¿Por qué España sufre la mayor desertificación del suelo de la UE?

España es el país de la Unión Europea con una mayor proporción de territorio bajo condiciones de desertificación. El nuevo análisis del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea sitúa el porcentaje en el 53%, por delante de Chipre, con un 45%, y Grecia, con un 36%. El dato no significa que media España se haya convertido en un desierto de arena, pero sí que una parte enorme del país reúne aridez y degradación del terreno: una combinación bastante menos cinematográfica que el Sáhara, aunque mucho más cercana a nuestra comida, nuestra agua y nuestro bolsillo.

La posición española no responde únicamente a que llueva poco. El problema aparece cuando un clima seco se cruza con erosión, pérdida de fertilidad, salinización e incendios, además de la sobreexplotación del agua, el abandono rural o ciertas prácticas agrarias que dejan la tierra desnuda. El suelo va perdiendo estructura y vida hasta retener menos humedad, producir peor y resistir con dificultad tanto una sequía larga como una lluvia torrencial. Es una erosión lenta. Casi silenciosa. Luego llega la tormenta y el barro habla de golpe.

El informe europeo, publicado el 3 de agosto de 2026, aporta una fotografía más completa que las evaluaciones anteriores. También más incómoda. Según la nueva metodología, más del 70% del territorio español presenta al menos una señal de degradación, aunque no toda esa superficie pueda clasificarse técnicamente como desertificada. Esa diferencia importa: degradación y desertificación están relacionadas, pero no son exactamente lo mismo.

La noticia coloca bajo los focos un problema que suele quedar enterrado bajo otros debates ambientales más vistosos. El suelo no se vacía de un día para otro ni envía una alerta al teléfono. Simplemente pierde materia orgánica, se compacta, retiene menos agua y deja escapar su capa fértil. Cuando el deterioro se hace visible, la recuperación puede exigir décadas.

España encabeza un mapa europeo que sigue creciendo

La desertificación afecta ya a unos 530.000 kilómetros cuadrados de la Unión Europea, cerca del 12% de su superficie. En esas zonas viven alrededor de 42 millones de personas. Las tierras áridas ocupan actualmente el 15% del territorio comunitario, unos 611.000 kilómetros cuadrados, el equivalente aproximado al doble de Italia. De ese espacio seco, más del 86% presenta una degradación suficiente para entrar en la categoría de desertificación utilizada por el estudio.

El foco se concentra, como cabía esperar, en el sur y el sureste europeos. España queda en cabeza porque reúne una extensión considerable de zonas áridas o semiáridas y una elevada presencia de procesos que deterioran el terreno. La depresión del Ebro y el sureste peninsular son dos grandes áreas semiáridas, pero el problema no se queda allí, discretamente encerrado entre Murcia, Almería y Zaragoza.

La degradación aparece también en cultivos de secano, laderas mediterráneas, regadíos intensivos, zonas forestales quemadas y superficies abandonadas de buena parte del país. Cada territorio desarrolla su propia versión del desgaste: pérdida de suelo por escorrentía, compactación, falta de nutrientes, contaminación o acumulación de sales. No existe una única desertificación, sino un mosaico de daños que acaba debilitando la capacidad de la tierra para sostener vida y producción.

Y el mapa puede ensancharse. Los escenarios climáticos para el periodo 2021-2040 identifican algo más de un millón de kilómetros cuadrados adicionales con riesgo elevado por el aumento de la aridez. Parte de esas áreas se encuentra fuera de las regiones que actualmente se consideran secas. Dicho de otro modo: la desertificación deja de ser un asunto exclusivamente mediterráneo y comienza a mirar hacia el norte.

El 53% no convierte media España en un desierto

La palabra desertificación arrastra una imagen engañosa: dunas avanzando sobre pueblos, palmeras tristes, polvo naranja. No funciona así. Naciones Unidas la define como la degradación de las tierras secas provocada por variaciones climáticas y actividades humanas. Un territorio puede conservar árboles, cultivos, carreteras y urbanizaciones y, aun así, estar desertificándose por debajo de esa apariencia razonablemente verde.

Tampoco debe confundirse aridez con degradación. La aridez es una característica climática: existe un desequilibrio prolongado entre el agua disponible y la que podría evaporarse. La degradación, en cambio, supone una pérdida de calidad o productividad. Una tierra árida bien conservada puede seguir siendo funcional; otra, sometida a erosión continua, salinización o explotación excesiva, pierde la capacidad de recuperarse.

El estudio europeo coloca ambas piezas sobre la misma mesa antes de hablar de desertificación. No basta con que un territorio sea seco. Tiene que presentar también daños persistentes que reduzcan la productividad, la diversidad biológica o la capacidad del suelo para almacenar agua y nutrientes. Ese matiz evita confundir un paisaje naturalmente árido con una tierra que está perdiendo sus funciones esenciales.

