¿Puede el federalismo pragmático sacar a Europa del atasco?

Draghi sacude Oviedo con una receta concreta para la UE: federalismo pragmático, coaliciones que actúan y foco en defensa, energía y capital.

Europa atraviesa una fase de vulnerabilidad estratégica y desgaste institucional que ya no disimula. Desde Oviedo, con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional en la mano, Mario Draghi ha puesto una fórmula sobre la mesa: “federalismo pragmático” para acelerar decisiones en defensa, energía, tecnología o financiación sin quedar atrapados en la regla de la unanimidad. El planteamiento es concreto: coaliciones de países dispuestos a avanzar, dentro del marco de la Unión, en los asuntos que no admiten demora. La tesis llega con urgencia política y con ejemplos recientes de bloqueo que han obligado a emitir “conclusiones a 26” y a posponer decisiones sensibles.

El mensaje no es maximalista ni pretende reescribir los Tratados de un plumazo. Draghi, reconocido por su papel en la estabilidad del euro y por su informe sobre la competitividad europea, propone activar mecanismos ya existentes para que la UE gane velocidad: cooperaciones reforzadas, proyectos de defensa con compromisos exigibles, compras conjuntas, reglas comunes para escalar innovación, un empuje serio al mercado de capitales europeo y contratos energéticos estables que abaraten la electricidad de la industria. La idea central —y la más incómoda para la burocracia y los gobiernos que prefieren la espera— es que no todos tienen que ir al mismo ritmo si eso implica quedarse quietos. El marco es europeo, la puerta queda abierta a todos, pero quien quiera y pueda, que avance.

Un discurso con destinatario claro desde Oviedo

La escena en el Teatro Campoamor ha tenido un punto de símbolo: Draghi recibe un premio español y habla a Europa entera. No ha recurrido a retórica hueca. Ha dibujado un entorno en el que la seguridad vuelve a depender de la potencia militar, el comercio se contamina de proteger cadenas de suministro críticas y la transición climática compite con realidades de energía cara para las industrias intensivas en consumo eléctrico. A partir de ahí, la palabra clave ha sido capacidad de ejecución. No basta con “intentar”; hay que poder hacer. Y cuando la unanimidad convierte cada decisión estratégica en una carrera de obstáculos, el resultado se parece demasiado a la parálisis.

El contexto reciente lo confirma. La discusión sobre el uso de activos rusos inmovilizados como garantía de un paquete de financiación para la reconstrucción de Ucrania ha puesto a prueba la arquitectura institucional. Las discrepancias jurídicas y políticas se multiplican. En otras latitudes comunitarias, sucede lo mismo con la política industrial verde y los equilibrios entre objetivos climáticos y costes de la electricidad. La respuesta de Draghi describe cómo se puede mover Europa sin romper su marco legal: grupos de países que compartan intereses estratégicos, con reglas de compromiso, seguimiento y control parlamentario, y la posibilidad de que otros se sumen cuando estén listos. Nada de gritos épicos. Sí una hoja de ruta utilitaria para tiempos apremiantes.

Qué es, y qué no es, el “federalismo pragmático”

Conviene afinar los términos, porque la palabra “federalismo” levanta pasiones. Lo que Draghi propugna no es la creación inmediata de un Estado federal europeo ni la cesión masiva de competencias en bloque. El apellido “pragmático” lo ancla en algo asible: construir capacidades comunes por temas, no por dogmas. Hablamos de defensa, energía, tecnología y datos, mercado único de capitales y financiación europea que arrastre inversión privada. La arquitectura sería modular, con coaliciones de los dispuestos que operan bajo el paraguas jurídico de la UE, no al margen. De esa forma, se evitan aventuras intergubernamentales que fragmentan y se mantiene la cohesión institucional.

Las coaliciones funcionarían con compromisos exigibles: objetivos concretos, calendarios, estándares comunes y financiación definida. Un país puede decidir no entrar al inicio. Pero si quiere beneficiarse plenamente, tarde o temprano tendría que alinearse con esas reglas. Ese es el sentido de la palabra “federal”: reglas compartidas que generan bienes públicos europeos. Y es “pragmático” porque acepta la realidad política actual: no hay mayorías para cambios radicales de Tratados ni para abolir la unanimidad en materias sensibles. Sí hay margen para usar las vías de avance a distintas velocidades que ya prevén los propios Tratados, con participación activa de la Comisión y un control democrático reconocible.

