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Economía

¿Por qué los fondos frenan 5.000 millones tras el decreto de vivienda?

Fondos inmobiliarios revisan operaciones por casi 5.000 millones tras el nuevo decreto, que cambia precios, tasaciones y compras de vivienda.

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los fondos frenan 5.000 millones en viviendas

Resumen

  • El decreto pone en pausa operaciones cercanas a 5.000 millones
  • El límite del 70% sobre la tasación obliga a revisar muchas compras
  • Parte del capital podría renegociar precios o cambiar de estrategia

El mercado residencial español ha pisado el freno casi de golpe. Operaciones inmobiliarias valoradas en cerca de 5.000 millones de euros han quedado paralizadas, aplazadas o sometidas a revisión después de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley 26/2026 de vivienda. No significa necesariamente que todo ese dinero haya desaparecido del mercado: significa que numerosos compradores institucionales están revisando operaciones que, hasta hace unos días, tenían otra ecuación jurídica y financiera.

El cambio más sensible está en una disposición que afecta directamente a determinadas compras de vivienda. Desde el 1 de octubre de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2028, las entidades cuyo objeto incluya la adquisición de inmuebles tienen limitada la compra de viviendas por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado, con las excepciones previstas en la propia norma. Las transmisiones elevadas a escritura pública antes de la entrada en vigor quedan preservadas en los términos establecidos por el decreto.

El 70% que ha cambiado las cuentas de muchas operaciones

La palabra importante no es únicamente “fondos”. Jurídicamente, la medida alcanza a entidades con o sin personalidad jurídica que incluyan entre sus actividades la adquisición de inmuebles. El Gobierno presenta la restricción como una herramienta para limitar determinadas compras realizadas con fuertes descuentos y reforzar la función social de la vivienda.

Para entender el terremoto basta imaginar una cartera residencial con una tasación de 100 millones de euros que, por el estado de los activos, contratos existentes, reformas pendientes o necesidades del vendedor, estuviera negociándose por 65 millones. Ese descuento sobre la tasación podía formar parte de la rentabilidad esperada. Con la nueva regla, una operación de esas características puede quedar fuera del margen permitido cuando se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la norma.

Y ahí aparece el problema inmediato. El inmobiliario institucional no funciona como comprar un piso después de visitarlo un sábado por la mañana. Las grandes operaciones necesitan meses de análisis, financiación, auditorías jurídicas, tasaciones y negociación. En muchos casos existen arras, exclusividades o compromisos previos bastante antes de acudir al notario.

El decreto protege las transmisiones elevadas a escritura pública antes de su entrada en vigor, aunque todavía estuvieran pendientes de inscripción. Una operación respaldada únicamente por acuerdos privados previos no disfruta automáticamente de la misma situación. Ese pequeño detalle jurídico puede representar decenas o centenares de millones. En inmobiliario, a veces una línea del BOE pesa más que un edificio.

Por qué se habla de operaciones cercanas a 5.000 millones

La cifra de 5.000 millones de euros encaja, además, con el extraordinario tamaño que había alcanzado este segmento durante 2026. JLL calculaba antes de la aprobación del decreto que la inversión en compras de edificios residenciales destinados al alquiler podía rondar esa cifra durante el conjunto del año, después de registrar unos 3.394 millones únicamente en el primer semestre.

El mercado estaba marcado por movimientos de grandes carteras residenciales. Fondos que entraron en España durante los años posteriores a la crisis financiera habían comenzado a vender activos, mientras otros inversores institucionales —aseguradoras, fondos de pensiones y vehículos internacionales— aparecían como compradores. En el Congreso se había recogido meses antes la existencia de procesos relacionados con cerca de 30.000 viviendas valoradas en más de 5.000 millones de euros.

Por eso el frenazo no llega precisamente a un mercado dormido. Llega cuando había mucho dinero cambiando de manos, carteras en negociación y operaciones que llevaban meses preparándose.

Las primeras reacciones del sector describen compraventas comprometidas que han dejado de avanzar, acuerdos pendientes de firma y operaciones que necesitan ser examinadas otra vez. La reacción financiera es bastante previsible: cuando cambia una regla esencial entre la negociación y la escritura, el comprador vuelve a abrir el Excel. Y el abogado, naturalmente, vuelve a abrir el BOE.

No todas las compras de fondos quedan prohibidas

Conviene introducir un matiz importante: España no ha prohibido a los fondos comprar viviendas. La restricción se concentra en determinadas adquisiciones que quedan por debajo del 70% del valor de tasación y se aplica a las entidades incluidas en la definición de la norma.

El propio decreto establece excepciones. Entre ellas figuran adquisiciones destinadas durante al menos cinco años a vivienda habitual asequible o social, determinados recursos sociosanitarios, viviendas para colectivos vulnerables gestionadas por entidades del tercer sector y supuestos relacionados con la protección de víctimas de violencia de género. También se contemplan adquisiciones procedentes de determinados procedimientos de ejecución judicial o hipotecaria.

Eso abre una posibilidad relevante: que parte del capital no abandone el mercado español, sino que cambie de ruta. Una operación inicialmente diseñada para alquiler libre puede revisar su estructura; otra puede renegociar el precio; una tercera puede esperar a que desaparezca parte de la incertidumbre jurídica.

