El-Fasher, la ciudad que quedó vacía tras la ofensiva

El-Fasher quedó prácticamente vacía tras la toma de la ciudad por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el grupo paramilitar que combate al Ejército sudanés. La explicación no es una sola: a un asedio de más de 500 días se sumaron la escasez extrema, la huida bajo fuego y las denuncias de ejecuciones, secuestros y detenciones después de la caída. La ciudad que aparece en los relatos posteriores no es solo un escenario de combate, sino el resultado de una desaparición abrupta de buena parte de su población.

El control de las FAR se impuso a finales de octubre de 2025, después de que el Ejército sudanés abandonara la localidad. Desde entonces, organizaciones, testigos y análisis de imágenes han descrito una urbe casi sin habitantes y una ola de violencia contra civiles. Las cifras siguen abiertas: los informes citados hablan de más de 2.000 ejecuciones y algunas estimaciones elevan el balance por encima de 2.500, pero no existe un recuento independiente y definitivo de muertos ni del destino de quienes no aparecen en los registros de desplazamiento.

Un asedio que fue vaciando la vida cotidiana

La guerra civil de Sudán comenzó en abril de 2023 y convirtió El-Fasher, capital de Darfur del Norte, en uno de sus principales frentes. La ciudad era el último bastión del Ejército sudanés en la región y quedó rodeada mientras las FAR avanzaban. El cerco duró más de 500 días, según las informaciones reunidas durante el conflicto, y mantuvo a la población bajo bombardeos y con un acceso muy limitado a alimentos, agua, medicinas y ayuda humanitaria. La presión sobre la ciudad precedió a su caída: el vaciamiento empezó antes de que cambiara el control militar.

En un asedio prolongado, la guerra se mete en los aspectos más básicos de la vida. Los centros de salud pierden capacidad para atender, los suministros escasean y desplazarse para buscar agua o comida puede resultar peligroso. La población civil queda atrapada entre las fuerzas que combaten y las necesidades que no pueden esperar. Informaciones previas a la toma estimaban que entre 250.000 y 260.000 personas seguían en la ciudad o habían quedado cercadas en sus inmediaciones, aunque las cifras varían según el momento y el área contabilizada. Esas estimaciones no deben confundirse con un censo exacto.

El campamento de Zamzam, cercano a El-Fasher, también había acogido a personas desplazadas por la guerra y fue atacado antes de la caída de la ciudad. Eso debilitó una de las posibles salidas para quienes buscaban protección en la zona. Cuando los lugares que deberían servir de refugio también están expuestos a la violencia, huir deja de ser una alternativa sencilla: puede significar emprender un trayecto largo, sin garantías de seguridad ni recursos suficientes para completarlo.

La caída militar y las denuncias de ejecuciones

Las FAR anunciaron la toma de El-Fasher el 26 de octubre de 2025. El Ejército sudanés se retiró durante la madrugada del día siguiente y su jefe, Abdel Fattah al-Burhan, confirmó la retirada el 28 de octubre. El cambio de control abrió una nueva etapa para quienes seguían en la ciudad: de acuerdo con testimonios y organizaciones locales e internacionales, combatientes armados realizaron incursiones en viviendas y atacaron a civiles desarmados. La caída no puso fin a la violencia; en los días posteriores llegaron denuncias de ejecuciones y abusos en distintos puntos.

Los relatos describen ataques dentro de casas, en refugios para personas desplazadas, en instalaciones sanitarias y en los alrededores de la ciudad. También señalan el uso de armas de fuego, artillería y drones, además de violencia sexual contra mujeres y niñas. Parte de las acusaciones se apoya en testimonios, imágenes y vídeos difundidos en redes sociales; otros detalles todavía no han podido comprobarse de forma independiente. Esa diferencia importa: permite exponer la gravedad de las denuncias sin presentar cada relato como un hecho verificado por una investigación completa. El acceso limitado al terreno dificulta tanto la protección de la población como la comprobación de lo ocurrido.

