¿Cómo destaparon a dos policías infiltrados en Madrid?

Dos policías infiltrados en colectivos de Madrid, identidades falsas, años de espionaje y un escándalo que golpea la política

En Madrid no se ha destapado una trama de película, con maletines, gabardinas y humo de sótano. Lo que salió a la luz fue algo bastante más áspero y bastante más moderno: dos agentes de la Policía Nacional que, bajo identidades falsas, se movieron durante años dentro de colectivos antifascistas y antirrepresivos de la capital. Una de ellas actuó con el nombre de María Peres en Distrito 104, en Aluche, y en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid. El otro, conocido como Juancar, se integró sobre todo en el entorno de Distrito 14, en Moratalaz, después de entrar por espacios como un gimnasio popular de Vallecas. Las dos infiltraciones fueron reconstruidas por los propios activistas y publicadas por varios medios.

Lo relevante no es solo el descubrimiento, sino el dibujo completo. No estaban dentro de partidos institucionales al uso, ni en despachos con moqueta, ni en comités ejecutivos con corbata floja a las once de la noche. Se metieron en organizaciones de base, asamblearias, muy de barrio, donde la política pasa por la protesta, la cartelería, el apoyo mutuo, los piquetes, los gimnasios populares, las convocatorias contra desahucios o las movilizaciones antifascistas. Ahí convivieron, escucharon, participaron y ganaron confianza. Y ahí empezó el escándalo: porque, según lo que se ha ido conociendo, no ha trascendido una causa judicial concreta que explicara esas infiltraciones ni tampoco una explicación pública convincente sobre qué perseguían exactamente en esos entornos madrileños.

Un mapa de barrios, siglas y militancia de base

La escena madrileña en la que se movieron estos agentes no era uniforme. Distrito 104 se define como una asamblea antifascista, anticapitalista y feminista de Aluche. El MAR Madrid, por su parte, ha articulado campañas ligadas a la amnistía de personas a las que considera presos políticos y convocó movilizaciones por la entrada en prisión de Pablo Hasél o contra la OTAN. Distrito 14, en Moratalaz, ha sido otro de los nodos más citados en las informaciones publicadas: un espacio de militancia de barrio, con vida propia, donde se mezclaban la protesta, la organización comunitaria y los vínculos cotidianos. Eso importa porque desmonta una caricatura muy cómoda para algunos: no se trataba de una célula clandestina, sino de colectivos visibles, legales y con actividad pública.

Por eso el caso ha tenido tanta carga política. Si un Estado infiltra a alguien en una estructura mafiosa, el relato social suele ser comprensible. Si lo hace en un tejido militante de barrio, donde además no constaban acusaciones concretas conocidas contra esos colectivos en el periodo descrito, la discusión cambia de temperatura. Ya no va de seguridad en abstracto; va de hasta dónde puede llegar la vigilancia preventiva sobre espacios ideológicos incómodos, ruidosos, radicales si se quiere, pero insertados en la vida pública de la ciudad. Ahí está el nervio del asunto. Y ahí, también, donde el caso deja de ser una anécdota madrileña para convertirse en una discusión de democracia bastante más seria.

María Peres, tres años dentro de Aluche y del MAR

La infiltración atribuida a la agente conocida como María Peres fue, por duración y profundidad, la que mejor retrató ese método de inmersión lenta. Llegó a Madrid desde Alicante al final del verano de 2020 con una biografía fabricada: estudios por la UNED, trabajo como cuidadora, vida discreta. A partir de ahí empezó a aparecer en entornos antifascistas, primero en un gimnasio y después en los canales abiertos de convocatoria de Distrito 104. Su primera entrada documentada en ese ecosistema quedó asociada a la manifestación antifascista del 20 de noviembre de 2020. Desde entonces fue ocupando espacio, como quien no quiere molestar pero termina estando siempre en la foto.

Las personas que compartieron militancia con ella la describieron como reservada, muy disponible y extrañamente obediente. No destacaba por un gran discurso político; más bien al revés. Según esos testimonios, respondía con asentimientos, no dominaba códigos elementales de esos ambientes y, aun así, se ofrecía para todo. En organizaciones donde la confianza se gana con presencia constante, eso vale oro para una infiltración. Iba a asambleas, a convocatorias, a centros sociales y a sedes políticas; se dejaba ver en la Coordinadora Antifascista, en espacios como La Atalaya, la EKO de Carabanchel, La Traba, La Ferroviaria, La Ingobernable, La Casika de Móstoles e incluso en sedes del Partido Comunista. No era una presencia decorativa. Estaba dentro del flujo.

