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Naturaleza

¿Dónde se roba agua en España y qué seis acuíferos están en peligro?

Una investigación sitúa más de 80.000 hectáreas bajo sospecha de riego irregular y señala seis acuíferos españoles especialmente amenazados.

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se roba agua en España

Resumen

  • Más de 80.000 hectáreas presentan indicios de riego irregular
  • El Alto Guadiana concentra el mayor volumen, con más de 39.000 hectáreas
  • Doñana, Baza, Los Arenales y el sureste también soportan fuerte presión

En España hay más de 80.000 hectáreas de cultivos que estarían regándose con agua procedente de extracciones con claros indicios de ilegalidad. No están concentradas en un rincón remoto ni responden a un único caso: se reparten entre seis grandes zonas de aguas subterráneas, desde Castilla-La Mancha hasta Doñana, pasando por Castilla y León, Granada, Murcia, Alicante y Almería. La superficie afectada equivale a unos 800 kilómetros cuadrados, bastante más que todo el término municipal de Madrid.

La fotografía procede de una investigación de WWF desarrollada durante más de año y medio. El caso más voluminoso aparece en el Alto Guadiana, donde más de 39.000 hectáreas presentan indicios de utilizar aguas subterráneas extraídas irregularmente. Después aparecen Los Arenales, con 16.481 hectáreas; el eje sureste de la cuenca del Segura, con 15.230; Baza, con más de 4.000; el entorno de Doñana, con más de 3.300; y el Campo de Cartagena, con 3.271. Los datos no describen seis anécdotas separadas, sino distintas versiones del mismo problema: agricultura intensiva, acuíferos sometidos a una presión enorme y un recurso que está bajo tierra, fuera de la vista, hasta que empieza a faltar.

Más de 80.000 hectáreas bajo sospecha

Hablar de “robo de agua” resulta contundente, y no por casualidad: es la expresión elegida por WWF para titular su investigación. Conviene, sin embargo, precisar qué significa. La organización ha cruzado cartografía administrativa de parcelas con derechos de riego con imágenes del satélite Sentinel-2, sistemas de información geográfica, ortofotografías y, en determinadas zonas, comprobaciones sobre el terreno realizadas en 2025. Los últimos datos administrativos completos empleados corresponden principalmente a 2023 y 2024.

De esa comparación salen superficies cultivadas cuyo riego no encajaría con los derechos de agua reconocidos. De ahí la fórmula repetida en el estudio: “claros indicios de ilegalidad”. No significa que exista una sentencia firme o un expediente sancionador concluido para cada una de esas hectáreas. La diferencia jurídica importa. La detección, tramitación y clausura de captaciones irregulares implica procedimientos administrativos y judiciales complejos, con registros de derechos, inspecciones y expedientes que pueden alargarse.

Lo que sí ofrece el trabajo es una radiografía territorial difícil de ignorar. Y bastante precisa: dónde aparece el cultivo, qué superficie ocupa, qué derecho de riego consta y cómo ha evolucionado el terreno. El satélite, dicho de otra forma, ha convertido en bastante menos invisible lo que ocurre bajo el suelo.

Alto Guadiana, el gran agujero de La Mancha

El punto más delicado está en el Alto Guadiana. WWF calcula que más de 39.000 hectáreas de cultivos de La Mancha se riegan con aguas subterráneas que presentan claros indicios de extracción irregular. Es, con diferencia, la mayor superficie detectada entre las seis áreas estudiadas.

La cifra tiene una derivada ambiental especialmente sensible porque hablamos del sistema hídrico del que dependen espacios como Las Tablas de Daimiel y, dentro de la cuenca, numerosos humedales y ecosistemas asociados a las aguas subterráneas. Un acuífero no es simplemente un depósito enterrado del que se puede sacar agua hasta que el contador llegue a cero. Alimenta manantiales, mantiene caudales y sostiene ecosistemas de superficie; cuando su nivel baja durante años, arriba empiezan a aparecer las cicatrices.

