¿Debe dimitir Sánchez o convocar elecciones tras la condena de Ábalos?

La condena de José Luis Ábalos no obliga jurídicamente a Pedro Sánchez a dimitir ni provoca por sí sola la caída del Gobierno. La Constitución no establece ese automatismo: el presidente puede continuar mientras conserve la confianza del Congreso, no renuncie al cargo y ninguna mayoría absoluta apruebe una moción de censura con un candidato alternativo.

Políticamente, la respuesta es bastante menos cómoda. Ábalos no era un concejal remoto ni un técnico perdido en un organigrama ministerial. Fue ministro de Transportes, secretario de Organización del PSOE y una figura decisiva en el regreso de Sánchez al liderazgo socialista. Una condena de 24 años y tres meses por corrupción cometida desde ese núcleo de poder exige algo más que apartar al condenado de la fotografía y señalar, con gesto severo, que se trataba de una manzana podrida.

Entre una dimisión inmediata y una convocatoria de elecciones generales, las urnas constituyen la salida democrática más sólida si Sánchez no logra reconstruir públicamente su autoridad, explicar qué controles fallaron y acreditar que conserva una mayoría capaz de gobernar. Continuar únicamente porque los números parlamentarios todavía aguantan sería legal. Pero la legalidad, por sí sola, es un suelo; nunca debería confundirse con el techo de la responsabilidad política.

La sentencia cambia el tamaño del problema

El Tribunal Supremo ha condenado a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a su antiguo asesor Koldo García a 19 años y ocho meses por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. El empresario Víctor de Aldama recibió cuatro años y medio, aunque evitará inicialmente el ingreso en prisión por su colaboración con la Justicia y deberá cumplir varias condiciones.

El fallo considera probado un sistema corrupto asentado en el Ministerio de Transportes durante la pandemia: contactos privilegiados, aprovechamiento de cargos públicos, adjudicaciones vinculadas a la compra de mascarillas y contraprestaciones económicas. No estamos, pues, ante una conversación desafortunada, un error administrativo ni una factura extraviada en un cajón. El Supremo describe una estructura criminal que utilizó resortes de la Administración en un momento especialmente delicado, cuando el país compraba material sanitario a toda prisa y la ciudadanía vivía confinada.

La dimensión política nace precisamente ahí. Sánchez nombró a Ábalos ministro y lo situó al frente de la maquinaria orgánica del PSOE. Eso no convierte al presidente en responsable penal de los delitos ajenos, ni permite afirmar que conociera la trama sin pruebas que lo acrediten. Conviene no convertir el Estado de derecho en una tertulia con toga. Sin embargo, sí existe una responsabilidad por haber elegido, sostenido y empoderado a quien terminó utilizando su posición de esta manera.

En democracia, los presidentes no responden únicamente por aquello que firman con su propia mano. También responden por la calidad de sus nombramientos, por los mecanismos de vigilancia que establecen y por su reacción cuando aparecen indicios graves. Es la vieja responsabilidad por elección y supervisión: menos cinematográfica que una conspiración, pero más seria institucionalmente.

PP y Vox exigen una salida inmediata

Alberto Núñez Feijóo ha trasladado la condena desde Ábalos hasta Sánchez. El líder del PP sostiene que el presidente debe dimitir y convocar elecciones porque el fallo afecta a quien fue uno de sus principales ministros y colaboradores políticos. Su secretario general, Miguel Tellado, ha presentado la sentencia como una condena al Gobierno y al llamado sanchismo, mientras Isabel Díaz Ayuso ha preguntado qué más necesita Sánchez para acudir a las urnas.

Vox ha empleado un registro parecido, aunque con más decibelios. Su portavoz nacional, José Antonio Fúster, ha reclamado la dimisión del presidente y elecciones inmediatas, alegando que Ábalos fue el hombre elegido por Sánchez para ocupar puestos decisivos en el partido y en el Ejecutivo. El argumento de la derecha es nítido: el condenado no creció en una maceta ajena, sino dentro del círculo político construido por el actual presidente.

La ofensiva tiene fundamento político, aunque también su inevitable capa de hipérbole. Una sentencia contra un exministro no es jurídicamente una condena al Consejo de Ministros entero, del mismo modo que la corrupción de un dirigente autonómico no convierte automáticamente en delincuente a toda su organización. Esa generalización sirve para una pancarta. Para gobernar un país resulta algo más endeble.

