¿Qué enseñó la Guardia Civil a la DGST marroquí señalada por Pegasus?

La Guardia Civil formó durante años a agentes de la DGST, el servicio de inteligencia interior de Marruecos, en técnicas de vigilancia, seguimiento, obtención de inteligencia técnica y operaciones encubiertas. La cooperación comenzó formalmente en 2014 y terminó incluyendo ejercicios en España y Marruecos, intercambios operativos y cursos impartidos por especialistas españoles. La paradoja es incómoda: una investigación internacional sostiene que ese mismo aparato marroquí utilizó posteriormente sus capacidades de vigilancia contra objetivos españoles y llegó incluso a espiar a algunos de los guardias civiles que lo habían entrenado.

El asunto desemboca inevitablemente en Pegasus y Pedro Sánchez. Está acreditado que el teléfono del presidente del Gobierno fue infectado mediante este programa espía y que se extrajeron grandes cantidades de información. Las revelaciones periodísticas internacionales atribuyen a estructuras de inteligencia marroquíes operaciones de vigilancia sobre intereses españoles, incluido el entorno gubernamental.

Hay, sin embargo, una frontera esencial. La justicia española no ha determinado quién fue el autor material de las infecciones sufridas por Sánchez y varios ministros. La Audiencia Nacional volvió a archivar provisionalmente la causa el 22 de enero de 2026 porque la falta de cooperación de Israel impidió avanzar en la atribución concreta. Una cosa es saber que el teléfono fue atacado; otra, demostrar ante un tribunal quién dio la orden.

La Guardia Civil y la DGST: una cooperación nacida contra el yihadismo

La colaboración tenía una lógica evidente. Después del final de la actividad armada de ETA, el terrorismo yihadista fue ocupando un espacio creciente entre las prioridades de los servicios españoles. Marruecos, por su posición geográfica, sus redes de información y su conocimiento de los movimientos radicales en el Magreb, se convirtió en un socio difícil de sustituir.

En 2014, la Guardia Civil inició una cooperación formal con la Dirección General de Vigilancia del Territorio, DGST, una relación que hasta entonces había estado principalmente en manos del CNI y de la Policía Nacional. Con el tiempo llegaron operaciones conjuntas, desplazamientos de agentes, reuniones de altos mandos y sesiones de formación. Para 2017, según la documentación y los testimonios recopilados por la investigación internacional, el vínculo era ya especialmente estrecho.

Especialistas del Grupo de Apoyo Operativo, GAO, una unidad técnica de la Guardia Civil, participaron en esos entrenamientos. Los cursos se desarrollaron tanto en territorio español como en ciudades marroquíes como Tánger, Rabat, Tetuán, Nador, Marrakech y Castillejos.

No se trataba simplemente de aprender a seguir discretamente un vehículo por una avenida. La formación abordaba vigilancia física, inteligencia técnica y seguimiento de objetivos, además de técnicas relacionadas con la instalación de software de vigilancia en determinados dispositivos y ordenadores de uso público. España compartía conocimiento porque necesitaba, a cambio, información útil contra el terrorismo, la trata de personas, la inmigración irregular y, más adelante, el narcotráfico.

Ese intercambio entre servicios de países vecinos no resulta extraordinario. Lo llamativo viene después.

Los instructores españoles también habrían sido vigilados

Un antiguo miembro de la DGST asegura que los servicios marroquíes espiaban a agentes de la Guardia Civil mientras estos viajaban al país para formar a sus homólogos. La investigación se apoya también en testimonios procedentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI, junto con documentos, fotografías y otros materiales analizados.

El procedimiento descrito habría incluido dispositivos conocidos como IMSI catchers, equipos capaces de simular una antena de telefonía móvil para identificar terminales próximos y captar determinada información de la red. No todos los detalles aportados sobre ese sistema han podido verificarse independientemente, una cautela necesaria cuando se habla de operaciones de inteligencia, donde casi nada llega con recibo y sello.

