Gaza tras dos años de guerra: el balance humano y material

Al cumplirse dos años del inicio de la guerra, el balance en la Franja de Gaza superaba los 67.000 palestinos muertos y se acercaba a los 170.000 heridos, según las cifras del Ministerio de Sanidad gazatí recogidas en los informes de ese periodo. Cerca de 1,9 millones de personas habían sido desplazadas, en muchos casos más de una vez, y solo 14 de los 36 hospitales existentes funcionaban, además de manera parcial. Las cifras no describen por sí solas la experiencia de cada familia, pero muestran hasta qué punto el conflicto alteró la vida de una población de algo más de dos millones de habitantes.

El deterioro no se limita a las víctimas directas. En torno al 92 % de las viviendas había resultado dañado o destruido, la electricidad y el agua potable eran intermitentes y la falta de comida y suministros médicos agravaba la emergencia. La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de Hamás en Israel, que causó alrededor de 1.200 muertes y llevó a 251 personas como rehenes a Gaza. La respuesta militar israelí convirtió desde entonces un territorio densamente poblado en un escenario de bombardeos, desplazamientos repetidos y colapso de servicios.

El coste humano detrás de las cifras

Los más de 67.000 fallecidos y los cerca de 170.000 heridos son los recuentos comunicados por el Ministerio de Sanidad de Gaza al llegar el segundo aniversario. La cifra de muertos no incluye necesariamente a todas las personas desaparecidas bajo los escombros, y el recuento no separa en sus totales a civiles y combatientes. La ONU y numerosos especialistas han considerado sus datos una referencia útil, aunque la verificación independiente en medio de los combates resulta difícil y las cifras pueden revisarse con el tiempo. El balance debe leerse como una estimación documentada, no como un registro cerrado.

La edad de muchas víctimas subraya la dimensión civil del desastre. Las autoridades gazatíes situaban en torno a 20.000 los niños muertos desde el comienzo de la guerra, un ritmo que equivale a más de un menor fallecido por hora a lo largo de esos dos años. Un recuento de Naciones Unidas citado en el periodo indicaba que mujeres y niños representaban el 46 % de las muertes registradas hasta mediados de julio de 2025. No todos los informes usan el mismo corte temporal ni la misma metodología, por lo que esas proporciones no deben tratarse como una medición definitiva.

Las lesiones amplían el impacto mucho más allá del momento de un ataque. La Organización Mundial de la Salud estimaba que más de 40.000 heridos sufrían lesiones con efectos irreversibles. Amputaciones, quemaduras y traumatismos graves requieren operaciones, rehabilitación y seguimiento; precisamente, tres recursos difíciles de garantizar cuando faltan personal, medicamentos, combustible y equipos. También se interrumpen tratamientos de enfermedades crónicas, diálisis y atención oncológica. El daño sanitario continúa después de que termina la emergencia inmediata, porque una lesión sin atención adecuada puede convertirse en una discapacidad duradera o en una complicación evitable.

El ataque del 7 de octubre dejó a su vez 1.200 muertos en Israel y 251 personas secuestradas y trasladadas a Gaza, según las cifras israelíes recogidas en los informes de la época. Parte de los rehenes fue liberada en intercambios; otros seguían retenidos o no se conocía su situación al cierre de ese balance. Los rehenes y las víctimas israelíes forman parte del origen y la evolución del conflicto, aunque la escala de muertes y destrucción acumulada se concentró de forma abrumadora en Gaza. Reconocer ambos impactos no borra la diferencia de magnitud entre los balances.

Desplazamientos que se repiten y hogares perdidos

Alrededor de 1,9 millones de gazatíes habían sido desplazados durante la guerra, una proporción que abarca a casi toda la población. No se trata de un único traslado desde un punto de partida a un refugio estable: muchas familias cambiaron de lugar varias veces, a medida que variaban los frentes y las órdenes de evacuación. Algunas fueron desde el norte hacia el centro o el sur y después tuvieron que volver a marcharse. Desplazarse no significaba encontrar un lugar seguro y permanente, sino intentar alejarse de un peligro que podía cambiar de zona.

