¿Cómo favoreció Red.es a Juan Carlos Barrabés en contratos públicos?

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que la valoración de varias ofertas presentadas a Red.es estuvo marcada por una «decisiva arbitrariedad» que benefició a las uniones temporales de empresas en las que participaba Juan Carlos Barrabés Cónsul. El informe no describe una simple discusión técnica ni una diferencia inocente entre evaluadores: recoge correos internos sobre la necesidad de bajar las puntuaciones de competidores, suavizar los defectos de la candidatura preferida y adaptar las notas hasta alcanzar el resultado buscado.

La frase que concentra el caso es tan breve como incómoda: «Piensa en que Barrabés es la buena y las otras han de bajar sí o sí». Según la UCO, el contenido de los mensajes muestra que la oferta vinculada al empresario disfrutó de una diferencia de trato durante el proceso de evaluación. Los agentes consideran que los criterios previstos en los pliegos no se aplicaron de manera uniforme y que las modificaciones tuvieron un reflejo directo en la clasificación final.

Eso no convierte automáticamente el informe policial en una sentencia. Barrabés conserva la presunción de inocencia y corresponde al juzgado determinar si las irregularidades administrativas constituyen delitos y si el empresario participó conscientemente en ellas. Pero el asunto ha dejado de girar alrededor de sospechas genéricas. Ahora hay conversaciones entre los profesionales encargados de puntuar las ofertas. Y esas conversaciones, negro sobre blanco, explican por qué el juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada por posibles delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea.

Los correos que cambian la lectura del expediente

Los mensajes fueron intercambiados por miembros del equipo de evaluación de Red.es, la entidad pública encargada de impulsar proyectos de digitalización. Su trabajo consistía en asignar puntuaciones conforme a criterios técnicos y subjetivos fijados previamente. En teoría, un procedimiento pautado. En la práctica, según la reconstrucción de la Guardia Civil, las notas comenzaron a moverse como muebles en una mudanza: aquí se baja una, allí se retoca otra, al fondo se intenta que el conjunto parezca razonable.

Una técnica expresó que consideraba mejores a otras dos candidaturas y preguntó qué debía hacer si existían preferencias. Otro correo reflejó el compromiso de revisar la propuesta de Everis para rebajar su puntuación respecto a la de Barrabés. La UCO sitúa un momento decisivo después de una reunión celebrada el 15 de marzo de 2021, cuando la intervención del entonces director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto Cuerdo, se habría intensificado para otorgar una ventaja considerable a la candidatura elegida.

El problema no es que un superior corrigiese una valoración, algo posible dentro de cualquier organización. Lo relevante es la dirección constante de esos cambios: no mejorar la evaluación mediante una revisión neutral, sino ajustar las notas comparativamente para conservar a Barrabés arriba. Los agentes hablan de intencionalidad y conocimiento de los evaluadores, dos conceptos bastante más graves que el habitual desorden burocrático.

Everis, la oferta que debía perder puntos

Everis aparece en el informe como la principal perjudicada. Inicialmente era una de las propuestas mejor consideradas, pero la UCO aprecia un cambio de criterio impulsado desde la dirección del área. Los evaluadores habrían intentado reducir su ventaja incluso cuando resultaba difícil justificar otra rebaja con los parámetros técnicos disponibles.

Ahí surge otro elemento revelador: cuando ya no parecía defendible bajar más la nota de Everis, se planteó reducir también la calificación de otras buenas candidaturas para que el movimiento no resultara tan visible. Una especie de nivelación hacia abajo. La apariencia de equilibrio podía mantenerse, pero el destino de la licitación quedaba encarrilado.

Los agentes sostienen también que los defectos detectados en las propuestas no recibieron el mismo tratamiento. Frente al rigor aplicado a determinados competidores, la candidatura vinculada a Barrabés habría disfrutado de una benevolencia excesiva. La contratación pública suele esconderse tras fórmulas, decimales y documentos que parecen escritos para que nadie llegue vivo al último anexo. Sin embargo, la cuestión de fondo es muy sencilla: todos los aspirantes deben jugar con la misma regla y bajo la misma luz.

El libro blanco ausente y el contrato de cuatro millones

Una de las adjudicaciones examinadas supera los 4 millones de euros y correspondió a una UTE formada por Innova Next, empresa vinculada a Barrabés, y la consultora KPMG. En este expediente, la UCO detectó que la candidatura no había presentado un libro blanco exigido en los pliegos, un documento técnico destinado a desarrollar y concretar el proyecto.

La ausencia no habría pasado inadvertida. Un correo interno proponía no reflejarla para que «el resto de licitadores no lo sepa». Según la investigación, el requisito fue omitido en la valoración y la UTE terminó recibiendo el contrato. No estamos ante una errata escondida en la página 200, sino ante una condición conocida por los evaluadores y aparentemente tratada con una discreción muy conveniente.