Las áreas donde la velocidad importa de verdad

En defensa, la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) ya ofrece un marco para proyectos conjuntos. El salto que sugiere Draghi es pasar de iniciativas dispersas a programas ancla que estandaricen equipos, sincronicen compras y generen economía de escala. Si además se coordinan los calendarios presupuestarios y se comparten especificaciones técnicas, la industria europea deja de competir país contra país y aparece una capacidad real de respuesta. Esto no va de discursos; va de plazos de entrega, mantenimiento y munición.

En energía, los contratos de compra a largo plazo (PPAs) con respaldo del Banco Europeo de Inversiones, junto a la aceleración de permisos y la interconexión eléctrica entre Estados, pueden reducir de forma tangible el coste medio para la industria electrointensiva. Países con potencia renovable —España en primerísima línea— tienen aquí una ventaja que solo cristaliza con más red, más almacenamiento y reglas transfronterizas claras. Hablar de “federalismo” en este terreno significa compartir infraestructura y marcos de apoyo que no distorsionen el mercado interior.

En tecnología y datos, Europa necesita escala. La experiencia del ecosistema de chips, los centros de datos o la computación en la nube demuestra que si cada Estado diseña su propio jardín regulatorio y financiero, los proyectos se ralentizan o, simplemente, no arrancan. Una coalición tecnológica con estándares interoperables, contratación pública coordinada y puestos avanzados de investigación haría más que mil discursos. El objetivo no es “más regulación”, sino reglas que faciliten el escalado y financiación que comparta riesgos entre BEI, fondos públicos y capital privado.

Finalmente, el mercado de capitales europeo sigue incompleto. Para transformar innovación en empresas escalables, no basta con subvenciones. Se precisan normas de insolvencia más homogéneas, pasaportes de productos de ahorro y supervisión coordinada que anime al ahorro europeo —enorme— a financiar tecnología, digitalización y transición energética. Aquí, las coaliciones pueden acelerar la convergencia entre países que estén dispuestos a moverse primero, sin desarmar lo común.

Por qué el método actual se atasca

Arrastramos un problema clásico: la unanimidad. Funciona para garantizar que nadie queda arrinconado, pero cuando cada decisión estratégica exige el “sí” de los 27, basta un veto para vaciar de contenido meses de negociaciones. Ese diseño institucional, pensado para épocas menos convulsas, choca con un entorno en el que la seguridad y la competitividad no conceden prórrogas. Si a ese factor le sumamos calendarios políticos nacionales que no siempre casan, el resultado es una agenda europea que se alarga, se diluye o se descose.

El caso de Ucrania es paradigmático. Ajustar un mecanismo para canalizar los beneficios generados por activos rusos inmovilizados hacia la reconstrucción de Kiev provoca debates legales complejos, tensiones diplomáticas y precauciones financieras. No todos los Estados asumen los mismos riesgos ni comparten idéntica visión del orden internacional. Se entiende. Pero el mundo no espera. Cuando, además, se publican conclusiones sin unanimidad en asuntos de política exterior o económica, la imagen de unidad —que es un activo político y económico— se resiente.

No se trata de culpar a nadie en concreto. El sistema se ha quedado corto de velocidad. Y cuando la economía europea paga más por la energía, crece menos que sus competidores y pierde peso en sectores tecnológicos clave, cada mes perdido cuesta. Aquí encaja el trazo de Draghi: usar las vías legales que ya existen para avanzar por temas con quienes estén dispuestos, sin forzar a nadie, pero sin permitir que uno solo bloquee a veintiséis.

Competitividad, mercado único y la otra mitad del tablero

El debate de la competitividad no es un adorno. Es el núcleo de la propuesta. La Unión tiene mercado, talento y ciencia. Lo que le falta, con frecuencia, es escala y financiación para convertir esos ingredientes en industrias líderes. De ahí el énfasis en un mercado único de capitales que funcione de verdad y en reglas menos fragmentadas para finanzas, telecomunicaciones y energía. El informe sobre el mercado único presentado por Enrico Letta y el de competitividad coordinado por el propio Draghi convergen en el diagnóstico: la UE necesita alinear incentivos, reducir solapes regulatorios y quitar fricción a la inversión.

