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¿Por qué la CIA busca presencia permanente en Venezuela?

La CIA prepara un anexo en Venezuela tras la captura de Maduro: seguridad, contactos y petróleo con la embajada en el horizonte y pulso duro. Estados Unidos está moviendo piezas para quedarse, no para pasar.

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CIA busca presencia permanente en Venezuela

La CIA prepara un anexo en Venezuela tras la captura de Maduro: seguridad, contactos y petróleo con la embajada en el horizonte y pulso duro.

Estados Unidos está moviendo piezas para quedarse, no para pasar. La CIA trabaja discretamente en un plan destinado a establecer una presencia permanente de Washington dentro de Venezuela, con la intención de influir en el rumbo del país tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero y su procesamiento judicial en Nueva York, tal y como ha contado CNN. El diseño, en esencia, apunta a un regreso por la puerta lateral: primero una estructura operativa y de seguridad, después la normalidad diplomática.

El Departamento de Estado sería, sobre el papel, la cara de la presencia estadounidense a largo plazo; la CIA, el músculo inicial para abrir camino en un escenario de transición política y seguridad inestable. Sobre la mesa aparece una fórmula concreta: arrancar con un anexo ligado a la agencia —antes incluso de reabrir una embajada— para montar canales de enlace con actores locales, reforzar protección y empezar a hablar con quienes, en situaciones así, no suelen sentarse en las recepciones oficiales.

La CIA diseña el regreso

El plan que se describe se apoya en una idea muy reconocible para cualquiera que haya seguido crisis internacionales: cuando el terreno está caliente, la diplomacia formal llega más tarde. Un anexo permitiría a EE. UU. operar con menos exposición pública que una embajada, moverse con mayor flexibilidad y construir, casi desde cero, una red de contactos con facciones del poder venezolano y con figuras de la oposición. En paralelo, la prioridad sería levantar un sistema de seguridad que haga viable la presencia estadounidense sin depender de promesas volátiles, de escoltas prestadas o de equilibrios que cambian de una noche a otra.

En este tablero, el papel de la CIA no se limita a “recoger información”. Se habla de sentar las bases para iniciativas diplomáticas, que es una frase elegante para cosas muy terrenales: identificar quién controla cada acceso en Caracas, qué unidades militares responden a qué mandos, qué rutas son transitables, qué comunicaciones son fiables, qué edificios se pueden proteger de verdad. También, y esto es clave, abrir conversaciones que un diplomático no puede sostener sin quedar atrapado por el foco público. La palabra que aparece en los márgenes de este tipo de operaciones es enlace: un canal con los servicios de seguridad locales que permite negociar, prevenir sustos y, llegado el caso, frenar incendios antes de que se vean desde la calle.

El contexto además empuja. Estados Unidos ha dado pasos paralelos para un retorno más visible: se ha evaluado la posible reapertura de la embajada en Caracas, cerrada desde 2019 tras la retirada del personal diplomático. Ha habido visitas técnicas de evaluación, conversaciones sobre una “resunción escalonada” de operaciones y nombramientos para gestionar el expediente venezolano desde la estructura del Departamento de Estado. Ese carril, sin embargo, es lento por definición. El carril de la CIA, si se activa, es el de la urgencia controlada: entrar, asegurar, hablar, medir, ajustar.

Maduro en Nueva York, Caracas en manos de Delcy

Todo esto nace del shock del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladaron a Estados Unidos para responder ante la justicia federal en Manhattan, junto a su esposa, Cilia Flores, según los relatos publicados en esos días. Se ha descrito una operación de alto voltaje, con preparación prolongada, despliegue de unidades de élite y coordinación estrecha entre inteligencia y fuerzas especiales. En la trastienda del relato aparece una CIA muy activa desde meses antes: un equipo clandestino instalado en el país desde agosto para estudiar los patrones de vida del mandatario, y una fuente dentro del propio aparato estatal venezolano que habría ayudado a rastrear movimientos y ubicaciones.

El traslado de Maduro a Nueva York abrió dos debates en paralelo. Uno, el judicial, con cargos graves que se han ido ventilando en su primera comparecencia y en el relato público de Washington. Otro, el político y jurídico internacional: expertos y gobiernos han discutido si la operación encaja en el marco del derecho internacional y qué precedente deja. En EE. UU. también hubo discusión interna sobre el papel del Congreso y la decisión de actuar con una intervención que algunos compararon —por la audacia y el simbolismo— con la captura de Manuel Noriega tras la invasión de Panamá en 1989. El mensaje, en cualquier caso, fue diáfano: Washington no estaba probando suerte, estaba cambiando el escenario.

