¿Por qué cayó la ley contra la publicidad de comida basura infantil?

El Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley de Sumar para limitar la publicidad de comida y bebidas insanas dirigida a menores. La iniciativa no pasará siquiera al trámite parlamentario: obtuvo 166 votos a favor, 178 en contra y cinco abstenciones. En el bloque del no estuvieron PP, Vox, Junts y Coalición Canaria; el PNV se abstuvo; PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y varios diputados del Grupo Mixto apoyaron que la norma empezara a tramitarse. Una diputada socialista, María Jesús Montero, no votó.

La caída de la ley no se explica solo por un debate sobre anuncios de hamburguesas, bollería, refrescos o bebidas energéticas. Debajo había una pelea más vieja: hasta dónde debe llegar el Estado cuando la infancia está expuesta a estrategias comerciales diseñadas para vender productos con mucho azúcar, sal, grasas saturadas, cafeína o calorías; y dónde empieza la responsabilidad de las familias, de las empresas y de las comunidades autónomas. Sumar defendió la norma como una protección sanitaria. La derecha la leyó como intervencionismo. Junts la vio como una invasión competencial. El PNV, más frío, la consideró innecesaria, poco idónea y desproporcionada. En política alimentaria, ya se sabe, una galleta rara vez es solo una galleta.

El voto que frenó la ley antes de nacer

La proposición de ley llevaba el título formal de Ley para la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables y fue registrada por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Su objetivo era prohibir la publicidad de alimentos y bebidas que no cumplieran los perfiles nutricionales de la Organización Mundial de la Salud cuando esos mensajes pudieran llegar a menores de 18 años. También incluía medidas sobre etiquetado, sanciones, entornos protegidos y venta de bebidas energéticas. Es decir, no era solo una norma sobre anuncios en televisión. Tocaba supermercados, envases, patrocinios, redes sociales, colegios, parques, instalaciones deportivas y hasta esos personajes sonrientes que convierten un paquete de azúcar en un pequeño parque temático de cartón.

El resultado fue claro, aunque ajustado en términos políticos: 178 votos negativos frente a 166 positivos. El PP aportó 137 votos al no, Vox sumó 33, Junts siete y Coalición Canaria uno, a través de Cristina Valido, integrada en el Grupo Mixto. El PNV no bloqueó con el no, pero tampoco abrió la puerta a la tramitación: sus cinco diputados se abstuvieron. Del otro lado, el PSOE votó sí con 120 diputados, Sumar con 26, ERC con siete, EH Bildu con seis y otros siete diputados del Grupo Mixto respaldaron la iniciativa.

La votación decidió únicamente si el Congreso aceptaba tramitar la propuesta. No se estaba aprobando la ley definitiva. Eso importa. En una toma en consideración, la Cámara dice si permite que el texto avance para recibir enmiendas, comparecencias y negociación. Al tumbarla en ese primer escalón, el Congreso cerró la puerta antes de discutir posibles retoques. Para Sumar y PSOE, ahí se perdió una oportunidad de regular un problema sanitario. Para PP, Vox, Junts y PNV, el texto llegaba mal planteado, con excesos o con una arquitectura jurídica dudosa. La vieja liturgia parlamentaria: todos dicen proteger a los niños, pero cada uno coloca la valla en un sitio distinto.

Qué quería prohibir Sumar

La ley pretendía vetar los anuncios de productos con alto contenido en calorías, azúcares libres, grasas saturadas, sal y cafeína cuando pudieran dirigirse a menores. La expresión “dirigirse a menores” era amplia: no se limitaba a un anuncio infantil clásico, con dibujos y música de recreo, sino a cualquier comunicación comercial capaz de alcanzar a niños y adolescentes por canal, formato, lenguaje, horario, soporte o estrategia. La publicidad ya no vive sentada en el sofá delante de la tele a las cinco de la tarde. Ahora se cuela en el móvil, en el patrocinio de un torneo, en un vídeo de un creador de contenido, en un envase con mascota o en una promoción que regala algo aparentemente inocente.

El texto también contemplaba sellos negros de advertencia que ocuparan al menos el 20% del anuncio para indicar si el producto era alto en azúcares o grasas saturadas. El objetivo era que la información no quedara escondida en una letra diminuta, esa caligrafía de hormiga que nadie lee y que suele tener menos vocación informativa que decorativa. Además, la propuesta delimitaba zonas de especial protección: no habría anuncios de esos productos en un radio de 150 metros de colegios, parques, bibliotecas, centros de salud o instalaciones deportivas. La idea era sencilla: alejar la presión comercial de los lugares donde la infancia estudia, juega, espera, corre, se aburre o merienda.

