Chile ante el balotaje de 2025: seguridad, economía y dos rutas

La segunda vuelta presidencial chilena del 14 de diciembre de 2025 enfrentaba dos proyectos distintos: el giro a la derecha que proponía José Antonio Kast y la continuidad social con ajustes que defendía Jeannette Jara. La votación, con más de 15 millones de personas habilitadas y participación obligatoria, se celebró bajo la presión de tres asuntos que atravesaban la campaña: seguridad, migración y economía.

Antes de conocerse el resultado, ninguno de los caminos suponía un mandato sin límites. Quien llegara a La Moneda debía gobernar con un Congreso fragmentado y responder a un electorado fatigado por años de conflicto político. Las propuestas permitían anticipar prioridades, pero no garantizaban su aplicación: entre los anuncios y las políticas efectivas se interponían la negociación parlamentaria, los recursos disponibles y la capacidad del Estado.

Una elección que iba más allá del cambio de Gobierno

La votación definía quién sucedería a Gabriel Boric y qué rumbo intentaría imprimir al país, pero también medía el peso de la seguridad en el debate público y el margen que conservaban las políticas sociales. La primera vuelta, celebrada el 16 de noviembre, dejó a Jara en cabeza por una ventaja estrecha y a Kast como principal alternativa. La derecha tradicional, incluida Evelyn Matthei, acabó respaldando al candidato republicano, con lo que la segunda ronda se convirtió en una disputa entre bloques más que en una simple repetición de la campaña.

La cuestión regional también estaba presente. Una victoria de Kast podía leerse como otro avance de las derechas en América Latina; una de Jara habría mostrado que la izquierda aún podía competir con fuerza cuando el debate se concentraba en la vida cotidiana. Sin embargo, esa lectura continental no sustituía el problema doméstico: los votantes esperaban respuestas para el delito, el coste de la vida y la gestión migratoria, no solo una señal ideológica hacia el exterior.

El resultado, por tanto, no iba a resolver de una vez las divisiones chilenas. La votación debía ordenar prioridades y seleccionar un programa, pero la experiencia reciente había debilitado la idea de que una mayoría electoral equivale a un cheque en blanco. Para cualquiera de los dos candidatos, el desafío consistía en transformar una victoria en acuerdos y resultados perceptibles, sin confundir el mandato de las urnas con libertad para gobernar sin contrapesos.

Kast y Jara ofrecían respuestas distintas al malestar

José Antonio Kast, abogado y exdiputado de 59 años, llegaba a la segunda vuelta como candidato del Partido Republicano. Su mensaje daba prioridad al orden público y al control fronterizo: proponía reforzar a Carabineros, endurecer penas, acelerar expulsiones de migrantes en situación irregular y crear recintos penitenciarios de alta seguridad. En economía apostaba por reducir trabas a la inversión, simplificar permisos y dar mayor espacio a la iniciativa privada en sectores estratégicos.

Ese programa podía atraer a quienes reclamaban una respuesta más contundente frente al crimen y valoraban la inversión como motor del crecimiento. Al mismo tiempo, sus críticos advertían sobre el carácter conservador de su proyecto y sobre la posibilidad de que el énfasis en la autoridad reabriera tensiones relacionadas con las libertades y la memoria política. Durante la campaña, Kast moderó algunos de sus planteamientos culturales más divisivos y concentró su discurso en la seguridad y la economía, una forma de ampliar su base sin borrar las inquietudes que su trayectoria generaba en parte del electorado.

Jeannette Jara, abogada laboralista de 49 años, exministra de Trabajo y militante comunista, representaba una izquierda que buscaba presentarse como pragmática. Su oferta incluía reforzar ingresos de los hogares vulnerables con una renta de vida cercana a 820 dólares mensuales, consolidar la reforma de pensiones aprobada ese año, impulsar la vivienda y aliviar gastos básicos. En seguridad, defendía más presencia estatal en los barrios y el seguimiento financiero de las bandas criminales.