Ese movimiento repetido rompe rutinas y vínculos: separa a familias, deja atrás documentos y pertenencias y dificulta que las personas encuentren atención médica o alimentos. Campamentos improvisados y refugios saturados se extendieron por áreas donde escaseaban el agua, el saneamiento y el espacio. En algunos periodos, cientos de miles de personas regresaron a barrios dañados durante pausas temporales de los combates, solo para afrontar nuevos desplazamientos cuando se reanudaron las operaciones. La carencia de transporte, combustible y refugio podía impedir la huida incluso cuando la población recibía una orden de abandonar una zona.

El daño a las viviendas ofrece otra medida de la devastación. La estimación utilizada en el balance del segundo aniversario situaba en el 92 % la proporción de hogares dañados o destruidos. Otros análisis, basados en imágenes de satélite y con fechas o definiciones distintas, calcularon que cerca del 60 % de los edificios había sufrido daños o había sido destruido hasta comienzos de octubre de 2025; una evaluación de Naciones Unidas situó en torno al 78 % las estructuras afectadas en julio. No son porcentajes directamente intercambiables: unos recuentos se refieren a viviendas y otros a edificios o estructuras, y sus fechas de corte también difieren.

La escala aparece también en las imágenes: edificios derrumbados, calles cortadas y barrios donde el trazado urbano ha quedado irreconocible. Un análisis del Centro de Satélites de la ONU había identificado al menos 102.067 edificios completamente destruidos. Una evaluación posterior estimó en unos 41,9 millones de toneladas los escombros generados, frente a los 22,9 millones calculados en enero de 2024. Son cálculos y no un pesaje completo del territorio, pero ayudan a entender por qué retirar cascotes y localizar a personas desaparecidas puede prolongarse incluso cuando cesan los ataques. La destrucción física también bloquea el acceso a la ayuda y la reconstrucción.

Hospitales abiertos, pero con capacidad reducida

De los 36 hospitales que tenía Gaza antes de la guerra, solo 14 seguían operativos, y todos de forma parcial, según los datos de Naciones Unidas recogidos al cumplirse dos años. El adverbio importa: un hospital abierto puede carecer de quirófanos en funcionamiento, personal suficiente o equipos para atender a todos los pacientes. La falta de anestésicos, antibióticos, material de traumatología y combustible para los generadores obliga a priorizar casos y limita las posibilidades de atender a personas con heridas graves. Operativo no equivale a plenamente funcional.

La electricidad es indispensable para incubadoras, respiradores, equipos de diagnóstico y conservación de vacunas. Cuando se interrumpe, el daño no se restringe a una sala: afecta también a la cadena de frío, los bancos de sangre y los tratamientos que dependen de equipos eléctricos. La falta de combustible complica el funcionamiento de generadores y ambulancias, mientras las carreteras dañadas o los controles pueden retrasar traslados. A la atención de heridos se suman embarazos de riesgo sin seguimiento, vacunaciones interrumpidas y enfermedades que encuentran más espacio para propagarse en condiciones de hacinamiento.

El deterioro sanitario incluye a quienes prestan asistencia. El balance original del conflicto aludía a centenares de trabajadores de la salud muertos, detenidos o desaparecidos, y a más de medio millar de trabajadores humanitarios fallecidos según recuentos difundidos durante la guerra. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos también perdió a centenares de empleados. Las cifras dependen de qué categorías y periodos se contabilicen, pero dan cuenta de una pérdida de personal difícil de sustituir. Cuando falta un sanitario o un técnico, también se reduce la capacidad de atender a quienes sobreviven.

La ayuda que consigue entrar tampoco llega automáticamente a quienes la necesitan. Los pasos fronterizos, la seguridad de las rutas y las decisiones sobre el acceso condicionan el movimiento de alimentos, combustible y medicinas. El material puede quedar retenido o no alcanzar los barrios más afectados si el reparto es demasiado peligroso o las carreteras están cortadas. Por eso, el acceso humanitario no se mide solo por el número de camiones que cruzan: cuenta también si los suministros pueden distribuirse con continuidad y llegar a la población.

