¿Cuánto tardaría Ciudad de México en erradicar la pobreza?

CDMX necesitaría 62 años para reducir la pobreza a menos del 2%; cifras, contexto y vías para acelerar con salud, educación y trabajo digno.

La capital mexicana necesitaría 62 años para llevar la pobreza a un nivel residual —por debajo del 2%— si mantiene el ritmo de reducción observado en el último tramo, entre 2016 y 2024. Hoy, una de cada cinco personas en Ciudad de México vive en pobreza. El cálculo procede de una proyección elaborada por la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza a partir de la medición oficial más reciente y ofrece una respuesta incómoda, pero concreta: con la velocidad actual, el horizonte de una ciudad sin pobreza significativa se aleja varias décadas.

Esa previsión convive con otro calendario. La Agenda 2030 de Naciones Unidas fijó como meta reducir la pobreza a la mitad para 2030. En el caso de Ciudad de México, con la trayectoria contabilizada entre 2016 y 2024, esa valla se alcanzaría hacia 2036. El país en su conjunto presenta un panorama algo menos tenso: a escala nacional, la erradicación —entendida como menos del 2%— demandaría 57 años. Pero el detalle por grupos etarios en la capital empeora el cuadro: para niñas y niños de 0 a 17 años la proyección se estira a 75 años y para jóvenes de 18 a 29 años el salto al casi cero tardaría 251 años. Datos que no se explican solos: en este periodo, creció la carencia por acceso a servicios de salud del 20% al 22% (de 1,8 millones a 2 millones de personas) y aumentó el rezago educativo entre 16 y 21 años del 20% al 26% (de 74.000 a 106.000 jóvenes). El avance existe, pero arrastra frenos claros.

Radiografía actual de la pobreza en la capital

El punto de partida es conocido en México, quizá menos en España: la pobreza se mide allí con una metodología multidimensional que no mira solo el dinero que entra en un hogar, sino las privaciones que lo atraviesan: educación, salud, vivienda, alimentación, seguridad social, servicios básicos. Con ese prisma, Ciudad de México registra alrededor de un 20% de su población en pobreza. La proporción de pobreza extrema se mantiene baja para estándares nacionales, en torno al 2%, y la capital suma ventajas estructurales —economía diversificada, densidad de servicios, capacidad fiscal relativa— que deberían empujarla más deprisa. No está ocurriendo a la velocidad esperada.

Entre 2016 y 2024 la ciudad redujo la pobreza un 35%. No es un dato menor. Ocho años de mejora sostenida son una rareza en la región, sometida a sobresaltos inflacionarios, pandemias y vaivenes de empleo. Pero la estadística no perdona: cuando se aproxima al umbral bajo, las caídas suelen volverse más lentas. Queda una bolsa dura de hogares con privaciones simultáneas —educación incompleta, empleo precario o informal, mala conexión con servicios sanitarios— que no se resuelve con un único cambio y que suele necesitar intervenciones combinadas durante varios años. Ahí aparece la brecha entre fotografiar la “tendencia” y alcanzar el objetivo de “pobreza residual”.

El entorno social ofrece pistas adicionales. El acceso efectivo a servicios de salud empeoró en la capital en el mismo periodo, pasando del 20% al 22% de población con carencia —unos 247.000 capitalinos más sin cobertura real—. Y el rezago educativo entre 16 y 21 años creció del 20% al 26%, equivalente a 32.000 jóvenes adicionales con estudios por debajo de lo esperable para su edad. Son dos advertencias simultáneas: si la salud retrocede y la educación se estanca, el empleo de calidad se vuelve excepción. Se ralentiza la movilidad social, y la pobreza baja más despacio.

