¿Por qué EE UU quiere salir de la OMS y cuándo lo hará?

EE.UU. activa su salida de la OMS en 2026: claves, fechas y efectos en financiación y respuesta a emergencias, con el llamamiento de Tedros.

La decisión está tomada en Washington y el calendario corre: Estados Unidos notificó en enero de 2025 su intención de abandonar la Organización Mundial de la Salud, lo que activa un plazo de 12 meses para que la retirada sea efectiva. Si no hay marcha atrás, el país dejará de ser Estado miembro de pleno derecho en enero de 2026. En Ginebra, la respuesta ha sido inequívoca. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lanzó un “último llamamiento” para evitar la ruptura y resumió el diagnóstico en tres palabras: “Todos perderemos”. Perdería Estados Unidos, que se quedaría sin una plataforma global de alerta temprana y de influencia sanitaria. Perdería el resto, que cuenta con su financiación, su músculo técnico y su red de centros de control como pieza clave del engranaje mundial.

¿Por qué lo hace Washington? La Casa Blanca sostiene que la OMS necesita reformas de gobernanza, independencia y transparencia; critica la gestión de crisis recientes —desde la COVID-19 hasta brotes más discretos—, y acusa al organismo de haber sido lento y permeable a presiones políticas. Con ese relato sobre la mesa, reactivó el procedimiento de retirada que ya se intentó en 2020 y que entonces quedó sin efecto. El anuncio de Tedros de este 11 de diciembre busca abrir una última ventana de negociación: hasta que venza el plazo, Estados Unidos puede frenar o revertir el proceso por vía política o legal. En paralelo, la OMS y los Estados socios han acelerado conversaciones sobre financiación básica y reglas de respuesta a emergencias, porque la brecha que dejaría el mayor donante gubernamental no se cubre con un simple cambio de partidas.

Panorama y cronología, sin eufemismos

El intento de salida de 2025 no nace en un vacío. Durante la pandemia, en 2020, la Administración estadounidense de entonces comunicó su voluntad de abandonar la agencia sanitaria, pero el movimiento quedó desactivado en 2021 tras el relevo político. Cinco años después, y con otro cambio de rumbo en la política federal, la notificación de enero de 2025 volvió a poner en marcha el reloj: doce meses de cuenta atrás, con la posibilidad —no automática— de arreglar diferencias a golpe de reformas y compromisos verificables. La OMS respondió con un plan de trabajo centrado en tres frentes: reforzar su financiación de base (las cuotas estatutarias), acelerar las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y cerrar de una vez el marco del llamado acuerdo de pandemias que los países llevan negociando desde 2021.

En ese contexto llega el “último llamamiento” de Tedros. La frase no es un recurso retórico: es una constatación de cuánto se juega el sistema sanitario internacional cuando un miembro con peso presupuestario, técnico y diplomático amenaza con salir por la puerta. También es una apelación al pragmatismo. Washington ha sido, a la vez, el socio más crítico y el más decisivo en la construcción de normas sanitarias globales: desde la definición de alertas internacionales hasta la orientación de programas de seguridad sanitaria, pasando por la financiación de laboratorios de referencia y la cooperación de los CDC con decenas de países. Desandar ese camino en doce meses no es sencillo y, sobre todo, no es barato.

Qué perdería Estados Unidos si rompe con la OMS

Más allá de cualquier lectura política, hay un cálculo frío de interés propio. La OMS no es un “gobierno mundial de la salud”, pero sí una central de estándares, datos y coordinación. El acceso temprano a información verificada, la posibilidad de influir en guías técnicas que siguen gobiernos y empresas, y el asiento en el órgano que activa y desactiva emergencias de salud pública son activos de seguridad nacional. Estados Unidos ha usado esas palancas durante décadas para proteger a su población, su economía y sus tropas desplegadas. Renunciar a ese canal institucional obliga a recrear, con mayor coste y peores garantías, mecanismos bilaterales o regionales que ya existen, pero que no cubren todo el mapa y no siempre hablan el mismo lenguaje.

Hay además una dimensión industrial y científica. Estados Unidos lidera consorcios de investigación, fabrica vacunas y antivirales, y participa en cadenas de suministro que, en emergencias, dependen de habilitaciones regulatorias, precalificación y compras coordinadas. La OMS cumple ahí una función silenciosa que no se ve en titulares: legitima procesos, homologa procedimientos y evita que cada país imponga condiciones incompatibles. Quedarse fuera no corta esas relaciones de un día para otro, pero añade fricción, multiplica trámites y resta influencia cuando se discuten estándares de calidad, ensayos clínicos o listados de uso de emergencia.