Sumar también quería prohibir recursos de mercadotecnia especialmente atractivos para menores: personajes, mascotas, regalos, envases o fórmulas visuales pensadas para enganchar a niños y adolescentes. Este punto tocaba una fibra sensible de la industria alimentaria. No es lo mismo vender un producto que vestirlo con un universo emocional. Un bollo con ojos, una bebida con estética de videojuego o una promoción ligada a una celebridad no informan: seducen. Y la ley partía de una premisa incómoda, pero difícil de despachar con un encogimiento de hombros: un menor no tiene la misma capacidad crítica que un adulto ante una campaña sofisticada.

La proposición incluía además un régimen sancionador. Las multas podían llegar hasta 600.000 euros en infracciones muy graves y, en determinados casos, superar esa cifra en función del beneficio obtenido, con sanciones de hasta varias veces la facturación derivada de la infracción. Para sus defensores, sin sanciones la norma sería una postal bonita pegada en la nevera. Para sus críticos, el castigo económico confirmaba que el texto se pasaba de frenada.

Las bebidas energéticas, el otro frente de la batalla

La iniciativa no se limitaba a la comida basura. También abordaba las bebidas energéticas, un mercado muy instalado entre adolescentes, con estética de gasolina futurista y promesas de rendimiento, fiesta, concentración y vida intensa. Sumar proponía prohibir la venta y el suministro a menores de 16 años cuando la bebida superara los 15 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros, y extender el veto a menores de 18 años cuando rebasara los 32 miligramos por cada 100 mililitros. Además, planteaba impedir la publicidad, el patrocinio y la distribución gratuita de estos productos entre menores.

El argumento sanitario es conocido: no hablamos de un café tomado por un adulto después de comer, sino de bebidas que mezclan cafeína, azúcar u otros estimulantes en formatos muy atractivos para menores. El debate ha ido ganando terreno en varias comunidades. Galicia ya aprobó una ley que prohíbe la venta y suministro de bebidas energéticas a menores de edad, con obligación de comprobar la edad cuando no sea evidente que el comprador es adulto. Asturias también ha impulsado una regulación para limitar estas bebidas a menores de 16 años. La propuesta de Sumar pretendía elevar ese camino a una norma estatal.

Ahí apareció una contradicción política curiosa, casi de sobremesa española. El PP criticó la propuesta estatal, pero la restricción a bebidas energéticas ya se aplica en Galicia, gobernada por el propio PP. La diferencia, para los populares, no estaría tanto en el problema como en el diseño de la norma, el instrumento elegido y el alcance del paquete regulatorio. En otras palabras: sí al control cuando se formula de una manera, no cuando llega dentro de una ley de Sumar con más prohibiciones, sanciones y restricciones publicitarias.

Por qué votaron en contra PP, Vox, Junts y Coalición Canaria

El PP defendió que la preocupación por la obesidad infantil era legítima, pero consideró que la proposición tenía dos debilidades: la vía elegida, una proposición de ley y no un proyecto del Gobierno, y un enfoque que juzgó limitado para un problema sanitario complejo. Su diputada María Elisa Vedrina sostuvo que la obesidad infantil exige una respuesta más amplia. Los populares propusieron otro camino: bajar el IVA de alimentos frescos y conservas, facilitar el acceso de las familias a huevos, leche, carne, pescado, frutas y verduras, defender la dieta mediterránea y apostar por un etiquetado frontal claro y útil frente a los sellos negros.

Vox fue por la vía ideológica directa, sin envoltorio. Su diputado Tomás Fernández calificó la propuesta de intervencionista, paternalista y desproporcionada. Según su tesis, el Estado no debe convertirse en tutor moral, vigilante permanente o “nutricionista oficial” de los ciudadanos. El partido interpretó la ley como una sustitución del criterio familiar por supervisión pública. Su crítica encontró un terreno cómodo en la palabra “libertad”, que en estos debates funciona como navaja suiza: sirve para hablar de padres, empresas, consumo, anuncios, colegios y churrerías, todo en el mismo bolsillo.

Junts rechazó la iniciativa desde otro ángulo. Marta Madrenas acusó a Sumar de usar la ley como excusa para recentralizar competencias desde Madrid. Para Junts, el texto era invasivo con las comunidades autónomas y generaba inseguridad jurídica. No es un detalle menor: en España, las políticas de salud pública, consumo, comercio, educación y publicidad se pisan entre administraciones con facilidad. A veces el problema no es que nadie tenga competencias, sino que las tienen demasiados a la vez, como en una cocina pequeña con cinco personas sujetando la misma sartén.

