¿Por qué Colombia endurece las deportaciones de migrantes irregulares?

Colombia prepara un endurecimiento inmediato del control migratorio. El presidente Abelardo de la Espriella ha ordenado a Migración Colombia y a la Policía poner en marcha esta misma semana operativos coordinados para localizar a extranjeros en situación irregular y comenzar los procedimientos de deportación. La prioridad, según la instrucción presidencial, serán las personas extranjeras implicadas en delitos; después, quienes permanezcan en el país sin haber regularizado su situación.

La orden fue anunciada durante el consejo de seguridad de Barranquilla, celebrado el domingo 23 de agosto, y supone un cambio visible en el lenguaje y en las prioridades del nuevo Gobierno colombiano. Una cosa, eso sí, es intensificar los controles y otra bastante distinta convertir cada identificación en una expulsión instantánea. Las garantías administrativas y el debido proceso siguen vigentes, de modo que las autoridades deberán examinar cada caso conforme a la legislación migratoria. La burocracia, para bien del Estado de derecho, suele correr menos que los discursos.

De la Espriella quiere los operativos en marcha esta semana

El mensaje presidencial dejó poco espacio para interpretaciones. De la Espriella pidió a Migración Colombia que coordine las actuaciones con la Policía y estableció dos grupos prioritarios: primero, los extranjeros que estén cometiendo delitos; después, aquellos cuya permanencia no esté regularizada. Sobre estos últimos aseguró que tendrán que ser deportados.

El presidente presentó la medida como una decisión política y administrativa y recuperó uno de los mensajes utilizados durante su campaña: la prioridad, dijo, debe estar en los ciudadanos colombianos. Su discurso sobre inmigración queda así integrado en una estrategia de seguridad mucho más amplia, que incluye nuevas operaciones contra la extorsión, el narcotráfico y las organizaciones armadas, así como un refuerzo de los cuerpos especializados.

Barranquilla aparece por ahora como uno de los primeros escenarios de esa política. El Gobierno ha anunciado también allí la reactivación de redadas, sistemas de recompensas y redes de colaboración ciudadana. Es decir, las actuaciones migratorias no llegan solas: forman parte de un giro general hacia una política de seguridad de mano más dura que De la Espriella empezó a desplegar pocas semanas después de tomar posesión, el pasado 7 de agosto.

La medida golpea especialmente a la migración venezolana

Aunque la orden presidencial habla de extranjeros sin distinguir nacionalidades, su impacto potencial se concentra inevitablemente en la población venezolana. Colombia alberga desde hace años una de las mayores comunidades venezolanas fuera de su país: alrededor de 2,8 millones de personas.

Los últimos datos disponibles de Migración Colombia situaban en abril de 2026 en unas 2,84 millones las personas venezolanas presentes en el territorio. Aproximadamente 848.000 figuraban entonces en situación irregular o pendientes de completar su regularización. La magnitud explica por qué cualquier modificación de la política migratoria colombiana tiene consecuencias que van mucho más allá de un puñado de controles policiales.

Hay, además, una realidad que conviene no borrar con una brocha demasiado gruesa. Millones de venezolanos han trabajado, estudiado, abierto negocios y formado familias en Colombia durante la última década. En julio, Migración Colombia informó de que ya había expedido más de 2,32 millones de Permisos por Protección Temporal desde la creación de este instrumento. El mapa migratorio del país no está dividido cómodamente entre colombianos y extranjeros sin papeles; tiene muchas más capas.

De la regularización al control más severo

Ahí reside el alcance político del anuncio. Colombia había apostado desde 2021 por una de las mayores operaciones de regularización de población venezolana de América Latina. El Estatuto Temporal de Protección, impulsado durante la Presidencia de Iván Duque, permitió que una enorme cantidad de personas saliera de la irregularidad y accediera de manera más estable al trabajo, la sanidad, la educación o el sistema financiero.

Esa política atravesó gobiernos ideológicamente muy distintos. Había detrás solidaridad, desde luego, pero también pragmatismo: Venezuela y Colombia comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros, porosa, llena de relaciones familiares, laborales y comerciales que existían mucho antes de que los gobiernos decidieran convertir la inmigración en una bandera electoral.