Este tercer contrato tiene una importancia procesal propia. El informe de la UCO llegó inicialmente a la Fiscalía Europea, debido a la utilización de fondos comunitarios. Tras una discusión sobre qué órgano debía investigar, la documentación regresó al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Peinado abrió entonces una pieza separada para estudiar si los hechos pueden encajar en prevaricación y fraude a los intereses financieros de la Unión.

La diferencia que evita mezclar tres expedientes

En este contrato de más de 4 millones no consta ninguna carta de apoyo firmada por Begoña Gómez. El dato importa porque buena parte del debate político ha colocado todos los expedientes en el mismo saco, una bolsa muy cómoda para el ruido, pero poco útil para comprender la investigación.

Las cartas de Gómez fueron aportadas en otras dos licitaciones de Red.es, valoradas conjuntamente en 8,4 millones de euros, que recayeron en una UTE formada por Innova Next y The Valley Digital Business School. La Fiscalía Europea mantiene su propia investigación sobre esos dos contratos, financiados también con dinero comunitario. Son procedimientos conectados por las empresas, algunos responsables y el método de valoración, pero no son exactamente el mismo asunto.

El papel de Begoña Gómez en las adjudicaciones

Begoña Gómez firmó dos manifestaciones de interés y apoyo que fueron incorporadas a las candidaturas presentadas por la UTE de Barrabés y The Valley. Esos documentos formaron parte de la evaluación subjetiva. La investigación trata de aclarar si las cartas contribuyeron a incrementar de manera injustificada la puntuación de la oferta y si su utilización respondió a un trato de favor.

Gómez declaró ante la Fiscalía Europea como testigo, no como investigada en esa causa. Afirmó que nunca habló con miembros del Gobierno sobre los contratos, que su relación con Barrabés era profesional y que no recordaba haber firmado las cartas hasta que estas aparecieron publicadas en los medios. También negó conocer si el empresario había obtenido finalmente las adjudicaciones.

La nueva pieza abierta por Peinado sobre el contrato de 4 millones se dirige únicamente contra Barrabés, según aclaró el instructor. La esposa del presidente del Gobierno no figura investigada en ese expediente y tampoco aparece una carta suya. Otra cosa es el procedimiento más amplio relacionado con sus actividades en la Universidad Complutense, donde existen acusaciones diferentes. Confundir las causas permite titulares rotundos, pero empobrece los hechos. Y los hechos, por una vez, ya son suficientemente serios sin maquillaje.

Por qué la UCO no vio irregularidades en 2024

El giro del informe resulta llamativo porque la propia UCO había concluido en julio de 2024 que seis contratos adjudicados a empresas de Barrabés se habían tramitado, aparentemente, con normalidad. Aquel análisis se apoyaba principalmente en la documentación incorporada a los expedientes administrativos: pliegos, actas, puntuaciones, contratos y trámites formales.

Los nuevos correos ofrecen una mirada distinta, la trastienda del procedimiento. Un expediente puede presentar una superficie impecable mientras las conversaciones internas muestran cómo se construyó el resultado. Es la diferencia entre observar el plato servido y entrar en la cocina. Allí aparecen las correcciones, las instrucciones y ese incómodo empeño por rebajar unas ofertas para proteger otra.

Entre ambos informes, la Intervención General de la Administración del Estado también señaló defectos en la fórmula utilizada para ponderar los criterios objetivos y subjetivos. Según su análisis, el peso real del juicio de valor fue superior al anunciado y habría requerido un comité externo de expertos, en el que no podía participar el director de Economía Digital que terminó firmando el informe técnico.

No se trata, pues, de que la Guardia Civil haya cambiado de opinión por capricho. Ha cambiado el material disponible. La primera fotografía mostraba el expediente formal; la segunda incorpora los mensajes de quienes lo valoraron. Y en contratación pública, como en tantas parcelas de la vida, el correo interno suele ser menos solemne que el documento oficial y bastante más sincero.

Del correo interno a la responsabilidad penal

La investigación deberá establecer quién impartió las instrucciones, quién modificó las puntuaciones, qué capacidad decisoria tenía cada participante y si existió un acuerdo para beneficiar a las empresas de Barrabés. También tendrá que determinar si los cambios fueron decisivos para adjudicar los contratos o si, pese a las anomalías, la candidatura habría resultado vencedora de todos modos.

La UCO aporta indicios policiales, no una declaración de culpabilidad. Para convertirlos en responsabilidad penal será necesario probar algo más que una gestión chapucera: una actuación consciente, arbitraria y orientada a alterar el concurso. Barrabés, además, es un empresario privado, por lo que la instrucción deberá concretar qué intervención tuvo en las decisiones internas de Red.es y si conoció o promovió el supuesto favorecimiento.

El núcleo de la noticia, sin embargo, permanece intacto. Los evaluadores no hablaban únicamente de comparar proyectos; hablaban de bajar competidores, proteger la posición de Barrabés y ocultar una carencia documental. La justicia decidirá si hubo delito. La Administración tendrá que explicar antes algo más elemental: cómo pudo un procedimiento financiado con dinero público terminar pareciéndose tanto a una carrera cuyo ganador ya esperaba junto a la meta.