¿Dónde cuesta más la electricidad y qué puesto ocupa España en 2026?

Bermudas encabeza la clasificación mundial de la electricidad residencial más cara, con un precio medio de 0,466 dólares por kilovatio hora, mientras Irán aparece en el extremo contrario con apenas 0,003 dólares. Entre ambos existe una diferencia superior a 155 veces: la misma cantidad de energía que cuesta tres dólares en un mercado rondaría los 466 en el otro. No es una errata ni un pequeño descuadre estadístico. Es un abismo energético, económico y político.

España ocupa el puesto 28 entre los mercados domésticos más caros, con una media de 0,253 dólares por kWh durante el periodo comprendido entre 2023 y el primer trimestre de 2026. Está muy lejos de Bermudas, Irlanda o Italia, pero tampoco pertenece al confortable club de los países con electricidad barata. Queda prácticamente empatada con El Salvador, inmediatamente por detrás de Uruguay y por delante de Grecia, Suecia y Portugal.

La clasificación retrata algo más profundo que una sucesión de recibos. El precio final depende de la política energética, la facilidad para importar combustible, el estado de las infraestructuras, los impuestos, las ayudas públicas y el tamaño del mercado. También interviene una cuestión menos visible: quién paga realmente el sistema. A veces lo hace el consumidor en la factura; otras, el contribuyente mediante subvenciones; en ciertos países productores, la renta del petróleo o el gas. La electricidad barata no siempre es barata. En ocasiones, simplemente tiene la cuenta escondida en otro cajón.

El mapa mundial de la electricidad más cara y más barata

Después de Bermudas aparece Irlanda, con 0,447 dólares por kWh. Italia ocupa la tercera posición, con 0,415, seguida por las Islas Caimán, con 0,411. Alemania alcanza los 0,406 dólares, mientras Bélgica y el Reino Unido comparten prácticamente el mismo nivel, 0,404. Liechtenstein registra 0,402, Suiza 0,366 y Dinamarca cierra los diez primeros puestos con 0,361 dólares por kWh.

La parte superior tiene dos protagonistas recurrentes: las economías europeas y los territorios insulares que dependen de combustibles importados. Chequia y Austria se sitúan justo después del grupo de cabeza, ambas por encima de los 0,35 dólares. Bahamas alcanza los 0,348, Chipre los 0,340 y Cabo Verde los 0,329. Barbados, Guatemala y Estonia completan los primeros 18 puestos. La geografía, a veces, cobra intereses.

En el otro extremo, Irán figura con 0,003 dólares por kWh, Etiopía con 0,006 y Kirguistán con 0,014. Irak, Sudán, Cuba y Bután rondan los 0,015 dólares, mientras Angola marca 0,016. Zambia y Egipto permanecen por debajo de los 0,025 dólares. Son cifras que, observadas desde una cocina europea mientras el horno y la vitrocerámica trabajan, parecen de otro planeta. Pero no describen por sí solas ni la calidad del servicio ni el coste real de producirlo.

El estudio compara los precios finales pagados por los consumidores residenciales, incluidos el suministro de energía, el transporte, la distribución, los impuestos y los recargos. Para evitar que una crisis puntual o una rebaja temporal distorsionen por completo la fotografía, toma como referencia las medias registradas entre 2023 y 2026. El conjunto reúne alrededor de 150 mercados y utiliza un consumo anual representativo para cada uno.

Ese detalle importa. En muchos países existe un término fijo que encarece cada kilovatio cuando el consumo es pequeño. En otros funcionan tarifas sociales para los primeros tramos y precios más altos a partir de cierto límite. Comparar únicamente el número impreso junto a la abreviatura kWh puede resultar tan engañoso como comparar alquileres sin mirar los salarios, la superficie del piso o si el techo tiene la costumbre de gotear.

Europa convierte el recibo en un pequeño tratado fiscal

Europa domina buena parte de las primeras posiciones porque el consumidor no paga únicamente los electrones que llegan a casa. En el recibo conviven el coste de generación, la comercialización, el mantenimiento y ampliación de las redes eléctricas, los impuestos, las políticas climáticas y distintas cargas reguladas. No todos los países ordenan esos conceptos de la misma forma, pero el resultado termina en el mismo lugar: la cifra que aparece en la cuenta bancaria.

Durante el segundo semestre de 2025, Irlanda tuvo el precio doméstico más elevado de la Unión Europea, con 0,4042 euros por kWh, seguida por Alemania, con 0,3869; Bélgica, con 0,3499; y Dinamarca, con 0,3312. La media comunitaria se situó en 0,2896 euros. En el lado más barato quedaron Hungría, Malta y Bulgaria, con precios comprendidos entre 0,1082 y 0,1355 euros por kWh.

