¿España cede sus conquistas al adaptarse demasiado a la inmigración?

España tiene derecho a cambiar. Lo ha hecho siempre. Lo que no tiene ninguna obligación de hacer es retroceder. Esa diferencia, aparentemente pequeña, contiene buena parte del debate sobre inmigración, integración y multiculturalismo que Europa lleva años intentando resolver entre complejos, silencios y palabras cuidadosamente acolchadas para que nadie se moleste.

Quien llega a España puede conservar su religión, su comida, su lengua familiar, sus recuerdos, sus fiestas y buena parte de sus costumbres. Puede rezar cinco veces al día, no rezar ninguna, llevar una cruz, acudir a una mezquita, comer kosher, halal o vegetariano. La libertad sirve precisamente para eso. Pero la libertad religiosa no coloca a la religión por encima de la ley, ni convierte las convicciones privadas de una persona en obligaciones para sus vecinos.

Ahí debería empezar la integración. No en la pregunta de cuánto debe cambiar España para que quien llega se encuentre exactamente como en el país que abandonó, sino en otra mucho más elemental: cómo ayudarle a incorporarse a una sociedad que ya dispone de normas, libertades y derechos conquistados a lo largo de una historia nada cómoda.

España no es jurídicamente un Estado laico en el sentido francés estricto. Es un Estado aconfesional: ninguna religión tiene carácter estatal y todas pueden ejercerse dentro del ordenamiento jurídico. Esa precisión importa porque describe bastante bien el modelo. La fe es libre. La ley es común.

Y ese orden no debería invertirse por miedo a parecer poco tolerante.

España puede cambiar, pero no debería retroceder

Hablar de progreso civilizatorio incomoda porque durante demasiado tiempo la palabra “civilización” fue utilizada para construir jerarquías entre pueblos y justificar barbaridades. Pero abandonar completamente el concepto también conduce a un absurdo: fingir que todos los sistemas políticos, jurídicos y sociales protegen por igual a sus ciudadanos.

No es cierto.

Existen sociedades donde las mujeres disfrutan de una autonomía jurídica muy amplia y otras donde su libertad está severamente limitada. Existen países donde una persona homosexual puede casarse y formar una familia y otros donde determinadas relaciones homosexuales siguen siendo perseguidas penalmente. Hay Estados donde cambiar de religión, abandonarla o criticarla forma parte de la libertad individual y otros donde hacerlo puede desencadenar persecución social o jurídica. Hay administraciones capaces de garantizar seguridad, tribunales razonablemente independientes y servicios públicos estables, y otras donde la corrupción, la violencia informal o el poder del clan pesan mucho más.

Reconocer esas diferencias no significa considerar inferior al ser humano nacido dentro de un sistema menos garantista. Sería absurdo. Un niño no elige el país, la familia ni las normas que empiezan a moldearlo antes incluso de que comprenda qué significan. Lo que sí podemos comparar son instituciones, derechos y niveles de protección de la libertad.

Y desde ese criterio España ha avanzado muchísimo respecto de su propio pasado.

No hace tantos siglos —ni siquiera tantas décadas en algunos asuntos— que también aquí dominaban estructuras sociales que hoy consideraríamos intolerables. La mujer estuvo jurídicamente subordinada durante buena parte de nuestra historia. Los homosexuales fueron perseguidos. La religión tuvo un poder político enorme. La censura era normal. La violencia doméstica permanecía escondida detrás de la puerta familiar y demasiadas veces se despachaba como asunto privado.

No somos biológicamente mejores que nuestros abuelos. Hemos construido instituciones mejores en determinados ámbitos.

Ese matiz lo cambia todo.

La civilización no es una propiedad de la sangre; es una conquista histórica que puede avanzar y también retroceder.

Por eso resulta legítimo defender como mejores ciertos principios que España ha incorporado después de siglos de conflictos políticos, movimientos sociales, revoluciones liberales, luchas obreras, feminismo, secularización, democracia y ampliación de derechos. No porque sean españoles. Porque ofrecen más libertad al individuo.

El paternalismo puede ser otra forma de desigualdad

Aquí aparece una contradicción particularmente incómoda. Una parte de la sociedad occidental, en su esfuerzo por respetar otras culturas, corre el riesgo de aplicar a sus integrantes un estándar moral inferior. Algo parecido a pensar: “No podemos exigirles lo mismo, vienen de otra realidad”. Suena comprensivo. Incluso generoso. Pero debajo puede esconderse una forma bastante desagradable de paternalismo.