Los guardias civiles, según los testimonios recogidos, no aplicaban entonces algunas de las precauciones que sí empleaban otros cuerpos españoles cuando viajaban a Marruecos. Existía confianza entre los equipos. O algo parecido a la confianza: un material bastante frágil cuando la profesión consiste, precisamente, en averiguar qué sabe el otro.

Uno de los casos más llamativos es el del coronel Alberto Aguilera, antiguo agregado de Interior en Rabat y posteriormente responsable de Información de la Guardia Civil en Cataluña. Su número personal apareció cinco veces entre los objetivos seleccionados para vigilancia con Pegasus por un usuario del sistema que la investigación atribuye a Marruecos. Una de esas selecciones está fechada el 8 de marzo de 2019.

De los guardias civiles a unos 250 números españoles

El alcance sería bastante mayor que el de unos cuantos instructores. La investigación internacional publicada en 2026 sostiene que alrededor de 250 números españoles fueron seleccionados como posibles objetivos de Pegasus entre mayo de 2018 y junio de 2019 por una infraestructura atribuida a Marruecos.

Entre los perfiles seleccionados aparecen personas relacionadas con las fuerzas de seguridad y otros ámbitos sensibles del Estado. El dato importa también por las fechas: la vigilancia habría comenzado antes de la gran crisis diplomática de 2021 y, por tanto, no podría explicarse únicamente como una reacción puntual al conflicto del Sáhara Occidental o a la acogida en España del dirigente del Frente Polisario Brahim Gali.

Pegasus es una herramienta especialmente invasiva. Una vez comprometido un dispositivo, el operador puede llegar a acceder a mensajes, llamadas, archivos, fotografías y micrófono, entre otros contenidos. El viejo espía de gabardina queda bastante lejos: el propio teléfono puede convertirse en el instrumento de vigilancia.

El móvil de Sánchez sí fue infectado: eso está acreditado

Sobre Pedro Sánchez existe un hecho que no pertenece al terreno de las hipótesis. La investigación judicial española constató infecciones con Pegasus en su teléfono oficial y confirmó la extracción de un volumen considerable de datos.

Entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 se extrajeron al menos 2,57 gigabytes de información. El 31 de mayo se detectó otra extracción de unos 130 megabytes. Las fechas son especialmente sensibles porque coinciden con uno de los momentos más tensos de las relaciones entre España y Marruecos, después de la entrada masiva de personas en Ceuta y de la crisis provocada por la hospitalización en España de Brahim Gali.

También fueron infectados terminales de miembros del Gobierno. La investigación judicial incluyó los dispositivos de la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el entonces ministro de Agricultura, Luis Planas.

Las investigaciones periodísticas han ido más lejos y han situado las operaciones contra dirigentes españoles en el entorno del aparato de seguridad marroquí, con referencias a estructuras relacionadas con la DGST y figuras próximas al poder real. Ese señalamiento, aunque relevante, no equivale a una condena judicial ni permite presentar la autoría como un hecho definitivamente probado.

La Audiencia Nacional dejó la autoría sin resolver

El juez José Luis Calama volvió a archivar provisionalmente el caso Pegasus el 22 de enero de 2026. No lo hizo porque hubiera concluido que el espionaje no existió. Las infecciones de los dispositivos forman parte de los hechos investigados y acreditados técnicamente.

El problema fue otro: la imposibilidad de identificar judicialmente al responsable. La ausencia de la cooperación requerida a Israel impidió obtener información esencial relacionada con NSO Group, la empresa creadora de Pegasus. Sin esa pieza, el magistrado consideró imposible atribuir los hechos a una persona concreta.

Por eso resulta excesivo convertir en certeza judicial la afirmación de que Marruecos espió a Sánchez. Existen investigaciones internacionales, testimonios, coincidencias temporales e indicios que apuntan hacia esa dirección, mientras Rabat ha negado reiteradamente haber utilizado Pegasus para realizar espionaje ilegal. Ningún tribunal español ha fijado esa autoría.

