Almaraz seguirá activa hasta 2030: qué cambia y por qué

La central nuclear de Almaraz ya no tiene como horizonte inmediato los cierres previstos para 2027 y 2028. La autorización prorrogada permite que sus dos reactores continúen operando hasta 2030: la unidad I, hasta junio, y la unidad II, hasta octubre. La decisión aplaza el apagado de la planta cacereña, aunque no extiende automáticamente la vida del resto de centrales españolas ni elimina el objetivo oficial de cerrar el parque nuclear en 2035.

El cambio responde, según el Gobierno, a un contexto energético internacional más inestable y a la necesidad de proteger la seguridad de suministro mientras avanzan las renovables y el almacenamiento. También ha devuelto al centro del debate la dependencia económica de los municipios que viven alrededor de las plantas, el coste de mantenerlas y la dificultad de acompasar varios cierres. La prórroga convierte el calendario de Almaraz en una excepción aprobada, no en una garantía para las demás centrales.

El calendario cambió, pero el cierre no ha desaparecido

El calendario acordado en 2019 entre el Gobierno, las empresas propietarias y Enresa fijaba el cese de Almaraz I para el 1 de noviembre de 2027 y el de Almaraz II para el 31 de octubre de 2028. Esas fechas formaban parte de una retirada gradual del parque nuclear, con cierres repartidos entre 2027 y 2035. La prórroga modifica el primer tramo de ese plan y permite que ambos reactores sigan produciendo electricidad durante más tiempo del previsto inicialmente.

La nueva autorización sitúa la operación de la unidad I hasta junio de 2030 y la de la unidad II hasta octubre del mismo año. Por tanto, el apagado de Almaraz no se producirá en 2027 ni en 2028, salvo que cambie de nuevo la decisión administrativa. La fecha relevante ahora es 2030, pero el funcionamiento sigue sujeto a las condiciones de seguridad establecidas por el regulador.

El Consejo de Seguridad Nuclear emitió un informe favorable a la continuidad, condicionado al cumplimiento de sus exigencias de seguridad nuclear y protección radiológica. Ese dictamen técnico es una pieza central, pero no equivale por sí solo a decidir la política energética del país. La autorización corresponde al Gobierno, que puede valorar el informe junto con otros factores, entre ellos la seguridad de suministro y la planificación general del sistema.

La diferencia importa porque el cierre de una central no depende de una sola fecha escrita en un acuerdo. Requiere permisos, revisiones técnicas y una secuencia de decisiones administrativas. En este caso, el calendario anterior quedó alterado tras la prórroga, mientras que la planificación del resto de reactores mantiene, por ahora, sus fechas. La autorización de Almaraz cambia su propio horizonte, no reescribe por sí misma el plan entero.

Por qué el Gobierno aceptó aplazar el apagado

El Ejecutivo ha presentado la prolongación como una respuesta a la volatilidad energética internacional y a la inestabilidad en Oriente Próximo. La lógica es reducir temporalmente la exposición del sistema a cambios bruscos en los mercados de combustibles, en particular al precio del gas, mientras se desarrollan fuentes renovables y formas de almacenar electricidad. La central aporta generación estable, que no depende de que sople el viento o haya sol en una hora determinada.

Ese argumento no significa que el Gobierno haya abandonado su apuesta por las energías renovables ni que considere resuelto el debate sobre el futuro nuclear. La posición oficial sostiene que el horizonte de cierre del conjunto del parque sigue siendo 2035 y que la extensión de Almaraz es limitada. El Ministerio ha defendido que el margen adicional debe servir para reforzar las alternativas limpias y el almacenamiento antes de que se produzcan nuevos apagados. La prórroga se justifica como tiempo de transición, no como un cambio general de modelo.

La discusión, sin embargo, no se limita a comparar energía nuclear y renovables. También gira en torno a qué recursos pueden responder cuando cae la producción solar al final del día o cuando hay poco viento, y qué papel pueden desempeñar el almacenamiento, las interconexiones y las centrales de gas. La generación nuclear puede proporcionar electricidad constante, pero tiene menos flexibilidad que otras tecnologías para adaptarse a cambios rápidos de producción y demanda.

También existe un debate sobre si mantener una central en funcionamiento puede frenar inversiones renovables. Quienes critican la prórroga advierten de que prolongar la operación podría reducir el espacio económico o político destinado a nuevas instalaciones limpias. El Gobierno replica que el despliegue renovable depende de más factores que la fecha de cierre de un reactor. El efecto sobre la transición no se deduce de una fecha aislada: depende de cómo evolucione el sistema eléctrico en su conjunto.