En paralelo, la transición climática sigue siendo una política prioritaria que debe convivir con la industria. Aquí no caben caricaturas. Ni desmantelar el Pacto Verde, ni ignorar los costes de la energía y la burocracia. El enfoque productivo exige electricidad más barata y predecible, permisos rápidos para proyectos estratégicos y señales de precio que inviten a invertir a diez o quince años vista. Europeizar esa agenda —con compras conjuntas, estándares, financiación y gobernanza de seguimiento— encaja con el “federalismo pragmático” que reclama Draghi. No para imponer, sino para multiplicar.

El calendario comunitario empuja en esa dirección. La agenda de líderes ha incorporado consejos europeos específicos para competitividad y para revisar la ejecución de grandes dosieres industriales. Es una ventana de oportunidad: si en los próximos meses arrancan paquetes temáticos con países líderes en cada ámbito, el efecto arrastre puede ser real. Si se vuelve a la inercia, el discurso de Oviedo quedará como una advertencia más en una pared llena de advertencias.

España en la ecuación: dónde sumar y dónde exigir

España no asiste a este debate desde la grada. En energía renovable, almacenamiento y hidrógeno verde, tiene capacidad y proyectos para convertirse en pilar de un sistema eléctrico europeo más interconectado. La interconexión con Francia sigue siendo el cuello de botella. Un marco europeo que priorice infraestructura transfronteriza, PPAs paneuropeos y permisos sincronizados beneficiaría directamente a la industria peninsular y reduciría la brecha de costes con competidores extracomunitarios.

En defensa, la base industrial española participa en programas europeos en aeronáutica, terrestre y naval. Si PESCO y las compras conjuntas ganan peso y se fijan estándares comunes, se abre un ciclo de inversión y empleo cualificado con retornos estables. Pero eso exige compromisos: plazos, presupuestos, mantenimiento y capacidades compartidas. Aquí, el enfoque de Draghi ayuda a separar lo estructural de lo coyuntural.

En tecnología, el despliegue de centros de datos, semiconductores y cadenas de valor digitales no se acelera a golpe de nota de prensa. Se acelera con reglas que permitan escalar y con capital. Si surge una coalición de países que armoniza piezas clave —de insolvencias a supervisión financiera— y lanza vehículos de inversión con tracción privada, España debe estar dentro desde el primer minuto. Significa influir en los estándares y evitar quedar relegado a la periferia de los proyectos que marcarán la próxima década.

Hay, por supuesto, riesgos. Una integración “a distintas velocidades” puede derivar en clubes cerrados si no se evita la opacidad y si la puerta de entrada no es real. Por eso resulta clave que estas coaliciones nazcan dentro del marco de la UE, con participación de la Comisión, rendición de cuentas y evaluaciones públicas. La lógica no es que unos manden y otros obedezcan, sino que quien quiera arriesgarse y empujar, pueda hacerlo sin arrastrar vetos.

La política real: votos, vetos y ventanas de oportunidad

El “federalismo pragmático” no evita la política; la encara. Requiere gobiernos dispuestos a compartir algo más que fotografías de familia. Demanda parlamentos capaces de respaldar compromisos de largo plazo y opiniones públicas a las que se explique que integrar en ciertos ámbitos da poder en un mundo menos amable. La alternativa —seguir añadiendo páginas al diario de la frustración europea— sale más cara.

Hay señales de que ese clima puede cuajar. La crisis energética cambió hábitos, aceleró renovables y enseñó que comprar juntos gas o vacunas no era una quimera. Lo mismo se puede extrapolar a munición, a componentes de defensa, a licitaciones tecnológicas o a los permisos mutuos para grandes redes eléctricas y de datos. Si la experiencia se consolida en paquetes temáticos verificables, el debate sobre la reforma de los Tratados y la unanimidad quedará para un momento con más oxígeno. La prioridad, ahora, es ejecutar.

Un punto importante: nada de esto funciona sin métricas públicas. Si una coalición energética promete X gigavatios de interconexión o Y gigavatios-hora de almacenamiento operativo para un año dado, debe someterse a fechas, informes y auditorías. Si una coalición de capitales lanza un vehículo de inversión, debe medir cuánta financiación privada arrastra, en qué sectores, con qué retorno y cuántas empresas escalan gracias a él. Ese es el idioma del pragmatismo que enarbola Draghi: objetivos, plazos, dinero y resultados.

