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La ONU alerta: en Venezuela la represión sigue intacta

Tras la captura de Maduro, la ONU avisa de que la represión sigue activa en Venezuela y que la transición aún no cambia el sistema de fondo.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela lanzó este 12 de marzo de 2026 un mensaje incómodo para quienes daban por hecho un cambio profundo tras la captura de Nicolás Maduro: el problema no terminó con la caída del jefe del sistema, porque el sistema sigue ahí. Según los expertos de la ONU, la maquinaria represiva del Estado venezolano continúa operativa, no ha sido desmontada y tampoco existen políticas públicas anunciadas para empezar a desarmarla. El diagnóstico va más allá de una advertencia retórica: la misión sostiene que altos cargos civiles y militares ya señalados en investigaciones anteriores por presuntos crímenes de lesa humanidad conservan posiciones de poder en el Ejecutivo y en las fuerzas de seguridad.
El dato decisivo, el que explica por qué la ONU enfría el relato de una transición limpia, está en lo ocurrido después del 3 de enero. La misión asegura haber recibido informes de al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos desde la captura de Maduro y de Cilia Flores, y mantiene que la práctica de silenciar la disidencia no ha desaparecido con el nuevo escenario. Entre esos arrestos figuran 14 periodistas y trabajadores de medios retenidos mientras cubrían la juramentación de Delcy Rodríguez y 27 personas detenidas por presuntamente celebrar la caída de Maduro, entre ellas 15 menores. En otras palabras: cambió la foto del poder, pero no el reflejo del miedo.
Qué ha dicho exactamente la misión de la ONU
La declaración presentada en Ginebra, durante el 61º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, no se limita a describir una inercia burocrática. Habla de una estructura legal, institucional y coercitiva que ha seguido funcionando con una continuidad notable. Los expertos María Eloísa Quintero y Alex Neve, nuevos miembros de la misión tras la renovación del mandato hasta octubre de 2026, sostienen que Venezuela atraviesa un momento de “cambios y continuidad”. La fórmula no es casual. Sirve para reconocer que ha habido movimientos visibles —liberaciones, ley de amnistía, apertura diplomática— sin aceptar que esos movimientos basten para certificar una reforma real en derechos humanos.
La misión también volvió a fijar una posición delicada pero nítida sobre el episodio que desencadenó este nuevo ciclo. La operación militar de Estados Unidos del 3 de enero de 2026, que incluyó ataques contra aeropuertos y bases en Aragua, Caracas, La Guaira y Miranda, así como la captura y traslado forzoso de Maduro y Flores a territorio estadounidense, violó el derecho internacional, según los expertos. A la vez, la ONU subraya que hay motivos razonables para creer que Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad contra la población civil. Las dos ideas conviven en el mismo párrafo y retratan bien el tono del informe: ni absolución del chavismo, ni bendición de una intervención armada ilegal.
Ese equilibrio importa porque evita dos simplificaciones que han circulado con fuerza desde enero. La primera, la de presentar la captura de Maduro como si hubiese barrido de un plumazo el edificio entero del chavismo represivo. La segunda, la de convertir cualquier crítica a la operación estadounidense en una coartada para blanquear los abusos documentados durante años. La misión no compra ninguna de las dos. Su mensaje central es mucho más áspero, casi quirúrgico: un régimen puede perder a su figura dominante y conservar buena parte de sus nervios, sus manos y sus dientes.
El problema no era solo Maduro
El chavismo construyó durante más de una década un entramado en el que fuerzas de seguridad, justicia, legislación de excepción, organismos administrativos y grupos civiles armados actuaron, según la ONU, como piezas conectadas. Por eso el informe insiste en que el relevo en la cúspide no equivale, por sí solo, a un desmontaje. La misión recuerda que las instituciones clave del aparato represivo no han sido revisadas ni reformadas, y enumera nombres muy concretos: el poder judicial, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral y el regulador de telecomunicaciones. El dibujo no es el de un Estado averiado en una esquina, sino el de una arquitectura completa que sigue en pie.
Las piezas del engranaje que siguen en su sitio
La propia ONU pone apellido a esa continuidad. Los “colectivos”, esos grupos civiles armados que desde hace años aparecen en la conversación venezolana como sombra paralela del poder, siguen operando, según la misión. El espacio cívico y democrático continúa muy restringido; las organizaciones sociales, los medios independientes que aún resisten y las figuras opositoras siguen sufriendo hostigamiento e intimidación; y las perspectivas de celebrar elecciones libres y democráticas con garantías plenas siguen siendo, en palabras del informe, “remotas”. Dicho de otro modo: el decorado se ha movido, pero el escenario continúa inclinado hacia el mismo lado.