Su reto era doble: conservar el respaldo de la coalición oficialista y persuadir a votantes que asociaban su candidatura con un Gobierno de Boric cuya popularidad había caído al final del mandato. La búsqueda del centro obligaba a combinar continuidad con distancia política, y las promesas sociales necesitaban una explicación sobre su financiación y sus plazos. En su caso, la credibilidad dependía tanto de proteger los avances sociales como de demostrar eficacia en seguridad.

El recuerdo del estallido y los dos rechazos constitucionales

El clima electoral tenía como telón de fondo el estallido social de octubre de 2019, que puso en primer plano la desigualdad, las pensiones, la salud y los abusos. Las protestas abrieron un proceso constituyente que debía ofrecer una salida institucional a la crisis. Sin embargo, el primer texto constitucional, de orientación progresista, fue rechazado en septiembre de 2022 por cerca del 62% de los votantes. Un segundo intento, de signo más conservador, tampoco prosperó: en diciembre de 2023 recibió alrededor de un 56% de votos en contra.

Los dos rechazos, procedentes de proyectos opuestos, dejaron una señal política difícil de reducir a una sola ideología. Una parte del electorado parecía recelar de los cambios amplios y de las propuestas que prometían rehacer el sistema desde sus cimientos. La fatiga con la confrontación no significaba que hubieran desaparecido las demandas sociales que alimentaron las protestas; apuntaba, más bien, a una preferencia por respuestas concretas y una transformación menos maximalista.

En paralelo, la reinstauración del voto obligatorio, junto con la inscripción automática, amplió la participación y devolvió peso a personas menos vinculadas a partidos o campañas. La norma contemplaba multas en torno a los 33.000 pesos para quienes no votaran sin justificación. Ese electorado podía no compartir las prioridades de los votantes más politizados, por lo que las organizaciones no podían dar por hecho que la movilización de sus bases bastaría para ganar. La participación masiva hacía más difícil extrapolar el comportamiento de elecciones anteriores.

Seguridad y migración, dos debates que se cruzaban

La seguridad se convirtió en el principal campo de disputa. Chile había sido considerado durante décadas un país relativamente seguro en comparación con otros de la región, pero la percepción y la naturaleza de la violencia habían cambiado. El material disponible para la campaña señalaba 868 secuestros durante 2024, además de la presencia de bandas transnacionales como el Tren de Aragua y un coste económico del crimen calculado en torno al 2,6% del producto interior bruto. Esas cifras ayudaban a explicar por qué el delito desplazó a otros temas en la conversación pública.

Kast proponía una respuesta centrada en la capacidad coercitiva del Estado: más recursos para Carabineros, penas mayores para delitos como homicidio, secuestro y extorsión, operativos en zonas consideradas críticas y cárceles de alta seguridad. También planteaba reforzar el control de los pasos fronterizos con Perú y Bolivia mediante zanjas y barreras, además de facilitar la expulsión de personas que hubieran entrado irregularmente. La promesa era transmitir autoridad, aunque su puesta en práctica dependía de procedimientos legales, coordinación entre organismos y cooperación con los países de origen.

Jara defendía una estrategia más orientada a la gestión territorial y financiera. Su propuesta combinaba presencia policial, fiscales y servicios públicos en los barrios con más inteligencia para seguir el lavado de dinero que alimenta a las organizaciones criminales. También hablaba de fortalecer Gendarmería y mejorar el sistema penitenciario, con el objetivo de impedir que las cárceles se conviertan en espacios de reclutamiento y coordinación delictiva. La diferencia no era entre actuar o no actuar, sino entre poner el acento en el castigo y el control inmediato o en la capacidad sostenida de investigación y prevención.