Los impuestos y gravámenes representaron el 28,9% del precio medio europeo en la segunda mitad de 2025. En Dinamarca alcanzaron el 49,1%. En Luxemburgo y Países Bajos, en cambio, el peso estadístico fue negativo porque las ayudas y compensaciones superaron determinadas cargas. El recibo eléctrico europeo, como se ve, puede albergar hasta números bajo cero sin que nadie haya inventado todavía el enchufe que devuelve billetes.

La evolución de 2025 ofrece otra paradoja. El componente formado por energía, suministro y redes bajó ligeramente en la Unión Europea durante la segunda mitad del año. Sin embargo, el precio final aumentó debido al crecimiento de los impuestos y las cargas tras la retirada gradual de las medidas de apoyo implantadas durante la crisis energética. La electricidad se abarataba por un lado y se encarecía por otro. Un clásico administrativo.

En la comparación europea también pesa el diseño de cada mercado eléctrico. Algunos países trasladan con rapidez al consumidor las oscilaciones del mercado; otros utilizan contratos fijos, ayudas o tarifas reguladas que amortiguan el golpe. El precio internacional del combustible puede ser semejante, pero la factura que llega a dos viviendas separadas por una frontera termina contando historias bastante distintas.

Las islas pagan la distancia, el combustible y su pequeño tamaño

Bermudas, las Islas Caimán, Bahamas, Barbados y Cabo Verde aparecen entre los mercados más caros por razones bastante terrenales. Sus sistemas eléctricos son pequeños, están aislados y no pueden apoyarse con facilidad en una gran red regional. Buena parte de la generación depende de combustibles trasladados por barco, sometidos al precio internacional, al transporte y a los costes portuarios.

Una red continental puede intercambiar electricidad, repartir reservas y utilizar centrales de distintos territorios cuando una tecnología falla o la demanda se dispara. Una isla posee menos margen. Necesita mantener capacidad suficiente para cubrir sus propias puntas de consumo y afrontar averías sin que un cable procedente del vecino acuda al rescate. Las economías de escala son menores y cada infraestructura se reparte entre menos usuarios.

Bermudas ilustra bien el fenómeno. Su tarifa residencial llegó a rozar los 0,499 dólares por kWh en algunos registros de 2025, por encima incluso de la media de 0,466 utilizada en la clasificación plurianual. El territorio obtiene la primera posición no porque haya decidido convertir la bombilla en artículo de lujo, sino porque combina aislamiento, dependencia energética exterior, costes de red y un mercado diminuto.

El tamaño también condiciona la inversión. Una central, un depósito de combustible o una subestación cuestan millones tanto si abastecen a una población enorme como si sirven a unas pocas decenas de miles de hogares. Cuando la base de clientes es reducida, cada usuario soporta una porción mayor. El mar, tan fotogénico en los folletos, se transforma en una frontera cara cuando toca mover combustible, repuestos y maquinaria pesada.

Qué paga realmente un hogar cuando enciende la luz

El mercado mayorista y el recibo doméstico son parientes, pero no gemelos. El primero refleja cuánto cuesta comprar electricidad en un momento determinado. El segundo incorpora muchas más capas: contratos de suministro, márgenes comerciales, redes, contadores, impuestos, cargos regulados y mecanismos de apoyo. Entre la central y la tostadora hay una larga tubería administrativa.

Por eso una jornada con precios mayoristas muy bajos no transforma automáticamente la factura mensual. Los contratos fijos suavizan tanto las caídas como las subidas; las comercializadoras compran parte de la energía con antelación; los peajes de red no desaparecen cuando sopla mucho viento; y los impuestos obedecen a decisiones públicas, no al humor del mercado horario.

En 2025, el precio mayorista medio de la electricidad en la Unión Europea aumentó alrededor de un 10%, hasta unos 95 dólares por megavatio hora. El encarecimiento coincidió con una subida del gas y de los derechos europeos de emisión de CO₂. Aun así, esos movimientos no se trasladaron de manera idéntica a todos los hogares porque cada Estado aplicó contratos, gravámenes y apoyos diferentes.

La factura también financia la red física: kilómetros de líneas, subestaciones, transformadores, mantenimiento, digitalización y capacidad para absorber más energía renovable. Una placa solar puede producir electricidad muy barata al mediodía, pero alguien debe llevarla hasta las ciudades, gestionar el exceso, mantener reservas para la noche y reforzar el sistema cuando aparecen nuevos centros de datos, vehículos eléctricos o bombas de calor. La energía puede caer del cielo; el cableado, por desgracia, todavía no.