Una central importante para el sistema, pero no una solución única

Almaraz está formada por dos reactores de agua a presión y constituye una fuente de producción eléctrica estable. Su continuidad puede reducir la cantidad de generación que tendría que cubrirse con otras tecnologías, especialmente en periodos de menor producción renovable. Eso no permite afirmar que su cierre provocaría automáticamente apagones: el operador del sistema planifica reservas y combina distintas fuentes para equilibrar la oferta y la demanda.

La cuestión práctica es qué recursos sustituirían la electricidad de la planta y en qué momento. Si la producción renovable, las redes y el almacenamiento crecen al ritmo previsto, la retirada de potencia nuclear puede gestionarse de una manera distinta a la que exigiría un sistema con menos capacidad alternativa. Si hay horas con poco sol y viento, el gas puede cubrir parte de la demanda, aunque su coste y sus emisiones hacen que su uso tenga consecuencias económicas y climáticas. La seguridad de suministro depende de la combinación y disponibilidad de recursos, no de una tecnología por separado.

Un informe de PwC citado en la información sobre el debate estimó qué habría ocurrido si Almaraz hubiera estado cerrada en 2025. En ese escenario contrafactual, el precio del mercado diario habría aumentado en más de 47 euros por megavatio hora; el cálculo atribuyó al conjunto de hogares, pequeñas y medianas empresas e industria un coste adicional cercano a 8.800 millones de euros. Para los consumidores domésticos y las pymes estimó un aumento del 24%, y para la industria, del 35%.

Esas cifras deben leerse con cautela: son resultados de un modelo sobre un año concreto y bajo determinados supuestos, no una factura que se haya cobrado ni una predicción segura de lo que ocurrirá tras el cierre. El cálculo atribuye el encarecimiento a la sustitución de producción nuclear por ciclos combinados de gas y estima también mayores emisiones. Sirve para mostrar un posible coste del escenario analizado, pero no demuestra por sí solo cuál será el precio futuro de la electricidad.

Qué ocurrirá con Ascó, Cofrentes y las demás centrales

En el calendario vigente, las siguientes centrales previstas para el cierre son Ascó I, en Tarragona, y Cofrentes, en Valencia, ambas en 2030. Después figuran Ascó II, en 2032, y Vandellós II y Trillo, en 2035. El parque español en funcionamiento comprende siete reactores repartidos entre cinco centrales. La secuencia responde al plan de cierre escalonado pactado en 2019 y, según el Gobierno, sigue teniendo como fecha final 2035.

La decisión sobre Almaraz ha alimentado las expectativas de municipios y trabajadores de otras zonas nucleares, que sostienen que los motivos de seguridad de suministro pueden ser también relevantes para sus plantas. Sin embargo, el Ministerio ha insistido en que no hay una prórroga automática para Ascó o Cofrentes. Para cambiar sus fechas, las empresas titulares tendrían que presentar las solicitudes correspondientes y cada caso debería someterse a evaluación técnica y decisión administrativa. La continuidad de una central no crea un derecho de extensión para las demás.

El sector ha señalado, además, que concentrar varios cierres en un periodo corto plantearía un reto técnico y logístico. Enresa tendría que gestionar simultáneamente fases de cese, combustible usado, residuos y desmantelamiento, aunque el Gobierno sostiene que esos procesos se prolongan durante años y no comienzan todos a la vez. El antecedente de Garoña, cuyo cierre y posterior transferencia a Enresa tuvieron plazos dilatados, aparece en el debate como una advertencia sobre la distancia entre anunciar un calendario y ejecutar cada etapa.

La prórroga puede, por tanto, tener repercusiones políticas más amplias aunque formalmente solo afecte a Almaraz. Para quienes defienden mantener la energía nuclear, abre la posibilidad de revisar el calendario si las necesidades del sistema persisten. Para quienes respaldan el cierre, prolongarla puede desdibujar compromisos ya asumidos y generar incertidumbre sobre las inversiones renovables. La controversia no está resuelta: enfrenta una excepción concreta con dos interpretaciones distintas del futuro energético.

El cierre de una nuclear es un proceso largo

Cuando un reactor deja de producir electricidad no se inicia de inmediato la demolición de todos sus edificios. Primero comienza una etapa de seguridad y vigilancia, con sistemas que deben permanecer operativos y procedimientos específicos para gestionar el combustible gastado. El cese de generación es un hito visible, pero el trabajo técnico y administrativo continúa durante años. Apagar el reactor y desmantelar la instalación son fases distintas.