El suelo sano actúa como una esponja oscura y rugosa. Almacena agua, nutrientes y carbono; alberga microorganismos y amortigua los extremos meteorológicos. Cuando se degrada, se parece más a una baldosa cuarteada: el agua corre por encima, arrastra partículas y llega con mayor rapidez a ramblas, carreteras y núcleos urbanos. Europa calcula que el 62% de sus suelos muestra alguna señal de deterioro y que el 24% soporta tasas de erosión insostenibles.

El nuevo método europeo mira más allá de la sequía

La metodología elaborada por el Centro Común de Investigación responde a una recomendación formulada por el Tribunal de Cuentas Europeo en 2018. Hasta ahora, comparar la desertificación entre países era complicado porque convivían indicadores, escalas y criterios distintos. El nuevo marco intenta aplicar una medición común para toda la Unión Europea y analiza los cambios en la cobertura del territorio, la productividad de la tierra, los procesos de degradación y el grado de aridez.

También sustituye el antiguo indicador centrado en las variaciones del carbono orgánico por una evaluación más amplia. Entran en escena la erosión hídrica, la contaminación y la compactación, junto con la pérdida de biodiversidad edáfica, el desequilibrio de nutrientes, la salinización y el sellado del terreno, entre otros síntomas.

El resultado no necesariamente indica que el campo haya dejado de producir. Puede señalar que lo hace a costa de más agua, más fertilizantes o una vulnerabilidad creciente. Ahí está una de las grandes novedades. El estudio no pregunta únicamente cuánto produce una parcela, sino qué está ocurriendo bajo las raíces para mantener esa producción.

Una finca puede ofrecer una cosecha aceptable y estar consumiendo lentamente su capital natural, como quien conserva el mismo nivel de vida vaciando cada mes un poco más la cuenta bancaria. Durante un tiempo, todo parece funcionar. Después llegan una sequía, una tormenta o una subida de costes y el sistema descubre que apenas le quedaba margen.

España supera el 70% de territorio con al menos un indicio de degradación. Esa cifra no equivale al porcentaje desertificado, fijado en el 53%, porque una señal aislada puede aparecer también en regiones húmedas o en terrenos que todavía conservan capacidad de recuperación. Sin embargo, revela la amplitud del desgaste del suelo español.

El problema no se limita a unas manchas marrones en el sureste ni a los años en que los embalses ofrecen imágenes de campanarios sumergidos. La degradación puede aparecer en campos aparentemente productivos, zonas periurbanas, montes abandonados o terrenos castigados por incendios sucesivos. Se acumula capa a capa, temporada tras temporada.

Los datos nacionales apuntan en la misma dirección. El último indicador del Inventario Nacional de Erosión de Suelos señala que un 24,8% de la superficie erosionable de España sufre procesos medios o altos, con pérdidas superiores a 10 toneladas de suelo por hectárea y año. El Gobierno ya estimaba en 2022 que el 74% del territorio se encontraba expuesto a algún grado de riesgo de desertificación, aunque aquella cifra utilizaba criterios diferentes y no puede compararse mecánicamente con el 53% del nuevo informe europeo.

No hay contradicción, por tanto, sino dos preguntas distintas. Una medición habla de territorio sometido a riesgo; la otra identifica áreas donde la combinación de aridez y degradación permite hablar ya de condiciones de desertificación. El matiz parece pequeño sobre el papel. Sobre el terreno separa una amenaza de un daño que ya está ocurriendo.

La combinación española: calor, erosión y agua al límite

España tiene una geografía áspera. Pendientes acusadas, lluvias irregulares y episodios torrenciales capaces de llevarse en una tarde el suelo que tardó décadas —a veces siglos— en formarse. Casi tres cuartas partes del territorio pertenecen a categorías áridas, semiáridas o subhúmedas secas. Esa vulnerabilidad natural no condena por sí sola al país, pero reduce mucho el margen para equivocarse. Y nos hemos equivocado unas cuantas veces.

Los incendios eliminan la cubierta vegetal y dejan la tierra expuesta; el sobrepastoreo impide que se regenere; ciertos cultivos leñosos en pendiente favorecen la escorrentía cuando mantienen el suelo desnudo; algunos regadíos acumulan sales o dependen de acuíferos sobreexplotados. Los daños se alimentan unos a otros con una eficacia casi burocrática.

La despoblación añade otra paradoja. Abandonar una actividad agrícola poco rentable puede aliviar la presión en unas zonas, pero en otras multiplica el matorral degradado, reduce el mantenimiento del paisaje y agrava el riesgo de grandes incendios. El campo vacío no siempre se convierte en naturaleza recuperada. A veces queda como combustible esperando una chispa.

El cambio climático aprieta todos esos tornillos a la vez. Las temperaturas más altas elevan la evaporación y secan antes el terreno; las sequías prolongadas debilitan la vegetación; las lluvias violentas encuentran suelos compactados o quemados y arrancan la capa fértil. No hace falta que disminuya de manera espectacular la precipitación anual: basta con que llueva peor y de forma más concentrada.