Feijóo pide elecciones, pero no mueve la censura

El punto débil del PP aparece cuando la exigencia abandona el micrófono y entra en el hemiciclo. La Constitución permite desalojar a un presidente mediante una moción de censura constructiva, pero obliga a presentar un candidato y reunir mayoría absoluta. Feijóo no dispone, por ahora, de esos 176 votos ni ha anunciado una moción con posibilidades reales de prosperar.

Pedir la dimisión desde la barrera resulta sencillo; poner una mayoría alternativa sobre la mesa exige hablar con partidos a los que el PP lleva años describiendo como una calamidad nacional. Ahí se encoge el discurso. La moción de censura es el momento de enseñar las cartas y, por ahora, Génova prefiere el atril.

Esto no invalida su reclamación de elecciones. Un partido puede considerar agotado a un Gobierno aunque no cuente con apoyos suficientes para sustituirlo. Pero revela algo importante: Sánchez está políticamente cercado, no parlamentariamente derrotado. La diferencia parece pequeña cuando arden los titulares; dentro del Congreso es un océano.

Moncloa condena a Ábalos y protege a Sánchez

El Gobierno ha reaccionado separando con bisturí al condenado del presidente. Moncloa afirma que condena sin matices las conductas acreditadas, reivindica su política de tolerancia cero y recuerda que el PSOE apartó a Ábalos cuando estalló el caso, le exigió que abandonara el escaño y terminó suspendiéndolo de militancia cuando se negó a hacerlo.

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, sostiene que se asumieron responsabilidades políticas desde el primer momento. Óscar López ha resumido la posición gubernamental afirmando que quien comete una irregularidad debe pagar, pertenezca al PSOE o al PP. Félix Bolaños ha expresado respeto por la sentencia y repulsa hacia la corrupción.

Sánchez, mientras tanto, ha dejado claro que pretende continuar. Un día después de conocerse la condena aseguró que el Ejecutivo seguirá adelante pese a las dificultades y las “piedras en el camino”, vinculando su permanencia a la ampliación de derechos y a las políticas sociales. Está previsto que comparezca en el Congreso el miércoles 24 de junio, una intervención que ha adquirido una gravedad bastante mayor de la prevista. Ya no basta con administrar el calendario legislativo: debe explicar cómo piensa recuperar la confianza deteriorada.

La defensa socialista tiene una base razonable. Ábalos dejó el Gobierno en 2021, fue apartado del grupo parlamentario socialista y sus delitos están siendo castigados por tribunales que han podido investigar y juzgar con autonomía. El funcionamiento de la Justicia demuestra que no existe impunidad institucional. Hasta ahí, cierto.

El problema llega cuando Moncloa pretende presentar la expulsión posterior como prueba suficiente de que todo el sistema funcionó bien. El caso no pregunta únicamente qué hizo el PSOE cuando la trama ya estaba en los periódicos, sino qué controles existían antes, cómo pudo operar aquella red desde un ministerio estratégico y por qué nadie detectó a tiempo movimientos que ahora han terminado en una condena histórica.

El debate sobre Aldama no borra el centro de la sentencia

Una parte del Gobierno y del PSOE ha concentrado sus críticas en el trato recibido por Víctor de Aldama. Óscar Puente ironizó sobre el premio concedido a quien delinque y después colabora, mientras la portavoz socialista Montse Mínguez cuestionó que el empresario pueda evitar la prisión. Yolanda Díaz también se mostró sorprendida por la suspensión de su pena.

La discusión es legítima. La colaboración con la Justicia puede reducir condenas, pero el contraste entre las penas de Ábalos y Koldo y la situación penitenciaria de Aldama produce una imagen difícil de digerir. El corruptor privado sale mucho mejor parado que los cargos públicos corrompidos. Nada nuevo bajo el sol, aunque esta vez el sol deslumbra.

Sin embargo, convertir a Aldama en el centro del debate supone mirar el dedo cuando la sentencia señala el ministerio. Su beneficio penal no absuelve a Ábalos, no reduce la gravedad de los hechos probados y no responde a la cuestión política que pesa sobre Sánchez. El empresario colaboró y obtuvo una recompensa judicial; el exministro fue condenado. Ambas cosas pueden resultar incómodas al mismo tiempo.

Los socios tensan la cuerda y el PSOE se divide

Los aliados parlamentarios del Gobierno no han reaccionado como un bloque. Sumar ha evitado exigir elecciones, pero reclama medidas concretas, explicaciones y una limpieza profunda dentro del PSOE. Su portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, ha recordado que la línea roja de su formación sería una financiación irregular del partido, algo que no forma parte de esta sentencia, aunque ha advertido de que Sánchez debe explicar cómo impedirá que vuelvan a repetirse conductas semejantes.