Qué perdería la OMS (y el resto del mundo)

En lo operativo, el golpe es a la caja y a la capacidad de desplegar equipos rápido. En los últimos ciclos, EE UU se ha situado sistemáticamente como primer donante gubernamental de la OMS si se suman cuotas obligatorias y contribuciones voluntarias para programas —desde vacunación hasta emergencias—. La organización trabaja en el bienio 2024-2025 con un presupuesto aprobado que ronda los 6.800 millones de dólares. Sustraer en poco tiempo la porción estadounidense crea un agujero difícil de parchear sin recortar programas o pedir a los demás que pongan más. Y no todos pueden. Ni quieren etiquetar su dinero igual.

La segunda pérdida es operativa. Equipos como la GOARN (la red mundial de alerta y respuesta), las misiones de campo para contener brotes de cólera o sarampión, o la vigilancia genómica que permite detectar variantes de virus, dependen de personal, de logística y de convenios de cooperación que a menudo viajan en tándem con fondos y expertise estadounidenses. Hay, por supuesto, otros donantes —la Unión Europea, Alemania, Reino Unido, Japón, fundaciones filantrópicas—, pero el reparto actual de tareas y dinero se diseñó contando con Estados Unidos dentro. Reconfigurarlo a contrarreloj tiene coste de oportunidad y riesgo de brechas allí donde los programas ya van justos.

Lo que alega Washington: críticas, reformas y política doméstica

El argumentario de la Casa Blanca se apoya en tres pilares. Primero, que la OMS actuó con lentitud en ciertas crisis, especialmente en los primeros compases de la COVID-19, cuando cada semana contaba. Segundo, que la organización ha sido susceptible a presiones de algunos Estados miembros y que no siempre ha comunicado con independencia. Tercero, que su modelo de financiación, basado en una mayoría de aportes voluntarios “etiquetados” por los donantes para programas concretos, distorsiona prioridades y reduce su capacidad de maniobra.

En parte, esas críticas son compartidas por expertos independientes y por otros gobiernos. Por eso, desde 2022 avanza un paquete de reformas para aumentar el peso de las cuotas estatutarias —la “financiación núcleo” que da estabilidad— y reducir la dependencia de fondos condicionados. También se negocian nuevas reglas para investigaciones en origen de brotes, intercambio de muestras y datos, y garantía de acceso equitativo a contramedidas médicas. La diferencia con Washington es el método: para un bloque amplio de países, el camino lógico es reformar desde dentro. Para el Gobierno estadounidense actual, amenazar con la salida es una palanca legítima para acelerar cambios. La política interior juega su papel: el multilateralismo sanitario se convirtió en símbolo dentro de una discusión mayor sobre soberanía, ciencia y costes.

Qué dice el reglamento: cómo se abandona una agencia de la ONU

La salida de una organización internacional no es un gesto performativo; es un procedimiento. La práctica consolidada en el sistema de la ONU establece que, tras una notificación formal, corre un plazo de un año antes de que la retirada sea efectiva. Hasta que venza el plazo, el país mantiene derechos y obligaciones; después, pierde voto, asiento y acceso a determinados órganos y servicios. Quedan además los compromisos financieros pendientes. No hay un “botón de salir” que borre todo lo anterior: si un país reingresa más tarde, debe regularizar su situación y el proceso pasa otra vez por notificación y aceptación.

La OMS, que es una agencia especializada con reglas propias y una Constitución adoptada por los Estados, aplica ese mismo esquema general. De ahí la fecha de enero de 2026 como horizonte probable de efectividad si nada cambia. Hasta entonces, cada semana cuenta para calibrar si hay margen de transacción política o si, por el contrario, la organización tiene que preparar un escenario sin Estados Unidos dentro, con ajustes contables y redistribución de funciones.

Qué se ha negociado ya y qué queda por cerrar

Las conversaciones técnicas han producido algunos avances. En 2024, la Asamblea Mundial de la Salud acordó enmiendas puntuales al RSI para mejorar plazos y transparencia en la notificación de eventos y refinar los mecanismos de emergencia. En paralelo, siguieron las negociaciones del acuerdo de pandemias, con capítulos sobre acceso a vacunas y tratamientos, propiedad intelectual en crisis, financiación sostenible y vigilancia. Aquí no hay consenso cerrado: varios países condicionan su apoyo a garantías sobre soberanía de datos y equidad, mientras que Washington insiste en evitar obligaciones vinculantes que, a su juicio, irían más allá de lo razonable para una agencia técnica.

La otra pata es la financiación. Los Estados miembros aceptaron aumentar gradualmente la proporción de cuotas para acercarla a la mitad del presupuesto a finales de la década, lo que daría a la OMS mayor previsibilidad y autonomía. Ese compromiso, sin embargo, requiere que los países paguen a tiempo y que quienes más tienen asuman un esfuerzo mayor. Si Estados Unidos sale, la ecuación se complica: hay menos ingresos totales y crece la tentación de re-etiquetar fondos voluntarios para prioridades nacionales, justo lo que se intenta corregir.