Entre las cifras iniciales, distintas informaciones situaron en más de 2.000 el número de civiles ejecutados; otras elevaron el cálculo por encima de 2.500. No son recuentos cerrados, y las diferencias pueden responder a fechas distintas, fuentes que contabilizan incidentes diferentes y la dificultad de identificar a las víctimas. Por eso, el número debe leerse como una estimación de una matanza denunciada, no como un balance final. La incertidumbre sobre el total no borra, sin embargo, la coincidencia entre testimonios y registros de ataques contra población civil.

El hospital Al Saud, un símbolo del colapso

Uno de los episodios más graves denunciados tuvo lugar en el hospital materno-infantil Al Saud. Las estimaciones difundidas sitúan entre 460 y 500 el número de médicos, pacientes y acompañantes muertos en el centro. La Organización Mundial de la Salud confirmó asesinatos y denunció que varios trabajadores sanitarios fueron retenidos y que se exigieron rescates para liberarlos. El ataque dejó sin protección a personas enfermas y a quienes intentaban atenderlas, en un contexto en el que el sistema sanitario de la ciudad ya estaba al límite.

El Sindicato de Médicos de Sudán afirmó que otros 1.200 civiles murieron en centros médicos distintos. La cifra forma parte de las denuncias recopiladas tras la toma y debe atribuirse a quienes la comunicaron, no tratarse como un recuento verificado de forma independiente. Aun con ese matiz, los relatos sobre hospitales atacados muestran por qué muchas familias quedaron sin un lugar seguro al que acudir. Cuando un centro de salud se convierte en un escenario de violencia, también se rompe una de las últimas redes de protección disponibles para pacientes, heridos y desplazados.

Las denuncias no se limitan a las muertes. Se informó de personal sanitario tomado como rehén y de exigencias de rescate que, según la Organización Mundial de la Salud, superaban los 150.000 dólares en algunos casos. También hubo relatos de pacientes y acompañantes asesinados dentro del hospital. El edificio, que debía ofrecer atención y refugio, aparece así en el centro de una tragedia más amplia: la destrucción de servicios esenciales acompañó el avance de la ofensiva.

Por qué la ciudad parece vacía

La expresión ciudad fantasma describe una ausencia visible, pero no explica por sí sola qué les ocurrió a sus habitantes. Hay al menos tres destinos que pueden coexistir: algunas personas murieron; otras huyeron hacia localidades cercanas o campos de desplazados; y otras pudieron quedar retenidas, secuestradas o fuera de cualquier registro humanitario. La falta de comunicaciones, la inseguridad en las rutas y la imposibilidad de entrar libremente en la ciudad hacen difícil separar esos grupos. Que una persona no figure entre quienes llegaron a un campamento no demuestra que haya muerto, pero sí revela una brecha de información alarmante.

La ONU calculó que más de 26.000 personas huyeron de El-Fasher en dos días, principalmente hacia Tawila. Esa cifra recoge movimientos registrados durante un periodo concreto; no representa necesariamente a todas las personas que salieron, ni permite saber cuántas permanecieron en ruta o buscaron refugio en otros lugares. Las noticias también describieron desplazamientos a pie y familias que trataban de escapar en condiciones extremas. En los días previos a la caída, las organizaciones humanitarias alertaron de que no existían rutas seguras para la población civil. La huida era posible para algunas personas, pero no estaba garantizada.

Además, las cifras de población citadas antes de la ofensiva no siempre miden lo mismo. Algunas se referían a quienes estaban atrapados en El-Fasher durante el asedio; otras mencionaban a una población mucho mayor en el área urbana y sus alrededores. Las estimaciones de cientos de miles de personas no equivalen a un registro nominal, y no se pueden restar mecánicamente de quienes llegaron a Tawila para deducir cuántos murieron. En una ciudad sometida a combates, desplazamientos repetidos y comunicaciones interrumpidas, la ausencia de un censo fiable convierte cualquier cálculo de desaparecidos en una estimación, no en una certeza.