Ahí reside una parte del problema que suele perderse entre hectómetros cúbicos, concesiones y expedientes. Extraer demasiada agua no provoca necesariamente una escena espectacular al día siguiente. No hay una sirena. El deterioro puede llegar despacio: baja el nivel freático, deja de manar una fuente, una zona húmeda permanece seca más tiempo, cambia la vegetación. El acuífero tiene memoria, y sus tiempos son mucho más lentos que los de una campaña agrícola.

El sureste y Baza abren otros frentes

El segundo gran eje señalado por la investigación cruza Albacete, Alicante y Almería. WWF calcula 15.230 hectáreas de cultivos regados con agua cuya extracción presenta indicios claros de ilegalidad. Casi tres cuartas partes se concentran en Albacete, con más de 11.500 hectáreas.

Aquí aparece una de las tendencias que más preocupan a la organización: el desplazamiento geográfico del regadío intensivo. Mientras determinadas zonas endurecen controles o reducen superficies irregulares, surgen o crecen plantaciones en territorios cercanos. No es que un pozo haga las maletas, claro, pero el modelo agrícola puede desplazarse allí donde todavía hay suelo, agua disponible o una supervisión menos intensa.

Baza, en Granada, ofrece otro dato áspero. Más de 4.000 hectáreas presentarían indicios de regarse con extracciones irregulares, alrededor del 62% de toda la superficie regada estudiada en la comarca. WWF estima en 8,34 hectómetros cúbicos el volumen asociado a esas captaciones y advierte de una presión particularmente elevada sobre algunas masas subterráneas.

No es un asunto abstracto. Cuando la extracción supera persistentemente la capacidad de recuperación del acuífero, pueden bajar los niveles piezométricos —la altura a la que se encuentra el agua subterránea—, disminuir los caudales de manantiales y aumentar la competencia entre agricultura, abastecimiento urbano y conservación ambiental. El grifo doméstico y el almendro intensivo pueden terminar mirando al mismo depósito.

Doñana, Mar Menor y Los Arenales no evolucionan igual

En Doñana hay señales de mejora, pero sería precipitado confundirlas con un problema resuelto. WWF estima en algo más de 3.300 hectáreas la superficie en posible situación irregular dentro del entorno del acuífero Almonte-Marismas. La organización aprecia avances en el control de determinados cultivos de frutos rojos, especialmente en La Rocina, aunque alerta al mismo tiempo del crecimiento de plantaciones intensivas de olivar en otras áreas.

El estado general del acuífero sigue siendo delicado. En 2026 se señaló que tres de sus cinco masas de agua subterránea permanecían en mal estado cuantitativo por la sobreexplotación y se volvió a advertir de que el deterioro sostenido podía afectar a los valores ambientales que hicieron de Doñana un espacio de relevancia internacional. España deberá presentar un nuevo informe sobre su conservación antes del 1 de febrero de 2027.

El Campo de Cartagena, junto al Mar Menor, ofrece en cambio uno de los movimientos claramente favorables del mapa. La superficie con indicios de riego irregular habría pasado de unas 11.000 hectáreas en 2019 a 3.271 en 2024, mientras que el volumen de agua subterránea extraído en esas condiciones habría disminuido alrededor de un 65%.

La evolución coincide con años de mayor intervención pública después de las graves crisis ecológicas sufridas por el Mar Menor: legislación autonómica específica, declaración de masas subterráneas en riesgo, expedientes sobre regadíos sin derechos y nuevas actuaciones de recuperación ambiental. No significa que la laguna esté fuera de peligro ni que hayan desaparecido los usos irregulares. Significa algo más modesto, pero relevante: cuando aumenta la vigilancia, el problema puede reducirse.

Los Arenales, acuífero extendido entre Segovia, Valladolid y Ávila, presenta una mejoría mucho más leve. La superficie regada con agua bajo sospecha de extracción irregular habría bajado de unas 17.000 hectáreas en 2019 a 16.481 en 2023. Medio millar de hectáreas menos, sí; todavía una extensión enorme.