El gas conserva una influencia considerable en los mercados europeos porque las centrales que lo utilizan suelen marcar el precio en horas de escasa producción renovable o gran demanda. La eólica y la solar reducen el coste de generación cuando están disponibles, aunque su expansión exige redes, almacenamiento y mecanismos de respaldo. El sistema no funciona con una única tecnología ni con un eslogan impreso sobre fondo verde.

Las redes añaden una parte estable que no depende directamente del precio diario. Los impuestos responden a la política fiscal y energética. Los contratos, finalmente, determinan cuánto y cuándo llega al usuario la variación del mercado. Cuatro países vecinos pueden comprar electricidad en sistemas conectados y terminar presentando facturas muy distintas.

Aquí nace buena parte de la confusión pública. Cuando baja el mercado mayorista, se espera que el recibo caiga con la misma velocidad. Cuando no ocurre, aparecen sospechas comprensibles. Sin embargo, una factura es el resultado de costes acumulados durante periodos diferentes. También hay inercias, coberturas y decisiones regulatorias. La opacidad no ayuda, claro; un documento que necesita intérprete simultáneo para saber cuánto cuesta poner una lavadora tampoco es precisamente una victoria pedagógica.

España ocupa el puesto 28, pero cada estadística ofrece una foto distinta

La media española de 0,253 dólares por kWh coloca a España en el puesto 28 de la clasificación global para 2023-2026. Queda por debajo de Francia, con 0,276; Luxemburgo, con 0,258; y Australia, con 0,257. Aparece empatada con El Salvador y apenas por encima de Grecia, con 0,251; Suecia, con 0,241; y Portugal, con 0,237. Estados Unidos, como referencia, se sitúa en el puesto 55 con 0,186 dólares.

La cifra no significa que todos los hogares españoles hayan abonado exactamente ese precio. Es una media internacional expresada en dólares y calculada a partir de distintos trimestres. El tipo de cambio altera la comparación, igual que el nivel de consumo, la tarifa contratada y el momento elegido. En septiembre de 2025, la estimación para España rondó los 0,240 euros por kWh, incluidos energía, redes, impuestos y cargos.

Eurostat ofrece una cifra diferente porque emplea otra metodología. Para los hogares con un consumo anual situado entre 2.500 y 5.000 kWh, España registró aproximadamente 0,2926 euros por kWh en el segundo semestre de 2025, ligeramente por encima de la media de la Unión Europea, situada en 0,2896. No hay contradicción misteriosa: cambian el periodo, la banda de consumo, las fuentes utilizadas y la manera de agregar contratos y tarifas.

Esta distinción resulta decisiva para interpretar titulares sobre la luz. Un índice puede medir una tarifa representativa de septiembre; otro, el promedio semestral de un grupo de consumo; un tercero, únicamente el mercado mayorista. Los tres pueden ser correctos y, al mismo tiempo, describir realidades distintas. La estadística no miente por usar lentes diferentes, aunque conviene mirar qué cristal lleva puesto antes de indignarse.

España ha avanzado con rapidez en generación renovable. Según los datos del sistema eléctrico, en 2025 las fuentes limpias produjeron alrededor del 55,5% de la electricidad nacional, porcentaje que ascendió al 56,6% al incluir la estimación del autoconsumo. La potencia total instalada alcanzó aproximadamente 142,5 gigavatios y durante el año se añadieron cerca de 10 GW de solar fotovoltaica y eólica.

Los registros de Red Eléctrica muestran que, contando el autoconsumo, cerca del 68,9% de la potencia instalada era renovable. Esa transformación presiona a la baja el coste de producir electricidad en numerosas horas, pero no borra de golpe el resto de la factura. España necesita reforzar redes, aumentar el almacenamiento, gestionar excedentes solares, atender el crecimiento de la demanda y mantener tecnologías capaces de responder cuando no hay sol ni viento.

En 2025, el consumo eléctrico aumentó alrededor de un 2,8%, hasta superar los 256.000 GWh. Al incluir el autoconsumo, la demanda total se aproximó a 270.000 GWh. La electrificación del transporte, la climatización y determinados procesos industriales seguirá elevando esa necesidad. Producir más será importante; hacerlo de forma estable, flexible y asumible, todavía más.

El país posee una ventaja potencial considerable: abundancia solar, un parque eólico amplio y capacidad para exportar electricidad. España cerró 2025 como exportador neto por cuarto año consecutivo. Pero convertir esa ventaja natural en precios finales persistentemente bajos exige almacenamiento, interconexiones, competencia comercial y una regulación que distribuya bien los costes. El sol puede ser gratis; aprovecharlo durante la cena de enero, no tanto.

