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¿Cuánto cobra un juez en España? García-Castellón detalla los sueldos
García-Castellón pone cifras al sueldo de jueces y magistrados en España y aclara por qué notarios y registradores suelen ganar bastante más.

Un juez que acaba de incorporarse a la carrera judicial cobra aproximadamente entre 2.800 y 3.300 euros netos al mes. En destinos de mayor responsabilidad, como la Audiencia Nacional, la horquilla puede moverse entre 4.000 y 5.500 euros netos, mientras que un magistrado del Tribunal Supremo superaría los 5.500 euros y podría rebasar los 6.000. Son las cantidades que Manuel García-Castellón ha considerado razonables durante una entrevista en el pódcast Rompiendo el Molde.
La respuesta contundente del magistrado jubilado llegó al compararse esos ingresos con los de otras profesiones jurídicas: un juez, sostuvo, no cobra lo mismo que un notario o un registrador. Su remuneración se parecería más a la de un abogado del Estado o a la de otros miembros de los altos cuerpos de la Administración. Conviene colocar una lupa sobre la frase, porque ni existe una nómina idéntica para todos los jueces ni los notarios y registradores perciben un salario público convencional.
García-Castellón pone cifras a los sueldos judiciales
Los entrevistadores plantearon a García-Castellón distintos tramos salariales. Para un juez recién llegado, la estimación fue de 2.800 a 3.300 euros netos mensuales. El antiguo titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional dio por buena esa aproximación.
Al hablar de un magistrado destinado en un órgano superior, la cantidad ascendió hasta una horquilla de 4.000 a 5.500 euros netos al mes. García-Castellón volvió a asentir, aunque sin presentar una tabla cerrada ni una nómina concreta. En el Tribunal Supremo, añadió, el sueldo sería algo superior a los 5.500 o 6.000 euros netos mencionados durante la conversación, pero tampoco mucho más.
El matiz importa. Las cantidades expresadas en neto dependen de la retención del IRPF, las circunstancias personales del perceptor y las cotizaciones aplicables. Dos magistrados con una remuneración bruta parecida pueden recibir ingresos distintos en su cuenta. La toga es uniforme; la nómina, bastante menos.
García-Castellón habla desde una carrera judicial iniciada en 1977 y prolongada durante varias décadas. Su jubilación forzosa por edad produjo efectos el 2 de septiembre de 2024, cuando todavía estaba destinado en el Juzgado Central de Instrucción número 6. Había dirigido investigaciones de enorme exposición pública, entre ellas Púnica, Lezo, Villarejo y Tsunami Democràtic.
Por qué no todos los jueces cobran lo mismo
La retribución judicial no consiste en una cifra única adherida al cargo. El sistema está compuesto por una parte fija, otra variable vinculada a objetivos y determinadas remuneraciones especiales. Dentro del tramo fijo aparecen el sueldo, la antigüedad, el complemento de destino y, cuando corresponde, el complemento específico. El Estado fija, complementa y vuelve a complementar; la burocracia española rara vez deja una cantidad caminando sola.
El sueldo base refleja la categoría profesional. La antigüedad incorpora los trienios acumulados. El complemento de destino tiene en cuenta la población, el órgano judicial y las características de la plaza, mientras que el específico retribuye circunstancias singulares de responsabilidad, complejidad o penosidad.
También puede existir una parte variable ligada al rendimiento individual. No es consolidable y no debe confundirse con el núcleo permanente de la nómina. A ello se suman posibles guardias, sustituciones, servicios extraordinarios o responsabilidades concretas. Por eso resulta engañoso tomar el sueldo base, dividirlo entre doce y presentarlo como la cantidad que cobra un juez. Faltaría buena parte del cuadro.
El sueldo base es solo el esqueleto de la nómina
Las cuantías oficiales para 2026 fijan un sueldo anual de 22.481,64 euros para la categoría de juez y de 25.694,04 euros para la de magistrado. Estas cifras no representan la remuneración bruta total: deben añadirse los complementos, la antigüedad y, cuando proceda, los componentes variables o especiales.
Un juez de entrada, por tanto, no cobra únicamente esos 22.481,64 euros anuales. Su destino incorpora complementos mensuales que elevan considerablemente el ingreso bruto. Las cantidades netas apuntadas por García-Castellón —entre 2.800 y 3.300 euros— encajan como orientación general, aunque la cifra exacta cambia según la plaza, la retención fiscal y las circunstancias personales.
En la Audiencia Nacional, el complemento de destino es mayor porque se trata de un órgano con competencias y responsabilidades específicas. La regulación contempla para sus magistrados importes asociados tanto al grupo de población como a la representación del puesto. No es lo mismo comenzar en un juzgado de menor tamaño que instruir una causa compleja con cientos de tomos, acusaciones cruzadas y cámaras esperando en la puerta.