Qué significa realmente “indicios de ilegalidad”

Hay una diferencia fundamental entre detectar un cultivo que aparentemente utiliza agua sin derecho suficiente y declarar jurídicamente ilegal una captación concreta. WWF trabaja con información territorial y administrativa para localizar incompatibilidades; las confederaciones hidrográficas y, cuando corresponde, los tribunales son quienes deben completar los procedimientos que determinan responsabilidades y permiten sancionar o cerrar captaciones.

Ese matiz evita una simplificación peligrosa: no toda hectárea señalada equivale automáticamente a una condena. Al mismo tiempo, tampoco convierte el fenómeno en una mera sospecha difusa. La Administración reconoce desde hace años problemas de captaciones no regularizadas y ha reforzado herramientas como contadores, inspecciones y teledetección. El control de las aguas subterráneas depende cada vez más de cruzar información administrativa con observación remota.

El conflicto, en realidad, mezcla dos velocidades. El cultivo produce cada temporada; un expediente administrativo puede necesitar años. Entre medias se sigue bombeando agua, salvo que existan medidas cautelares o se produzca el cierre. Ese desfase explica por qué las organizaciones ambientales reclaman procedimientos más rápidos y mayores recursos para los organismos de cuenca.

Un acuífero agotado no se recupera con una multa

La discusión sobre el agua ilegal suele presentarse como un pulso entre agricultores y ecologistas, pero esa caricatura se queda pequeña. También hay agricultores con concesiones legales que compiten por un recurso limitado y para quienes una extracción clandestina significa algo bastante tangible: alguien utiliza sin derecho el agua por la que ellos sí están sometidos a restricciones, controles y costes.

Después está el daño ambiental. Los acuíferos amortiguan sequías, almacenan agua prácticamente sin pérdidas por evaporación y sostienen ríos, humedales, fuentes y vegetación. Son una especie de cuenta de ahorro hídrica acumulada bajo nuestros pies. Sacar durante años mucho más de lo que entra se parece poco a utilizar un embalse: recuperar ciertos niveles puede exigir largos periodos incluso después de reducir las extracciones.

Y queda un tercer problema, menos fotogénico: la información. Saber exactamente cuánto se extrae de miles de pozos, qué parcela utiliza cada captación, qué derecho tiene reconocido y cuánto debería bombear obliga a combinar contadores, inspecciones, registros y satélites. Sobre el papel parece sencillo. Sobre miles de kilómetros cuadrados de territorio agrícola, no lo es.

Precisamente por eso resultan relevantes los avances registrados en el Campo de Cartagena. No demuestran que exista una receta milagrosa, pero sí que la combinación de control administrativo, vigilancia y restauración puede alterar la tendencia. Donde las cifras apenas se mueven, o incluso empeoran, la fotografía es bastante menos tranquilizadora.

El agua que falta termina apareciendo en el paisaje

España conoce bien sus embalses porque están a la vista. Se fotografían cuando se llenan, cuando bajan, cuando reaparecen pueblos sumergidos. Los acuíferos carecen de ese dramatismo televisivo. Permanecen debajo de un olivar, una carretera, un pueblo o una llanura aparentemente idéntica a la del año anterior. Esa invisibilidad es parte de su fragilidad.

Las más de 80.000 hectáreas bajo sospecha importan, por tanto, más allá de la cifra. Alto Guadiana concentra el mayor volumen; Albacete emerge como nuevo foco; Baza soporta una presión extraordinaria; Doñana continúa en una situación comprometida; Los Arenales mejora muy lentamente y el Campo de Cartagena demuestra que la tendencia puede cambiar cuando los controles aprietan.

El agua extraída hoy permite mantener una cosecha. La que no vuelve al acuífero puede faltar mucho después, cuando nadie recuerde ya qué pozo la sacó. Esa es la paradoja de las aguas subterráneas españolas: parecen abundantes mientras permanecen ocultas. Solo cuando empiezan a desaparecer entendemos todo lo que sostenían.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.