Cuando una infiltrada deja de mirar y empieza a actuar

La parte más delicada del caso es que María Peres no se habría limitado a mirar desde la esquina. Participó en pintadas, en la colocación de pancartas, en una acción para teñir una fuente de rojo y en los disturbios vinculados a las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél. También se movió en actos del MAR Madrid, incluido el entorno de la protesta anti-OTAN de junio de 2022. En otras palabras: no parecía una infiltrada que tomara notas al margen, sino una militante más, metida en las dinámicas y en las acciones, con la plasticidad suficiente para pasar desapercibida. Esa es precisamente la parte que deja más poso. Porque cuando la infiltración funciona, no se nota; lo que se nota llega después, cuando todo el pasado empieza a hacer ruido.

Un Bizum, el BOE y el derrumbe de la coartada

La caída de María Peres no tuvo nada de épica. No hubo una persecución ni una confesión a media luz. Lo que hubo fue método, memoria colectiva y pequeñas grietas. Los colectivos empezaron a sospechar tras la aparición de otros casos y fueron atando cabos hasta identificar el nombre completo falso que usaba, gracias incluso a un Bizum con el que había pagado gastos compartidos. A partir de ahí rastrearon su perfil en redes, siguieron el hilo hasta el BOE, donde localizaron a una agente cuyas iniciales y trayectoria encajaban, y terminaron de confirmar la identidad cruzando imágenes con perfiles familiares y fotografías de academias de preparación policial. La historia, vista así, tiene algo muy del presente: una infiltración de años y un derrumbe construido con rastros digitales mínimos.

Ese detalle del BOE añade una capa importante. La investigación situó a la agente en una promoción policial graduada en 2020, justo antes de desplegar su identidad falsa en Madrid. Es un patrón que aparece repetido en otros casos conocidos: agentes jóvenes, recién salidos de Ávila, colocados en entornos militantes poco después de jurar el cargo. No es un matiz menor. Sugiere planificación, no improvisación; un diseño que parece más de estructura que de ocurrencia. Desde Interior y desde la Policía se han dado respuestas genéricas, poco concretas, casi de manual. Traducido al castellano de la calle: explicaciones, muy pocas.

Juancar, Moratalaz y la infiltración con apariencia de rutina

El segundo caso madrileño que terminó de prender la mecha fue el de Juancar, nombre falso tras el que se situó al agente Carlos P.M. La historia arranca también en 2020, apenas unos meses después de terminar su formación en la Academia de Ávila. Su primer contacto con un entorno politizado fue el gimnasio popular La Fábrika, en Vallecas, donde entrenaba MMA. Después apareció en una asamblea de Distrito 14 y fue entrando en la rutina del colectivo con una biografía de manual: joven estudiante o trabajador precario, simpático, algo tímido, con ganas de arrimar el hombro y tiempo libre para lo que hiciera falta. Demasiado tiempo libre, quizá.

Quienes le trataron cuentan que estaba en todas partes. En todas. Asambleas, quedadas, movilizaciones, acciones a horas raras, días laborables, planes de fiesta, partidos, tareas menores y tareas incómodas. Esa disponibilidad permanente fue una de las rarezas que más pesó después. Otra fue la inconsistencia de su relato personal: decía trabajar en instalaciones de aire acondicionado, subía imágenes de una supuesta furgoneta laboral, pero aparecía con una frecuencia difícil de compaginar con un empleo normal. Incluso hubo detalles domésticos, casi de novela costumbrista, que levantaron sospechas, como el agua marrón del piso que supuestamente habitaba y ofrecía al colectivo para llenar bidones. Pequeñas cosas. Las pequeñas cosas suelen arruinar las buenas mentiras.

Qué hacía dentro del colectivo

Dentro de Distrito 14, Juancar participó en acciones contra casas de apuestas, en movilizaciones frente a mesas informativas de Vox, en piquetes por un conflicto laboral en una pescadería, en convocatorias para parar desahucios y hasta en un equipo del Mundialito Antirracista de 2021. No consta que su perfil fuera el de agitador puro ni el de quien empuja al grupo a la violencia a cada paso; más bien se le retrata como alguien integrado, útil y socialmente hábil, justo el tipo de figura que obtiene información porque nadie siente necesidad de protegerse frente a ella. Ese es el mecanismo. No hace falta que el infiltrado mande; basta con que esté.

La pieza que encajaba con otras anteriores

El caso Juancar no apareció en el vacío. En septiembre de 2023 ya se había publicado la infiltración de otro agente en movimientos sociales madrileños, también vinculado a Distrito 14 y al MAR. A partir de ahí, los militantes empezaron a preguntarse si la salida de un topo no habría sido cubierta por otros. La investigación sobre Juancar apuntó precisamente a eso: a una especie de relevo, con los espacios repartidos y una continuidad operativa entre unos agentes y otros. En el relato reconstruido por los propios colectivos, ambos llegaron a coincidir brevemente en asambleas y acciones, algo que reforzó la sospecha de un trabajo escalonado. No un accidente, otra vez, sino una cadena.

