Por qué Fedeca cuestiona la subida salarial de los funcionarios

Fedeca considera que el acuerdo para elevar los salarios públicos entre 2025 y 2028 plantea dos problemas distintos: fija compromisos que alcanzan un año posterior al final previsto de la legislatura y no garantiza que las retribuciones sigan la evolución real de los precios. Por eso su presidenta, Ana Ercoreca, ha calificado el pacto como un fraude de ley y ha advertido de que la subida podría quedarse corta si la inflación supera los incrementos acordados. La crítica combina una objeción sobre el calendario político con otra sobre el poder adquisitivo.

La expresión no significa que un tribunal haya declarado ilegal el acuerdo. Es la valoración de una organización de altos funcionarios acerca de cómo se ha anunciado una senda salarial plurianual y de hasta dónde puede comprometerse un Gobierno. El pacto, firmado por el Ejecutivo con UGT y CSIF, prevé alzas para cuatro años, pero cada tramo debe concretarse por los cauces normativos correspondientes. La diferencia está entre pactar una hoja de ruta y dejar garantizados por ley todos sus pagos futuros.

Qué critica Fedeca en el calendario hasta 2028

El acuerdo proyecta subidas hasta 2028, mientras que la legislatura en curso termina en 2027, año en el que deben celebrarse nuevas elecciones. Para Fedeca, ese desfase es el núcleo de la acusación: un Ejecutivo puede negociar un marco con los sindicatos y expresar su intención de mantenerlo, pero no puede dar por hecho que las decisiones de los ejercicios siguientes quedarán aseguradas con independencia de lo que ocurra en el Parlamento o de quién gobierne después. El último tramo del calendario queda más allá del horizonte político del Gobierno que negoció el pacto.

La organización no objeta únicamente que los incrementos se extiendan durante varios años. Su reparo se dirige a la impresión de que el conjunto está cerrado de antemano, cuando el aumento de cada ejercicio necesita aprobarse y aplicarse mediante los instrumentos legales pertinentes. Un acuerdo sindical fija compromisos políticos y laborales, pero no sustituye por sí mismo las normas que autorizan el gasto público. En ese sentido, la controversia trata sobre la fuerza real del pacto y sobre cómo se presenta ante los empleados públicos. Una senda plurianual aporta previsibilidad, pero no equivale automáticamente a una garantía legal irrevocable.

La posición del Gobierno es que el acuerdo funciona como un marco para ordenar las subidas y dar certidumbre a las administraciones y a sus plantillas. Esa planificación, sostiene el Ejecutivo, no elimina la tramitación necesaria: las medidas se van aprobando mediante los procedimientos de cada año. La subida correspondiente a 2025, por ejemplo, se articuló mediante un real decreto-ley y quedó sujeta a su convalidación parlamentaria. Así, el debate no se reduce a si se puede negociar a cuatro años vista, sino a qué valor tiene esa previsión antes de que se apruebe cada incremento. El control parlamentario se ejerce al convertir cada tramo en una medida efectiva.

Por qué la expresión fraude de ley no es una sentencia

En el lenguaje jurídico, hablar de fraude de ley es una acusación seria, no una fórmula equivalente a decir que una decisión resulta discutible o inconveniente. En este caso, las informaciones disponibles atribuyen esa expresión a Fedeca como crítica al modo de comprometer y anunciar subidas más allá de la legislatura. No consta en los datos de referencia que exista una resolución judicial que haya declarado ilegal el pacto. Por tanto, la calificación debe entenderse como la postura de la federación, no como una conclusión jurídica establecida por un tribunal.

La distinción importa porque el acuerdo, la norma que aplica una subida y la discusión sobre su legalidad no son la misma cosa. El pacto puede expresar una voluntad de política salarial; después, la Administración necesita aprobar las medidas que correspondan para cada periodo. En el caso de los incrementos estatales, el real decreto-ley es uno de los instrumentos utilizados y requiere la intervención del Congreso para su convalidación. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, por su parte, deben trasladar el acuerdo a sus ámbitos conforme a sus propios procedimientos. El anuncio de una senda no evita los trámites ni determina por adelantado su resultado.

De ahí que el argumento de Fedeca se centre también en la confianza que genera un compromiso político. Para la federación, presentarlo como un itinerario firme hasta 2028 puede dar a los empleados públicos una seguridad mayor que la que ofrece la situación institucional. El Gobierno y los sindicatos firmantes defienden que una planificación de varios años permite organizar salarios y plantillas, aunque la ejecución deba pasar por las decisiones formales de cada ejercicio. Son dos maneras de valorar el mismo mecanismo: una pone el acento en la continuidad prometida y la otra, en las aprobaciones pendientes. La disputa enfrenta la certidumbre que se busca con el límite que impone la aprobación anual del gasto.

Cómo se distribuye el incremento pactado

La subida acordada se reparte entre cuatro ejercicios. Para 2025 se fijó un aumento del 2,5%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. En 2026 se establece un 1,5% fijo y se contempla otro 0,5% condicionado a la evolución del índice de precios de consumo. La senda continúa con un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. El tramo más elevado corresponde a 2027, mientras que la protección ligada expresamente a la inflación aparece en el diseño de 2026.

