Economía
EU Inc.: así será la empresa europea en 48 horas y 100 euros

Bruselas prepara la EU Inc., una sociedad europea digital para abrir empresas en 48 horas por 100 euros y agitar el mercado único de verdad.
La Comisión Europea quiere llegar al 18 de marzo de 2026 con una propuesta que, si sale adelante, tocaría una fibra muy sensible del mercado único: crear una sociedad en cualquier país de la UE en 48 horas, con un coste máximo de 100 euros, por vía totalmente digital y bajo un marco común. Ese vehículo se conoce ya en Bruselas como EU Inc. y nacería como una sociedad europea de responsabilidad limitada, de adhesión voluntaria, pensada para que startups y scale-ups dejen de tropezar con 27 ventanillas, 27 traductores jurídicos y 27 maneras de hacer lo mismo. El paquete incluiría además un plan europeo de stock options para empleados, con un esquema único válido en toda la Unión.
A 13 de marzo de 2026, conviene no perder la perspectiva: el texto definitivo aún no es público y lo conocido procede de un borrador y de la agenda comunitaria ya fijada para este mes. La fecha encaja con la secuencia política de Bruselas: la propuesta está programada para el 18 de marzo y, apenas un día después, los jefes de Estado y de Gobierno se sentarán en el Consejo Europeo del 19 y 20 de marzo, donde la competitividad y el nuevo eje “One Europe, One Market” ocupan un lugar central. La idea, por tanto, no cae del cielo ni es un capricho de laboratorio; es una pieza visible de la ofensiva comunitaria para coser un mercado único que sigue lleno de costuras.
Una sociedad opcional, europea y pensada para cruzar fronteras
Lo que Bruselas llama “28º régimen” no significa borrar de un plumazo las leyes mercantiles nacionales. Significa otra cosa, más quirúrgica y más ambiciosa a la vez: añadir un marco europeo opcional, paralelo a los 27 regímenes nacionales, para que una empresa pueda escoger un juego de reglas común y operar a través del mercado único sin rehacerse jurídicamente en cada frontera. La propia Comisión lo viene anunciando desde su programa de trabajo de 2026 y desde la Estrategia europea para startups y scale-ups aprobada en mayo de 2025. El Parlamento Europeo, además, lleva meses discutiendo cómo darle forma y alcance.
Ese diseño no se queda en un simple sello azul con estrellas. La EU Inc. podría constituirse enteramente en línea, con estatutos europeos estandarizados, controles preventivos de legalidad y una tramitación centralizada conectada a los registros nacionales. La promesa más vistosa es la de la rapidez, claro, pero la letra pequeña importante está en otro sitio: registro, gestión societaria, modificaciones y liquidación pasarían a moverse en un circuito digital de principio a fin. La imagen que vende Bruselas es la de una empresa que deja de arrastrar carpetas y notarios de un país a otro y pasa a entrar por una sola puerta.
El borrador va más allá del alta exprés. Plantea también reglas más flexibles de financiación, con posibilidad de emitir acciones sin valor nominal y de captar capital con instrumentos más familiares para el ecosistema de venture capital. Ahí aparece una de las claves menos vistosas y más decisivas: si un inversor europeo o internacional puede entender la estructura de la sociedad sin navegar por un archipiélago de excepciones nacionales, la operación se abarata, se acelera y se vuelve menos frágil. En ese mismo bloque se sitúa el Eu-Esop, el plan europeo de participación accionarial para empleados, que permitiría emitir warrants y derechos convertibles en acciones tras un periodo de maduración.
La parte fiscal del esquema de stock options es, probablemente, la más golosa para el sector tecnológico. Según el borrador conocido, el rendimiento de esas opciones tributaría una sola vez, en el momento de la venta de las acciones, con la intención de neutralizar el caos de tratamientos fiscales que hoy convierte una misma herramienta de retención de talento en una cosa en Lisboa, otra en Berlín y otra más en Milán. No es un matiz menor: para muchas compañías jóvenes, pagar en acciones futuras es casi tan importante como conseguir caja.
Bruselas quiere suturar una vieja herida del mercado único
La UE lleva tiempo diciéndose a sí misma que tiene talento, universidades, ahorro y tamaño. Lo que le falta, según su propio diagnóstico, es convertir todo eso en empresas capaces de quedarse en Europa y crecer en Europa. La Estrategia para startups y scale-ups lo resumió con datos poco amables: solo el 8% de las scale-ups globales están en la Unión, frente a un 60% en Norteamérica, y la cuota europea en el capital riesgo mundial ronda el 5%, muy lejos del 52% de Estados Unidos y del 40% de China. Ursula von der Leyen lo tradujo hace apenas un mes con una frase mucho más pedestre: la UE conduce su segunda economía del mundo con el freno de mano puesto, y sus barreras internas triplican las que existen entre estados en Estados Unidos.