Agua, electricidad y alimentos bajo presión

La Franja sufrió un apagón general después del corte del suministro eléctrico externo y de que la central dejara de funcionar por falta de combustible. Desde entonces, los generadores y los suministros disponibles sostuvieron algunos servicios de manera irregular. Las interrupciones afectaron tanto a hogares como a hospitales, plantas de agua y sistemas de refrigeración. Sin energía estable, conservar medicamentos o alimentos se vuelve más difícil y reparar infraestructuras dañadas resulta aún más lento. La electricidad sostiene servicios que suelen pasar inadvertidos hasta que desaparecen.

El agua potable se volvió escasa por los daños en las redes, la caída de la producción de las plantas desalinizadoras y las dificultades para mantener operativos los sistemas de bombeo. Las tuberías rotas provocan pérdidas, mientras los pozos pueden ofrecer agua salinizada y el saneamiento no consigue tratar todos los residuos. En zonas densamente pobladas, el agua contaminada y la falta de higiene elevan el riesgo de enfermedades. Así, un problema que parece doméstico se extiende a la salud pública: lavarse, cocinar o limpiar una herida depende de un suministro seguro que no está garantizado.

La escasez de alimentos fue otra de las señales más graves. Al cumplirse dos años, los informes citados en el balance situaban por encima de 450 las muertes por hambre o desnutrición, con niños entre aproximadamente un tercio de las víctimas. Un informe posterior recogido en las referencias elevaba el recuento a 460, incluidos 154 niños. La diferencia responde a fechas de publicación y actualización distintas; en ambos casos, los datos procedían de las autoridades sanitarias gazatíes. Las cifras registran muertes, pero no reflejan por completo el deterioro nutricional de quienes siguen vivos.

En agosto de 2025, el sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria confirmó condiciones de hambruna en la gobernación de Gaza, donde se encuentra la capital, y estimó que más de medio millón de personas vivían en una situación de hambre catastrófica. Israel disputó esa determinación. La evaluación se produjo después de meses de advertencias de organizaciones humanitarias y de un periodo de bloqueo total de la ayuda que, según una de las fuentes, duró 11 semanas entre marzo y mayo de 2025. La llegada irregular de comida, combustible y medicinas convirtió la alimentación diaria en una incertidumbre y dejó a muchas familias dependiendo de cocinas comunitarias.

Bombardeos, escombros y territorio restringido

La campaña aérea comenzó con una intensidad elevada. En los primeros seis días se lanzaron miles de bombas, y estimaciones de inteligencia citadas para mediados de diciembre de 2023 hablaban de decenas de miles de municiones utilizadas. La ofensiva siguió con bombardeos y fuego de artillería sobre zonas urbanas densamente pobladas. Entre las armas empleadas se mencionaron bombas de gran tonelaje, incluidas las de 2.000 libras. La combinación de explosiones repetidas y barrios compactos multiplicó el alcance material de cada ataque.

Una explosión puede derribar el edificio alcanzado y dañar las construcciones cercanas, bloquear una calle o dejar estructuras inestables. Cuando los equipos de rescate no pueden acceder por los escombros, la falta de maquinaria o el peligro de nuevos ataques, también se retrasa la búsqueda de supervivientes. El impacto continúa después de la detonación: ambulancias que no pueden avanzar, camiones que no alcanzan un barrio y servicios esenciales que quedan aislados. La cifra de bombas explica parte del patrón; las toneladas de cascotes y las vías cortadas muestran sus consecuencias cotidianas.

Las estimaciones sobre destrucción varían según el método y el periodo, pero coinciden en la amplitud del daño. Un análisis satelital situó en torno al 60 % la proporción de edificios dañados o destruidos hasta el 2 de octubre de 2025, mientras otras evaluaciones de la ONU ofrecían porcentajes distintos para fechas anteriores y para el conjunto de estructuras. En las áreas más castigadas, las imágenes mostraban manzanas enteras reducidas a ruinas. En la zona oriental de Jan Yunis, la localidad de Khuzaa sufrió demoliciones y daños que afectaron a tierras agrícolas y edificios. La devastación alcanzó tanto a los centros urbanos como a comunidades agrícolas.