La llegada de De la Espriella introduce otro acento. Ya no domina el vocabulario de integración y regularización, sino el de control, seguridad y deportación. No significa necesariamente que desaparezcan todos los mecanismos anteriores, pero sí que el Estado comienza a mirar el fenómeno desde una ventana diferente.

Deportación y expulsión no significan exactamente lo mismo

La retórica política tiende a utilizar deportación y expulsión casi como sinónimos. Jurídicamente, Colombia establece diferencias. La deportación puede aplicarse ante infracciones relacionadas con el ingreso, la salida o la permanencia irregular y lleva aparejada una prohibición temporal de volver al país. La expulsión es una medida más severa, vinculada habitualmente a circunstancias como amenazas para la seguridad, el orden público, decisiones judiciales o determinados comportamientos especialmente graves.

Migración Colombia ya aplicaba ambas figuras antes de la llegada del nuevo presidente. En los primeros meses de 2026 había registrado 310 deportaciones y expulsiones: 157 correspondían a deportaciones y 153 a expulsiones. Durante todo 2025 se contabilizaron 1.652 actuaciones de este tipo. De la Espriella, por tanto, no ha inventado un nuevo instrumento legal; lo que ordena es utilizar con mucha más intensidad uno que ya estaba en la caja de herramientas del Estado.

Y ahí aparece una frontera jurídica fundamental. La Presidencia puede exigir más controles, pero Migración Colombia es la autoridad competente para imponer y ejecutar estas medidas mediante los procedimientos correspondientes. Un extranjero identificado durante un operativo no pierde por ello sus garantías. El procedimiento administrativo debe estar motivado y respetar el derecho de defensa y contradicción.

Los menores cuentan, además, con una protección reforzada. La normativa migratoria colombiana y los compromisos internacionales del país obligan a tener en cuenta el interés superior del menor, algo especialmente relevante cuando dentro de la población venezolana en situación irregular hay numerosos niños y adolescentes.

Seguridad y migración, dos problemas que no son idénticos

El Gobierno tiene una competencia legítima para controlar quién entra, permanece o sale de Colombia. También puede actuar contra extranjeros que cometan delitos; de hecho, negar esa potestad sería convertir la política migratoria en una especie de decorado administrativo. El punto delicado aparece cuando irregularidad migratoria y delincuencia se deslizan dentro de la misma frase hasta parecer la misma cosa.

No lo son. Carecer de una situación administrativa regular supone incumplir las normas migratorias, pero no convierte automáticamente a una persona en delincuente. Un extranjero acusado de extorsión y una trabajadora que dejó caducar su documentación pueden compartir nacionalidad y poco más. Meter ambos casos en el mismo saco resulta sencillo en un mitin; administrarlos con justicia exige bastante más precisión.

Las críticas surgidas tras el anuncio se concentran precisamente ahí. Académicos, organizaciones vinculadas a la migración y representantes de la oposición temen que una política destinada formalmente a controlar la irregularidad termine alimentando la estigmatización de los venezolanos. El Gobierno, por su parte, sostiene que está aplicando la legislación y defendiendo la seguridad de los colombianos. Ambas discusiones pueden coexistir: un Estado tiene derecho a controlar sus fronteras y, al mismo tiempo, está obligado a hacerlo sin convertir el origen nacional en sospecha automática.

Una prueba para el Estado de derecho colombiano

Las próximas actuaciones permitirán comprobar hasta dónde llega realmente el cambio. La frase presidencial es contundente y los operativos deben comenzar esta semana, pero el volumen potencial de casos, las garantías legales y la situación específica de cientos de miles de venezolanos convierten cualquier idea de deportación general e instantánea en algo mucho más complejo sobre el terreno.

De la Espriella ha marcado, eso sí, una ruptura política reconocible. Después de años en los que Colombia fue presentada internacionalmente como laboratorio de regularización de la diáspora venezolana, el nuevo Gobierno desplaza el foco hacia la vigilancia, las sanciones migratorias y la seguridad. El péndulo ha empezado a moverse.

La cuestión decisiva ya no está en las palabras pronunciadas en Barranquilla, sino en cómo se traduzcan en expedientes, controles policiales y decisiones administrativas. Ahí se verá si Colombia consigue hacer cumplir sus normas migratorias sin confundir al extranjero irregular con el criminal. Porque entre una frontera sin reglas y una política de sospecha colectiva hay bastante terreno. Y precisamente en ese terreno se mide la calidad de una democracia.