La migración se superponía a ese debate, sobre todo en el norte y en zonas de Santiago con una importante presencia venezolana. Las tensiones en el eje fronterizo entre Tacna y Arica alimentaban demandas de mayor control, pero también planteaban dificultades prácticas y diplomáticas. Jara proponía ordenar los flujos con registros biométricos y visados, además de recurrir a expulsiones cuando correspondiera; Kast defendía medidas más rápidas y estrictas. Ninguna fórmula podía evaluarse solo por su contundencia retórica: su eficacia dependía de la capacidad administrativa y de la colaboración entre países vecinos.

La economía ofrecía oportunidades, pero también límites

Chile llegaba a la votación con una economía más estable que en los años inmediatamente posteriores a la pandemia, aunque expuesta a riesgos. El Banco Central proyectaba un crecimiento de entre el 1,75% y el 2,75% para 2025, mientras la inflación avanzaba hacia una convergencia con el 3% en 2026. Durante buena parte del año, el cobre se movió en torno a los 4,2 y 4,3 dólares por libra. Estos indicadores dibujaban un escenario de recuperación moderada, no una expansión capaz de financiar sin límites todas las promesas de campaña.

La minería concentraba una parte importante de las expectativas. La cartera de proyectos para 2025-2034 se situaba cerca de los 104.500 millones de dólares, su nivel más alto en casi una década, con el cobre y el litio como recursos decisivos. También se había anunciado un preacuerdo entre Codelco y Glencore para impulsar una nueva fundición en Antofagasta, con una capacidad proyectada de 1,5 millones de toneladas de concentrado al año. La iniciativa apuntaba a procesar más mineral en Chile y reducir la dependencia de fundiciones asiáticas, aunque el anuncio no equivalía por sí mismo a una instalación terminada.

Kast defendía acelerar la inversión con menos trabas, incentivos a la exploración y cambios en las reglas del litio que ofrecieran mayor certidumbre a las empresas privadas bajo un marco estatal. En pensiones, pretendía revisar la reforma recién aprobada para dar más peso a la capitalización individual, sin descartar el pilar solidario. La señal que buscaba transmitir a los mercados era de estabilidad regulatoria y disciplina fiscal; su dificultad consistía en evitar que una reforma percibida como demasiado rápida o regresiva provocara resistencia política y social.

Jara apostaba por preservar la reforma previsional y combinarla con medidas de apoyo a los hogares, vivienda y servicios básicos. En minería, su planteamiento mantenía las asociaciones público-privadas para el litio, con Codelco y Enami como actores estatales, y procuraba conservar reglas previsibles para el cobre. La diferencia entre los dos programas también tenía consecuencias sobre el ritmo y la distribución de los beneficios: un impulso inversor puede elevar las expectativas de empleo, pero sus efectos dependen de plazos, permisos y ejecución; el gasto social, por su parte, requiere ingresos permanentes y cuentas sostenibles.

El balotaje dependía de votos que no tenían dueño

La ventaja estrecha de Jara en la primera vuelta no despejaba el desenlace. Los apoyos posteriores de figuras de la derecha tradicional favorecían a Kast, mientras el electorado de Franco Parisi y del Partido de la Gente no recibió una instrucción común para respaldar a uno de los dos finalistas. Ese espacio, que rozó el 20% en la primera vuelta según los datos de campaña, podía repartirse entre candidaturas, abstención o sufragios nulos y en blanco. No era un bloque homogéneo que pudiera trasladarse de forma automática.

El voto obligatorio añadía una incógnita distinta: cuántas personas acudirían sin una identificación fuerte con ninguno de los programas y qué asuntos pesarían más para ellas. El empleo, los servicios y la seguridad podían desplazar las fidelidades partidistas. Las diferencias territoriales también importaban. El Gran Santiago, Valparaíso, Biobío y Antofagasta reunían dinámicas sociales y económicas distintas, desde las zonas populares de la capital hasta las áreas mineras y fronterizas del norte. La geografía electoral podía cambiar el margen nacional incluso sin alterar el orden de los candidatos.