Supongamos que una familia española impide a su hija estudiar, elegir pareja o salir sola porque el padre considera que una mujer debe obedecer. La reacción social sería contundente. Ahora imaginemos exactamente la misma conducta dentro de una familia inmigrante y añadamos la frase “es que pertenece a otra cultura”. ¿Por qué debería tener esa segunda joven menos libertad que la primera?

Respetar una cultura nunca puede significar rebajar los derechos de la persona atrapada dentro de ella.

España tipifica la mutilación genital femenina como delito y tampoco admite que una práctica semejante pueda legitimarse alegando tradición o religión. El matrimonio forzado está igualmente perseguido. Y ahí aparece un principio que debería extenderse al conjunto del debate: ninguna costumbre adquiere inmunidad por ser antigua, religiosa o extranjera.

La antigüedad no convierte una injusticia en virtud.

También Europa practicó durante siglos barbaridades amparadas por la tradición. La civilización consiste precisamente en adquirir la capacidad de examinarlas, discutirlas y abandonarlas.

La tolerancia hacia una cultura termina donde comienza la coacción sobre una persona.

Ese principio protege especialmente al inmigrante que quiere romper con determinados códigos de su entorno. A la joven que no quiere casarse con quien ha elegido su familia. Al muchacho homosexual que teme a su comunidad. A la mujer que quiere abandonar una práctica religiosa. Al creyente que quiere seguir creyendo y al hijo del creyente que decide no hacerlo.

La sociedad liberal no debería entregar a ninguno de ellos nuevamente al grupo en nombre de un supuesto respeto al grupo.

La religión es libre, pero no gobierna la calle ni los derechos ajenos

España tiene una fórmula bastante sensata: ninguna confesión tiene carácter estatal. El ciudadano puede creer profundamente y practicar públicamente su religión, pero su religión no adquiere por ello autoridad jurídica sobre los demás.

Un musulmán puede considerar pecado beber alcohol. No puede prohibírselo al vecino. Un católico puede considerar moralmente incorrecto el divorcio. No puede impedir que otro se divorcie. Una persona muy conservadora puede sentirse incómoda al ver besarse a dos hombres. Tiene incluso derecho a sentirse incómoda. Lo que no posee es el derecho a transformar su incomodidad en una prohibición.

Esta es probablemente una de las conquistas más refinadas de la sociedad liberal: aprender a convivir con aquello que uno desaprueba.

No obliga a celebrar las decisiones ajenas. Obliga a respetar la libertad que las hace posibles.

El velo explica bien dónde está la frontera

Una mujer adulta que decide libremente llevar un pañuelo religioso ejerce su libertad igual que otra que decide no llevarlo. Prohibir cualquier velo porque resulta culturalmente extraño sería tan paternalista como obligarla a cubrirse. El problema empieza cuando existe coacción, presión familiar, amenaza o una norma informal que convierte la vestimenta femenina en una obligación impuesta por otros.

La fórmula liberal debería resultar sencilla: libre para ponérselo, libre para quitárselo.

Y sobre todo, ninguna mujer española tiene que modificar su ropa porque al vecino le incomode verla con falda, escote, bikini o el pelo descubierto. La dirección de la adaptación es evidente: quien llega a una sociedad donde esa libertad existe debe aprender a convivir con ella.

No ponemos un velo a nuestra madre porque al vecino ultraconservador le moleste su cabello. Le explicamos al vecino que la libertad de nuestra madre no necesita su autorización.

Lo mismo vale para cualquier religión.

Una sociedad diversa necesita más reglas comunes, no menos

Imaginemos una escuela con familias musulmanas, hindúes, sijes, budistas, judías, cristianas de varias confesiones, ateas y agnósticas. La respuesta no puede consistir en fabricar diez escuelas diferentes dentro del mismo edificio.

Si cada comunidad reclamara que el sistema público adoptase su lengua, su calendario, sus restricciones alimentarias, su código de vestimenta, sus fiestas, sus símbolos y sus normas religiosas, terminaríamos convirtiendo la institución común en una especie de archipiélago de excepciones.

La paradoja es evidente: cuanto mayor sea la diversidad cultural, más importante resulta disponer de unas pocas reglas que todos compartan.