La aritmética de los 62 años

La cifra central —62 años— no nace de una profecía, sino de un cálculo lineal: tomar la velocidad de reducción observada entre 2016 y 2024 y proyectarla al futuro. Bajo esa inercia, llevar la pobreza por debajo del 2% en Ciudad de México exigiría más de seis décadas. Quien haya seguido la discusión sobre pobreza en México reconocerá el matiz: “erradicar” no significa cero absoluto. Ninguna gran metrópoli del mundo consigue un 0% estable. El listón técnico —el que se utiliza aquí— es menos del 2%, un nivel que convierte la pobreza en fenómeno residual, manejable con políticas focalizadas y redes de protección social bien articuladas.

Esa misma aritmética sirve para aterrizar la meta de 2030. La Agenda 2030 exige reducir a la mitad la pobreza. Con la pendiente actual, Ciudad de México lo lograría en 2036. Hay contraste con el dato nacional: en el conjunto del país, la erradicación se proyecta en 57 años, y la reducción a la mitad va en línea con el calendario, aunque no de forma uniforme entre estados ni entre grupos de población. La capital, pese a sus recursos, patina en variables que explican la lentitud: salud, educación y empleo.

Más números ayudan a entender la estructura. Los hogares que ya cruzaron la línea de pobreza suelen situarse apenas por encima de la frontera, vulnerables a un gasto sanitario inesperado, a un periodo de desempleo o a una inflación alimentaria de dos dígitos. Sin consolidación de derechos sociales —cobertura médica utilizable, escuelas que enseñan y retienen, apoyos de cuidados—, se cae con facilidad a la casilla anterior. Por eso, aunque la mediana salarial mejore, una parte del tejido urbano queda expuesta a choques que revierten los avances y aplanan la curva de reducción.

Infancia y juventud: la inercia más dura

Las proyecciones por edad son el dato más preocupante del informe. Para niñas y niños de 0 a 17 años, el salto al umbral de pobreza residual tomaría 75 años en Ciudad de México. Para jóvenes de 18 a 29 años, el calendario se empina hasta 251 años. La explicación no se agota en la falta de empleo, aunque pesa. Juegan a la vez la pérdida de aprendizajes tras la pandemia, la desconexión entre formación y demanda de habilidades, y la entrada al mercado laboral por la vía de la informalidad, sin seguridad social ni progresión salarial.

A esa combinación se suman elementos urbanos reconocibles. El coste de transporte y vivienda —aun siendo menor que en otras capitales latinoamericanas— absorbe una porción elevada del ingreso de los hogares de menores recursos, lo que tensa la línea de flotación. La deserción o los itinerarios académicos interrumpidos no suelen ser elección, sino efecto de responsabilidades de cuidados en el hogar, necesidad de trabajar desde edades tempranas o falta de plazas en programas técnicos de calidad. Y cuando un joven entra en el mercado por la puerta estrecha de los contratos temporales o de la economía informal, la salida suele tardar años, si llega.

La fotografía es parecida en varios estados del país, pero en la capital duele más: es el centro económico de México, el sitio con mayor concentración de universidades, hospitales y empresas con capacidad de pagar mejores sueldos. Que ahí la carencia de salud suba dos puntos porcentuales y el rezago educativo juvenil seis puntos en ocho años indica un problema de acceso y calidad que no se resuelve con un único programa. Requiere una estrategia sostenida, territorializada, con metas verificables año a año.

Dónde se atasca el avance

El informe coloca el foco en tres cuellos de botella. No son nuevos, pero su persistencia explica por qué la pendiente de mejora se aplanó en la capital.

Acceso a salud en retroceso

El dato es explícito: la carencia por acceso a servicios de salud en Ciudad de México subió del 20% al 22% entre 2016 y 2024, lo que equivale a 247.000 personas más sin cobertura efectiva. No se trata solo de estar o no afiliado, sino de poder ser atendido cuando hace falta, con medicamentos disponibles, tiempos razonables y sin gastos catastróficos. En una economía urbana, la ausencia de esa red significa lo obvio: una enfermedad corta ingresos, agota ahorros, genera deudas y empuja a la pobreza. Si la palanca sanitaria no corrige la tendencia, la velocidad de reducción de la pobreza seguirá siendo insuficiente, por más que el empleo formal crezca o los salarios mínimos mejoren.