La suma simple de los porcentajes fijos es del 10,5%; al expresarse la subida acumulada sobre una retribución que va aumentando año tras año, el resultado compuesto se aproxima al 11,4%. Por eso las informaciones sobre el acuerdo describen un incremento global cercano al 11% o al 11,4%, según se hable de la suma nominal de los tramos o del efecto acumulado. El medio punto adicional de 2026 depende de que se cumpla la condición vinculada al IPC. El porcentaje acumulado no es lo mismo que sumar sin más cada cifra anual.

El calendario no supone que todos los empleados públicos reciban exactamente la misma cantidad en euros. El porcentaje se aplica sobre retribuciones que varían según el puesto, el grupo, la administración y los complementos. En la Administración General del Estado, el incremento de 2025 se anunció con atrasos desde enero y con abono previsto en diciembre de ese año. Para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, el acuerdo sirve de referencia, pero cada administración debe concretar su aplicación. Una misma subida porcentual puede traducirse en importes diferentes según la nómina de partida.

La objeción económica: subir el sueldo no siempre aumenta el poder de compra

El segundo frente de la crítica de Fedeca es la inflación. Una subida salarial mide cuánto aumenta el sueldo en términos nominales; el poder adquisitivo indica qué bienes y servicios se pueden pagar con ese ingreso. Si los precios suben más deprisa que el salario, la nómina aumenta sobre el papel, pero pierde capacidad de compra. La federación sostiene que el acuerdo no está ligado al IPC real de todos los años y que, por ello, la mejora podría no compensar el encarecimiento acumulado. El porcentaje de subida, por sí solo, no demuestra que el trabajador gane poder adquisitivo.

La cláusula más directamente vinculada a los precios se refiere a 2026: al 1,5% fijo podría añadirse un 0,5% si la inflación a final de año iguala o supera ese incremento fijo. Si se activa, el pago adicional se realizaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos. Se trata de una corrección acotada a ese ejercicio, no de una garantía general que ajuste automáticamente cada subida al IPC real durante todo el periodo 2025-2028. Ese límite explica por qué Fedeca considera insuficiente la protección frente a una inflación más alta.

Los sindicatos que suscribieron el acuerdo, en cambio, defienden que el esquema combina aumentos fijos con una cláusula ligada a los precios y permite recuperar parte del terreno perdido sin aplazar todas las mejoras hasta conocer la inflación futura. Un mecanismo de actualización completa daría mayor protección frente a las variaciones del coste de la vida, pero también haría que el gasto salarial dependiera directamente de la evolución de los precios. El pacto opta por una fórmula parcial: asegura determinados porcentajes y condiciona una parte menor a la inflación. La discusión económica consiste en cuánto riesgo de pérdida de compra asumen los empleados públicos y cuánto margen presupuestario conservan las administraciones.

También hay que distinguir entre una comparación anual y una acumulada. Que los sueldos suban un porcentaje en un ejercicio no permite concluir, sin comparar con la inflación del mismo periodo, si la capacidad de compra mejora. Y una cláusula limitada a un año no compensa necesariamente diferencias que puedan aparecer en otros. Los datos aportados para este acuerdo no permiten fijar de antemano cuánto poder adquisitivo se ganará o se perderá al final de 2028: dependerá de la trayectoria de los precios y de que se aprueben todos los tramos. La advertencia de Fedeca es un riesgo posible, no un resultado que pueda darse por confirmado hoy.

A quién afecta y por qué el pago no es idéntico en todas partes

El acuerdo se plantea para el conjunto de los empleados públicos de España, alrededor de 3,5 millones según las cifras difundidas en la información de referencia. Incluye trabajadores de ámbitos como la Administración estatal, las comunidades autónomas y las entidades locales, aunque la forma concreta de llevar el aumento a las nóminas depende de cada nivel administrativo. El real decreto-ley citado para los incrementos de 2025 y 2026 se refería al personal de la Administración General del Estado; el resto de administraciones debía acordar su propia aplicación. El alcance general del pacto no significa que exista una única nómina ni una fecha idéntica para todos.

Para el personal estatal, el pago de 2025 se anunció con efectos desde enero y con los atrasos correspondientes. La información difundida entonces estimó que una persona con un salario bruto mensual medio de 3.300 euros recibiría alrededor de 1.140 euros por los atrasos de ese año. Es una referencia aproximada, no una cantidad universal: la retribución efectiva y el cálculo individual dependen del salario y de las condiciones de cada puesto. La cifra ilustra el efecto de abonar de una vez los meses ya transcurridos, no el valor de una subida mensual permanente. Los atrasos concentran en un pago cantidades que corresponden a meses anteriores.