El colegio español no tiene que convertirse automáticamente en una escuela arabófona porque aumente el número de familias procedentes de Marruecos. Puede enseñar árabe como lengua extranjera o desarrollar programas culturales cuando exista una justificación educativa, exactamente como puede enseñar chino, francés o alemán. Pero el sistema no tiene que reconstruirse para reproducir el país de origen de cada alumno.

Al contrario. La lengua común es una herramienta de emancipación.

Un niño que domina el castellano —y la lengua cooficial donde corresponda— depende menos de intermediarios, comprende mejor las instituciones, amplía sus relaciones sociales, tiene más oportunidades educativas y puede moverse con mayor autonomía fuera de su comunidad familiar.

Exigirle que la aprenda no significa arrancarle su idioma familiar. Significa entregarle otra llave.

Ni diez menús ni ochenta códigos distintos

Con la alimentación aparece la misma discusión. Una administración puede ofrecer alternativas razonables cuando hacerlo resulta sencillo. Un menú sin determinados alimentos no derriba ninguna civilización. Convertir, en cambio, cada prescripción religiosa o cultural en una obligación ilimitada para la institución conduciría a una fragmentación absurda.

Lo mismo sucede con el espacio público. Que una vaca posea un significado religioso especial para determinados hinduistas no obliga a transformar la normativa ganadera, sanitaria o urbana española. Que una religión establezca determinadas festividades no convierte automáticamente todas ellas en días festivos nacionales. Que una comunidad necesite un lugar de culto no significa que el Estado tenga que construir un templo para cada credo existente.

La libertad religiosa garantiza libertad para creer y organizarse dentro de la ley. No garantiza que el conjunto de la sociedad tenga que reorganizarse alrededor de cada creencia.

Ahí está la diferencia entre acomodar razonablemente y ceder indefinidamente.

La psicología distingue integración de vivir en mundos paralelos

La psicología intercultural lleva décadas estudiando qué ocurre cuando una persona entra en contacto estable con una sociedad distinta. John W. Berry popularizó una clasificación entre integración, asimilación, separación y marginación. La idea es útil porque evita dos errores opuestos.

Integrarse no obliga a borrar la cultura de origen. Un marroquí puede seguir sintiéndose marroquí, practicar el islam, cocinar los platos de su infancia y hablar árabe con su familia mientras participa plenamente en la sociedad española. El problema aparece cuando se mantiene la identidad de origen al tiempo que se rechaza sistemáticamente la relación con la sociedad receptora. Eso se aproxima más a la separación que a la integración.

Y la diferencia es enorme.

Integrarse no es dejar de ser quien eras; es aprender a vivir plenamente con quienes ya estaban.

La persona que llega tiene derechos desde el momento en que el ordenamiento se los reconoce. No necesita demostrar gratitud para poseer dignidad. Pero la integración social exige algo adicional a la mera presencia física: idioma funcional, conocimiento de las normas, participación, convivencia y aceptación de que determinadas reglas públicas son comunes.

Ese esfuerzo no puede recaer principalmente sobre cuarenta y tantos millones de personas cada vez que llega una nueva.

Si un español emigra a Japón, Suecia o Marruecos comprende rápidamente que está entrando en un entorno anterior a él. Puede conservar sus hábitos privados, pero necesita aprender códigos, normas y comportamientos locales. Nadie consideraría razonable que exigiera a Tokio transformarse en Sevilla para sentirse integrado.

España tampoco debería asumir esa obligación.

La tolerancia no consiste en aceptarlo todo

La palabra tolerancia se utiliza tanto que ha terminado perdiendo parte de su significado. Tolerar no es carecer de límites. Es aceptar determinadas conductas o ideas que uno no comparte porque existen razones superiores —libertad, pluralismo, convivencia— para permitirlas.

Pero la propia tolerancia necesita una frontera.

Una democracia tolera que alguien critique ferozmente una religión. Tolera que otro considere aquella crítica ofensiva. Tolera que un creyente vista según sus convicciones y que su vecino piense que esa costumbre es absurda. Lo que no puede tolerar es que ninguno utilice violencia o coacción para imponer su visión al resto.

Esa diferencia resulta fundamental porque permite defender nuestras libertades sin construir una guerra cultural contra quienes llegan.

No existe una batalla entre musulmanes y españoles, hinduistas y europeos, extranjeros y autóctonos. Existe otra frontera mucho más interesante: la que separa a quienes aceptan que la libertad ajena puede disgustarles de quienes creen que su identidad les concede autoridad sobre los demás.

Y esa segunda categoría contiene gente nacida aquí y fuera.