El PNV se abstuvo. Maribel Vaquero resumió su posición con una fórmula severa: la iniciativa no era necesaria, ni idónea ni proporcional para lo que pretendía. Esa abstención no salvaba la ley, pero marcaba distancia con el bloque del no duro. El PNV no compró el paquete, aunque evitó sumarse formalmente al rechazo frontal de PP, Vox y Junts. Coalición Canaria votó en contra a través de Cristina Valido, aunque el foco público del debate lo concentraron sobre todo PP, Vox, Junts, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y PNV.

La defensa de Sumar y el apoyo del PSOE

Fèlix Alonso, diputado de Sumar, defendió la iniciativa con un dato llamativo: los niños de 7 a 12 años estarían expuestos a 25 anuncios diarios de alimentos y bebidas en televisión, y el 80% de esos productos no debería consumirse de forma habitual. Alonso presentó la ley como una herramienta para proteger a consumidores vulnerables y reducir la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades relacionadas con malos hábitos alimentarios. También insistió en que el texto excluía productos como la leche y el aceite de oliva, una aclaración dirigida a quienes temían que la norma castigara alimentos básicos o tradicionales.

El PSOE apoyó la toma en consideración, aunque admitió que el texto podía mejorarse con enmiendas. Noelia Cobo acusó a la derecha de ponerse del lado de la industria y defendió que la libertad de empresa no puede imponerse al derecho de los niños a crecer en un entorno saludable. Ese es el corazón del debate: la publicidad no se limita a informar de que algo existe. Construye deseo, hábito, pertenencia. Y cuando el destinatario es un menor, la frontera entre elección y empujón comercial se vuelve bastante más borrosa.

ERC y EH Bildu también respaldaron la iniciativa, aunque con voluntad de introducir mejoras. Jordi Salvador, de ERC, lo expresó con una frase eficaz: “la desigualdad también se come”. La idea conecta con un dato relevante del Estudio ALADINO 2023: el exceso de peso infantil sigue siendo elevado en España y golpea más a los hogares con menos ingresos. AESAN señala que más de un tercio de la población de 6 a 9 años presenta exceso de peso, y que en familias con ingresos inferiores a 18.000 euros la prevalencia alcanza el 46,7%, frente al 29,2% en hogares con más de 30.000 euros.

Esta dimensión social suele quedar tapada por la discusión moral sobre si un niño debe comer una chocolatina o no. La realidad es menos limpia. Comer sano exige dinero, tiempo, barrio, horarios, cocina, información y energía mental. No todo cabe en el mantra de la responsabilidad individual. La publicidad presiona más donde la protección es menor. Y un paquete barato, dulce, salado, crujiente y brillante siempre compite con ventaja frente a una manzana que no trae influencer, muñeco ni promesa de pertenecer a nada.

Publicidad infantil: del anuncio de televisión al algoritmo

El debate ya no puede entenderse con la vieja imagen del niño sentado ante la televisión viendo anuncios entre dibujos animados. Ese mundo existe, pero ahora es solo una habitación dentro de una casa mucho más grande. La publicidad infantil se ha desplazado hacia redes sociales, plataformas de vídeo, videojuegos, patrocinios, retos, creadores de contenido, promociones cruzadas y envases que funcionan como pequeños carteles ambulantes. La persuasión se ha vuelto más líquida. Entra sin llamar.

La Organización Mundial de la Salud recomienda políticas más fuertes para proteger a los niños del impacto del marketing de alimentos no saludables. La OMS sostiene que estas políticas deben apoyarse en evidencia específica sobre infancia y en el contexto actual del marketing alimentario. No se trata de una extravagancia española ni de una rareza de laboratorio ideológico. La discusión está abierta en muchos países porque la dieta infantil se forma en un entorno comercial muy intenso, donde las empresas no compiten por explicar nutrición, sino por ganar atención, memoria y deseo.

También existe un respaldo social amplio a limitar estas prácticas. Un barómetro de AESAN reflejó que cerca del 79% de la población española estaba a favor de prohibir la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores, mientras que el 91% apoyaba prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. La encuesta no convierte automáticamente una ley en buena, claro. Las mayorías sociales también se equivocan, como los parlamentos, los ministros y los tertulianos de guardia. Pero sí muestra que el problema no vive solo en los despachos de Sumar ni en los informes técnicos: está en la conversación cotidiana de muchas familias.