Aina Vidal, de los Comuns, ha celebrado la contundencia contra Ábalos y Koldo, pero ha atacado con dureza el beneficio otorgado a Aldama. Desde Más Madrid se exige al PSOE que ponga orden y deje de convertirse en un lastre para el espacio progresista. Es un respaldo vigilado: sostienen el Gobierno, pero ya no prestan gratuitamente el paraguas.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, no considera desproporcionada la condena a Ábalos y ha advertido a Sánchez de que el “y tú más” no basta. Es una crítica especialmente dañina porque alcanza el reflejo defensivo que ha dominado buena parte de la respuesta socialista: cada acusación se contesta señalando un caso del PP. Recordar la corrupción ajena puede ser pertinente; usarla como detergente para la propia nunca ha limpiado gran cosa.

Junts ha reprochado al PSOE que ponga el foco en Aldama cuando su antiguo ministro y secretario de Organización acaba de recibir una condena de más de dos décadas. El PNV mantiene una posición prudente y espera las explicaciones del presidente antes de fijar una conclusión definitiva. EH Bildu, en cambio, sostiene que la legislatura debe continuar, aunque reclama medidas de regeneración democrática.

Podemos ha cruzado una línea más severa. Ione Belarra considera que la situación es insostenible, afirma que Sánchez ya no sirve para gobernar y le exige dignidad y ética en lugar de limitarse a resistir. No es una petición formal de apoyo a Feijóo, pero sí la constatación de que una parte de la izquierda ha dejado de identificar automáticamente la supervivencia del presidente con la defensa del bloque progresista.

La grieta también atraviesa al socialismo. Felipe González atribuye a Sánchez una responsabilidad política evidente y plantea dos caminos: dimitir o convocar elecciones para que los ciudadanos ratifiquen o rectifiquen al Gobierno. Emiliano García-Page reclama explicaciones y autocrítica. Eduardo Madina ha subrayado que el verdadero asunto no es la suerte penal de Aldama, sino que un antiguo ministro y responsable orgánico del PSOE haya recibido una condena de esta magnitud.

Son voces distintas, algunas enfrentadas desde hace años a Sánchez, pero juntas dibujan un clima. Ya no se discute únicamente cómo resistir la ofensiva de la derecha. También se discute dentro de la izquierda si la resistencia, por sí misma, continúa siendo una virtud política o se ha convertido en una forma elegante de quedarse quieto.

Las urnas, la salida que devuelve la palabra

Sánchez no tiene una obligación constitucional de dimitir. Tampoco puede afirmarse que haya perdido la confianza del Congreso mientras sus socios no retiren el apoyo o aparezca una mayoría alternativa. El presidente conserva las facultades legales para continuar y para intentar completar la legislatura.

Pero la democracia parlamentaria no consiste únicamente en comprobar cada mañana si todavía quedan votos suficientes para evitar una derrota. También exige confianza pública, rendición de cuentas y una cierta higiene en la relación entre poder y responsabilidad. La condena de Ábalos ha roto la posibilidad de presentar el caso como un episodio menor, periférico o pendiente de aclaración. Hay hechos probados, penas extraordinariamente graves y un antiguo ministro enviado a prisión.

Sánchez puede someterse a una cuestión de confianza, impulsar una renovación profunda del Gobierno y del PSOE, presentar mecanismos verificables de control y conseguir que sus socios respalden expresamente esa respuesta. Sería una salida constitucional y políticamente defendible. Lo que ya no parece suficiente es repetir que la economía marcha, que la derecha exagera y que los demás también tienen manchas. Todo eso puede ser cierto y, aun así, no contestar a lo esencial.

Si el presidente no está dispuesto a renovar de manera explícita su confianza parlamentaria, convocar elecciones resulta más limpio que dimitir y dejar una sucesión cocinada entre despachos. Las urnas permitirían que los ciudadanos valorasen la condena, la reacción del Gobierno, la alternativa de Feijóo y la posición de cada socio. Sin atajos, sin salvadores autoproclamados y sin convertir una sentencia judicial en un golpe de efecto partidista.

La condena pertenece a Ábalos. La responsabilidad de decidir qué hacer con sus consecuencias políticas pertenece a Sánchez. Y, cuando un Gobierno ya no logra convencer de que puede resolver esa contradicción, devolver la palabra a los electores no constituye una derrota institucional. Es, sencillamente, democracia.