El fanatismo no necesita pasaporte.

El error de encontrarnos siempre a mitad de camino

Existe además una idea aparentemente razonable que puede producir resultados extraños: ante dos culturas diferentes, ambas deben encontrarse siempre en un punto intermedio.

No necesariamente.

Entre una sociedad donde una mujer puede elegir libremente con quién casarse y otra tradición que acepta imponerle marido no existe un punto medio moralmente interesante. Entre permitir la homosexualidad y perseguirla tampoco. Entre libertad religiosa y castigar a quien abandona una religión, menos aún.

Los derechos fundamentales no funcionan mediante medias aritméticas.

No integramos a alguien encontrándonos a mitad de camino entre libertad y coerción. Lo integramos ofreciéndole el mismo espacio de libertad que hemos decidido reconocer a todos.

Y si procede de un contexto donde determinadas libertades eran menores, eso no constituye una humillación cultural. Puede ser precisamente una oportunidad de emancipación.

El peligro real es olvidar cuánto costó llegar hasta aquí

España posee defectos de sobra. Corrupción, burocracia, desigualdad, violencia, incivismo y demasiados españoles convencidos de que las normas son una recomendación para el vecino. La crítica a determinadas prácticas importadas pierde toda credibilidad si imaginamos que aquí todos hemos sido educados por Marco Aurelio.

Pero una sociedad no necesita ser perfecta para defender sus avances.

Durante generaciones hemos construido un sistema donde la mujer dispone de una autonomía incomparablemente mayor que en el pasado, donde la homosexualidad dejó de ser perseguida, donde un ciudadano puede abandonar su religión, donde ninguna iglesia dicta formalmente las leyes, donde las personas pueden casarse, divorciarse, protestar, votar, criticar al Gobierno y recurrir ante los tribunales.

Ese patrimonio es también identidad española.

Quizá mucho más que determinadas costumbres folclóricas que solemos presentar como esencia nacional.

Y sería una paradoja histórica bastante amarga que los descendientes de quienes lucharon para eliminar prohibiciones terminasen aceptándolas otra vez porque ahora regresan envueltas en la palabra “cultura”.

No tendría sentido conquistar una libertad durante generaciones para relativizarla después por miedo a exigirla.

Ahí reside el riesgo del paternalismo multicultural. Tratar al inmigrante como alguien tan frágil que no podemos exigirle nuestras normas acaba situándolo fuera de la ciudadanía ordinaria. El mensaje implícito es terrible: tú eres diferente, por tanto esperamos menos de ti.

La verdadera igualdad exige justamente lo contrario.

Al marroquí, al español, al senegalés y al rumano se les pide lo mismo: respetar la ley, la integridad de los demás, el espacio común, la libertad de las mujeres, la libertad religiosa y también la libertad de no creer, el descanso del vecino y las normas básicas de convivencia.

Mismos derechos. Mismas obligaciones. Misma dignidad.

España puede facilitar la integración, corregir discriminaciones, ofrecer enseñanza del idioma, garantizar oportunidades y hacer acomodaciones razonables. Puede también aprender de quienes llegan. La historia demuestra que las culturas se enriquecen mezclándose.

Pero mezclarse no significa disolverse.

Una sociedad democrática segura de sí misma debe ser capaz de decir “bienvenido” y “esto aquí no se permite” sin percibir contradicción alguna. Puede respetar profundamente una religión y negarse a aceptar una práctica que vulnera derechos. Puede ofrecer ayuda al recién llegado y esperar de él un esfuerzo real por incorporarse. Puede ser hospitalaria sin entregar las llaves de las normas comunes.

Porque esa es, finalmente, la cuestión. España no tiene que conservar cada costumbre española; tiene que conservar aquello que hace posible la libertad de todos.

La comida cambiará. Los acentos cambiarán. Los barrios cambiarán. Los apellidos cambiarán. Surgirán nuevas familias, nuevas músicas, palabras que todavía no usamos y tradiciones que dentro de cincuenta años parecerán de toda la vida.

Pero la igualdad ante la ley, la autonomía de la mujer, la libertad sexual, la integridad física, el derecho a creer o dejar de creer y la primacía de la ley civil sobre cualquier mandato religioso no deberían ponerse periódicamente sobre la mesa para facilitar la integración de nadie.

España puede avanzar acompañada de quienes llegan.

Lo que no debería hacer es retroceder hasta encontrarlos.