En Caracas, el vacío se llenó rápido. Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta y pieza central del engranaje económico y político, asumió como presidenta interina y se convirtió en la bisagra de una transición que no termina de estabilizarse. No es un matiz menor: Rodríguez procede del núcleo duro del chavismo y, a la vez, aparece en los relatos recientes como la figura con capacidad para sostener un mínimo de orden mientras EE. UU. decide hasta dónde llega su tutela. El poder real, además, se reparte. Su hermano, Jorge Rodríguez, con peso institucional desde la Asamblea, es parte del eje. Y alrededor siguen figuras con palancas propias: el ministro del Interior Diosdado Cabello, con influencia sobre aparatos de seguridad y estructuras de movilización, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino, visto como uno de los mandos con capacidad para evitar una fractura abierta.

La transición tiene otro termómetro delicado: los presos. Se han anunciado excarcelaciones de detenidos considerados políticos por organizaciones de derechos humanos, con cifras que varían según quién las cuente y con condiciones que, en muchos casos, no equivalen a libertad plena. En el debate han aparecido nombres concretos, historias de liberación con medidas restrictivas, obligaciones de presentarse ante tribunales y familias que siguen buscando a los suyos sin una lista oficial clara. La presión internacional, la necesidad de desinflamar la calle y el intento de mostrar “normalidad” se mezclan aquí con una realidad áspera: Venezuela sigue cargando con una herida institucional profunda, y cada excarcelación se lee como gesto político, no como trámite.

Operación Absolute Resolve: así se fraguó la captura

Los detalles publicados sobre la operación —su planificación, los ensayos, la maqueta del lugar donde se encontraba Maduro, el seguimiento de sus rutinas— dibujan un patrón: la captura no fue solo una decisión política, fue un proyecto de inteligencia aplicada. Se habló de un operativo con fuerte componente aéreo, de un asalto a una residencia fortificada, de una extracción rápida y de seguimiento en tiempo real desde el círculo de poder estadounidense. En ese marco encaja la noticia de hoy: si la CIA estuvo tan dentro del “antes”, no sorprende que quiera estar dentro del “después”. La lógica de la agencia es continuidad; la lógica de una transición, también, aunque sea por motivos muy distintos.

El anexo antes de la embajada

El concepto de anexo suena a papeleo, pero en un país inestable es una palanca. No sería una embajada camuflada, ni una base militar abierta, sino una instalación con capacidad para sostener personal, comunicaciones, protección y coordinación, con la discreción suficiente para operar sin que cada movimiento tenga que justificarse en público. La embajada, en cambio, es una declaración política: supone normalidad, reconocimiento funcional y una infraestructura más grande, más visible y más vulnerable. En un Caracas todavía en transición, con tensiones internas y con la memoria reciente de una intervención, la embajada es el final de un camino; el anexo, el primer paso.

Lo más sensible del anexo está en su utilidad: permitir conversaciones con la inteligencia venezolana y con estructuras de seguridad que, por definición, son parte del antiguo régimen o sus herederos. Aquí se entiende la frase que se ha repetido en la cobertura: antes que los canales diplomáticos, el anexo puede construir canales de enlace que los diplomáticos no pueden tener. Es feo decirlo, pero es real: cuando hay armas, información y riesgo, la gente que decide no siempre lleva corbata. Y hablar con quien decide es una manera de prevenir choques… o de repartir poder.

El anexo también permitiría un trabajo de campo que rara vez se cuenta en notas oficiales. Identificar quién puede garantizar seguridad en un distrito concreto, quién controla un aeropuerto, qué mando militar puede ser puente y cuál puede ser obstáculo, qué grupos armados o redes criminales se mueven en la sombra. En los últimos años, además, EE. UU. ha insistido en el vínculo entre Venezuela, tráfico de drogas, migración y redes criminales, y la administración Trump ha usado ese argumento para justificar acciones de inteligencia y presión. En reuniones recientes se mencionó incluso la necesidad de cortar apoyos a redes como el Tren de Aragua, una organización criminal que se ha convertido en símbolo político dentro del discurso estadounidense sobre seguridad regional.