Los votos nulos o en blanco tenían una dimensión política y otra aritmética. Podían expresar rechazo a las alternativas, desafección o protesta, pero no se convertían en apoyo para ninguno de los aspirantes. Su aumento podía reducir el total de votos válidos y modificar la lectura del margen entre los candidatos, aunque por sí solo no demostraba cuál de ellos habría ganado esos sufragios. Por eso, interpretar el balotaje exigía distinguir entre el resultado formal y el grado de adhesión efectiva que cada proyecto conseguía reunir.

Las promesas tenían que pasar por el Congreso

Una eventual victoria de Kast habría puesto a prueba desde el principio la distancia entre el anuncio de una política y su capacidad de ejecución. Las expulsiones aceleradas requerían recursos, acuerdos con los países de origen y garantías judiciales. Las barreras fronterizas podían dificultar ciertos pasos, pero sin inteligencia y cooperación internacional existía el riesgo de desplazar las rutas en lugar de desarticular las redes. En la Macrozona Sur, donde se registraban episodios de violencia en Araucanía y Biobío, una política centrada únicamente en la fuerza no resolvería por sí misma un conflicto con dimensiones históricas y territoriales.

Jara, en cambio, habría tenido que demostrar que una estrategia centrada en la presencia estatal podía traducirse en mejoras visibles de seguridad. La coordinación entre policías, fiscalías y servicios sociales exige continuidad y capacidad institucional; perseguir las finanzas de las bandas puede afectar sus recursos, pero necesita investigaciones sólidas y cooperación entre organismos. Sus propuestas de renta de vida y vivienda también habrían tenido que precisar cómo se financiaban y con qué calendario, pues la promesa social pierde fuerza si no logra sostenerse en las cuentas públicas.

En ambos casos, el Congreso fragmentado imponía negociación. Las propuestas que afectaban pensiones, permisos, gasto o atribuciones de seguridad no dependían solo de la voluntad presidencial. Habría que buscar votos entre la derecha tradicional, el centro y sectores de la izquierda, según la iniciativa. Esa aritmética podía moderar los programas, retrasarlos o incluso bloquearlos. La gobernabilidad no consistía únicamente en sumar apoyos el día de la elección, sino en conservarlos proyecto por proyecto.

La relación con Perú, Bolivia y Argentina también formaba parte del escenario posterior. La gestión de las fronteras, la migración y las cadenas logísticas del norte exigía interlocución con los países vecinos, incluso cuando las diferencias ideológicas entre sus Gobiernos fueran marcadas. Las declaraciones de campaña podían definir el tono inicial, pero la cooperación cotidiana necesitaba canales institucionales estables. En asuntos fronterizos, la política exterior forma parte de la política interior.

El mandato se mediría por la capacidad de cumplir

Antes de la votación, la campaña dejaba dos posibles orientaciones, pero no dos resultados garantizados. Kast ofrecía una apuesta más firme por el control del delito y la inversión privada; Jara buscaba combinar seguridad territorial, protección social y continuidad de reformas. En ambos casos, la prueba decisiva iba a ser convertir prioridades generales en políticas compatibles con la ley, los recursos fiscales y las mayorías parlamentarias.

La historia reciente imponía cautela. El estallido de 2019 abrió una etapa de expectativas de cambio; los dos procesos constitucionales fallidos mostraron después los límites de las propuestas que no lograban reunir un respaldo suficientemente amplio. Esa secuencia no anulaba las demandas de transformación, pero sí hacía más costoso ignorar a quienes desconfiaban de los proyectos maximalistas. La estabilidad que buscaba una parte del país no equivalía a volver al pasado, sino a reducir la distancia entre promesa y gestión.

Por eso, la elección no podía leerse solo como una disputa entre derecha e izquierda. También ponía a prueba qué combinación de autoridad, derechos, crecimiento y protección social podía sostenerse en una sociedad cansada de la incertidumbre. El ganador habría recibido una oportunidad para marcar prioridades, no la capacidad de resolver por decreto problemas complejos. La medida real del mandato empezaba después de las urnas: en los acuerdos, los plazos y los cambios que la ciudadanía pudiera reconocer en su vida diaria.