El espejismo del kilovatio casi gratis

Irán aparece como el país con la electricidad residencial más barata, seguido por varias economías con tarifas reguladas, abundantes recursos energéticos o subvenciones públicas. Qatar, Kuwait, Arabia Saudí y Argelia también figuran en la zona baja de la tabla gracias al acceso a combustibles domésticos y a políticas que mantienen el precio pagado por los hogares muy por debajo de los niveles europeos.

Eso no significa que producir, transportar y distribuir esa electricidad cueste realmente 0,003 o 0,03 dólares. Significa que el consumidor desembolsa esa cantidad de forma directa. La diferencia puede cubrirse con ingresos públicos, beneficios de empresas estatales, exportaciones de hidrocarburos o deuda. El coste no desaparece; cambia de bolsillo y, a veces, se vuelve invisible.

El Fondo Monetario Internacional advierte de que las subvenciones energéticas tienen consecuencias fiscales importantes, pueden desplazar otros gastos públicos, favorecer un consumo ineficiente y beneficiar de forma desproporcionada a los hogares con mayor renta, que suelen consumir más energía. También reducen el incentivo para invertir en eficiencia y tecnologías menos contaminantes.

Una tarifa demasiado baja puede dificultar igualmente el mantenimiento de las compañías eléctricas. El Banco Mundial ha señalado que muchas empresas de servicios públicos en economías en desarrollo no generan ingresos suficientes para cubrir siquiera sus costes operativos y financieros básicos. Los precios artificialmente bajos, las pérdidas en distribución y la falta de inversión alimentan un círculo de redes débiles y servicio irregular.

También debe considerarse el poder adquisitivo. Un kWh puede ser nominalmente barato y, aun así, representar un esfuerzo severo para una familia con ingresos reducidos. Cuando el precio se corrige según la capacidad económica de los hogares, el mapa cambia. Países que parecen relativamente asequibles en euros corrientes pueden convertirse en mercados gravosos, mientras otros con tarifas altas resultan menos duros para quienes tienen salarios mayores.

Eurostat utiliza el estándar de poder adquisitivo para corregir parcialmente esa distorsión. Con esa medida, Rumanía tuvo durante parte de 2025 una de las electricidades domésticas más costosas de la Unión Europea, seguida por Chequia y Polonia. Malta, Hungría y Finlandia registraron una carga menor. Alemania, líder habitual en euros corrientes, deja de ocupar la primera posición cuando el precio se compara con la capacidad económica de los hogares.

El ranking tampoco mide de manera directa la continuidad del suministro, la frecuencia de los apagones, el acceso universal o la calidad de las redes. Pagar poco por un servicio intermitente no ofrece la misma ventaja que disponer de electricidad estable durante todo el día. Del mismo modo, una tarifa elevada puede financiar una red resistente, limpia y capaz de responder a una demanda compleja. No siempre ocurre, desde luego; pagar mucho tampoco garantiza que cada euro haya encontrado una ocupación honorable.

El kilovatio cuenta la historia de cada país

La clasificación deja una respuesta clara: Bermudas tiene la electricidad residencial más cara e Irán la más barata, mientras España ocupa el puesto 28 con un precio medio internacional de 0,253 dólares por kWh. Europa concentra numerosos mercados caros; las islas sufren el aislamiento y la dependencia de combustibles importados; los países productores o con fuertes subvenciones aparecen en la zona barata.

Pero el dato central no es únicamente la distancia de más de 155 veces entre los dos extremos. Es la razón de esa distancia. En cada recibo se mezclan geografía, recursos naturales, impuestos, redes, decisiones políticas, ayudas y niveles de renta. El precio pagado en casa es solo la parte visible, la espuma sobre un sistema enorme.

España se encuentra en una posición intermedia incómoda: posee una de las mayores bases renovables de Europa y una producción cada vez más limpia, pero su precio doméstico continúa alrededor de la media comunitaria y, según el periodo analizado, puede superarla ligeramente. El desafío no consiste únicamente en producir electricidad barata. También hay que transportarla, almacenarla, distribuirla y decidir quién paga cada infraestructura.

Ahí está el verdadero mapa. No en una competición infantil por ver qué Estado luce el número más pequeño, sino en la arquitectura que sostiene ese número. Hay tarifas bajas financiadas por petróleo, recibos altos que mantienen redes complejas, impuestos que desaparecen durante una crisis y regresan cuando el temporal parece haber pasado. El enchufe no entiende de propaganda. Simplemente revela, cada vez que se enciende una lámpara, las prioridades y contradicciones del país que hay detrás.