La historia de Juancar, además, no se quedó congelada en la hemeroteca. En febrero de 2026, la justicia volvió a reabrir la causa por amenazas dirigidas presuntamente por Carlos P.M. a un militante de Distrito 14 después de hacerse pública su identidad. El juzgado estimó un recurso contra el archivo por prescripción al considerar mal calculados los plazos. Es decir: el caso no solo dejó una bronca política y moral; dejó también ramificaciones judiciales posteriores. Y eso desmiente la tentación tan española de convertir ciertos escándalos en niebla al cabo de dos tertulias y tres días de ruido.

Qué buscaban realmente y por qué el debate no se apaga

La pregunta de fondo sigue siendo la misma: qué buscaban exactamente. Lo que se ha conocido en Madrid dibuja a dos agentes insertados en colectivos legales, con actividad orientada a conocer rutinas, vínculos, espacios, dinámicas y repertorios de protesta. En el caso de Juancar, su trayectoria parece la de quien se pega al tejido cotidiano de un barrio militante; en el de María, la de quien amplía radio y conecta nodos de distintos espacios de la izquierda radical madrileña. La lógica parece menos policial en el sentido clásico del término y más cartográfica: saber quién es quién, quién se mueve con quién, quién convoca, quién arrastra, qué lugares articulan redes.

Ahí aparece la diferencia decisiva entre perseguir delitos concretos y recolectar información preventiva sobre un ecosistema político. Ese es el punto que ha encendido el debate jurídico y político. Una cosa es infiltrar a un policía en una organización criminal con una investigación en marcha; otra, muy distinta, es enviar a alguien con identidad falsa a pasar años dentro de colectivos ideológicos, culturales o vecinales para extraer información de forma preventiva. Ahí se abre la grieta. Y es una grieta política, jurídica y también moral.

Del barrio al Congreso

Ese malestar no se quedó en los movimientos sociales. En marzo de 2025, Sumar registró en el Congreso una proposición de ley para limitar estas infiltraciones y reservar el uso de identidades supuestas a supuestos graves como terrorismo, narcotráfico o trata. La iniciativa partía de una idea sencilla, aunque explosiva: que los casos destapados revelaban un patrón de abuso y una posible vulneración de derechos como la intimidad, la reunión y la manifestación. No era ya una protesta de esquina. Era una batalla institucional.

Ese salto al Congreso sirve para medir el tamaño real del asunto. Cuando una democracia discute si sus cuerpos de seguridad se han internado demasiado en ciertos espacios de disidencia, lo que está debatiendo no es solo la legalidad de una técnica policial. Está discutiendo cómo mira el poder a la protesta, qué considera amenaza y cuánto está dispuesto a invadir antes de que exista delito alguno. La vieja tentación de vigilar a los incómodos, dicho sin adornos. Muy de Estado moderno. Muy de expediente técnico. Y, precisamente por eso, menos inocente de lo que suena en una respuesta oficial.

Madrid después del disfraz

Lo que dejan estos dos casos madrileños no es solo la exposición de dos nombres falsos. Dejan una sospecha más ancha, una fractura de confianza dentro de espacios donde la política se construye con cercanía, convivencia y cuerpo presente. Durante años, una militante podía ser una policía. Un compañero de asamblea, también. Alguien que te pedía que le acercaras en coche, que llenaba bidones contigo, que iba al fútbol sala, que colgaba pancartas, que aparecía en una mani nocturna, que decía sí a todo. Ese es el daño menos visible: cuando la infiltración no persigue solo información, sino que contamina retrospectivamente la memoria entera de un grupo.

Madrid, en este caso, funciona como espejo. Porque lo que se ha contado sobre María Peres y Juancar no habla solo de Aluche, Moratalaz, Vallecas o el MAR. Habla de un modelo de vigilancia que, según lo conocido, se metió en la política de base con rostro amable y biografía prestada. Habla también de la dificultad de obtener explicaciones claras del Ministerio del Interior y de una discusión legal que sigue sin cerrarse del todo. Dos infiltrados descubiertos, sí. Pero detrás no hay solo dos historias personales. Hay una pregunta de fondo que sigue ahí, quieta, casi ofensivamente quieta: cuánto espionaje político puede tolerar una democracia antes de empezar a parecerse demasiado a aquello que dice vigilar.