En ese contexto, la EU Inc. no es una ocurrencia nueva, sino la última forma de una obsesión europea bastante antigua. El informe de Enrico Letta de abril de 2024, recibido formalmente por el Consejo Europeo, defendió que un código empresarial europeo o un marco societario unificado podía ser un paso transformador para completar el mercado único. El informe Draghi sobre competitividad, presentado en septiembre de 2024, empujó en la misma dirección y planteó explorar un régimen voluntario para compañías innovadoras que armonizara aspectos de derecho societario, insolvencia, trabajo y fiscalidad. La Comisión de von der Leyen recogió ese hilo en 2025 y, en febrero de 2026, ya hablaba abiertamente de EU Inc. como una de las piezas de su ofensiva por la competitividad.
La señal política no se quedó en la Comisión. El Parlamento Europeo aprobó el 20 de enero de 2026 un informe de iniciativa legislativa sobre el 28º régimen en el que pidió un conjunto armonizado de reglas, propuso que las sociedades limitadas nacionales pudieran registrarse como “Societas Europaea Unificata”, reclamó un punto digital común de acceso para poder constituir una empresa en 48 horas y exigió salvaguardas explícitas para que el nuevo sistema no erosionara las leyes laborales y sociales nacionales. Ese voto no crea derecho por sí solo, pero sí mide el clima en el hemiciclo y marca el tipo de discusión que espera a la Comisión.
El atractivo real no está solo en el reloj, sino en el roce que desaparece
Vender una empresa en 48 horas funciona muy bien en un titular. El problema, en realidad, no es solo el alta. El problema es lo que viene después: abrir capital, emitir participaciones, traer a un inversor extranjero, dar entrada a empleados con incentivos, cambiar de sede operativa, resolver una insolvencia, crecer a tres países sin rehacer la arquitectura legal cada vez. La Comisión lleva meses describiendo el 28º régimen como un sistema para suavizar precisamente ese tramo áspero, el que va de la constitución al escalado, y para tocar áreas donde hoy la fragmentación se traduce en costes legales, retrasos y riesgo.
La lógica administrativa va en la misma dirección. El borrador prevé que los datos facilitados en el registro se transmitan automáticamente a las autoridades competentes, evitando duplicidades, y la estrategia oficial enlaza esa ambición con el European Business Wallet, concebido como identidad digital para operadores económicos y como un marco para compartir credenciales verificadas con las administraciones públicas. Detrás del eslogan de simplificación hay una idea muy concreta: que una empresa no tenga que demostrar una y otra vez lo que la propia Unión ya sabe de ella. Según las estimaciones preliminares de Bruselas reflejadas en el borrador, el ahorro agregado podría alcanzar 440 millones de euros en diez años.
Aun así, conviene bajar el volumen de la fanfarria. Constituir más deprisa no resuelve por sí mismo el gran cuello de botella europeo, que sigue siendo el acceso a capital suficiente para pasar de startup prometedora a compañía robusta. Por eso la EU Inc. aparece rodeada de otras piezas: la Savings and Investment Union, con la que la Comisión espera movilizar hasta 470.000 millones de euros adicionales de inversión, y el Scaleup Europe Fund, anunciado en octubre de 2025 con la ambición de empezar sus primeras inversiones en primavera de 2026. Dicho de otro modo: Bruselas intenta arreglar a la vez el formulario y la caja. No siempre le sale, pero esta vez al menos reconoce que una cosa sin la otra sirve de poco.
Donde empieza la pelea: trabajo, impuestos y miedo al atajo regulatorio
La resistencia no va a venir por el color del logotipo. Va a venir por el sitio exacto en el que el nuevo régimen se cruce con las normas laborales, la fiscalidad, la insolvencia y la participación de los trabajadores. Varios Estados miembros y sindicatos temen que un marco supranacional, separado en parte del derecho nacional, pueda abrir la puerta a arbitraje regulatorio, es decir, a elegir el traje europeo para esquivar obligaciones más exigentes a escala doméstica. La sospecha, en Bruselas, siempre aparece cuando alguien pronuncia la palabra “simplificación” con demasiado entusiasmo: simplificar para quién, exactamente, y a costa de qué.
Ese es el punto en el que la arquitectura jurídica importa tanto como el contenido. En los últimos meses se ha explicado que el comisario Michael McGrath, responsable de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección del Consumidor, se inclinaba por una regulación para evitar una transposición desigual en los 27 países. El problema es que esa vía puede complicar el recorrido político y obligar a una negociación mucho más áspera, sobre todo si el texto entra de lleno en materias que tocan soberanías nacionales muy celosas. Por eso, entre bastidores, también se ha hablado de alternativas: una directiva, un alcance más limitado o un régimen inicialmente concentrado en empresas innovadoras. Lo que está sobre la mesa este 13 de marzo es, por tanto, una propuesta en gestación, no una victoria cerrada.