Y hay otra capa: la oposición. En Venezuela, la oposición es plural, a veces ferozmente dividida, y en este ciclo aparece con una figura muy visible: María Corina Machado, premiada con el Nobel de la Paz y convertida en actor internacional con acceso a Washington. Su relación con Trump ha sido, como mínimo, sinuosa: en un momento se habló de que la Casa Blanca la veía con recelo o la dejaba en segundo plano; en otro, ella entregó a Trump su medalla del Nobel como gesto simbólico, y el episodio provocó incluso reacciones del propio entorno Nobel recordando que el premio no se “transfiere” aunque la medalla pueda cambiar de manos. La anécdota, más allá del brillo, describe una tensión de fondo: quién escribe el guion de la Venezuela post-Maduro, si los antiguos leales que sostienen el aparato, si la oposición democrática o si una combinación vigilada desde fuera.

Petróleo y sanciones: el negocio del día después

La geopolítica se discute con discursos, pero se ejecuta con facturas. Y en Venezuela la factura se llama petróleo. El control del crudo, de las licencias, de los compradores y de la logística se ha convertido en el corazón del plan estadounidense. Se ha hablado de acuerdos para gestionar volúmenes enormes —decenas de millones de barriles—, de comercialización a través de grandes intermediarios y de un reparto del destino de esas cargas donde el mercado estadounidense tiene prioridad clara, con Europa recibiendo parte del flujo y Asia quedándose, de momento, con menos margen.

En este carril aparecen nombres de peso. Vitol y Trafigura, dos gigantes del comercio energético, han sido citados como actores centrales en la comercialización del crudo bajo el nuevo esquema. Refinadores de EE. UU. y Europa han recibido ofertas y cargamentos, mientras en Asia se han detectado reticencias. El ejemplo más ilustrativo es PetroChina: se ha contado que la petrolera estatal china ha pedido a sus equipos evitar compras de crudo venezolano comercializado bajo control estadounidense, una decisión atravesada por precio, por cálculo geopolítico y por el viejo nudo de los acuerdos de deuda por petróleo que durante años articuló la relación Caracas-Pekín. Cuando China se pone de perfil, no lo hace por timidez: lo hace porque no le gusta el marco.

India también entra en escena con un papel ambiguo. Sus grandes refinadoras, acostumbradas a optimizar cada dólar del barril, han señalado que las ofertas son limitadas y que el grueso del volumen se está yendo a EE. UU. Además, el descuento —el incentivo clásico para comprar crudo “complicado”— no siempre compensa. En un mercado donde cada refinería calcula rendimientos como quien hace un Tetris de moléculas, si el diferencial no cuadra, la ideología se queda fuera. Alguna compra puntual puede llegar, pero el movimiento grande, por ahora, está concentrado en el Atlántico.

Europa, mientras tanto, vuelve a mirar a Venezuela con pragmatismo. Y ahí aparece España. Repsol figura entre las compañías que han explorado o solicitado licencias estadounidenses para poder exportar crudo venezolano y recuperar deuda mediante mecanismos ya vistos en el pasado: petróleo a cambio de suministros, siempre bajo autorización de Washington. También han sonado nombres como ENI y la francesa Maurel & Prom, en un momento en el que el control de licencias actúa como un mando a distancia: la puerta se abre o se cierra desde EE. UU.

El Gobierno interino venezolano intenta acompañar esta música con reformas. Delcy Rodríguez, además de presidenta interina, ha llevado el timón petrolero y ha impulsado cambios para facilitar inversión: reformas de la ley de hidrocarburos, discusión sobre mayor autonomía operativa, fórmulas de arbitraje y ajustes fiscales que buscan atraer capital donde durante años hubo deterioro, sanciones y caída de producción. En paralelo, se ha descrito que el país arrastra stocks acumulados por bloqueos y restricciones recientes, con impacto directo en la producción: cuando no puedes vender, reduces bombeo; cuando reduces bombeo, pierdes ingresos; cuando pierdes ingresos, la estabilidad se encoge.

Repsol, Vitol y Trafigura: la nueva ruta del crudo

La letra pequeña de quién compra y a qué precio define la política real. Si el crudo se mueve principalmente por traders internacionales, el control de la cadena logística se desplaza. Si las licencias dependen de la Casa Blanca, la economía venezolana queda atada a decisiones externas. Si las reformas petroleras se aceleran sin un consenso sólido, se siembra una bomba jurídica que puede estallar cuando cambie el clima político. Y si el petróleo vuelve a financiar salarios y servicios públicos, se convierte en el pegamento de la transición… pero también en su chantaje permanente, porque cualquiera que controle el flujo controla el pulso.