Lo que aportan las imágenes y lo que no pueden demostrar

Las imágenes satelitales y el análisis de fuentes abiertas han servido para detectar cambios en zonas de la ciudad y sus alrededores. Los informes citados describen señales compatibles con fosas, restos humanos, quemas y destrucción. También se han difundido vídeos de combatientes disparando contra civiles y registros de cadáveres. Al coincidir con testimonios sobre ejecuciones, esas pruebas refuerzan la preocupación por una violencia extendida y por posibles intentos de ocultar sus rastros. La convergencia de indicios permite reconstruir patrones, aunque no cierre todos los casos.

Un satélite, sin embargo, no identifica a una víctima ni determina por sí solo la causa de una muerte. Una forma visible desde el espacio puede ser compatible con una fosa o con restos, pero para confirmarlo hacen falta acceso sobre el terreno, investigación y, cuando es posible, pruebas forenses. Lo mismo vale para las imágenes de vídeo: pueden aportar detalles sobre lugares, secuencias y autores, pero requieren verificación y contexto. La evidencia remota es valiosa precisamente cuando se explica qué demuestra y qué queda fuera de su alcance.

La posibilidad de que se hayan movido o eliminado cuerpos agrava el problema. Los informes sobre enterramientos y señales de quema plantean la inquietud de que algunas escenas hayan sido alteradas después de los ataques. Sin acceso continuado no se puede establecer con precisión qué ocurrió en cada lugar ni quién dio órdenes concretas. Pero, si los restos se trasladan o se destruyen, reconstruir los hechos se vuelve más difícil y las familias pueden quedarse sin respuestas. La opacidad no es un detalle secundario: condiciona tanto el recuento de víctimas como cualquier futura rendición de cuentas.

Hambre, desplazamiento y una salida sin garantías

La crisis humanitaria no terminó con la retirada del Ejército. Antes de la caída, la ciudad llevaba meses con suministros insuficientes y con graves dificultades para recibir ayuda. Médicos Sin Fronteras comunicó que entre los niños que llegaron a Tawila durante la semana anterior había casos de desnutrición aguda y grave. Esos datos describen a los menores atendidos o examinados en ese grupo y periodo; no permiten calcular por sí solos la situación de todos los niños de El-Fasher. Aun así, muestran el deterioro físico con el que parte de la población intentaba escapar. El hambre y la falta de atención médica acompañaron al desplazamiento.

Tawila se convirtió en uno de los principales destinos de quienes lograron salir, pero llegar allí no significaba encontrar condiciones suficientes. Los campos y asentamientos recibían a familias que habían huido de El-Fasher y de Zamzam, y los recursos humanitarios eran limitados. Las personas desplazadas necesitaban comida, agua y atención sanitaria tras recorrer rutas peligrosas; a su llegada podían encontrarse con nuevos problemas de hacinamiento y escasez. El refugio, por tanto, ofrecía una posibilidad de supervivencia, no una solución inmediata a la emergencia.

Los intentos de escapar también podían terminar en secuestros o extorsiones, según los informes disponibles. Se denunció que algunas personas fueron capturadas y que se pidió dinero a sus familias para liberarlas. La falta de rutas protegidas y de comunicación fiable hacía más difícil saber quién había conseguido llegar y quién seguía desaparecido. Así, la población que salía de la ciudad podía perder contacto con sus allegados sin que eso aclarase su destino: la huida y la desaparición podían confundirse en un mismo vacío de información.

Una guerra local con una historia más larga

El-Fasher no puede entenderse al margen de la guerra entre las FAR y las Fuerzas Armadas Sudanesas ni de la historia de Darfur. El conflicto iniciado en 2023 extendió los combates por el país y convirtió la ciudad en un enclave estratégico. Su posición como capital de Darfur del Norte y último bastión del Ejército en la región daba a su control un valor militar y político. Para la población, en cambio, esa importancia se tradujo en quedar atrapada en medio de fuerzas rivales y de una disputa por el territorio. La relevancia estratégica de la ciudad no protegió a sus habitantes.