Los informes del periodo calculaban que las fuerzas israelíes controlaban alrededor del 82 % del territorio en distintas fases de la guerra. Ese dato describe una situación variable, no un mapa inmutable: las líneas de control y las zonas de acceso cambiaron a lo largo del conflicto. Para la población, la consecuencia concreta era la reducción del espacio disponible y la dificultad de circular entre localidades. Cuando una zona queda bajo operaciones militares o inaccesible, también se complica la entrada de ayuda, el traslado de pacientes y el regreso a las viviendas. El territorio se convierte así en una condición directa de supervivencia.

Una guerra difícil de documentar

La prensa extranjera no pudo acceder libremente a Gaza durante el conflicto. Las visitas organizadas junto al Ejército israelí estaban sujetas a rutas y condiciones establecidas, con posibilidades limitadas de hablar con la población sin acompañamiento. Esa restricción dejó buena parte de la cobertura diaria en manos de periodistas locales, que informaban desde el mismo territorio afectado por los bombardeos y los desplazamientos. La falta de acceso independiente hace más difícil verificar los hechos sobre el terreno.

Los recuentos de periodistas muertos varían según quién los compile y qué trabajadores de medios incluya. El balance utilizado en el artículo original citaba al menos 197 periodistas y trabajadores de medios muertos en recuentos verificables, y más de 250 en cifras difundidas por las autoridades gazatíes. Otra organización situaba el total en 217. La disparidad no debe ocultarse: las listas pueden usar criterios distintos sobre la profesión, las circunstancias de la muerte y la fecha de corte. En cualquier caso, las cifras sitúan el conflicto entre los más mortíferos para la prensa desde que existen registros sistemáticos.

Sin acceso amplio de periodistas independientes, la verificación depende más de fuentes oficiales, testimonios locales, imágenes y análisis remotos. Eso no vuelve automáticamente falsos esos materiales, pero obliga a distinguir entre lo confirmado, lo comunicado por una parte y lo que todavía no puede comprobarse. La posibilidad de que haya personas enterradas bajo los escombros y las dificultades para llegar a determinadas zonas añaden incertidumbre a algunos balances. La calidad de la información también forma parte del coste de la guerra.

Lo que dos años de cifras no alcanzan a contar

Las estadísticas permiten medir muertes, lesiones, desplazamientos y daños, pero no describen por completo las consecuencias que se acumulan con el tiempo. Dos años de escuelas cerradas o convertidas en refugios interrumpen la educación; los tratamientos suspendidos deterioran la salud; la pérdida de hogares y negocios erosiona los medios de vida. La destrucción de carreteras, hospitales, mercados y redes de agua no afecta a cada sector por separado: una vía cortada puede impedir que llegue comida, y la falta de electricidad puede dejar inservible una parte de la asistencia médica. El colapso de una infraestructura arrastra a las demás.

La magnitud de la reconstrucción tampoco se puede reducir a levantar edificios. Antes habría que retirar millones de toneladas de escombros, recuperar servicios básicos y restablecer condiciones de seguridad para que puedan trabajar los equipos. La reconstrucción de viviendas depende también de materiales, maquinaria, financiación y acceso al territorio. Las estimaciones del daño material ofrecen una escala, pero no fijan por sí solas cuánto durará la recuperación ni qué condiciones políticas la harán posible.

Al cumplirse el segundo aniversario, el balance reunía más de 67.000 muertos, cerca de 170.000 heridos, alrededor de 1,9 millones de desplazados, un 92 % de viviendas dañadas o destruidas y 14 hospitales operativos de forma parcial. A esas cifras se sumaban las muertes por hambre, la escasez de agua y electricidad, el daño a los cultivos y la dificultad de informar desde el territorio. No son indicadores aislados, sino partes conectadas de una misma crisis: cada servicio que deja de funcionar reduce la capacidad de proteger a la población y de reconstruir la vida cotidiana.

El recuento tampoco anticipa el desenlace político ni sustituye las investigaciones sobre responsabilidades y posibles violaciones del derecho internacional. Sí establece la escala de lo ocurrido y permite ver dónde se concentra el daño. Mientras la población siga sin acceso estable a refugio, atención sanitaria, agua y alimentos, las consecuencias de la guerra no quedarán limitadas a los días de combate. La recuperación dependerá tanto de detener la destrucción como de devolver condiciones básicas de vida.