Programas y personas detrás de las cifras

Hablar de millones puede resultar abstracto. Mejor aterrizarlo. La lucha contra la polio —que está en su fase final, con brotes residuales que exigen vacunaciones quirúrgicas y respuestas rápidas— depende en gran medida de fondos internacionales y de una logística que no se improvisa. Las campañas de sarampión y rubéola, que evitan miles de muertes infantiles al año, se sostienen con un calendario milimétrico de suministros y personal. La respuesta a brotes de cólera —que reaparecen allí donde fallan el agua potable y el saneamiento— necesita no solo vacunas orales, sino equipos de campo capaces de montar centros de rehidratación y asegurar cloro en horas. Todo eso forma parte del día a día de la OMS y sus socios.

La vigilancia genómica merece mención aparte. Identificar variantes de virus o mutaciones bacterianas a tiempo puede cambiar una estrategia entera. Para eso, la OMS coordina redes de laboratorios que comparten secuencias y herramientas bioinformáticas con protocolos comunes. Muchos de esos nodos se han construido con cooperación técnica y financiación donde los CDC estadounidenses y la OMS colaboran estrechamente. Cortar ese puente obligaría a reacomodar flujos de datos y a firmar convenios nuevos país por país. No imposible. Sí ineficiente y lento.

Soft power, industria y diplomacia sanitaria

Hay un componente de poder blando que no conviene subestimar. Estados Unidos ha moldeado la agenda global de salud desde los años noventa, con iniciativas bilaterales —PEPFAR contra el VIH/sida— y marcos multilaterales —la propia OMS, Gavi o el Fondo Mundial—. Esa combinación de dinero, conocimiento y diplomacia le ha dado autoridad para orientar prioridades, impulsar innovación y defender estándares en regulación de medicamentos, bioseguridad o ensayos clínicos. Renunciar a una de las mesas principales —la OMS— dejaría espacio a otros actores para fijar reglas del juego. Y las reglas, como sabe cualquier industria, muchas veces valen más que un contrato.

También hay intereses empresariales legítimos. Las farmacéuticas con sede en Estados Unidos operan en mercados donde la precalificación de la OMS facilita compras de gobiernos y organismos multilaterales. Universidades y centros de investigación estadounidenses lideran proyectos que necesitan marcos éticos y compartición de muestras transfronteriza. Mantener influencia en esas conversaciones no es un lujo: es estrategia.

Lo que dicen los aliados y los organismos regionales

La Unión Europea ha defendido de forma consistente que reformar y financiar mejor la OMS es la vía para que la institución funcione. Gobiernos africanos, a través de los CDC África, insisten en que sin una OMS sólida se debilita el sistema de alerta en un continente que convive con brotes constantes. En Asia y América Latina, bloques subregionales ven con preocupación una retirada estadounidense que puede encarecer insumos, atrasar compras conjuntas y dispersar esfuerzos. Las ONG especializadas, con su mirada lúcida sobre el terreno, aportan una idea simple: en las emergencias, la coordinación no es un bonus, es la diferencia entre que un envío llegue en tres días o en tres semanas.

¿Hay alternativas realistas fuera de la OMS?

Estados Unidos no se quedaría sin opciones. Puede reforzar acuerdos bilaterales vía CDC, financiar directamente a fondos verticales (como el Fondo Mundial o Gavi) y apoyarse en alianzas como la Global Health Security Agenda. Es posible incluso tejer coaliciones ad hoc para vigilancia, ensayos clínicos o compras. La pregunta es si ese mosaico, por sí solo, puede sustituir a la OMS como marco común. La experiencia reciente sugiere que no: cuando la crisis es global —pandemia, escasez de jeringuillas, ruptura de cadenas de suministro—, se necesita una mesa central que reparta roles, defina criterios y reduzca duplicidades. De lo contrario, el riesgo es la fragmentación y, con ella, un uso menos eficiente de cada dólar.

Lo que puede pasar de aquí a enero de 2026

El margen para revertir la salida existe. Políticamente, bastaría una decisión ejecutiva o una ley que instruya al Gobierno a mantener la membresía, respaldada por un compromiso de reformas verificables con calendario claro. Diplomáticamente, la OMS puede poner sobre la mesa hitos concretos: más cuotas y menos dependencia de aportes condicionados; reglas vinculantes para datos de brotes; mayor independencia de comités técnicos. Contablemente, varios donantes podrían ofrecer puentes financieros para cubrir baches en 2025-2026 mientras se estabiliza el modelo.

También cabe el escenario contrario: que no haya acuerdo y que EE UU consuma la retirada. En ese caso, el organismo debería redistribuir programas, ajustar prioridades y buscar sustitutos para cooperación técnica y financiación. No sería el fin de la OMS, pero sí un punto de inflexión con consecuencias prácticas: menos presencia en terreno, más tensión en la cartera de emergencias, más peso de donantes con agendas específicas. Y, sobre todo, una pérdida de legitimidad compartida en la fijación de normas en la que, hasta ahora, Estados Unidos ha sido imprescindible.