Cuánto cobra un magistrado del Tribunal Supremo
En la parte más alta de la carrera, las retribuciones cambian de escala. La documentación presupuestaria de 2026 recoge para los magistrados del Tribunal Supremo un total de 133.740 euros anuales entre sueldo y otras remuneraciones. También contempla dos pagas de 8.427,60 euros cada una dentro del régimen aplicable a estos cargos.
Los presidentes de Sala del Supremo y el presidente de la Audiencia Nacional cuando posee categoría de magistrado del alto tribunal alcanzan los 137.313,44 euros en sueldo y otras remuneraciones. El vicepresidente del Supremo figura con 145.670,30 euros. Son cantidades brutas y reguladas públicamente, bastante alejadas de la imagen de una paga casi secreta que circula a veces por las redes.
Traducir esos importes a una mensualidad neta exacta no es limpio. Intervienen el IRPF, las pagas, los trienios y las circunstancias tributarias. De ahí que la estimación de 5.500 a 6.000 euros netos mencionada en el pódcast deba leerse como una aproximación oral, no como el contenido literal de todas las nóminas del Supremo.
La comparación con notarios y registradores tiene trampa
La frase de García-Castellón funciona porque toca una sospecha bastante extendida: que notarios y registradores pertenecen a una liga económica diferente. Sin embargo, la comparación mezcla sistemas retributivos distintos.
Los jueces reciben una remuneración pública fijada legalmente. Notarios y registradores son funcionarios públicos, pero sus ingresos proceden esencialmente de aranceles cobrados por los actos y operaciones realizados. No existe un sueldo estatal idéntico para cada notaría o registro. La actividad de la oficina, su ubicación, el número y valor de las operaciones y los gastos de funcionamiento alteran mucho el resultado económico.
Un notario debe asumir los costes de personal, instalaciones, tecnología y mantenimiento de su despacho. Un registrador también costea el funcionamiento y la conservación de su registro con cargo a los honorarios percibidos. Hablar de ingresos no equivale, por tanto, a hablar de beneficio personal. Entre una cifra y otra hay empleados, alquileres, sistemas informáticos y una maquinaria administrativa que no se alimenta precisamente de aire.
Eso no impide que determinadas notarías o registros con elevada actividad generen rendimientos muy superiores al salario de un juez. Pero afirmar cuánto cobra un notario sin identificar oficina, facturación y gastos sería tan preciso como calcular el sueldo de un empresario mirando únicamente el letrero de la puerta.
Un salario elevado dentro de una justicia tensionada
Los ingresos judiciales son altos al compararlos con el salario medio español. Sería absurdo negarlo. También corresponden a una oposición especialmente exigente, un régimen severo de incompatibilidades y una función que puede decidir sobre la libertad, el patrimonio o la vida familiar de otras personas. La independencia judicial no se sostiene solo con discursos solemnes; también requiere que quien juzga no dependa económicamente del poder al que, llegado el caso, debe controlar.
Eso no convierte cualquier reivindicación salarial en intocable. La ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia, productividad y responsabilidad a quienes cobran del presupuesto público. Y los propios jueces reclaman desde hace años medios materiales, refuerzos y una planta judicial capaz de absorber una litigiosidad que ha dejado numerosos órganos funcionando con el agua cerca del cuello.
En 2026 se ha publicado una convocatoria de 700 plazas para jueces y fiscales, la mayor hasta la fecha, con 500 puestos destinados a la judicatura y 200 a la carrera fiscal. La ampliación busca aliviar vacantes y reforzar una estructura que arrastra problemas de carga de trabajo y lentitud. Más jueces significan también mayor gasto, claro, aunque una justicia que tarda años suele resultar bastante más cara: para el Estado y, sobre todo, para quien espera una sentencia.
Entre la toga, la responsabilidad y la cuenta corriente
Las cifras pronunciadas por García-Castellón ofrecen una fotografía comprensible: entre 2.800 y 3.300 euros netos para quien empieza, hasta 5.500 euros en destinos superiores y más de 6.000 en la cúspide judicial, según antigüedad, puesto y circunstancias fiscales. No son cantidades pequeñas, pero tampoco admiten una respuesta universal.
La verdadera diferencia con notarios y registradores no está únicamente en quién gana más. Está en el modelo retributivo. El juez recibe una nómina pública regulada y previsible; el notario o registrador obtiene honorarios arancelarios ligados a la actividad de su oficina y soporta sus gastos. Dos mundos jurídicos, dos sistemas económicos y una comparación de sobremesa que parece sencilla hasta que se abre la primera página del BOE. Allí, como suele ocurrir, comienza el bosque.