A eso se suma la supervivencia de los instrumentos jurídicos usados durante años para perseguir a críticos y adversarios. La misión destaca de manera expresa la Ley contra el Odio y la ley de fiscalización y financiación de ONG, normas que considera necesitadas de derogación o reforma sustancial. Son piezas decisivas porque la represión no siempre entra por una puerta con uniforme y fusil; a veces llega con sello, expediente, audiencia aplazada y un lenguaje administrativo que huele a papel húmedo. La ONU viene diciendo desde hace tiempo que en Venezuela la persecución no se explica solo por excesos policiales, sino por un sistema que consiguió dar apariencia legal a la asfixia política.
Ese enfoque encaja con las investigaciones previas de la misión. En su informe de diciembre de 2025, la ONU concluyó que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana cometieron durante más de una década detenciones arbitrarias, violencia sexual, torturas, uso excesivo de la fuerza y persecución política, y vinculó esa persistencia con fallos estructurales del sistema de rendición de cuentas y con una cadena de mando altamente centralizada. La idea de impunidad estructural no apareció ayer; lo que ocurre es que ahora la ONU la proyecta sobre la etapa posterior a Maduro y advierte de que las mismas tuberías siguen llevando agua al mismo edificio.
Las cifras que enfrían el relato de la transición
La parte más dura del informe oral no está solo en lo que describe desde enero, sino en el balance de los últimos meses de 2025. Entre septiembre y diciembre, la misión registró 135 presuntas detenciones arbitrarias. Un tercio de las personas arrestadas eran familiares de los objetivos principales de la operación represiva. Entre ellos había ocho menores, incluidos niños de dos y cinco años. La misión investiga además casos de tortura y violencia sexual y de género en centros de detención y en las llamadas “casas seguras”, y documentó al menos tres muertes bajo custodia que podrían estar relacionadas con atención médica tardía o insuficiente. Es un tramo temporal crucial porque muestra que la represión no fue un residuo viejo: llegó viva al cambio de ciclo.
La secuencia posterior tampoco invita al triunfalismo. Según la misión, tras el 3 de enero fueron detenidas personas que celebraban la captura de Maduro, periodistas que cubrían actos oficiales y, de forma especialmente reveladora, unos 30 miembros del CICPC y familiares, presuntamente castigados por negarse a falsear pruebas sobre el ataque estadounidense. Este último episodio es casi un retrato miniatura del problema mayor: si un aparato necesita fabricar relato a martillazos y castigar a quien se resiste dentro de sus propias filas, lo que existe no es una transición asentada, sino un poder que intenta reacomodarse sin perder el control del expediente, del uniforme y del miedo.
Hay otro detalle menos vistoso y, sin embargo, muy elocuente. La misión insiste en el impacto que la falta de información sobre paraderos, situación procesal y tiempos de liberación tiene sobre las familias de los detenidos, un peso que ha recaído de manera desproporcionada en mujeres que han esperado durante semanas ante cárceles y centros de detención, incluso con huelgas de hambre. Esa escena, silenciosa y repetida, desmonta la idea de un país que hubiera pasado página sin dejar marcas. En Venezuela, la represión no solo detiene cuerpos; también condena a las familias a vivir en una sala de espera sin reloj.
Delcy Rodríguez, la amnistía y los límites del giro
Tras la captura de Maduro, la Corte Suprema de Justicia designó a Delcy Rodríguez como “presidenta encargada”, abriendo una fase nueva, con gestos que fuera de Venezuela se han leído en algunos sectores como señales de moderación. La propia misión admite que hubo “algunas acciones alentadoras”, entre ellas un proceso de excarcelación masiva de personas detenidas por motivos políticos. También reconoce como positivo que se haya aprobado la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática el 20 de febrero. Ese reconocimiento importa: la ONU no niega que haya habido movimientos. Lo que discute es su alcance real, su transparencia y su capacidad para transformar el sistema que hizo posibles esas detenciones.
Ahí empiezan los peros, que en este caso son bastante más que peros. La misión sostiene que la ley fue aprobada a un ritmo acelerado, sin una consulta pública transparente e inclusiva, y que carece de elementos esenciales de verdad, rendición de cuentas y reparación. Tampoco reconoce la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos ni trata a las víctimas como tales; en buena medida, mantiene el viejo reflejo de describirlas como delincuentes. Además, la amnistía no es general. Su alcance es restrictivo, limitado a ciertos delitos y a una lista cerrada de acontecimientos, de manera que puede dejar fuera a numerosos presos políticos, incluidos militares, exmilitares y civiles encausados bajo acusaciones de atentar contra la soberanía.