Preguntas que sobrevuelan el debate (y respuestas que ya se pueden dar)

¿Se trata solo de dinero? No. Se trata de reglas, datos y tiempos de respuesta. El dinero importa, y mucho, pero la esencia de la OMS es coordinar información fiable y decisiones cuando hay incertidumbre. ¿Significa que la OMS no deba cambiar? Al contrario: el proceso de reformas en curso es necesario para reducir burocracia, blindar la independencia científica y mejorar la comunicación de riesgos. ¿Puede Estados Unidos proteger su seguridad sanitaria fuera? Parcialmente, sí, con sus CDC y su red de acuerdos. ¿Al mismo coste y con la misma capacidad de influencia global? Probablemente no.

En el terreno simbólico, la salida mandaría un mensaje complicado: que en plena década marcada por la COVID-19 y la amenaza de nuevas pandemias, uno de los arquitectos del orden sanitario decide quitarse de la mesa principal. Para algunos países, podría ser coartada para pagar menos o mirar a otro lado. Para otros, una llamada a redoblar esfuerzos. Para los ciudadanos, la traducción se mide con una vara simple: tiempos de respuesta cuando aparece un virus nuevo, calidad de las guías clínicas que siguen los hospitales, disponibilidad de vacunas y tratamientos a precio razonable. Eso es lo que está en juego, por debajo de los discursos.

Nombres propios y responsabilidades compartidas

En este tablero figuran Tedros Adhanom Ghebreyesus y su equipo, con la tarea doble de gestionar una organización compleja y convencer a su miembro más influyente de que quedarse merece la pena. En el otro lado, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y los CDC, que deben sopesar costes y beneficios reales, más allá del impacto simbólico. En la esfera legislativa, el Congreso estadounidense puede respaldar o bloquear un giro, con un ojo puesto en encuestas y en la opinión de gobernadores, universidades y empresas del sector salud. Y en el círculo más amplio, Bruselas, Berlín, Londres, Tokio y capitales africanas y latinoamericanas calibran cuánto están dispuestas a poner —en dinero y en flexibilidad— para sostener una OMS útil y respetada.

Una lección aprendida de la pandemia es que la salud global no se subcontrata. La interdependencia sanitaria no depende de afinidades políticas: los virus viajan con los aviones y con los camiones. Por eso, incluso quienes comparten buena parte de las críticas a la OMS consideran que la solución pasa por reformar más rápido, no por abandonar. En el fondo, la disyuntiva es simple: mejorar la herramienta común o romperla y asumir los costes de construir otra cosa peor.

Lo que se juega en la balanza del día a día

Más allá de las grandes líneas, la retirada alteraría rutinas invisibles que sostienen servicios de salud en decenas de países. La precalificación de medicamentos que usan ministerios de salud para comprar genéricos con garantía; la validación de diagnósticos rápidos; los manuales para tratar dengue o malaria en zonas rurales; la coordinación con aerolíneas y puertos cuando se declaran emergencias; los simulacros que preparan a hospitales para picos de demanda. Nada de eso se improvisa y todo depende de protocolos acordados. En ese tejido fino, Estados Unidos aporta método, personal, fondos y legitimidad. Cortarlo sería un experimento arriesgado.

A esta hora, la noticia es clara: la OMS ha pedido a Estados Unidos que no se vaya y ha advertido de un perjuicio compartido si la salida se consuma. El procedimiento, sin embargo, no está cerrado. Hay margen para un acuerdo que salve la membresía a cambio de reformas medibles en gobernanza, financiación y transparencia. Y hay, si no, un camino para que la organización se adapte a un ecosistema más fragmentado, con el coste que eso implica para la respuesta a brotes y para la estabilidad de programas esenciales.

La ventana que aún puede evitar la ruptura

Los hechos dejan poco espacio a la ambigüedad. EE UU activó la cuenta atrás en enero de 2025 y el plazo de un año marca enero de 2026 como punto de no retorno. Entre medias, la OMS ha movido ficha con reformas, ha reiterado su mensaje —“Todos perderemos”— y ha intentado contener la incertidumbre operativa.

La decisión final, sin embargo, no se tomará en Ginebra, sino en Washington. Si prevalece la lógica del interés mutuo, habrá un pacto: más independencia y previsibilidad financiera para la OMS; más control y garantías para Estados Unidos. Si no, empezará una etapa más costosa y lenta para todos. No es un debate teórico ni un choque de egos burocráticos: se medirá en tiempos de respuesta, en vidas y en confianza. Y ahora mismo, eso es exactamente lo que se intenta proteger.