácticas —comercio, tránsito, integración energética, cooperación fronteriza— sin maximalismos ni proclamas que bloqueen lo posible. Aquí también el expediente “chutos” pesará: si la regularización se diseña con lupa, la diplomacia tendrá margen para avanzar en asuntos concretos.

La otra frontera estratégica es Brasil. Gas, electricidad, carreteras bioceánicas y agroindustria hacen de ese vínculo un asunto prioritario. La relación con Perú y la coordinación andina para migración, contrabando y seguridad completan el mapa. Con Estados Unidos y Europa, el litio será palabra recurrente: reglas claras, valor añadido en origen y transparencia en los contratos pueden convertir al salar en palanca de desarrollo y no en otro campo de batalla.

Gobernar sin mayoría: la aritmética manda

La Asamblea que espera a Paz no le regala mayorías. El PDC es primera minoría, suficiente para marcar agenda, insuficiente para aprobar en solitario reformas de calado. Aquí emerge el perfil negociador del presidente electo: los primeros compases del Gobierno exigirán pactos para una ley de reactivación, medidas tributarias y marcos de inversión. ¿Con quién? Con bancadas conservadoras que empujan por ajustes rápidos, con autonomistas cruceños que pedirán federalismo de bolsillo, con centristas que buscarán equilibrios y con un MAS en fase de reubicación pero con estructura territorial. La técnica de la política —ceder, sumar, graduar— será determinante.

Hay también tiempos. Un Gobierno nuevo tiene una ventana para mover piezas, renovar equipos, limpiar contratos y sacar decretos que alivien a quien produce. Si en los primeros meses fluye el combustible, si aparecen dólares con predictibilidad, si las obras arrancan en departamentos que no votaron al PDC, la gobernabilidad gana metros. Si el Ejecutivo acumula vetos, el callejero puede subirse de tono. Bolivia sabe de eso.

Justicia, seguridad y una promesa anticorrupción

El discurso anticorrupción que llevó a la vicepresidencia a Edman Lara ahora aterriza en políticas. La ciudadanía espera investigaciones que no se queden en videos virales, auditorías a áreas sensibles —policía, aduanas, compras públicas— y sanciones cuando corresponda. El área de justicia necesita coordinación con la Asamblea para desbloquear designaciones, reforzar el Ministerio Público y digitalizar procesos que hoy se pierden en papeleras eternas. La seguridad ciudadana —desde el microtráfico a los robos en frontera— exige datos, inteligencia y cooperación internacional.

El mapa económico que hereda: luces y sombras

La economía boliviana llega a este relevo con paradojas. El país mantiene una inflación baja en la comparación regional, pero sufre tensiones en divisas y desabastecimiento periódico de gasolina y diésel. La subvención a los combustibles —clave política y social— engorda el gasto y estrecha el margen para inversión. YPFB necesita oxígeno y gestión, y la minería —del zinc al estaño, pasando por el oro— convive con informalidad y presión ambiental. En paralelo, la agroindustria cruceña y los emprendimientos pequeños en todo el país piden una alfombra regulatoria simple: permisos rápidos, ventanillas únicas, aduanas predecibles.

El programa de Paz intenta responder a esa demanda con tres herramientas: regulación liviana, crédito y descentralización. La clave estará en cómo. Crédito barato exige fondos y criterios para evitar morosidad; rebajas tributarias requieren compensaciones para no estrechar aún más la caja; la descentralización necesita sistemas de control en tiempo real para no multiplicar contratos mal hechos. También hay oportunidades: si fluye la inversión —privada y multilateral— hacia infraestructura, energía y digitalización, el empleo formal puede respirar. Si no, el autoempleo y la informalidad seguirán siendo la válvula.

Lo inmediato: 8 de noviembre y los cien días sin llamarlos así

El propio Paz ha dicho que no espera cien días para arrancar. Señaló el 8 de noviembre como fecha para normalizar combustibles y presentar las primeras medidas. En la lista breve aparecen un decreto de simplificación para importaciones de maquinaria, un paquete de alivio tributario a la MYPE y el anuncio del esquema de formalización con amnistía parcial. Todo con coordinación territorial: gobernadores y alcaldes serían socios y beneficiarios de la nueva distribución de recursos.

El riesgo está claro: formalizar a destiempo, sin controles aduaneros reforzados, puede inflar el contrabando; tocar subsidios sin pedagogía ni colchón social dispara protestas; mover el tipo de cambio sin reservas y acuerdos con exportadores y banca es una jugada de alto voltaje. Por eso el relato importa: explicar, ordenar, calibrar. Un gobierno que comunica bien ahorra costes políticos y desactiva rumores que en economías frágiles hacen daño real.

El expediente “chutos”, una piedra en el zapato binacional

La regularización de vehículos indocumentados —los llamados “chutos”— ha encendido alarmas en Santiago. Carabineros, fiscales y organizaciones civiles chilenas llevan años denunciando un circuito de robo y reventa que termina, a menudo, al otro lado de la cordillera. El equipo de Paz sostiene que el plan no blanqueará autos robados: bases cruzadas, trazabilidad y devolución a su lugar de origen como condición. El diálogo técnico con Chile será decisivo para evitar una crisis diplomática temprana. Una comisión bilateral con policías, aduanas y fiscales podría marcar un estándar, y sería también una señal de la nueva etapa: resoluciones prácticas antes que retóricas.

En paralelo, el parque automotor boliviano crece con vehículos usados que abaratan el acceso al trabajo y al transporte en regiones rurales donde el Estado llega tarde o mal. El diseño de la regularización deberá proteger ese valor social sin alimentar delitos. La delgada línea entre inclusión y riesgo se juega en controles y sanciones que funcionen.

Una presidencia que arranca con reloj en marcha

La foto de esta semana cuenta tres certezas. La primera: Paz ganó con margen y tiene mandato para mover el modelo. La segunda: no dispone de mayoría y cada reforma exigirá acuerdos honestos en la Asamblea. La tercera: la economía marcará la agenda y pide decisiones tempranas en combustibles, cambio, crédito y regulación. A eso se suma un interrogante operativo: ¿puede el “capitalismo para todos” bajar a normas concretas que estimulen sin romper la protección social? La respuesta no saldrá de un slogan, sino de boletines, licitaciones y gasolineras abastecidas.

Paz llega al Palacio con biografía singular —español de nacimiento, boliviano por historia y vocación, alcalde y senador— y una promesa de orden con oportunidades para quien emprende. En las próximas semanas, la diplomacia económica mostrará prioridades: asegurar combustible, recomponer reservas, abrir el litio a inversión con valor añadido y aceitar el vínculo con vecinos. En casa, la gestión tendrá que probar que reducir trámites, bajar aranceles y abaratar crédito no es una consigna sino una realidad medible. Bolivia cambia de ciclo y, esta vez, el cronómetro ya corre.