La descentralización también explica por qué pueden existir diferencias en el momento de cobro y en los detalles administrativos. El Estado establece el marco general y puede aprobar medidas para sus propios empleados, mientras que cada comunidad o ayuntamiento debe encajar el incremento en su organización y en sus procedimientos presupuestarios. Ese paso resulta relevante para quienes trabajan en educación, sanidad, justicia o servicios municipales, cuyas nóminas pueden incluir complementos distintos. El porcentaje pactado no borra las diferencias entre cuerpos, puestos y administraciones.

Un acuerdo salarial ligado a cambios en el empleo público

El pacto no se limita a las retribuciones. La hoja de ruta incluye compromisos sobre organización y condiciones de trabajo, entre ellos la eliminación progresiva de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y el objetivo de que transcurra menos de un año entre la convocatoria de una oposición y la toma de posesión. También contempla una jornada de 35 horas y la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado, además de revisar complementos de residencia e insularidad e indemnizaciones por servicio. La negociación salarial se presentó junto a una agenda más amplia de cambios en la función pública.

El acuerdo menciona además refuerzos para unidades con atención al público y mejoras en carrera y clasificación profesional. Son asuntos que no producen el mismo efecto inmediato que un aumento en la nómina: algunos requieren desarrollo normativo y otros dependen de cómo se concreten en cada administración. Su inclusión refleja la preocupación por mantener plantillas suficientes y hacer más atractivos determinados puestos, pero no significa que todas esas medidas queden aplicadas automáticamente al firmarse el pacto. La firma fija compromisos, aunque su puesta en marcha puede necesitar decisiones posteriores.

La conexión entre salarios y organización ayuda a entender por qué el Gobierno y los sindicatos defienden una planificación de varios años. Las administraciones necesitan anticipar cuánto costarán las nóminas y cómo cubrirán vacantes, mientras que los trabajadores buscan una trayectoria salarial que no dependa de negociaciones improvisadas cada pocos meses. Fedeca no comparte que esa necesidad justifique anunciar un calendario que excede la legislatura sin las aprobaciones futuras. El desacuerdo sobre los salarios es también una discusión sobre cómo se planifica y se gobierna el empleo público.

La previsibilidad choca con las decisiones pendientes

La principal ventaja de una senda plurianual es que ofrece una referencia para los empleados y las administraciones. Con porcentajes y fechas previstos, resulta más sencillo anticipar el coste salarial y valorar cómo evolucionarán las retribuciones. Pero la previsión solo se convierte en una subida efectiva cuando se aprueban las medidas necesarias. Un cambio de mayorías, la falta de presupuestos o el rechazo parlamentario a una norma pueden alterar el recorrido previsto, aunque el pacto siga existiendo como compromiso entre el Gobierno y los sindicatos. La incertidumbre que señala Fedeca nace de la distancia entre el calendario anunciado y las decisiones que aún quedan por tomar.

En un escenario de prórroga presupuestaria, la vía normativa que se utilice para aprobar un incremento cobra especial importancia. El real decreto-ley empleado para tramitar las subidas estatales de 2025 y 2026 debe ser convalidado por el Congreso. Esa intervención permite que el Parlamento examine la medida y vote sobre su continuidad, pero también implica que el resultado no está garantizado antes de la votación. El detalle del procedimiento puede variar según el ejercicio y la administración, por lo que no conviene tratar todos los casos como si fueran idénticos. La aprobación formal es la pieza que transforma una previsión salarial en una obligación aplicable.

De ese modo, la crítica de Fedeca no demuestra por sí misma que el acuerdo vaya a incumplirse ni que sea ilegal. Señala que las subidas de 2027 y 2028 dependen de decisiones políticas y normativas que todavía no estaban tomadas cuando se pactó la senda. La defensa del Gobierno tampoco convierte esos aumentos futuros en hechos consumados: sostiene que existe una hoja de ruta y que se tramitará por los cauces correspondientes. Ambas posiciones describen aspectos distintos: la voluntad de cumplir y la necesidad de volver a aprobar cada tramo.

Qué determinará si la subida mejora realmente las nóminas

El balance del acuerdo dependerá de dos comprobaciones que avanzan en paralelo. La primera es institucional: si los incrementos previstos se aprueban y se aplican en los plazos anunciados, también en las administraciones distintas de la estatal. La segunda es económica: si el aumento acumulado de las nóminas supera, iguala o queda por debajo del encarecimiento de los precios. Sin esas dos referencias, el porcentaje global sirve para describir el pacto, pero no para cerrar el debate sobre su cumplimiento ni sobre su efecto real en los bolsillos. La subida nominal y la mejora efectiva son medidas relacionadas, pero no intercambiables.

Fedeca ha situado el foco en lo que considera dos vulnerabilidades: que una parte de la senda queda más allá de la legislatura y que la protección frente a la inflación es limitada. El Gobierno y los sindicatos firmantes defienden el valor de un acuerdo que fija aumentos y aporta previsibilidad, aunque cada tramo deba recorrer su propio trámite. Por ahora, llamar fraude de ley al pacto expresa la dureza de la crítica de Fedeca, no una ilegalidad declarada. La prueba definitiva estará en las aprobaciones de cada año y en el poder de compra que quede después de la inflación.