El punto delicado está en cómo regular sin caer en brocha gorda. Una norma demasiado estrecha se queda vieja antes de publicarse, porque la publicidad digital muta más rápido que el BOE. Una norma demasiado amplia puede generar inseguridad jurídica, afectar a productos que no eran el objetivo o chocar con competencias autonómicas. Ahí el Congreso tenía margen para negociar. Pero la toma en consideración cayó. La ley no llegó a esa fase de bisturí. Se quedó en la puerta, con el abrigo puesto.

El choque entre salud pública, industria y libertad

La comida insana dirigida a menores es un campo de batalla perfecto para la política contemporánea porque mezcla tres asuntos inflamables: infancia, salud y mercado. Nadie quiere aparecer defendiendo que los niños coman peor. Nadie quiere ser retratado como enemigo de la libertad familiar. Nadie quiere decir demasiado alto que la industria alimentaria tiene un poder enorme sobre los hábitos de consumo. Y, sin embargo, las tres cosas estaban en el hemiciclo.

Los defensores de la ley sostienen que la autorregulación ha fracasado. Durante años, parte del sector ha defendido códigos voluntarios para ordenar la publicidad de alimentos dirigida a niños. La palabra “voluntario” tiene una belleza suave, casi de anuncio de yogur con luz de mañana, pero en política pública suele plantear una pregunta incómoda: qué pasa cuando no basta. Sumar argumentó que muy pocas empresas se habían adherido a ciertos mecanismos de autorregulación y que, frente a campañas millonarias, la cocina casera no compra espacios publicitarios, no patrocina torneos y no contrata a celebridades.

Los detractores, en cambio, ven un riesgo de tutela excesiva. La crítica no es irrelevante. Un Estado democrático debe proteger sin infantilizar a los adultos, regular sin ahogar, informar sin convertir cada acto cotidiano en un expediente. El problema es que aquí los destinatarios principales no son adultos soberanos con toda la información encima de la mesa, sino menores sometidos a estímulos comerciales constantes. La libertad de elegir pierde algo de brillo cuando quien elige tiene 9 años y quien persuade tiene un departamento creativo, datos de audiencia y presupuesto.

En medio queda una cuestión práctica: qué política funciona mejor. Bajar el IVA de alimentos frescos puede ayudar, pero no reduce por sí solo la presión publicitaria. Mejorar el etiquetado puede informar, pero un niño no suele estudiar una tabla nutricional antes de desear una bebida fluorescente. Prohibir anuncios puede disminuir exposición, pero exige definir con precisión qué productos, qué canales, qué horarios, qué formatos y qué autoridades sancionan. No hay medida mágica. Hay piezas. Algunas encajan mejor que otras. Algunas se pisan. Algunas llegan tarde.

La galleta sigue sonriendo desde la estantería

El rechazo del Congreso deja intacto el escenario: los menores seguirán expuestos a campañas de alimentos y bebidas poco saludables, las comunidades autónomas continuarán moviéndose por su cuenta en el terreno de las bebidas energéticas y el Gobierno tendrá que decidir si vuelve a intentarlo por otra vía. Sumar ha perdido esta votación, pero el debate no se ha evaporado. La obesidad infantil, la desigualdad alimentaria, el marketing digital y el consumo adolescente de bebidas estimulantes no desaparecen porque una proposición de ley no consiga superar el primer trámite.

El resultado también retrata una legislatura fragmentada, donde incluso las normas con apoyo social aparente pueden caer si llegan con un diseño discutido o sin una mayoría parlamentaria bien cosida. PP, Vox, Junts y Coalición Canaria tumbaron la iniciativa; el PNV se quedó en la abstención; PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y parte del Mixto defendieron tramitarla. Cada bloque dejó su huella: el PP quiso hablar de IVA y dieta mediterránea; Vox, de libertad y paternalismo; Junts, de competencias; PNV, de proporcionalidad; Sumar y PSOE, de salud pública e infancia.

Lo que queda es una fotografía bastante española: todos invocan a los niños, pero el paquete de galletas sigue sonriendo desde la estantería; todos hablan de familias, pero unas llegan al súper con tiempo y dinero y otras con el día roto; todos dicen querer información clara, aunque la información compite contra colores, regalos, personajes y algoritmos. El Congreso ha tumbado la ley de Sumar. No ha tumbado el problema. Esa es la parte menos vistosa de la noticia, y probablemente la más importante.