El espejo nacional muestra que el ingreso laboral ha tirado de la mejora en varios estados, pero sin salud la puerta de salida de la pobreza se convierte en puerta giratoria. Por eso en el paquete de soluciones que se discuten para la capital aparecen fórmulas para incorporar a trabajadores de microempresas y autónomos a la seguridad social, simplificando la cotización y abaratando la entrada. Un régimen de incorporación de baja fricción podría añadir cientos de miles de personas a la cobertura efectiva en poco tiempo. Ese tipo de medidas no reducen la pobreza de un plumazo, pero cortan el principal vector de regresión: el gasto sanitario imprevisto.

Escuela y empleo: la puerta estrecha

El otro atasco es el rezago educativo entre 16 y 21 años, que subió del 20% al 26%. Un salto así en una ciudad con la densidad educativa de la capital habla de calidad desigual, abandono por presión económica y escasez de rutas técnicas atractivas. El informe subraya la necesidad de una oferta sólida de formación profesional y educación dual conectada con empresas reales, para evitar el bucle de prácticas sin aprendizaje ni salario digno. A falta de ese puente, miles de jóvenes entran en ocupaciones temporales, mal pagadas y sin certificar habilidades. Y con esa mochila, salir de la pobreza tarda más que una legislatura: años.

La solución no consiste en multiplicar becas sin diseño —se evaporan—, sino en asegurar itinerarios que lleven del aula a un empleo formal en sectores con demanda. Programas de primer empleo con certificación reconocida, evaluación externa y seguimiento de egresados marcan la diferencia entre un anuncio y un cambio medible. A ello se suma un capítulo siempre olvidado: cuidados. Sin plazas suficientes para la primera infancia y para personas mayores en barrios con alta pobreza multidimensional, muchas adolescentes y jóvenes quedan atrapadas en tareas no remuneradas, interrumpen estudios y posponen indefinidamente su entrada al empleo de calidad.

Un mapa más amplio: el espejo del resto del país

Al mirar más allá de la capital, el informe dibuja un país con velocidades distintas. En promedio nacional, llevar la pobreza por debajo del 2% exigiría 57 años. Al desagregar por edades, el reloj marca 62 años para la juventud y 84 años para la infancia. La aritmética no es homogénea: Chiapas, Guerrero y Oaxaca concentran las mayores tasas de pobreza multidimensional; Baja California, Baja California Sur y Nuevo León, las menores. Estas diferencias importan a la capital por una razón práctica: migración interna. Cada año, miles de personas llegan a Ciudad de México buscando mejores ingresos y servicios. Si el sur-sureste acelera la reducción de la pobreza, la presión sobre la infraestructura urbana capitalina baja; si no, sube.

El mercado laboral también se retroalimenta entre regiones. La capital depende de cadenas de suministro que se extienden por todo el país. Una política activa que eleve productividad y formalización en estados rezagados no solo mejora allí los indicadores sociales, también estabiliza precios y empleos en la ciudad. Y, de nuevo, la educación técnica aparece como pieza que encaja en todos los tableros: si hay centros de formación de calidad en origen, menos jóvenes deberán migrar por obligación; quienes lo hagan, llegarán con habilidades certificadas que el mercado capitalino valora y remunera mejor.

La foto nacional aporta otra pista para interpretar los plazos. Cuando el país entró en ciclo de recuperación salarial y reforzó algunos apoyos de ingreso, los indicadores de pobreza bajaron con claridad. Pero al mismo tiempo crecieron carencias no monetarias en salud y educación. Ciudad de México replicó ese patrón. La enseñanza es simple: para acortar el reloj hay que coordinar políticas. El ingreso ayuda; sin servicios públicos efectivos, no alcanza.