La presencia que puede marcar una era

Una presencia permanente de la CIA en Venezuela no es un detalle operativo, es un hecho político con ecos históricos. En América Latina, la palabra “intervención” tiene memoria, y el chavismo construyó parte de su identidad en oposición a Washington. Para sectores que aún se reconocen en ese relato, un anexo de la CIA es una diana perfecta: permite explicar cualquier crisis como “ocupación”, cualquier protesta como “resistencia”, cualquier ajuste como “imposición”. Para quienes celebraron la caída de Maduro, en cambio, la presencia estadounidense puede verse como garantía de no retorno, un candado para evitar que el aparato se recomponga y cierre de nuevo el país por dentro.

Los riesgos, sin embargo, son concretos y no dependen de ideología. En seguridad, una instalación estadounidense puede convertirse en objetivo, ya sea para grupos armados, redes criminales o actores que busquen sabotear la transición. En legitimidad, el Gobierno interino puede quedar retratado como administración tutelada, algo que erosiona apoyo interno incluso entre quienes detestan al chavismo. En diplomacia, se abren fricciones con potencias con intereses históricos en Venezuela, como China o Rusia, aunque su margen hoy parezca menor. En derecho internacional, el precedente de capturar a un jefe de Estado extranjero y sostener luego una presencia de inteligencia en su país es pólvora: otros lo miran con inquietud, incluso aliados.

Hay un dilema añadido, incómodo, de esos que no caben en un eslogan. La CIA, según se ha contado, consideraba que leales del antiguo régimen eran los mejor posicionados para mantener estabilidad tras la caída de Maduro. Traducido: para evitar un colapso, Washington prefiere apoyarse en parte del viejo andamiaje. Eso puede funcionar a corto plazo, sí; también puede envenenar el futuro si se percibe como continuidad maquillada o como impunidad. La transición entonces se vuelve un pasillo estrecho: si cortas demasiado, se te cae el edificio; si cortas demasiado poco, el edificio sigue siendo el mismo.

Mientras tanto, EE. UU. también mide su propio coste. Capturar a Maduro fue un golpe de impacto. Sostener presencia —aunque sea discreta— exige recursos, personal, logística, protección y gestión de crisis inevitables. Y exige aguantar el desgaste político: cada incidente en Caracas, cada choque con fuerzas locales, cada filtración, cada rumor, cada ataque, cada foto. Quedarse es más caro que entrar, siempre. En un país con polarización y con instituciones debilitadas, ese precio sube.

La secuencia de las últimas semanas dibuja un patrón bastante coherente: 3 de enero, captura; días después, Maduro en Manhattan; Delcy Rodríguez asumiendo el poder interino; excarcelaciones parciales para aliviar presión; impulso a reformas petroleras para atraer inversión y reactivar ingresos; EE. UU. preparando el terreno para volver a Caracas de manera escalonada, con un carril diplomático en estudio y un carril de inteligencia dispuesto a adelantarse. Si el anexo se materializa, será una pieza estructural del nuevo orden venezolano. Y cuando una pieza así entra, no suele salir rápido.

Venezuela con un pie estadounidense dentro

La palabra “futuro” en Venezuela suele sonar abstracta, pero ahora tiene coordenadas y fechas. La captura de Maduro reventó el calendario político y obligó a todos a escoger posición: el Gobierno interino intentando sostener el país sin desmoronarse, mandos militares recalculando lealtades, oposición buscando no quedar reducida a decorado, potencias externas midiendo qué se puede salvar y qué se pierde. En ese escenario, una presencia permanente de EE. UU. impulsada desde la CIA sería algo más que un dispositivo: sería un método de influencia instalado en el centro del tablero, con capacidad para condicionar seguridad, interlocutores y ritmo.

Queda por ver cuánto de ese plan se convierte en ladrillo y cuánto se queda en intención. Pero el simple hecho de que se hable de un anexo como prioridad, antes incluso de levantar bandera diplomática, describe la temperatura del momento: Venezuela no está en una transición normalizada, está en una transición vigilada. Y en Caracas, cuando la vigilancia se vuelve rutina, cambia el modo en que se reparte el poder, cómo se negocia el petróleo, cómo se entiende la soberanía y, sobre todo, quién tiene permiso para decidir qué es “estabilidad” y qué es “desorden”.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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