La diferencia puede parecer pequeña, pero cambia completamente la noticia: está probado el espionaje al presidente; la identidad de quien ordenó y ejecutó esa operación sigue sin haber sido establecida judicialmente.

Jabaroot añade miles de nombres y nuevas incógnitas

La historia regresó al primer plano tras las filtraciones del grupo denominado Jabaroot, que en agosto de 2026 difundió datos atribuidos a decenas de miles de integrantes de la DGSN y la DGST marroquíes.

Los archivos publicados contienen alrededor de 70.000 identidades vinculadas, según sus responsables, al aparato policial y de inteligencia del país. Jabaroot también ha insinuado disponer de información relacionada con Pegasus y Pedro Sánchez, pero esas afirmaciones concretas no han sido demostradas públicamente de manera concluyente.

Tampoco se conoce con certeza quién está detrás del grupo. Algunas interpretaciones lo sitúan en el contexto de la ciberguerra entre Marruecos y Argelia, aunque esa atribución tampoco puede darse por cerrada. En este terreno abundan las filtraciones, las operaciones de influencia y los mensajes diseñados para que el adversario nunca sepa del todo quién mueve las piezas.

Las autoridades marroquíes han rechazado que los sistemas de sus servicios de seguridad hayan sido pirateados. Su versión es que parte de los datos difundidos serían antiguos y procederían de bases gestionadas por aseguradoras u organismos vinculados a la cobertura sanitaria y social. Que determinados nombres sean auténticos, por tanto, no demuestra automáticamente ni el origen de toda la filtración ni cada acusación añadida por Jabaroot.

Una alianza útil bajo una sombra difícil de borrar

La relación entre Madrid y Rabat tampoco se congeló después de conocerse las infecciones. La cooperación policial y de inteligencia continuó siendo considerada estratégica frente al terrorismo yihadista, el narcotráfico, las redes de tráfico de personas y la presión migratoria.

Abdellatif Hammouchi, máximo responsable de la DGST y una de las figuras principales del aparato de seguridad marroquí, ha mantenido contactos institucionales de alto nivel con España. En 2019 recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, y los contactos entre los servicios de ambos países continuaron posteriormente.

En julio de 2026, Hammouchi recibió en Marruecos a una delegación española encabezada por el general Luis Peláez Piñeiro, jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil. El dato retrata bien la complejidad del vínculo: cooperación y desconfianza pueden convivir en el mismo despacho. Un servicio puede compartir información contra una red terrorista y, al mismo tiempo, intentar conocer hasta dónde llega la información de su socio.

La Guardia Civil necesitaba inteligencia marroquí. Marruecos recibía experiencia y conocimientos técnicos españoles. Esa colaboración produjo resultados operativos y se mantuvo porque los intereses comunes son reales. Pero las revelaciones sobre Pegasus y sobre la posible vigilancia de los propios instructores españoles proyectan una sombra incómoda sobre aquella relación.

Lo más delicado no es que la Guardia Civil enseñara técnicas de vigilancia a agentes extranjeros. Los cuerpos de seguridad forman habitualmente a sus homólogos porque el terrorismo y el crimen organizado atraviesan fronteras con bastante menos ceremonia que los ministros. Lo verdaderamente grave sería confirmar que un servicio extranjero vigiló después a quienes lo habían formado mientras conservaba una relación privilegiada con España.

Las investigaciones disponibles apuntan hacia ese escenario, pero obligan a separar cuidadosamente hechos e indicios. Las infecciones de Sánchez y otros ministros son reales; la selección de numerosos objetivos españoles atribuida a Marruecos constituye un elemento de enorme relevancia; la vigilancia sobre guardias civiles aparece descrita por testimonios y documentación. Lo que sigue faltando es la pieza que la justicia española no consiguió colocar sobre la mesa: una prueba concluyente que vincule las infecciones del presidente con una orden concreta de Rabat.