Qué queda por definir y cómo se evitaría la fragmentación

Hay dudas legítimas. ¿Cómo impedir que la proliferación de coaliciones cree islas regulatorias? La respuesta razonable es coordinar desde la Comisión y el Consejo los estándares de cada proyecto, compatibilizar calendarios y converger hacia reglas comunes a medida que más países se sumen. La metodología puede replicar lo que funcionó con el euro o Schengen: entró quien cumplía condiciones y el resto trabajó para cumplirlas. No hay atajo perfecto, pero sí rutinas de gobernanza que reducen el riesgo de fragmentación.

Otra cuestión es la financiación. La experiencia del BEI y de los instrumentos europeos nacidos de crisis anteriores demuestra que el dinero público debe mover primero y multiplicar después. No se trata de reemplazar a los mercados, sino de compartir riesgo en fases tempranas y de alinear incentivos para que el ahorro europeo —enorme— se movilice hacia proyectos tecnológicos, industriales y energéticos que tienen retorno, pero que necesitan paciencia y escala. La coalición de capitales que muchos imaginan encajaría precisamente en ese hueco.

Finalmente, la dimensión democrática. “Pragmático” no significa opaco. Las coaliciones deben someterse a control parlamentario —europeo y nacional—, a transparencia en contratos y a evaluaciones periódicas. El mejor antídoto contra la crítica del “club de amiguetes” es emitir resultados y contarlos con datos. La integración europea siempre avanzó cuando pudo demostrar que la vida de familias y empresas mejoraba con decisiones comunes. Eso sigue siendo válido.

Lo que ya se mueve: señales concretas y próximos hitos

No empezamos desde cero. Existen compras conjuntas de defensa en marcha, programas industriales transfronterizos y marcos para acelerar redes energéticas. El valor añadido del planteamiento de Draghi es agrupar esas piezas dispersas en paquetes temáticos con ambición, donde varios países acepten reglas comunes, financiación compartida y estándares. Cada paquete debe nacer con un diseño claro: quién coordina, qué calendario se fija, qué mecanismos de incorporación de nuevos socios están previstos, cómo se miden los avances y quién responde si se incumple.

En el corto plazo, se atisban tres pistas factibles. La primera, una coalición de defensa con foco en munición, mantenimiento y estandarización para reducir cuellos de botella. La segunda, una coalición energética con PPAs europeos respaldados por garantías y con interconexiones priorizadas en calendario y permisos. La tercera, una coalición de capitales que ofrezca un pasaporte para vehículos paneuropeos y armonice piezas concretas de insolvencias y supervisión. Son ámbitos donde el beneficio inmediato puede medirse y donde la voluntad política de ciertos gobiernos ya es expresable en acuerdos.

Para países como España, Alemania, Francia, Italia o los nórdicos, empujar dos o tres de estas coaliciones en paralelo no es ciencia ficción. Implica pactar cómo se entra, cómo se sale y cómo se resuelven desacuerdos internos sin bloquear. También reclama implicar al sector privado desde el minuto uno, con contratación pública y vehículos de inversión que den señales claras. Si eso sucede, el discurso que Draghi pronunció en Oviedo no se quedará en un aplauso elegante: se convertirá en arquitectura de política pública.

Un camino operativo para una UE que no puede esperar

El mensaje que deja Oviedo es menos ruidoso de lo que sugiere el debate de superficie y, a la vez, más contundente. Europa está bajo presión, económica y geopolítica. La unanimidad ha mostrado sus límites en situaciones de emergencia prolongada. Las herramientas para salir del atasco existen y están en los Tratados. El “federalismo pragmático” que plantea Draghi no fabrica Estados ni impone identidades; construye capacidades con coaliciones abiertas a quienes quieran moverse al ritmo que marcan los desafíos. Defensa que funcione, energía asequible, tecnología que escale, capital que fluya hacia la economía productiva. Es una agenda de ejecución, medible y compatible con el marco legal de la UE.

Si esa agenda arraiga, las decisiones clave dejarán de depender de si todos dicen sí a la primera. Y la política europea recuperará algo que parecía olvidado: la posibilidad de cumplir plazos. No es un eslogan. Es un método. Y empieza con una constatación incómoda que Draghi volvió a enunciar con calma: el mundo cambia más rápido que nuestros procedimientos. Dejar de mirarlo desde la barrera —o, peor, desde la nostalgia— es el primer paso para que la Unión vuelva a influir en su destino en vez de ajustarse al de otros. España, por posición, capacidades e intereses, tiene motivos para estar en el núcleo de ese movimiento. La hora es ahora. Y el camino, guste más o menos el término, se llama pragmatismo.