La opacidad agrava el problema. La misión remarca que no existen datos sólidos y verificables sobre el número exacto de presos políticos ni sobre los liberados. Recoge que Delcy Rodríguez cifró en 626 las excarcelaciones a 23 de enero, mientras organizaciones no gubernamentales estimaban una cifra significativamente menor. Más adelante, el propio informe oral menciona datos oficiales según los cuales, entre el 20 de febrero y el 6 de marzo, 247 personas fueron excarceladas en virtud de la ley y 7.407 obtuvieron “libertad plena” al decaer los procesos, pero subraya que esas cifras son inverificables por falta de registros públicos accesibles. Cuando las cifras bailan demasiado y los nombres siguen sin aparecer, la transparencia se parece a una persiana a medio bajar.
Mientras tanto, la normalización exterior avanza por otros carriles. Estados Unidos y Venezuela acordaron a comienzos de marzo restablecer relaciones diplomáticas y consulares, y el Ejecutivo encabezado por Rodríguez ha dado pasos para recomponer el vínculo con Washington y acelerar reformas económicas, especialmente en el sector energético. Ese contexto explica por qué el aviso de la ONU resulta tan relevante: llega justo cuando empezaba a tomar cuerpo una narrativa de pragmatismo, amnistía y reconstrucción. La misión, sin negar esos movimientos, recuerda que reabrir embajadas o mover ministerios no equivale a reformar jueces, policías, fiscales y leyes de persecución.
Por qué la ONU vuelve a hablar de crímenes de lesa humanidad
La expresión “crímenes de lesa humanidad” no aparece en estos informes como una hipérbole política ni como un golpe de efecto. La misión la viene utilizando desde hace años para describir un patrón de ataques sistemáticos contra la población civil, en especial contra opositores reales o percibidos como tales. En diciembre de 2025, el informe sobre la Guardia Nacional Bolivariana volvió a señalar la existencia de motivos razonables para creer que sus mandos y otros responsables civiles y militares pudieron incurrir en responsabilidad penal por detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y persecución. Lo que ahora hace la ONU es trasladar ese marco al presente y advertir de que muchos de los actores señalados siguen ahí, con mando, con capacidad y, sobre todo, sin señales visibles de que el nuevo poder quiera llevarlos ante la justicia.
Ese matiz es decisivo para entender por qué la misión no da por buena la transición. Un cambio real en derechos humanos no consiste solo en vaciar algunas celdas, sino en investigar, depurar responsabilidades, reparar a las víctimas y desmontar los mecanismos que hicieron posible la persecución. Nada de eso puede improvisarse, pero la ONU ni siquiera ve el arranque. No hay, según su balance, indicadores de reformas estructurales. Y sin reformas estructurales, la posibilidad de que el aparato se adapte, mute y sobreviva con otro rostro resulta demasiado alta. De hecho, la propia misión sostiene que las estructuras y alianzas represivas están mutando para adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder.
Maduro, por su parte, ya no gobierna Venezuela, pero sigue siendo un actor jurídico y simbólico de primer orden. Tras su captura del 3 de enero, él y Cilia Flores fueron trasladados a Estados Unidos, donde afrontan cargos de narcotráfico; ambos se declararon no culpables y permanecen encarcelados en Nueva York a la espera de juicio. La misión de la ONU no entra a valorar el proceso penal estadounidense como vía de reparación para las víctimas venezolanas. Su posición es otra: incluso cuando existan sospechas graves sobre Maduro, la rendición de cuentas debe producirse con garantías y sin convertir la justicia en coartada para una intervención militar. Esa doble advertencia, jurídica y política, atraviesa toda la actualización de marzo.
Un país que aún no sale del miedo
La dimensión humana del informe aparece al final y quizá sea la más reveladora. La misión recuerda que más de 8,7 millones de venezolanos, incluidos miles de refugiados, viven fuera del país y mantienen la expectativa de poder volver. También dice que en los últimos meses cientos de personas excarceladas o con medidas cautelares revocadas han empezado a acercarse a los investigadores porque perciben un contexto algo más seguro para contar lo ocurrido. Es un dato esperanzador, sí, pero también durísimo: significa que el volumen de testimonios pendientes era tan grande, y el miedo tan espeso, que solo una grieta mínima en el clima político ha bastado para que aflore una avalancha de casos. La misión afirma incluso que las solicitudes de registro e investigación se han duplicado o triplicado.
Por eso la ONU pide más escrutinio internacional, no menos, en este momento. No ve un país estabilizado, sino uno suspendido entre una oportunidad y un riesgo. La oportunidad sería utilizar este tránsito para reconstruir Estado de derecho, garantías judiciales, verdad y rendición de cuentas. El riesgo, mucho más prosaico y bastante más latinoamericano, sería que el poder cambie de tono, de socios y de discurso económico, mientras conserva el viejo mecanismo de control debajo de la mesa. La misión no dice que el cambio sea imposible. Dice algo más sobrio y más inquietante: todavía no hay pruebas de que haya empezado de verdad.