Las denuncias de ataques dirigidos contra determinados grupos étnicos han añadido una dimensión especialmente grave a lo ocurrido. También han aparecido acusaciones de limpieza étnica y genocidio. Son términos con un significado jurídico preciso, cuya aplicación exige analizar pruebas, patrones e intención; no basta con la magnitud de una matanza para establecer por sí sola una calificación legal. Lo que sí puede describirse, a partir de los informes reunidos, son ejecuciones, desplazamientos forzados, violencia sexual y ataques contra civiles. La evaluación jurídica corresponde a investigaciones competentes, no a una etiqueta improvisada.

La memoria de las atrocidades cometidas en Darfur durante etapas anteriores del conflicto explica por qué las nuevas denuncias provocaron tanta alarma. Pero el contexto histórico no sustituye la verificación de cada hecho actual. Sirve para comprender la vulnerabilidad de la región y el temor de sus comunidades, así como la importancia de investigar si la violencia se dirigió contra civiles por su pertenencia étnica. La pregunta no es solo quién controla El-Fasher, sino qué condiciones permitirían que la población regresara sin quedar expuesta a nuevas represalias.

Lo que sigue sin saberse

El balance humano permanece abierto. Las estimaciones de más de 2.000 o 2.500 civiles muertos corresponden a denuncias posteriores a la toma, mientras que las cifras sobre quienes lograron escapar cubren periodos y destinos parciales. No hay un registro completo que permita determinar cuántas personas murieron, cuántas siguen detenidas, cuántas fueron secuestradas o cuántas alcanzaron lugares que no aparecen en los datos disponibles. La incertidumbre no significa que todas las versiones tengan el mismo peso: los testimonios, las imágenes y las alertas humanitarias ofrecen indicios convergentes, aunque todavía incompletos.

También falta establecer con detalle la cadena de mando y la responsabilidad de unidades concretas en los ataques denunciados. Los vídeos y testimonios pueden aportar elementos, pero no reemplazan una investigación que contraste fechas, lugares, identidades y órdenes. La ausencia de acceso regular a la ciudad y el riesgo para quienes podrían documentar los hechos ralentizan ese trabajo. Cada demora puede complicar la conservación de pruebas, especialmente si las escenas se alteran o las personas que sobrevivieron se dispersan.

Por eso, el vacío de El-Fasher tiene dos dimensiones. Está la ciudad con menos habitantes de los que se esperaba encontrar y están las historias que no han podido reconstruirse: familias separadas, pacientes que desaparecieron durante el ataque al hospital y civiles cuyo recorrido se interrumpió en una carretera o en un centro de detención. La ciudad no quedó vacía por una sola causa ni todas las ausencias significan lo mismo. El cerco, el hambre, la ofensiva y el miedo se acumularon hasta hacer de la supervivencia una carrera sin garantías.

El silencio urbano y las vidas que faltan

La imagen de una ciudad casi deshabitada no equivale al final de la historia. Para quienes huyeron, la guerra continúa en el desplazamiento y la falta de recursos; para quienes quedaron atrás, el destino puede seguir sin aclararse. Y para quienes buscan a familiares, una cifra general no sustituye un nombre ni confirma dónde está una persona. El recuento importa, pero también importa identificar a quienes no aparecen en él.

El caso de El-Fasher reúne los mecanismos que pueden vaciar una ciudad sin que exista una única explicación: asedio prolongado, colapso de servicios, ataques contra civiles, rutas de salida inseguras y desplazamiento forzado. Las denuncias de fosas y eliminación de pruebas añaden otra preocupación, porque podrían dificultar que se conozca la escala real de los crímenes. A medida que se esclarezcan los hechos, será posible distinguir con más rigor lo confirmado de lo que todavía permanece como indicio.

Mientras no haya acceso suficiente, un registro fiable de desplazados y una investigación independiente, el número final seguirá siendo incierto. Pero la falta de una cifra cerrada no convierte la ciudad vacía en un misterio sin explicación: los datos disponibles apuntan a una población expulsada por la guerra, atrapada por el cerco y expuesta a violencia extrema tras la toma. Detrás del silencio de El-Fasher hay personas cuyo paradero y cuya historia siguen pendientes de ser esclarecidos.