El combustible irradiado debe enfriarse y mantenerse bajo control antes de trasladarse desde las piscinas a sistemas de almacenamiento en seco. En los emplazamientos nucleares españoles se utilizan almacenes temporales individualizados, mientras se desarrolla la gestión de largo plazo de estos materiales. El movimiento del combustible requiere planificación, contenedores diseñados para su confinamiento y vigilancia continuada; hasta completar esas tareas, determinados trabajos de desmontaje no pueden avanzar.

El desmantelamiento también implica clasificar los materiales que salen de la central. Algunos requieren gestión como residuos radiactivos; otros pueden descontaminarse y liberarse cuando cumplen los criterios aplicables. Las operaciones se realizan por etapas, con controles radiológicos y documentación que permite seguir el destino de cada material. La escala del trabajo explica por qué la fecha de cierre no equivale a la desaparición inmediata de la actividad industrial en el emplazamiento.

Enresa participa en la planificación y ejecución de la gestión de residuos y del desmantelamiento, mientras que las instalaciones deben cumplir los requisitos del regulador y las autorizaciones correspondientes. El orden concreto de las tareas depende de la situación de cada planta y de las decisiones administrativas. La retirada del combustible, la seguridad del recinto y la gestión de residuos marcan el ritmo de la transformación posterior al cese.

La comarca también depende de lo que ocurra después

Almaraz es un centro de empleo y actividad económica para el Campo Arañuelo. La planta sostiene puestos de trabajo directos y una red de empresas auxiliares, además de actividad asociada a las paradas de recarga, cuando se incorporan trabajadores especializados durante periodos limitados. Una estimación citada en la información de referencia sitúa en torno a 4.000 los empleos vinculados al entorno de la central, aunque la cifra agrupa empleos directos e indirectos y no debe confundirse con la plantilla permanente.

El efecto local va más allá de los salarios. La actividad genera demanda de alojamiento, restauración, transporte, mantenimiento y servicios técnicos, mientras que los ingresos asociados a la central influyen en la capacidad de los municipios para sostener infraestructuras. Por eso, para las poblaciones cercanas, una prórroga puede significar más tiempo para organizar la transición. Pero aplazar el cierre no sustituye una estrategia de diversificación ni garantiza que la economía comarcal quede preparada para el momento del cese.

El desmantelamiento puede mantener actividad industrial durante años y requerir personal cualificado, pero no reproduce necesariamente el mismo volumen ni el mismo tipo de empleo que la operación de una central. Los trabajos se concentran en otras fases y especialidades, y las empresas locales necesitan adaptar sus capacidades a contratos y proyectos concretos. La obra de desmantelamiento puede amortiguar el cambio, pero no es un reemplazo automático de la economía que genera la planta en funcionamiento.

La experiencia de otros municipios nucleares muestra por qué la transición económica se mide también en servicios, población y continuidad empresarial. Cofrentes, por ejemplo, vincula una parte importante de sus recursos municipales a la central y calcula que su cierre afectaría a empleos directos e indirectos. En Ascó, los ingresos ligados a la actividad nuclear y a los fondos de transición han permitido impulsar proyectos, aunque el propio municipio reconoce que aún depende de la planta. Son realidades diferentes, pero comparten una misma tensión: diversificar antes de que la principal fuente de actividad desaparezca.

El calendario energético se decidirá más allá de Almaraz

La ampliación hasta 2030 deja tiempo adicional para que la planta continúe produciendo electricidad, pero también obliga a precisar qué se espera conseguir durante ese intervalo. Para el Gobierno, la meta es que el sistema cuente con suficiente generación renovable, almacenamiento y capacidad de respuesta cuando llegue el cierre. Para las empresas y los municipios que respaldan nuevas prórrogas, el cambio demuestra que las fechas pueden revisarse si las condiciones energéticas lo justifican.

El debate seguirá dependiendo de elementos que no se resuelven con una declaración política: la evolución de la demanda, la capacidad de las redes, el almacenamiento disponible, el coste de las tecnologías y las evaluaciones de seguridad de cada reactor. También habrá que valorar el impacto de retirar varias unidades en fechas próximas y la capacidad de Enresa para coordinar los procesos de cierre. La fecha de 2035 permanece como objetivo oficial, pero su cumplimiento exige que cada fase técnica y energética llegue a tiempo.

Por ahora, el dato firme es que Almaraz continuará operando hasta junio y octubre de 2030, según la unidad, con las condiciones fijadas para su autorización. El cambio aplaza el calendario inicial, pero no resuelve la discusión sobre cuánto tiempo debe seguir funcionando la energía nuclear en España ni sobre cómo sustituir su aportación. Entre los planes nacionales y la vida cotidiana de las comarcas, el verdadero examen será que el tiempo ganado se convierta en una transición viable para la red y para quienes dependen de la central.