Tiempo y decisiones en la capital

La pregunta que abrió este artículo ya tiene una respuesta numérica, aunque no guste: 62 años para llegar a una pobreza residual en Ciudad de México, si nada cambia. La utilidad de ese número no está en resignarse, sino en organizar prioridades. El informe presentado con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza condensa diez rutas para acelerar. En el fondo, orbitan tres grandes pilares que la literatura internacional confirma y que la experiencia mexicana ha probado, con matices, en la última década: construir alternativas económicas sustentables para grupos de población en pobreza —pueblos indígenas, mujeres, jóvenes—; fortalecer la capacidad de las instituciones públicas para garantizar derechos sociales —cuidados, salud, educación básica y técnica, trabajo digno—; y transitar hacia una economía sostenible e incluyente en un planeta vivible.

¿En qué se traduce ese guion en la capital? En primera infancia con plazas reales, no promesas, de atención y desarrollo temprano en los barrios donde más falta hacen; en salud con cobertura efectiva que reduzca de verdad el 22% de carencia constatado en 2024, incorporando a trabajadores por cuenta propia y de microempresas a la seguridad social con trámites simples y cuotas asumibles; en educación técnica y programas de primer empleo ligados a sectores con demanda, con certificación independiente de habilidades y seguimiento de resultados. Añádase una política de vivienda asequible y transporte que no devore el salario de los hogares pobres y se tendrá una primera batería de decisiones capaces de mover las agujas.

El informe recuerda que, si la ciudad quiere recuperar la senda 2030, necesita multiplicar la velocidad. De las cifras salta una constatación: los grupos que arrastran la estadística son infancia y juventud. Ahí se perdió terreno —rezago educativo seis puntos arriba en ocho años— y ahí debería concentrarse el gasto. El impacto de un año adicional de escolaridad de calidad y de una inserción laboral con derechos a los 19-22 años no es retórico: se mide en hogares que dejan de caer en pobreza cuando llega un problema de salud, en niñas que no abandonan el instituto por cuidar a un familiar, en jóvenes que cotizan y acceden a crédito para vivienda.

Queda un punto de método. La proyección a 62 años es una extrapolación: si cambian políticas, presupuestos y ejecución, cambia el resultado. La misma estadística que hoy presiona puede jugar a favor cuando se alinean palancas. La capital tiene músculo fiscal, universidades, clústeres empresariales y una red potente de organizaciones sociales. No parte de cero. La lectura del informe es, en realidad, una invitación a convertir esa ventaja comparativa en rapidez, con una convicción central: sin salud, sin escuela y sin empleo digno, no hay atajo. Y los números —20% de pobreza; 22% con carencia de salud; rezago educativo juvenil del 26%— dicen que el atajo no existe.

La historia de Ciudad de México ha mostrado que los cambios graduales terminan pareciendo repentinos cuando se sostienen. El descenso del 35% en la pobreza desde 2016 es prueba de que la aguja se mueve cuando la economía tira y algunos apoyos llegan. Para que el “residual” deje de ser un horizonte lejano, el paso siguiente no requiere inventar otra ciudad, sino ordenar prioridades con los pies en el suelo: cobertura sanitaria utilizable, escuela que enseñe y retenga, primer empleo con formación certificada y cuidados para liberar talento atrapado en tareas invisibles. Todo lo demás —la conversación sobre metas, el debate semántico sobre erradicar o reducir— vendrá por añadidura si esas cuatro piezas encajan.

El reloj ya está en marcha y no se detiene. Las cifras publicadas este 24 de octubre de 2025 ponen fecha y nombre a la urgencia, con la frialdad que a veces incomoda. Aun así, el margen de maniobra existe: no es infinito, pero es real. Si la capital quiere que la respuesta deje de ser 62 años, tendrá que volver palancas en resultados y programas en derechos efectivos. Y sostenerlos el tiempo suficiente para que la estadística, por fin, juegue a favor.