El resultado es un círculo difícil de romper. Un suelo degradado conserva menos humedad, la vegetación crece peor y la superficie queda más expuesta al calor y a la erosión. Cuando vuelve a llover, el agua penetra menos y corre más. Se pierde tierra, se vacían los acuíferos y aumenta la vulnerabilidad ante la siguiente sequía.

Del olivar en pendiente al acuífero salinizado

La desertificación española adopta formas muy concretas. Está en el olivar plantado sobre una ladera sin cubierta vegetal, donde el agua abre pequeños surcos que cada temporada se hacen más profundos. En los cultivos extensivos de secano que pierden materia orgánica. En sistemas ganaderos sometidos a una presión superior a la que soporta el pasto. Y en regadíos donde el exceso de extracción rebaja el acuífero o concentra sales en la superficie.

También aparece en millones de hectáreas de matorral degradado y erial expuestas a la erosión hídrica. Se manifiesta en barrancos que crecen después de cada tormenta, embalses que acumulan sedimentos y campos donde las raíces encuentran una capa cada vez más pobre y compacta. El paisaje sigue ahí. Su capacidad productiva, no siempre.

El coste aparece primero en el campo: menor fertilidad, cosechas más variables, necesidad de más insumos y menos resistencia frente a plagas o episodios extremos. Después baja por la cuenca. El suelo arrastrado colmata embalses, empeora la calidad del agua y reduce la capacidad de los terrenos para frenar avenidas.

Termina llegando a la ciudad en forma de alimentos más caros, restricciones y daños por inundaciones, además de gasto público destinado a reparar lo que una gestión preventiva habría conservado. La desertificación puede parecer un problema lejano mientras se observa desde una terraza urbana. Cambia de aspecto cuando aparece en la factura del agua o en el precio de la cesta de la compra.

La agricultura no es solo responsable; también es la primera víctima y una parte esencial de la respuesta. Cubiertas vegetales, rotaciones, menor laboreo, terrazas bien mantenidas, setos, pastoreo adaptado y riegos eficientes pueden reducir la pérdida de suelo. No son adornos verdes para una fotografía institucional. Son maneras de mantener la tierra en su sitio.

La factura empieza en el campo y termina en la ciudad

La Unión Europea cuenta desde el 16 de diciembre de 2025 con una Ley de Vigilancia del Suelo que obliga a los Estados a mejorar la evaluación de su estado, abordar amenazas como la erosión, la compactación, la contaminación y la pérdida de carbono, y avanzar hacia suelos saludables en 2050.

España, por su parte, actualizó su Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y dispone de un plan de implementación para 2025-2027. El armazón administrativo existe. Falta que el terreno lo note. Porque aprobar estrategias resulta bastante más sencillo que cambiar prácticas agrícolas, ordenar el agua, restaurar montes o impedir que el suelo fértil acabe en el fondo de un embalse.

Medir mejor será útil para localizar daños, comparar regiones y comprobar si las políticas funcionan. Pero un mapa, por muy preciso y colorido que sea, no sujeta una ladera ni recupera un acuífero. La respuesta pasa por integrar suelo, agua, agricultura, bosques y urbanismo, parcelas que la Administración todavía tiende a guardar en cajones separados.

La erosión, poco respetuosa con los organigramas, circula libremente entre todos ellos. Lo que comienza como una mala gestión de una parcela puede terminar afectando a una carretera, un embalse, una explotación agrícola o un núcleo urbano situado muchos kilómetros más abajo. El territorio funciona como una red. El deterioro también.

La protección del suelo suele avanzar con menos ruido que otras políticas climáticas porque sus resultados tardan en aparecer y rara vez ofrecen una fotografía espectacular. Evitar que desaparezca una capa fértil no inaugura una estación ni corta una cinta. Pero conserva agua, reduce inundaciones, estabiliza cosechas y mantiene vivo el paisaje rural.

La riqueza que España pierde bajo sus pies

El nuevo estudio no anuncia que España vaya a convertirse mañana en un páramo. Dice algo más sobrio y más serio: el país europeo con mayor proporción de tierra bajo condiciones de desertificación es España, y una gran parte de su territorio presenta ya señales de desgaste.

La diferencia entre un suelo sano y otro degradado puede medirse en toneladas, cosechas o litros de agua. También se observa a simple vista: una tierra oscura, porosa y cubierta de vida frente a una superficie pálida, endurecida, donde la lluvia rebota y se marcha llevándose algo consigo.

Bajo nuestros pies se está perdiendo una infraestructura natural que tarda muchísimo en formarse y muy poco en desaparecer. No luce en las inauguraciones. Tampoco se repone con cemento. Y cuando el suelo fértil se va pendiente abajo, no suele regresar.