La diferencia entre esas salidas importa mucho. Hablar de 5.000 millones “perdidos” sería prematuro. Hablar de operaciones paralizadas, aplazadas o revisadas describe mejor la situación mientras compradores y vendedores recalculan las condiciones.

El precio deja de ser la única variable

Hasta esta semana, comprador y vendedor podían discutir durante meses sobre una cifra y cerrar cuando ambos consideraban que el descuento compensaba el riesgo. Con el decreto aparece una tercera referencia particularmente relevante: la tasación de mercado.

Eso complica sobre todo las grandes carteras. Un edificio con decenas de viviendas alquiladas, otro necesitado de reformas y una cartera dispersa por varias ciudades pueden presentar valoraciones y riesgos muy distintos. Una misma fórmula financiera no sirve para todos.

Ya no basta, por tanto, con determinar cuánto quiere pagar el comprador. También hay que comprobar qué porcentaje representa esa cantidad respecto a la valoración del inmueble y si la operación encaja en alguno de los supuestos exceptuados por la norma.

El descuento, uno de los motores tradicionales de determinadas operaciones oportunistas o de activos con dificultades, deja de ser exclusivamente una negociación privada entre comprador y vendedor.

El decreto entra en vigor con el Congreso todavía por delante

Hay otra razón para que una parte del mercado haya preferido detenerse en lugar de romper definitivamente las negociaciones: el Real Decreto-ley 26/2026 está vigente desde el 1 de octubre, pero debe someterse a convalidación parlamentaria para mantener su vigencia.

El pleno extraordinario del Congreso que debe abordar los decretos de vivienda está previsto para el viernes 2 de octubre de 2026. Esa votación añade una capa de incertidumbre a operaciones inmobiliarias que, en algunos casos, llevan meses construyéndose.

Durante unas horas, compraventas preparadas durante mucho tiempo quedan pendientes no de una tasación, de un banco o de una auditoría, sino también del resultado parlamentario. No es precisamente el ingrediente favorito de un comité de inversión.

Para un inversor profesional, detener temporalmente una firma puede resultar mucho menos costoso que cerrar una adquisición cuyo marco jurídico acaba de cambiar. De ahí que parar no sea necesariamente marcharse.

La incertidumbre, eso sí, tiene precio. Los grandes inversores calculan rentabilidades a muchos años, pero necesitan conocer las reglas desde el comienzo. Una modificación regulatoria puede cambiar el precio máximo asumible, la financiación, la rentabilidad exigida y hasta el perfil del comprador capaz de adquirir una cartera.

Qué puede ocurrir con las viviendas que estaban en venta

El primer efecto visible es la renegociación. Algunas operaciones pueden continuar si cumplen el umbral establecido; otras tendrán que revisar su estructura o comprobar si están incluidas en alguna de las excepciones recogidas por el decreto.

También existe otra salida conocida en el mercado español: vender los pisos uno por uno en lugar de transmitir edificios o carteras completas a otro inversor institucional. Antes incluso de esta reforma ya había propietarios recurriendo a la venta individual porque podía ofrecer una rentabilidad superior a la transmisión en bloque.

La cuestión resulta especialmente relevante para el mercado del alquiler. Cuando un gran propietario vende una cartera completa a otro inversor, los inmuebles pueden seguir funcionando como parque residencial arrendado. Cuando las viviendas se venden individualmente, algunas pueden acabar como residencia habitual de sus compradores y otras continuar en alquiler. El resultado dependerá de cada cartera.

El Gobierno justifica las restricciones por la necesidad de proteger la función social de la vivienda y limitar determinadas adquisiciones que considera especulativas. Parte del sector inmobiliario, por el contrario, teme que restringir las compras con descuento reduzca la liquidez y vuelva inviables algunas transacciones. La norma ya existe; medir sus efectos reales llevará bastante más que unas horas.

Un mercado que ha pasado de acelerar a esperar

El dato más significativo no es que hayan desaparecido súbitamente 5.000 millones de euros. Es que operaciones de una magnitud cercana a esa cifra han quedado expuestas a revisión justo cuando España atravesaba uno de los ejercicios más activos de los últimos años en inversión residencial institucional.

El decreto ha cambiado una pieza decisiva: la relación entre el precio de adquisición y el valor de tasación para determinadas entidades. Y cuando esa pieza se modifica con negociaciones ya avanzadas, las firmas se detienen, los abogados revisan contratos y los comités de inversión vuelven a hacer números.

Algunas operaciones podrán regresar a la mesa con otro precio o estructura; otras podrían encajar en las excepciones destinadas a vivienda asequible o finalidades sociales; otras, sencillamente, pueden no sobrevivir al cambio regulatorio. Todavía es pronto para calcular cuánto capital acabará realmente retirándose del mercado.

Lo comprobable, de momento, es más sencillo y bastante más revelador: el Real Decreto-ley 26/2026 ha cambiado de inmediato las condiciones bajo las que se negociaba una parte del mercado residencial español, dejando operaciones preparadas con las reglas anteriores en pausa mientras compradores y vendedores averiguan cuánto vale, exactamente, el nuevo tablero.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.