El propio Parlamento Europeo, aun siendo favorable al proyecto, dejó escrita la advertencia: el nuevo marco no debe socavar las leyes laborales y sociales nacionales, incluidas las reglas sobre participación de los trabajadores. La prevención no es ideológica; tiene memoria institucional. El estatuto de la Societas Europaea, la actual empresa europea, ya obligó a pactar la implicación de los trabajadores antes del registro. Cuando Bruselas entra en el terreno societario, los derechos laborales no son una nota a pie de página. Son una trinchera. Y, si esa trinchera se ignora, el proyecto se atasca.
No sería la primera empresa europea, pero sí la primera pensada para ir deprisa
Europa ya tiene una figura empresarial con apellido continental: la Societas Europaea (SE), en vigor desde 2004. El problema es que nunca se convirtió en la herramienta natural de las compañías jóvenes. Según el Parlamento Europeo, no ha tenido una adopción amplia y resulta poco adecuada para startups innovadoras por varias razones muy prosaicas: debe vincularse a una empresa preexistente, exige un capital mínimo elevado y arrastra una estructura rígida. Es decir, sirve para determinados grupos y reestructuraciones transfronterizas, pero no para esa empresa que hoy tiene cinco personas, una ronda por cerrar y un abogado mirando el reloj.
Tampoco sería el primer intento de Bruselas por crear una figura privada más ligera. La propuesta sobre sociedades unipersonales Societas Unius Personae (SUP) terminó retirada formalmente en 2018. Ese antecedente importa porque recuerda algo incómodo: la idea de un “28º régimen” lleva décadas rondando los pasillos comunitarios y ha tropezado una y otra vez con el mismo mueble, la mezcla de subsidiariedad, reticencias nacionales y miedo a abrir un agujero en las protecciones sociales o en los equilibrios mercantiles nacionales. La EU Inc. parece nueva; en realidad, es una vieja ambición rehecha con lenguaje de 2026.
Eso ayuda a entender por qué el proyecto importa incluso antes de nacer. La Comisión encargó, junto al BEI, un estudio publicado en enero de 2026 para examinar por qué las startups y scale-ups fundadas en la UE deciden reubicarse fuera. El simple hecho de que Bruselas esté preguntándose otra vez por qué se van ya es una confesión. La EU Inc. intenta responder a una de las quejas más repetidas por el ecosistema innovador: Europa tiene mercado interior sobre el papel, pero demasiadas veces no funciona como mercado doméstico real para una empresa que quiere crecer rápido.
El 18 de marzo empieza la negociación de verdad
Todo eso desemboca en una fecha muy concreta: 18 de marzo de 2026. Ese día, si el calendario no se mueve a última hora, la Comisión Europea presentará formalmente su propuesta sobre el 28º régimen. El Consejo Europeo llegará inmediatamente después, el 19 y 20 de marzo, con la competitividad en el centro de su agenda. Es difícil encontrar una puesta en escena más deliberada: primero el texto, después la foto política. Lo que hoy aparece como borrador debe convertirse entonces en proyecto legislativo con nombre, base jurídica y perímetro exacto.
A partir de ahí empezará la parte menos vistosa y más decisiva. Habrá que ver qué empresas podrán acogerse al régimen, qué materias quedarán realmente armonizadas, cómo se articulará el plan europeo de stock options, qué grado de coordinación fiscal admite el texto sin desfondarse políticamente y qué salvaguardas laborales se introducen para evitar que el invento sea leído como una autopista de desregulación. También habrá que comprobar si el coste de 100 euros y el plazo de 48 horas sobreviven intactos al paso de los juristas, los gobiernos y las enmiendas, o si acaban rebajados al museo europeo de las buenas intenciones.
Si la Comisión logra mantener el núcleo del plan, la EU Inc. puede convertirse en una de las medidas más visibles del nuevo impulso europeo por hacer real el lema “One Europe, One Market”. Si el texto sale amputado en las partes difíciles —las que tocan fiscalidad, trabajo, insolvencia y reconocimiento verdaderamente homogéneo—, el riesgo es el contrario: otra sigla brillante, otra promesa de simplificación y otro capítulo en la larga biblioteca de experimentos comunitarios que sonaban a futuro y acabaron oliendo a archivador. Esa lectura está anclada en dos hechos duros: Bruselas lleva años prometiendo un mercado más integrado y ya ha visto fracasar intentos anteriores de crear marcos empresariales paneuropeos más ligeros.












